Pega violencia a política local.

En pleno proceso electoral, la violencia apunta hacia la clase política a nivel local.

De diciembre a la fecha, 11 políticos de distintos partidos han sido asesinados y, de ellos, al menos 5 aspiraban a un puesto en las próximas elecciones.

Las ejecuciones se han registrado principalmente en Guerrero y Jalisco, con tres casos cada Estado, así como en Tabasco, Baja California, Chiapas, San Luis Potosí y Oaxaca.

Entre las víctimas están los Alcaldes de San Pedro El Alto (PT), Oaxaca; de Bochil (PRI), Chiapas; y de Petatlán (PRD), Guerrero, así como servidores públicos y un legislador.

También se encuentran dirigentes regionales, como el de Morena en el Municipio de Casimiro Castillo y el de Movimiento Ciudadano en La Huerta, ambos en Jalisco, además de abogados y empresarios que buscarían un puesto de elección popular en los próximos comicios.

El caso más reciente es el del constructor y aspirante priista a la Alcaldía de Atoyac de Álvarez, Adolfo Serna, quien fue asesinado la noche del 31 de diciembre.

Eduardo Guerrero, analista en políticas públicas, consideró que la violencia en el contexto político ha repuntado por el afianzamiento de mafias locales coludidas con autoridades.

"A mí me preocupa que haya una gran pasividad porque se nos puede generar una epidemia de asesinatos de candidatos a elección popular, sobre todo locales", agregó el también consultor en seguridad.

"Estas mafias son de carácter local y están vinculadas con grupos que muchas veces los protegen, sobre todo donde el crimen tiene mucho arraigo social", consideró.

Alfredo Figueroa, ex consejero electoral, planteó que el Gobierno federal y las autoridades electorales deben promover acciones para atajar este fenómeno.

"Se necesita un análisis, conocer los casos y, si se advierte en ello una práctica nueva, construir los mecanismos institucionales que permitan atajarla de manera inmediata", señaló.

En tanto, a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) también les preocupa la violencia contra aspirantes a cargos públicos en las elecciones de 2018.

"Nos preocupa mucho la verdad estos ataques contra aspirantes o precandidatos o gente que está posicionada para ir ocupando cargos públicos, para presentarse a las elecciones en los municipios", señaló Benito Nacif.

"Nos preocupa porque sabemos que es una condición necesaria para que pueda haber campañas, actividades proselitistas, discusión libre".

Sin embargo, señaló que el Instituto no puede hacer más que llamados a las autoridades a las que les corresponde garantizar la seguridad en el País.

"Nosotros siempre hemos propiciado reuniones con las instituciones que llevan el tema de seguridad y de esas reuniones salen protocolos para los precandidatos o candidatos, dependiendo de la fase del proceso, pero nosotros no somos una institución de seguridad pública", agregó el consejero.

El 1 de julio se renovarán 3 mil 416 cargos de elección popular, incluidos la Presidencia y el Congreso federal, pero a nivel estatal se elegirán 591 diputados locales de mayoría y 391 de representación proporcional, así como mil 596 integrantes de ayuntamientos.

Antonio Baranda e Isabella González/REFORMA