Pega violencia a política local
En pleno proceso electoral, la violencia apunta hacia la clase política a nivel local.
De diciembre a la fecha, 11 políticos de distintos partidos han sido asesinados y, de ellos, al menos 5 aspiraban a un puesto en las próximas elecciones.
Las ejecuciones se han registrado principalmente en Guerrero y Jalisco, con tres casos cada Estado, así como en Tabasco, Baja California, Chiapas, San Luis Potosí y Oaxaca.
Entre las víctimas están los Alcaldes de San Pedro El Alto (PT), Oaxaca; de Bochil (PRI), Chiapas; y de Petatlán (PRD), Guerrero, así como servidores públicos y un legislador.
También se encuentran dirigentes regionales, como el de Morena en el Municipio de Casimiro Castillo y el de Movimiento Ciudadano en La Huerta, ambos en Jalisco, además de abogados y empresarios que buscarían un puesto de elección popular en los próximos comicios.
El caso más reciente es el del constructor y aspirante priista a la Alcaldía de Atoyac de Álvarez, Adolfo Serna, quien fue asesinado la noche del 31 de diciembre.
Eduardo Guerrero, analista en políticas públicas, consideró que la violencia en el contexto político ha repuntado por el afianzamiento de mafias locales coludidas con autoridades.
"A mí me preocupa que haya una gran pasividad porque se nos puede generar una epidemia de asesinatos de candidatos a elección popular, sobre todo locales", agregó el también consultor en seguridad.
"Estas mafias son de carácter local y están vinculadas con grupos que muchas veces los protegen, sobre todo donde el crimen tiene mucho arraigo social", consideró.
Alfredo Figueroa, ex consejero electoral, planteó que el Gobierno federal y las autoridades electorales deben promover acciones para atajar este fenómeno.
"Se necesita un análisis, conocer los casos y, si se advierte en ello una práctica nueva, construir los mecanismos institucionales que permitan atajarla de manera inmediata", señaló.
En tanto, a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) también les preocupa la violencia contra aspirantes a cargos públicos en las elecciones de 2018.
"Nos preocupa mucho la verdad estos ataques contra aspirantes o precandidatos o gente que está posicionada para ir ocupando cargos públicos, para presentarse a las elecciones en los municipios", señaló Benito Nacif.
"Nos preocupa porque sabemos que es una condición necesaria para que pueda haber campañas, actividades proselitistas, discusión libre".
Sin embargo, señaló que el Instituto no puede hacer más que llamados a las autoridades a las que les corresponde garantizar la seguridad en el País.
"Nosotros siempre hemos propiciado reuniones con las instituciones que llevan el tema de seguridad y de esas reuniones salen protocolos para los precandidatos o candidatos, dependiendo de la fase del proceso, pero nosotros no somos una institución de seguridad pública", agregó el consejero.
El 1 de julio se renovarán 3 mil 416 cargos de elección popular, incluidos la Presidencia y el Congreso federal, pero a nivel estatal se elegirán 591 diputados locales de mayoría y 391 de representación proporcional, así como mil 596 integrantes de ayuntamientos.
AMLO promete acabar guerra contra el narco en 3 años
El precandidato a la Presidencia por Morena presentará el jueves su propuesta contra la violencia, así como al encargado de la Secretaría de Seguridad Pública en caso de que él gane la elección.
El precandidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador reinicia actividades en Yucatán. (Omar Franco ) |
JOSÉ ANTONIO BELMONT
Yucatán
Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia,prometió terminar con la guerra contra el crimen organizado en tres años y "conseguir la paz" en el país.
El dos veces candidato a la Presidencia presentará el jueves su estrategia en materia de seguridad 2018-2024, así como al que sería el titular de la secretaría en caso de ganar la elección, además de que prometió crear un consejo para enfrentar los problemas en la materia.
Luego de encabezar una asamblea informativa en el municipio de Izamal, Yucatán, López Obrador aseguró que "en muy poco tiempo" comenzarán a reducirse los índices delictivos.
"Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados (...) A mitad del sexenio ya no hay guerra, y vamos ya a tener una situación totalmente distinta.
"En muy poco tiempo vamos a reducir la delincuencia, en la medida que va a haber crecimiento económico, conforme va a ir aumentando el crecimiento económico, la generación de empleo, y se van a ir aplicando los programas de desarrollo social, van a ir bajando la delincuencia en el país", aeguró.
Luego de los asesinatos recientes de aspirantes a presidentes municipales y otros cargos en diversas entidades, López Obrador descartó temer por su vida.
"El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, yo no le hago mal a nadie, por eso yo no traigo guardaespaldas, carros blindados, ando solo", destacó.
De acuerdo con el conteo de MILENIO, 2017 fue el segundo año más violento de la narcolucha, sólo detrás de 2010, lo que el aspirante único a la candidatura presidencial por Morena-PT-PES calificó de "muy grave".
OVM
Inai multa por tráfico de información
Compañías de seguros y bancos son las empresas que más intercambio de datos realizan
Foto: Especial |
Multas que ascienden a 350 millones de pesos fueron impuestas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en un periodo de cinco años, a empresas que no resguardaron de manera correcta los datos personales.
El tráfico de bases de datos se traduce, por ejemplo, en llamadas para que los ciudadanos adquieran una tarjeta de crédito, un cambio de compañía celular, un seguro y hasta el robo de identidad.
El Inai inició mil 692 investigaciones preliminares al sector privado y al 30 de noviembre de 2017 se concluyeron mil 550.
En menor medida están las indagatorias al sector público, pues en cinco años se iniciaron 52 y concluyeron 45.
De acuerdo con Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del órgano de transparencia, la protección de datos personales también depende de la propia persona, pues en muchas ocasiones se entrega la información de manera “indiscriminada” y eso se convierte en una amenaza grave.
Así, el ciudadano tiene el poder de denunciar el mal uso de sus datos a través del derecho ARCO.
ENFRENTAN 350 MDP EN MULTAS
El tráfico de bases de datos se traduce, por ejemplo, en llamadas para que los ciudadanos adquieran una tarjeta de crédito, un cambio de compañía celular, un seguro y hasta el robo de identidad.
El Inai inició mil 692 investigaciones preliminares al sector privado y al 30 de noviembre de 2017 se concluyeron mil 550.
En menor medida están las indagatorias al sector público, pues en cinco años se iniciaron 52 y concluyeron 45.
De acuerdo con Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del órgano de transparencia, la protección de datos personales también depende de la propia persona, pues en muchas ocasiones se entrega la información de manera “indiscriminada” y eso se convierte en una amenaza grave.
Así, el ciudadano tiene el poder de denunciar el mal uso de sus datos a través del derecho ARCO.
ENFRENTAN 350 MDP EN MULTAS
IP DESCUIDA DATOS Y LE CUESTA MILLONES
Las ineficiencias por no resguardar correctamente la información personal de las personas le ha costado a las empresas multas que ascienden a 350 millones de pesos en los últimos cinco años.
En los sectores de banca, comercio y seguros están los ejemplos más claros de cómo el país todavía, en lo público y lo privado, no ha logrado avanzar en el cuidado de los datos personales de los ciudadanos.
El tráfico de bases de datos sensibles se traduce en llamadas para que los ciudadanos adquieran una tarjeta de crédito, un cambio de compañía celular o un seguro, con el riesgo probable de robo de identidad.
Como unidad investigadora, verificadora y sancionadora, el Inai ha resuelto 182 procedimientos en los últimos seis años, lo que permite observar que las empresas privadas ven con “respeto” el tema de la protección de datos, pero aún falta avanzar en la materia.
“La ley general de datos tiene mucho más impacto económico de lo que creen; los impactos en los deberes en que las instituciones deben tener para las garantías y medidas de seguridad para los datos —sobre todo los sensibles— implican medidas con vara mágica”, señaló el presidente del órgano de transparencia, Francisco Javier Acuña.
En México se ha vuelto común que en un solo día distintas empresas ofrezcan servicios llamando al teléfono de una persona conociendo su nombre, su dirección e incluso la situación financiera en la que se encuentra.
En estos casos, el ciudadano tiene el poder de denunciar a los corporativos por mal uso de sus datos, rectificarlos, oponerse a situaciones específicas para su utilización —por ejemplo, fines publicitarios—, acceder a ellos, eliminarlos o rectificarlos, respaldados por los derechos ARCO.
Las áreas de oportunidad son que los mexicanos lleguemos al escalón que nos depara la autodeterminación informativa, es decir, que la sociedad sepa el valor de su privacidad y no sólo lo sepa, sino que lo defienda”, indicó Acuña Llamas.
Con base en estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), de julio de 2011 al 30 de noviembre de 2017 se iniciaron mil 692 investigaciones preliminares al sector privado, y se concluyeron mil 550.
En menor medida están las investigaciones preliminares al sector público, pues en ese lapso se iniciaron 52, de las cuales se concluyeron 45; además, el Inai registra 64 investigaciones preliminares mixtas, 59 de ellas concluidas, con lo que suma dos mil 289 averiguaciones cerradas.
La protección de la información personal mucho depende de la propia persona, ya que, según el comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, en muchas ocasiones “entregamos de una manera indiscriminada muchas parcelas de nuestra intimidad y que se vuelven amenazas graves en contra de nosotros mismos”.
En el quehacer diario es difícil diferenciar cuándo debemos, ycuando no, dar nuestra información personal, y resulta común, ya que el tema de la protección es reciente.
Estamos aprendiendo, es un aprendizaje que es lento, y cuando se adquieren hábitos ciudadanos lentos se tarda en aprender la nueva rutina”, dijo.
DERECHOS ARCO, EN EL OLVIDO
A pesar de que el cuidado de la información personal se planteó por primera vez hace una década, mediante el reconocimiento de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), en la vida diaria, dichas garantías están relegadas.
Todo ciudadano puede decidir cómo pueden ser utilizados sus datos, si pueden usarse para fines publicitarios o si la empresa concentradora sólo los puede mantener para su resguardo.
De julio de 2011 a noviembre de 2017 se han turnado 914 solicitudes (engloban uno o más derechos) para la protección de garantías ARCO, 492 en materia de acceso, 376 en cancelación, 174 en oposición y 39 en rectificación.
En México todavía apenas abriendo los ojos a un asunto de esta naturaleza, el Inai, sigue siendo muy pequeño para lo que podría ser una evolución del derecho a la privacidad se expanda”, señaló Acuña.
PROTECCIÓN, EL RETO DE LAS DEPENDENCIAS
Las disposiciones de la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados da un margen más amplio para que las dependencias públicas también sean garantes de este derecho.
Las 32 entidades también tuvieron que hacer eco de esto y armonizar sus leyes. Sin embargo, 11 no cumplieron y deben aplicar el ordenamiento general. En ambos casos deben incorporar la protección de datos en su localidad.
Los lineamientos en la materia todavía no son definidos en el Consejo Nacional de Transparencia.
El proceso va lento, pero viene lo importante. Las bases de datos más grandes de la población están en el sector público, el INE es la que tiene la más grande con el padrón electoral, están las de Hacienda, el SAT, IMSS, ISSSTE, SEP, y otro conglomerado de instituciones como padrones de Sedesol, SCT y Gobernación”, reflexionó el comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña.
El órgano autónomo debe jugar también un papel de inspección para estas bases de datos, así como de intervención y fincamiento de sanciones en caso de requerirse a través de una resulta.
En el caso de las denuncias en materia de datos personales al sector público, se han iniciado investigaciones preliminares a 52, y 45 ya fueron concluidas.
Andrea Meraz
Se desata batalla de precios por gasolinas
La apertura total del mercado de combustibles significa que el consumidor elija la gasolinera que mejor le convenga, sobre todo en negocios que le ofrecen mejores precios y considerando que hay diferencias notables.
Algunas estaciones venden gasolina Magna y Premium con precios por litro que superan los 17 y 19 pesos, respectivamente, mientras que otras ofrecen los productos en 16 y 18 pesos por litro, luego de que dejaron de existir precios máximos o un precio único determinados por el gobierno.
Así, los ajustes no llegan ahora por iniciativa gubernamental, sino por la decisión de los empresarios gasolineros, quienes pueden fijar los precios en función de variables como tipo de cambio y costos asociados de transporte, almacenamiento y distribución que tengan que cubrir para que el producto se mueva y llegue a sus estaciones para su comercialización al público en general.
De acuerdo con un ejercicio realizado por EL UNIVERSAL, los habitantes de Satélite en el Estado de México tenían ayer varias opciones para elegir, si se toma en cuenta que en esa zona entraron en operación las primeras estaciones con emblema de las multinacionales BP y Shell.
En un radio de cinco kilómetros, de acuerdo con información de la aplicación para celular Gasoapp diseñada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se distingue que de las 24 estaciones de servicio observadas, BP Estaciones y Servicios Energéticos, ubicada en Boulevard Manuel Ávila Camacho #1810, era la que ofrecía mejores precios a las 11:22 horas, con gasolina Magna en 16.40 pesos por litro y Premium en 18.33 pesos.
En tanto, la estación franquicia de Shell denominada Administradora de Activos y Servicios ubicada en Miguel Hidalgo #39, en San Lucas Tepetlacalco, vendía la Magna en 16.43 pesos y la Premium en 18.42 pesos.
A pocos kilómetros de distancia, en avenida Gustavo Baz 131, la gasolinera de Servicio Fas tenía las cotizaciones más altas de la zona, con la Magna en 17.11 pesos y la Premium en 19.05 pesos por litros, respectivamente.
Un día antes de la liberalización de precios en todo el territorio nacional, el 29 de noviembre pasado, en la zona central del país la gasolina Magna tuvo un precio máximo de 16.76 pesos por litro y la Premium en 18.48 pesos, de acuerdo con datos de la CRE.
El comparativo con precios actuales de comercialización de la estación BP de Satélite representa una reducción de 36 centavos y en el caso de la Premium de 15 centavos por litro.
Si se compara con la oferta de la estación de Servicio Fas, hubo un aumento de 35 centavos en la Magna y de 57 centavos en la Premium.
Precios similares se registraron entre la zona centro y la colonia Condesa la de la Ciudad de México. En la calle de Nuevo León, la estación Súper Servicios Nuevo BC vendía ayer la Magna en 17.18 pesos y la Premium en 19.03 pesos por litro, mientras que en la estación ubicada en Aldama #38, a menos de cinco kilómetros de distancia, la Magna se comercializa en 16.53 y la Premium en 18.45 pesos por litro.
En Temazcalapa, Estado de México, se hallaron precios competitivos, pues la Magna se comercializaba en 15.96 y la Premium en 17.67 pesos por litro, igual que en Teotihuacán.
Hace un año, en enero de 2017, los precios de los combustibles se ubicaron en 15.99 y 17.79 pesos por litro, lo que significa que en un año se incrementaron en 1.12 y 1.26 pesos por litro si se toma como referencia la estación de servicio que vendía más caro en la zona de Satélite.
A raíz de la liberalización, la variación de precios se encuentra incluso entre gasolineras operadas por un mismo grupo, ya que la cotización también depende de la ubicación geográfica de cada establecimiento.
De acuerdo con la CRE, ahora los usuarios deben monitorear los precios en las estaciones de servicio aledañas a su casa, negocio o trabajo para cargar en la que les venda más barato, en ambiente de oferta y demanda.
La CRE detalla en su Informe de Labores 2016-2017 que en marzo del año pasado se puso a disposición del público la aplicación para teléfonos móviles Gasoapp, que se identifica como una clave para el empoderamiento del consumidor, puesto que permite monitorear y comparar precios.
Al cierre de junio del año pasado la aplicación registraba un total de 29 mil 172 usuarios.
A partir de este año, la CRE podrá comunicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en caso de que se presenten aumentos en los precios al público de los tipos de gasolinas y diesel que no correspondan a la evolución de los precios internacionales, así como de los costos que pagan por el suministro.
En esos casos, explicó el organismo, se actuaría con el objeto de que las autoridades hacendarias establezcan precios máximos al público por regiones o subregiones.
Además, la CRE contará con la facultad de establecer regulación de precios al público a partir de 2019, en caso de que la Cofece determine que no existen condiciones de competencia efectiva.
Sube 42.7% precio de la gasolina Magna en lo que va del sexenio
Pemex y Hacienda rechazaron aumentos abruptos porque se mantiene el estímulo fiscal
El costo del combustible más utilizado en el país pasó de 12.13 en 2013 a 17.32 pesos ayer
La Comisión Reguladora de Energía informó anoche que el precio nacional promedio de la gasolina Magna fue de 16.13 pesos; la Premium, 17.83, y el diésel, 17.41 pesos por litro. Ayer fue notable la diferencia de precios en las estaciones de servicio en la Ciudad de México. Foto Jesús Villaseca |
Juan Carlos Miranda
El precio de la gasolina Magna, la de mayor consumo en el país, se ha incrementado 42.7 por ciento en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto y el de la Premium ha subido 50.8 por ciento, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Según cifras de Pemex, el precio promedio de la gasolina Magna en 2013, el primer año de la actual gestión, fue de 12.13 pesos, mientras que el de la Premium era de 12.69 pesos por litro.
Cinco años y una reforma energética después, una gasolinera ubicada en la carretera México-Toluca número 1355 ofrecía el litro de Magna ayer martes en 17.32 pesos por litro y en 19.14 pesos por litro de Premium, aunque las cotizaciones varían según la estación de servicio.
Variación de precios
Así, el precio que un automovilista tiene que pagar para llenar un tanque de 40 litros de gasolina Magna subió de 485.20 pesos en 2013 a 692.80 pesos en enero de 2018 (207.60 pesos más) y de 507.60 pesos a 765.60 pesos en el caso de la Premium (incremento de 258 pesos).
En un recorrido por estaciones se servicio de la capital del país se pudo constatar que los precios varían de una gasolinera a otra y de un momento a otro.
Hacia las 18 horas una estación de BP ubicada calzada Taxqueña 1744, en la colonia Paseos de Taxqueña, cotizaba el litro de gasolina verde en 16.52 pesos y el de la roja en 18.41 (según la aplicación de la CRE denominada Gasoapp), aunque sólo dos horas antes el precio exhibido en la gasolinera era de 16.61 la Magna y 18.45 la Premium.
Sobre avenida Canal de San Juan 79, colonia Tepalcates, delegación Iztapalapa, una franquicia de Pemex ofrecía la gasolina menor de 92 octanos (Magna) en 16.63 y la mayor o igual de 92 octanos (Premium) en 18.50.
En otra estación ubicada al norte de la ciudad, sobre avenida Presidente Juárez, colonia Los Reyes en Tlalnepantla, estado de México, el precio de Magna estaba en 16.56 y el de Premuim, 18.47 pesos.
Sin embargo, por la noche, la CRE, el órgano regulador del mercado energético del país, aseguró que la tendencia general de los precios es de estabilidad y que el promedio nacional este martes 2 de enero fue de 16.13 pesos el litro de Magna y de 17.83 la Premium.
Además, tanto Pemex como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), descartaron incrementos abruptos en el precio de los combustibles, debido a que durante 2018 se continuarán amortiguando las variaciones mediante el esquema de estímulos semanales por medio del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que ha operado desde febrero de 2017.
Petróleos Mexicanos afirma que se va a mantener la política de precios graduales de combustibles que se aplica exitosamente desde hace un año en nuestro país y rechaza categóricamente cualquier comentario especulativo al respecto de supuestos incrementos en los mismos, señaló la petrolera mediante un comunicado.
A su vez, Hacienda señaló que no se observaron incrementos desordenados en los precios al consumidor ni a finales de noviembre 2017, cuando se flexibilizaron los precios en todo el país, ni el primero o 2 de enero de 2018.
El viernes pasado (29 de diciembre) la SHCP en el Diario Oficial de la Federación los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles.
Ahí, la dependencia federal estipuló que del primero al 5 de enero de este año la cuota de IEPS que el gobierno federal recibirá por la venta de cada litro de gasolina Magna será de 4.59 pesos; sin embargo, 2.33 pesos corresponderán al estímulo fiscal con cargo al propio gobierno y 2.26 a la cuota disminuida del IEPS.
En el caso de la gasolina Premium, Hacienda fijó un IEPS de 3.88 pesos por litro, de los cuales 98 centavos provienen del estímulo fiscal y 2.90 de la cuota disminuida.
De hecho, el incremento en el monto de los estímulos fiscales provocará una disminución de 9 por ciento en el monto que el gobierno espera recaudar por esa vía este año. En la Ley de Ingresos de la Federación de 2018 el gobierno federal estipuló una meta de recaudación mediante el IEPS de 258 mil 633 millones de pesos, 25 mil 798 millones menos que 284 mil 432 previstos en la Ley de Ingresos de 2017.
En su comunicado, Petróleos Mexicanos criticó la actuación de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, a la que señaló de haber realizado constantemente declaraciones sobre los precios de las gasolinas, que han resultado imprecisas o hasta malintencionadas.
Piden no hacer despilfarros en gasto público
Expertos consideran que el gasto público deberá estar “bajo la lupa” este año, por lo que la transparencia y rendición de cuentas "en tiempo real" serán obligadas en el ejercicio del presupuesto; el proceso electoral no deberá ser un justificante para gastar de más.
El proceso electoral de 2018 no debe ser un pretexto o justificante para “despilfarrar” el gasto público, sobre todo cuando se está en la ruta de consolidación fiscal, por lo que expertos entrevistados consideraron que la transparencia y rendición de cuentas “en tiempo real” serán obligadas en el ejercicio del presupuesto.
Las calificadoras Moody’s y HR Ratings coincidieron en que el gasto público deberá estar “bajo la lupa” este año, porque existe el riesgo de mayores erogaciones por las elecciones presidenciales, de gobernadores en ocho estados y de jefe de gobierno en la Ciudad de México, lo que es un factor de incertidumbre para la economía.
Ernesto O’Farrill, presidente de Bursamétrica, consideró que este año deberá haber mayor transparencia en el ejercicio del gasto público a nivel federal, estatal y municipal, ya que en los estados los gobernantes se “sirven con la cuchara grande” y eso obliga a que haya rendición de cuentas.
“Debe haber una fiscalización del gasto público más efectivo y casi en tiempo real. El año electoral no debe ser una justificante para el despilfarro de recursos o poca transparencia”, sostuvo.
José Besil, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), señaló que aún con el proceso electoral en puerta, los gobiernos deben sujetarse a los niveles de gasto aprobados y su ejercicio debe de ser transparente, pero también austero y sin excesos.
“Debe haber mayor transparencia en la aplicación del gasto público, debemos vigilar para evitar gastos fuera de presupuesto o de actividades que no son reportadas, porque se hacen por abajo del agua, el riesgo que se presenta es que los políticos gasten más allá en las campañas electorales”, expuso Besil.
Moody’s advirtió que en 2018 existe un riesgo de mayor gasto en torno a las elecciones, por lo que la erogación de recursos públicos estará en observación, ya que la agencia ha registrado en años anteriores que en procesos electorales el gasto aumentó.
La calificadora subrayó que el riesgo de mayor gasto no es generalizado en todos los estados, pues si bien habrá una elección federal para elegir presidente, para la agencia las elecciones se concentran en siete estados que califica, por lo que el riesgo está acotado a Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tabasco y Veracruz (Morelos y Yucatán no son calificados por Moody’s).
HR Ratings colocó la política de gasto público como un elemento que aportará este año incertidumbre a los agentes económicos, “las elecciones a mediados de 2018 naturalmente implican un detonante de riesgo”.
“Se tiene el compromiso de reducir el déficit para tener un superávit primario al cierre de año, incluso, de ser necesario se podrían aplicar nuevos recortes con el fin último de consolidar las finanzas públicas”, afirmó Félix Boni, director general de Análisis de la agencia.
PRD denunciará ante INE guerra sucia de encuestas
El sol azteca denunciará ante el INE a los supuestos trabajadores de Alejandra BarralesRaúl Flores, presidente del PRD capitalino. |
Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de México, informó que denunciará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a supuestos trabajadores de Alejandra Barrales, quien es precandidata a la jefatura de Gobierno, que estaban rellenando encuestas en un café de la Zona Rosa; lo anterior luego de que Crónicaevidenciara los hechos.
“En todo caso, quien deberá analizar e investigar al respecto debe ser la propia autoridad electoral que es la que regula las encuestas”, indicó.
El diputado local condenó estas acciones y aseguró que lo que estaban haciendo los presuntos encuestadores es un delito; en tanto que pedirá a la expresidenta del PRD nacional, Alejandra Barrales, hable del tema y aclare la situación ya que esto sólo la perjudica a ella.
El perredista aseguró que su partido todavía no comienza con las encuestas para medir a sus tres contendientes, por lo que dijo desconocer para qué son dichos ejercicios.
Además, indicó que se comunicó con Armando Ahued, Salomón Chertorivski y Alejandra Barrales para cuestionarlos acerca del tema; los tres aseguraron que no saben de qué se trata y calificaron los hechos como “un acto de mala fe”.
Incluso rechazaron que ambas personas sean militantes del Partido de la Revolución Democrática; no obstante, aseguró que investigarán quiénes son, aunque la única prueba que tienen son las fotos publicadas en esta casa editorial.
“No sabemos quiénes son, de dónde vienen o qué estaban haciendo a ciencia cierta”, sentenció.
El diputado local aseveró que aún no son los tiempos para empezar con las encuestas, pues dijo que la ley electoral establece que es después del 5 de enero cuando este tipo de actos ya son permitidos.
Por lo que refirió que los sondeos, que serán llevados a cabo por Ipsos, Covarrubias y Consulta Mitofsky están planeados para la próxima semana.
“La forma en la que se da a conocer lo que hacen los encuestadores es como si fuera algo de lo que se tratara como ya puesto y para que los vieran, solo les faltaba ponerse en la plancha del Zócalo capitalino”, comentó el exdelegado de Coyoacán.
ENCUESTAS. El dirigente capitalino del sol azteca detalló que apenas se encuentran en los preparativos para la contratación de las tres empresas encuestadoras por lo que “es imposible que grupos provenientes de los propios precandidatos hayan comenzado a hacer prácticas como esas”.
Además, aseguró que empresas que el Partido de la Revolución Democrática contratará son ajenas a los partidos políticos y se especializan en estos ejercicios. Dijo, se pagará por un servicio externo para evitar problemas como los de Morena.
“Nosotros mismos anunciamos públicamente la manera en que se harían las encuestas y que buscarían analizar a ellos mismos para ayudarlos en sus precampañas”, explicó.
Flores aclaró que la postura de su partido es clara, por tal motivo no avalarán ninguna encuesta de este tipo, ni algún acto que interfiera con las decisiones de los contendientes.
“No teníamos reportadas este tipo de prácticas pero hay gente que apoya a los diferentes precandidatos y tienen a sus seguidores, pero que el PRD haga esas cosas no es la forma en que trabajamos, menos cuando ya se había acordado en la manera de implementar las mediciones”, agregó.
PREVENCIÓN. El perredista aseguró que después de percatarse que existen grupos haciéndose pasar por militantes del PRD, estarán al pendiente, por lo que estarán preguntando y alertando a las personas para evitar otro problema como éste.
“Vamos a estar preguntando, vamos a estar revisando la situación porque no veo por qué tenga que haber gente saliendo supuestamente a la calle a encuestar, pues al final lo que estamos buscando es que se den resultados con toda la certeza”, comentó.
Raúl Flores dijo que tras reflexionar el suceso, entendió que es algo absurdo que los encuestadores se sienten en un restaurante o lugar público para hacer conteos o en el caso que publicó Crónica, rellenar las preguntas, ya que llama la atención y en cualquier momento alguien podría acercarse a ver lo que sucedía.
“Sería muy tonto contestar las preguntas así e incluso hacer una estrategia al ver los resultados de las encuestas, ojalá esto se pueda resolver y dejar en claro que el PRD no ha comenzado las encuestas”, informó.
Finalmente, recalcó que el tema se le figura a un acto sembrado y espera que no se trate manchar el proceso electoral ya que el partido ha intentado hacerlo de la manera más transparente posible y buscarán que todo se haga en los términos legales y saber quiénes eran las personas que se hicieron pasar por el equipo de la precandidata.
“Queremos dar la certeza de que quienes hagan las encuestas son totalmente confiables y no podrán alterar los resultados porque hay seriedad”, finalizó.
Los hechos
-Crónica encontró a dos personas rellenando encuestas en una café de la Zona Rosa, en la esquina de Génova y Londres.
-Ambos, una mujer y un hombre llamado Fermín, dijeron ser trabajadores de Alejandra Barrales, precandidata a la jefatura de Gobierno por la coalición Al Frente por la Ciudad de México.
-Los supuestos encuestadores señalaron que estaban contestando encuestas que los capitalinos se negaban a responder.
-En los ejercicios que estaban rellenando se encontraban los nombres de Salomón Chertorivski, Armando Ahued, Alejandra Barrales, Claudia Sheinbaum, Mikel Arriola y el del independiente Xavier González Zirión.
-La expresidenta del PRD nacional, Alejandra Barrales, es la única de los cinco contendientes que no ha hecho actos de precampaña.
“En todo caso, quien deberá analizar e investigar al respecto debe ser la propia autoridad electoral que es la que regula las encuestas”, indicó.
El diputado local condenó estas acciones y aseguró que lo que estaban haciendo los presuntos encuestadores es un delito; en tanto que pedirá a la expresidenta del PRD nacional, Alejandra Barrales, hable del tema y aclare la situación ya que esto sólo la perjudica a ella.
El perredista aseguró que su partido todavía no comienza con las encuestas para medir a sus tres contendientes, por lo que dijo desconocer para qué son dichos ejercicios.
Además, indicó que se comunicó con Armando Ahued, Salomón Chertorivski y Alejandra Barrales para cuestionarlos acerca del tema; los tres aseguraron que no saben de qué se trata y calificaron los hechos como “un acto de mala fe”.
Incluso rechazaron que ambas personas sean militantes del Partido de la Revolución Democrática; no obstante, aseguró que investigarán quiénes son, aunque la única prueba que tienen son las fotos publicadas en esta casa editorial.
“No sabemos quiénes son, de dónde vienen o qué estaban haciendo a ciencia cierta”, sentenció.
El diputado local aseveró que aún no son los tiempos para empezar con las encuestas, pues dijo que la ley electoral establece que es después del 5 de enero cuando este tipo de actos ya son permitidos.
Por lo que refirió que los sondeos, que serán llevados a cabo por Ipsos, Covarrubias y Consulta Mitofsky están planeados para la próxima semana.
“La forma en la que se da a conocer lo que hacen los encuestadores es como si fuera algo de lo que se tratara como ya puesto y para que los vieran, solo les faltaba ponerse en la plancha del Zócalo capitalino”, comentó el exdelegado de Coyoacán.
ENCUESTAS. El dirigente capitalino del sol azteca detalló que apenas se encuentran en los preparativos para la contratación de las tres empresas encuestadoras por lo que “es imposible que grupos provenientes de los propios precandidatos hayan comenzado a hacer prácticas como esas”.
Además, aseguró que empresas que el Partido de la Revolución Democrática contratará son ajenas a los partidos políticos y se especializan en estos ejercicios. Dijo, se pagará por un servicio externo para evitar problemas como los de Morena.
“Nosotros mismos anunciamos públicamente la manera en que se harían las encuestas y que buscarían analizar a ellos mismos para ayudarlos en sus precampañas”, explicó.
Flores aclaró que la postura de su partido es clara, por tal motivo no avalarán ninguna encuesta de este tipo, ni algún acto que interfiera con las decisiones de los contendientes.
“No teníamos reportadas este tipo de prácticas pero hay gente que apoya a los diferentes precandidatos y tienen a sus seguidores, pero que el PRD haga esas cosas no es la forma en que trabajamos, menos cuando ya se había acordado en la manera de implementar las mediciones”, agregó.
PREVENCIÓN. El perredista aseguró que después de percatarse que existen grupos haciéndose pasar por militantes del PRD, estarán al pendiente, por lo que estarán preguntando y alertando a las personas para evitar otro problema como éste.
“Vamos a estar preguntando, vamos a estar revisando la situación porque no veo por qué tenga que haber gente saliendo supuestamente a la calle a encuestar, pues al final lo que estamos buscando es que se den resultados con toda la certeza”, comentó.
Raúl Flores dijo que tras reflexionar el suceso, entendió que es algo absurdo que los encuestadores se sienten en un restaurante o lugar público para hacer conteos o en el caso que publicó Crónica, rellenar las preguntas, ya que llama la atención y en cualquier momento alguien podría acercarse a ver lo que sucedía.
“Sería muy tonto contestar las preguntas así e incluso hacer una estrategia al ver los resultados de las encuestas, ojalá esto se pueda resolver y dejar en claro que el PRD no ha comenzado las encuestas”, informó.
Finalmente, recalcó que el tema se le figura a un acto sembrado y espera que no se trate manchar el proceso electoral ya que el partido ha intentado hacerlo de la manera más transparente posible y buscarán que todo se haga en los términos legales y saber quiénes eran las personas que se hicieron pasar por el equipo de la precandidata.
“Queremos dar la certeza de que quienes hagan las encuestas son totalmente confiables y no podrán alterar los resultados porque hay seriedad”, finalizó.
Los hechos
-Crónica encontró a dos personas rellenando encuestas en una café de la Zona Rosa, en la esquina de Génova y Londres.
-Ambos, una mujer y un hombre llamado Fermín, dijeron ser trabajadores de Alejandra Barrales, precandidata a la jefatura de Gobierno por la coalición Al Frente por la Ciudad de México.
-Los supuestos encuestadores señalaron que estaban contestando encuestas que los capitalinos se negaban a responder.
-En los ejercicios que estaban rellenando se encontraban los nombres de Salomón Chertorivski, Armando Ahued, Alejandra Barrales, Claudia Sheinbaum, Mikel Arriola y el del independiente Xavier González Zirión.
-La expresidenta del PRD nacional, Alejandra Barrales, es la única de los cinco contendientes que no ha hecho actos de precampaña.
Promueven a Morena maestros de CNTE acusados de lavado, robo...
Docentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre los que pesan acusaciones por los delitos de lavado de dinero, quema de boletas electorales, toma de edificios públicos y robo de salarios a maestros por más 30 millones de pesos son los que ahora hacen proselitismo a favor del precandidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.
Fotografías en poder de La Razón muestran a tres exdirigentes del magisterio disidente portando playeras con la leyenda de Morena en mítines del tres veces aspirante a Los Pinos. Se trata de Azael Santiago Chepi, exlíder de la Sección 22; Othón Nazariega Segura, representante del Sector Periferia, y de Irán Santiago Manuel, exauxiliar de la Comisión de Pagos de la Coordinadora.
Excandidato de Morena en 2015 a una diputación federal, Santiago Chepi encabezó en los cuatro años en los que lideró a la Sección 22 (2008-2012), tomas de edificios públicos y en cierres carreteros durante las manifestaciones del gremio que aglutina al menos a 83 mil trabajadores de la educación.
Este profesor labora en el Centro Regional de Capacitación del Magisterio, bajo la clave 20FMP0001M y durante el tercer trimestre de 2017 percibió un salario de 101 mil 50.84 pesos. Es decir, 33 mil 666 pesos mensuales, de acuerdo con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone).
Othón Nazariega Segura, integrante del grupo de choque de la 22 llamado Los Pozoleros, fue detenido el 29 de octubre de 2015 por elementos federales junto con Efraín Picaso, Juan Carlos Orozco y Roberto Abel Jiménez, acusado por los delitos de robo agravado, lesiones contra el consumo y riqueza nacional, daños en propiedad ajena en la toma de las instalaciones de Petróleos Mexicanos de Sata María El Tule y tentativa de homicidio, además del robo de 10 mil libros de texto gratuitos y daños provocados a instalaciones de la VIII Región Militar.
Tras su captura, el profesor fue internado en el penal de Mengolí, en Oaxaca. Horas más tarde fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México, aunque fue devuelto a la primera prisión, de donde salió libre el 22 de julio de 2016.
En febrero de 2017, miembros de la CNTE echaron de la primaria Guadalupe Hinojosa de Murat, ubicada en Atzompa, a Octavio Estrada, el maestro que fue reconocido hace más de un año por la Secretaría de Educación Pública, por impartir clases afuera de la escuela durante el paro de labores de 2016 y en su lugar impusieron a Nazariega Segura.
Actualmente trabaja en la escuela primaria Lázaro Cárdenas, ubicada en el municipio de San Jacinto Amilpas, por el que en el tercer trimestre de 2017 recibió un salario de 41 mil 296.84 pesos.
Por su parte, Santiago Manuel, maestro de primaria en la escuela Melchor Ocampo, en el municipio Tlacolula de Matamoros, desde 2016 tiene una acusación en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGJO) bajo la averiguación previa 062/2015 por haber defraudado por más de 30 millones de pesos a unos 250 docentes a los que durante dos años no les entregó sus salarios.
Se estima que cada uno de los maestros defraudados, a partir del 2013 hasta el 20 de julio de 2015, ganaba en promedio 5 mil pesos mensuales y cobraban su nómina a través de cheques, pero éstos nunca llegaron a sus manos.
Antes de que el gobierno estatal recuperara la rectoría de la educación, la federación enviaba los salarios de los 83 mil maestros oaxaqueños a una Comisión Mixta que integraban el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Comisión de Pagos de la Sección 22, ambas se encargaban de distribuir los sueldos.
A la oficina de Santiago Manuel llegaban los cheques de alrededor de 66 mil maestros. También al docente se le conoce como El Rey Midas por los millonarios recursos que manejó a su antojo.
Como maestro de primaria devengó un sueldo en el tercer trimestre de 2017 de 41 mil 296.84 pesos, según el Fone. Esto es, 13 mil 765 pesos mensuales.
Según las investigaciones, este profesor era propietario en ese entonces de cuatro vehículos del año, cuyo costo por cada uno supera los 300 mil pesos: un Peugeot color vino, un Honda Civic azul, una camioneta CVR Honda gris, así como un Captiva Platinum.
Fotografías en poder de La Razón muestran a tres exdirigentes del magisterio disidente portando playeras con la leyenda de Morena en mítines del tres veces aspirante a Los Pinos. Se trata de Azael Santiago Chepi, exlíder de la Sección 22; Othón Nazariega Segura, representante del Sector Periferia, y de Irán Santiago Manuel, exauxiliar de la Comisión de Pagos de la Coordinadora.
Excandidato de Morena en 2015 a una diputación federal, Santiago Chepi encabezó en los cuatro años en los que lideró a la Sección 22 (2008-2012), tomas de edificios públicos y en cierres carreteros durante las manifestaciones del gremio que aglutina al menos a 83 mil trabajadores de la educación.
Este profesor labora en el Centro Regional de Capacitación del Magisterio, bajo la clave 20FMP0001M y durante el tercer trimestre de 2017 percibió un salario de 101 mil 50.84 pesos. Es decir, 33 mil 666 pesos mensuales, de acuerdo con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone).
Othón Nazariega Segura, integrante del grupo de choque de la 22 llamado Los Pozoleros, fue detenido el 29 de octubre de 2015 por elementos federales junto con Efraín Picaso, Juan Carlos Orozco y Roberto Abel Jiménez, acusado por los delitos de robo agravado, lesiones contra el consumo y riqueza nacional, daños en propiedad ajena en la toma de las instalaciones de Petróleos Mexicanos de Sata María El Tule y tentativa de homicidio, además del robo de 10 mil libros de texto gratuitos y daños provocados a instalaciones de la VIII Región Militar.
Tras su captura, el profesor fue internado en el penal de Mengolí, en Oaxaca. Horas más tarde fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México, aunque fue devuelto a la primera prisión, de donde salió libre el 22 de julio de 2016.
En febrero de 2017, miembros de la CNTE echaron de la primaria Guadalupe Hinojosa de Murat, ubicada en Atzompa, a Octavio Estrada, el maestro que fue reconocido hace más de un año por la Secretaría de Educación Pública, por impartir clases afuera de la escuela durante el paro de labores de 2016 y en su lugar impusieron a Nazariega Segura.
Actualmente trabaja en la escuela primaria Lázaro Cárdenas, ubicada en el municipio de San Jacinto Amilpas, por el que en el tercer trimestre de 2017 recibió un salario de 41 mil 296.84 pesos.
Por su parte, Santiago Manuel, maestro de primaria en la escuela Melchor Ocampo, en el municipio Tlacolula de Matamoros, desde 2016 tiene una acusación en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGJO) bajo la averiguación previa 062/2015 por haber defraudado por más de 30 millones de pesos a unos 250 docentes a los que durante dos años no les entregó sus salarios.
Se estima que cada uno de los maestros defraudados, a partir del 2013 hasta el 20 de julio de 2015, ganaba en promedio 5 mil pesos mensuales y cobraban su nómina a través de cheques, pero éstos nunca llegaron a sus manos.
Antes de que el gobierno estatal recuperara la rectoría de la educación, la federación enviaba los salarios de los 83 mil maestros oaxaqueños a una Comisión Mixta que integraban el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Comisión de Pagos de la Sección 22, ambas se encargaban de distribuir los sueldos.
A la oficina de Santiago Manuel llegaban los cheques de alrededor de 66 mil maestros. También al docente se le conoce como El Rey Midas por los millonarios recursos que manejó a su antojo.
Como maestro de primaria devengó un sueldo en el tercer trimestre de 2017 de 41 mil 296.84 pesos, según el Fone. Esto es, 13 mil 765 pesos mensuales.
Según las investigaciones, este profesor era propietario en ese entonces de cuatro vehículos del año, cuyo costo por cada uno supera los 300 mil pesos: un Peugeot color vino, un Honda Civic azul, una camioneta CVR Honda gris, así como un Captiva Platinum.
Empresarios texanos piden certidumbre a Trump en TLCAN
IP reitera apoyo a tratado trilateral
Distintas asociaciones de dicho estado, entre ellas la Border Trade Alliance y la Coalición de Comercio Texas-México, urgieron al presidente de EU que en el 2018 se centre en una renegociación exitosa que brinde certeza.
El sector empresarial de Texas urgió a la administración del presidente Donald Trump a centrarse en el inicio del 2018 en una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y dejar de alimentar la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial.
“Las negociaciones deben llevarse a cabo con urgencia, a fin de minimizar que se inyecte incertidumbre en la economía de América del Norte”, dijo Paola Ávila, presidenta de la Border Trade Alliance, una organización de empresarios y funcionarios públicos de la región fronteriza con México dedicada atender asuntos de comercio binacional.
“La certeza es lo que la comunidad empresarial necesita, absolutamente. No tenemos eso y aún nadie sabe lo que pasará”, indicó.
“La política del miedo que se deriva del libre comercio está recibiendo actualmente un trato preferencial, sobre el empleo y el crecimiento económico”, dijo Justin Yancy, presidente del Concilio de Liderazgo de Negocios de Texas, al referirse al clima de incertidumbre que prevalece sobre la renegociación del TLCAN.
Para combatir esto, la Coalición de Comercio Texas-México, un organismo empresarial creado a mediados del 2016 para defender el acuerdo comercial, está buscando crear conciencia sobre los beneficios positivos y demostrables del TLCAN.
Bajo el lema: “El TLCAN funciona. Ahora, hagámoslo funcionar aún mejor”, la Coalición moviliza a los líderes empresariales de Texas para trabajar con el Congreso y la administración del presidente Donald Trump a fin de garantizar que el TLCAN continúe beneficiando a Estados Unidos y México.
La renegociación exitosa del acuerdo es un asunto de interés crítico para la comunidad empresarial de Texas.
Texas es la entidad estadounidense que más se ha beneficiado a lo largo de los 23 años de vigencia del TLCAN y sería también uno de los estados más perjudicados en caso de que Estados Unidos decidiera salirse del mismo.
Entre 1994 y el 2015, las exportaciones de Texas a México crecieron alrededor de 236 por ciento.
Texas es el principal estado exportador del país y 48% de sus exportaciones se destina a los dos países socios en el TLCAN.
Una salida del acuerdo pondría en peligro casi 1 millón de empleos que dependen directa e indirectamente del comercio con México y Canadá.
Las exportaciones de bienes manufacturados de Texas a los países socios en el TLCAN ayudaron a sostener en el 2015 alrededor de 990,000 puestos de trabajo en la entidad, equivalente a 8.2% del empleo total, según la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Se estima que 7.9% de todos los empleados del sector privado en Texas está directamente relacionado con las exportaciones a los países socios en el acuerdo comercial. Eso se traduce en aproximadamente uno de cada 13 empleos en la entidad.
Retirarse del TLCAN sería devastador para Texas, aseguro Yancy. México no es sólo el socio comercial más grande de Texas, sino que más de 380,000 empleos en esta entidad dependen directamente del comercio con el vecino país, señaló.
Esta entidad soporta por sí misma más de la tercera parte del total del intercambio comercial entre Estados Unidos y México, al exportar el año pasado unos 93,000 millones de dólares a ese país.
Las exportaciones de Texas alcanzaron 232,000 millones de dólares en el 2016, para colocarse a la cabeza en todo el país. Casi 40% de esas exportaciones (92,674 millones) fueron hacia México, seguido de Canadá ha donde se efectuó 8.5% (19,865 millones) de las exportaciones totales.
“Tenemos más que perder y más que ganar, porque somos el estado exportador número uno”, aseguro Chris Wallace, presidente de la Coalición y de la Asociación de Negocios de Texas.
Por México al frente, coalición que se tambalea en 4 estados
FRANCISCO NIETO Y RICARDO ORTIZ
En el PAN, PRD y MC se encendieron las alertas por la fractura de la coalición Por México al Frente, ante los desacuerdos internos en varios estados.
En las próximas horas, en 11 entidades, estos partidos deberán comunicar a sus órganos electorales locales si van o no coaligados a las elecciones; se prevé que en cuatro estados no se logre la unidad y vayan sin el membrete del Frente.
Las demarcaciones que tiene hasta hoy para registrar convenio son: Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Nuevo León.
Donde están prendidas las luces rojas son Nuevo León, Morelos, Jalisco y Coahuila, pues no coinciden los intereses políticos de los tres partidos, incluso se prevé la creación de “coaliciones flexibles”, es decir, acuerdos parciales donde vayan dos institutos políticos o en solitario, dependiendo los intereses locales.
Por ejemplo, en Jalisco MC descartó alianzas para la gubernatura, pero los tres partidos irán juntos en 54 de 125 ayuntamientos.
De manera parcial,PRD y MC caminarán juntos en nueve municipios.
En el PAN, PRD y MC se encendieron las alertas por la fractura de la coalición Por México al Frente, ante los desacuerdos internos en varios estados.
En las próximas horas, en 11 entidades, estos partidos deberán comunicar a sus órganos electorales locales si van o no coaligados a las elecciones; se prevé que en cuatro estados no se logre la unidad y vayan sin el membrete del Frente.
Las demarcaciones que tiene hasta hoy para registrar convenio son: Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Nuevo León.
Donde están prendidas las luces rojas son Nuevo León, Morelos, Jalisco y Coahuila, pues no coinciden los intereses políticos de los tres partidos, incluso se prevé la creación de “coaliciones flexibles”, es decir, acuerdos parciales donde vayan dos institutos políticos o en solitario, dependiendo los intereses locales.
Por ejemplo, en Jalisco MC descartó alianzas para la gubernatura, pero los tres partidos irán juntos en 54 de 125 ayuntamientos.
De manera parcial,PRD y MC caminarán juntos en nueve municipios.
La alianza en Hidalgo y San Luis Potosí sigue en duda y aún se discute si van juntos. El presidente local del PAN potosino, Xavier Azuara, explicó que todo apunta a que habrá una “coalición flexible” y sólo se coaligaran en el 25 por ciento de los 58 ayuntamientos.
En Nuevo León, el dirigente local y aspirante a senador por MC, Samuel García, explicó que decidieron no ir en alianza con PAN y PRD porque ellos no estaban de acuerdo en darle candidaturas a ciudadanos.
“Ellos ya tienen filas de militantes, de grupos de poder que va uno tras otro, y además vimos que aquí hay una gran coyuntura para que MC se vaya a primera fuerza de manera individual, no queremos mezclarnos con grupos locales que no quieren soltar el poder”, dijo.
El dirigente nacional de MC, Dante Delgado, confirmó a El Heraldo de México que en Nuevo León participarán de “manera directa”.
“No vamos unidos donde no se pueda ir, pero en lo sustantivo sí vamos unidos”, reconoció el político veracruzano, quien adelantó que en Morelos el candidato a gobernador no será Rodrigo Gayosso, hijastro del actual mandatario de la entidad, Graco Ramírez.
“Traemos un debate en Morelos. Tenemos hasta mañana (hoy miércoles) para mandar un mensaje articulado… pero definitivamente no será candidato el compañero Gayosso, y por el lado de (Javier) Bolaños —del PAN— nosotros lo vemos más perfilado, como él mismo quiere, a la presidencia municipal de Cuernavaca”, agregó.
Asimismo, cuestionó que el PRD lleve como candidato a diputado federal al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien renunció a este cargo luego de la tragedia de Iguala, en la que desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario