Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional

Aprieta Hacienda a Corral

Belén Rodríguez y Pedro Sánchez

Cd. de México (15 enero 2018).- Chihuahua no recibirá el dinero reclamado por su Gobernador, Javier Corral, y no podrá solicitar nuevos recursos extraordinarios hasta resolverse la revisión judicial sobre los mismos, advirtió ayer Hacienda.

De los cuatro convenios firmados entre la dependencia y el Gobierno estatal sólo se hizo la transferencia de uno de ellos, por 20.4 millones de pesos, reconoció ayer Fernando Galindo Favela, subsecretario de egresos, en conferencia de prensa.

Hacienda convocó a los medios para dar a conocer su posicionamiento frente a las acusaciones de Corral de que el Gobierno federal le ha retenido al Estado 700 millones de pesos.

Según Galindo, para el segundo convenio, por 44.8 millones de pesos, no fue posible concretar la transferencia debido a que la cuenta bancaria proporcionada por Chihuahua fue rechazada por el banco comercial.

Respecto al tercer y cuarto convenio, por 35.3 millones y 700 millones, aseguró que había una cláusula de disponibilidad de recursos y Hacienda no tuvo los fondos para realizar esas transferencias.

Agregó que debido a que al final del año se cierran las cuentas, ya no será posible transferir los recursos y lo que podría hacerse es considerarlos para la firma de un nuevo convenio.

Sin embargo, indicó que la entidad no podrá acceder a estos fondos extraordinarios en 2018 a través de este tipo de acuerdos hasta que se resuelva la revisión judicial que el Gobierno de Corral pretende realizar sobre la licitud y viabilidad de estos convenios.

También ayer, ante cientos de personas en la capital de Chihuahua, Corral anunció un plan de acción que incluye una estrategia legal y movilizaciones, incluso en Estados Unidos, para exigir la captura del ex Mandatario César Duarte y la entrega de los recursos federales retenidos a Chihuahua.

Anunció una Marcha por la Dignidad, de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, y llamó a los chihuahuenses que residen en EU a que acudan a los consulados mexicanos a solicitar la extradición del ex Gobernador, acusado de desvío de recursos públicos.

 Liberan a un ladrón cada 2 hr; crece robo

 

Ilustración: ROSARIO LUCAS

Eduardo Hernández

Durante el último año, dos sujetos imputados por el delito de robo agravado fueron puestos en libertad cada dos horas en la Ciudad de México. En ese periodo, 4 mil 537 personas salieron de las prisiones de la capital.

Actualmente, en la Ciudad de México hay una población aproximada de 27 mil 732 ciudadanos privados de su libertad por delitos del fuero común y federal en los centros penitenciarios, de los cuales 11 mil 710 ingresaron por robo agravado. De acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, de los imputados por robo agravado que obtuvieron su libertad 22 fueron por falta de elementos por parte del Ministerio Público, 113 fueron absueltos, mil 262 siguen su proceso en libertad, 2 mil 646 cumplieron su condena y el resto tuvo otra medida o beneficio.

A nivel nacional el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que en 2016 hubo 168 mil 245 asaltos con violencia y hasta noviembre del año pasado sumaron 208 mil 687 casos: 24.5% más casos. El asalto a transeúntes creció entre ambos años 21.7%, al pasar de 48 mil 837 a 59 mil 441.

En la Ciudad de México el robo con violencia pasó de 21 mil 483 casos a 25 mil 58, por lo que subió 16.6%. Mientras que el asalto a transeúntes aumentó 3.6% en ese periodo.

Especialistas aseguraron que el primer factor para que los involucrados en delitos como el robo agravado no pisen la prisión y delincan es la falta de capacitación para implementar el Código Nacional de Procedimientos Penales. En entrevista con EL UNIVERSAL, Diana Cristal González Obregón, abogada penalista, redactora y analista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aseguró que la liberación de estos sujetos no es responsabilidad del sistema penal, sino de las malas prácticas de las autoridades.

“El sistema no es la causa de que las personas salgan, tampoco es el responsable de que exista más delincuencia, ni tampoco de que exista impunidad. Se trabaja en que los casos no queden impunes, las autoridades tienen que hacer una investigación mucho más científica y con esto se le pone un tope para que no se avance en contra de un ciudadano, en tanto no se demuestre que hay una indagatoria concreta de que exista la probabilidad de que la persona cometió el delito”, declaró.

Aseguró que actualmente durante los procesos penales, el Ministerio Público no analiza ni sigue al pie de la letra lo establecido en el código nacional para verificar que los imputados son peligrosos para la sociedad y, si es necesario, que se implemente la prisión preventiva, lo que genera que muchos sujetos sigan su proceso en libertad y delincan.

“Aunque el imputado no haya cometido un delito grave que obligue a la prisión preventiva oficiosa, pero que pueda demostrar que no tiene cómo manifestar su domicilio, trabajo y además es reincidente, las autoridades tienen la obligación de imponer esa medida cautelar, pero eso no se hace, no existe la tecnología”, explicó.

Consideró que el Estado mexicano se ha rendido en la implementación de este sistema de justicia y, como ejemplo, mencionó la falta de capacitación en la policía y ministerios públicos. “Se ha perdido la fe en los MP y en la policía y ahora se le está dando la batuta al Ejército, pero lo lamentable es que tampoco a ellos se les esta dando capacitación”, advirtió.

Señaló que otra de las problemáticas que ocasionan que las personas reincidentes salgan de prisión es que no hay apoyo en las procuradurías a nivel local y federal de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, la cual tiene como objetivo proporcionar información a las partes sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares.

“Tenemos deficiencias en esta Unidad de Medidas Cautelares, tanto en tecnología, en gestión y en la coordinación informática. No están actualizadas las bases de datos, entonces, cuando detienen a una persona en algún estado y se requiere información sobre él, no se tiene y en el momento de la audiencia no se tienen las pruebas suficientes”, dijo.

El especialista en Derecho Penal, de la Universidad La Salle, Víctor Manuel Alonso, coincidió en que los ministerios públicos ni las policías tienen una adecuada capacitación.

Aseguró que el problema se debe a que este nuevo sistema se tiene que cuajar, puesto que sólo tiene unos años de implementación, por lo que todavía hay penalistas o jueces que están acostumbrados al sistema inquisitivo, lo que ocasiona que incluso se concluyan los casos por violaciones a los derechos humanos.

“Por lo menos en la CDMX tiene muy poco que se está aplicando. Estamos en un proceso de transición. El problema principalmente es de las policías y los ministerios públicos”, aseguró. En los últimos meses han sido detenidos diversas personas por el delito de robo agravado y que cuentan con antecedentes penales. El pasado diciembre se arrestaron a 18 personas que han estado en prisión por al menos en una ocasión por el mismo delito.

No a extorsión de estados por recursos: SHCP

 

 “Lo que se debe hacer es ceñirnos al marco de la ley”, pide la subsecretaria Vanessa Rubio; el año pasado se dieron a la entidad 2 mil millones de pesos adicionales.

La funcionaria defendió la actuación de la Secretaría de Hacienda. (Arturo Monroy/Notimex)

SILVIA RODRÍGUEZ

México

La subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, advirtió que no se puede "extorsionar" a la dependencia, pues ésta transfirió en tiempo y forma todos los recursos que por ley le correspondían en 2017 al estado de Chihuahua.

"No se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda por recursos, lo que se debe hacer es ceñirnos al marco de la ley. Esto ha sido avalado por la Auditoría Superior de la Federación, por la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores) y por distintos actores de gobiernos estatales, quienes han dicho que, en efecto, la Secretaría de Hacienda se ha comportado en todo este tiempo, e históricamente, conforme a derecho", dijo la subsecretaria en conferencia de prensa.

En tanto, el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, detalló en el mensaje a medios que en 2017 se entregaron a Chihuahua 43 mil 56 millones de pesos correspondientes a participaciones y aportaciones federales, y 2 mil millones adicionales, con base en lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Agregó que en 2018 la Secretaría de Hacienda otorgará 3 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado en 2017, por lo que los recursos a Chihuahua alcanzarán 44 mil 106 mdp.

"La entrega de esos recursos es vigilada constantemente por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, integrada por los secretarios de Finanzas de los estados, y cuya coordinación, que recae en Baja California Sur, ya se pronunció, al mencionar que se entregaron las participaciones y aportaciones federales en tiempo y forma", dijo.

Explicó que los recursos reclamados por el estado de Chihuahua, por poco más de 700 millones de pesos, no se trata de pelearlos, sino de lo que corresponde a derecho y a la ley, "y los que no corresponden por ley no se pueden politizar", pues la dependencia es institucional.

El funcionario detalló que los recursos adicionales derivaron de cuatro convenios firmados en diciembre, lejos del ejercicio fiscal y firmados muy tarde, cuando ya se van restringiendo, y resaltó que en dichos acuerdos existe una cláusula que especifica que están sujetos a disponibilidad.

En ese sentido, puntualizó que de los cuatro convenios realizados con Chihuahua, de uno se entregaron los recursos, el segundo no se pudo asignar porque la cuenta fue rechazada por la institución financiera y para los dos restantes no hubo disponibilidad presupuestaria.

En esa línea, la subsecretaria Rubio abundó que para la secretaría es importante cumplir con las metas fiscales, como lograr un superávit primario, y no va a incurrir en deuda si no hay suficiencia presupuestaria, ya que esas acciones han llevado a las calificaciones que México tiene en los mercados internacionales y que permiten acceder a los mercados financieros, como se hizo en las semanas recientes.

El subsecretario de Egresos añadió que todas las entidades federativas recibieron en 2017 los recursos que les correspondían por ley en tiempo y forma, pero Zacatecas y Tlaxcala tampoco obtuvieron porque no hubo suficiencia presupuestaria por montos de 189.4 y 150 millones de pesos, respectivamente.

Añadió que los recursos no transferidos, como es el caso de la cuenta bancaria que era incorrecta, ya no se pueden realizar, en virtud de que el presupuesto tiene un ciclo anual y todos los recursos extraordinarios que se puedan proporcionar durante ese ejercicio fiscal requieren un nuevo convenio.

Galindo sostuvo que los convenios se van formando durante el ejercicio fiscal, dependiendo de la problemática y el programa presupuestario a que se refiera, pero se tiene que cumplir con ciertos criterios y, hasta el momento, no se han firmado acuerdos con algún estado para el ejercicio fiscal 2018.

"Como lo establece la Constitución, la Ley Federal de Presupuesto y el propio Presupuesto de Egresos, los recursos autorizados tienen un ciclo anual. En caso de firmar un nuevo convenio se estará en posibilidades de transferir recursos extraordinarios a cualquier entidad federativa", puntualizó.

Hacienda: se cumplió con el presupuesto; convenios extras no se pagaron

 

La dependencia pagó una petición adicional, otra no se transfirió por error en la cuenta y no hubo recursos para otras dos

PREVISIÓN. Vanessa Rubio dijo que no se darán nuevos recursos adicionales a Chihuahua hasta que no se resuelva la controversia.

CAROLINA REYES

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cumplió con la entrega de los recursos que fueron aprobados para Chihuahua en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, aseguró Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda.

Los recursos no transferidos son de peticiones adicionales, explicó. En conferencia de prensa, señaló que el gobierno de Chihuahua no tiene sustento para exigir “recursos que no corresponden conforme a la ley”. La SHCP firmó cuatro convenios con Chihuahua durante 2017 por recursos adicionales, de los cuales sólo pagó uno por 20.4 millones de pesos.

Un segundo convenio, de 4.8 millones de pesos, no se pagó por errores en la cuenta bancaria, y dos más por 35.3 y 700 millones, por falta de recursos presupuestarios.

Recursos se entregaron a tiempo: Rubio

Afirma que no se puede “extorsionar” a Hacienda, pues se rige conforme a las normas.

Todos los recursos presupuestales que por ley le correspondían al estado de Chihuahua fueron entregados en tiempo y forma; lo que no se transfirió fueron los recursos adicionales que pedía la entidad a través de convenios, lo que no da ningún sustento para tratar de extorsionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o politizar el tema, señaló en conferencia de prensa Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de la dependencia federal.

“Los recursos que no corresponden por ley no se pueden politizar, la Secretaría de Hacienda es institucional, se rige conforme a las normas aplicables, y eso es lo que hemos venido haciendo y lo que se ha venido aclarando. No se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por recursos que no corresponden conforme a la ley”, recalcó la funcionaria en conferencia de prensa en la que se fijó la postura de la dependencia frente a las acusaciones del estado de Chihuahua.

En este encuentro, Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos, detalló que con el estado de Chihuahua se firmaron cuatro convenios durante 2017 por recursos adicionales; de ellos sólo se pagó uno, por un monto de 20.4 millones de pesos; hubo un segundo convenio, por 4.8 millones, que no se pagó por errores en la cuenta bancaria proporcionada por la entidad; y dos convenios más por 35.3 y 700 millones de pesos que no se pagaron por falta de recursos presupuestarios.

Aun así, recalcó que el estado recibió durante 2017 un total de 43 mil 56 millones de pesos, que incluyen 2 mil millones de pesos que entregó la Secretaría de Hacienda a Chihuahua de forma adicional.

Agregó que el estado de Chihuahua ha exigido de distintas formas que se transfieran los 700 millones de pesos que habían sido convenidos y que no fueron pagados por falta de recursos presupuestales.

Para presionar la entrega del dinero, Chihuahua acusó a la SHCP de retener los recursos e intervino el mecanismo jurídico a través del cual se entrega el dinero adicional, es decir, que impulsó una controversia en contra de los convenios.

Galindo Favela señaló que aun resolviéndose la controversia iniciada por el estado de Chihuahua en los tribunales ya no se podría hacer entrega de los recursos que solicita, toda vez que el convenio firmado está adherido al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 y ya no se puede realizar la transferencia, por la vigencia del PEF.

Adicionalmente, tampoco se entregarán nuevos recursos adicionales a la entidad en este 2018, hasta que se resuelva la controversia que impulsó, enfatizó Galindo.

“No es hasta que se retire la controversia por parte del estado de Chihuahua, es hasta que se resuelva en los órganos normativos y judiciales en el ámbito de las competencias. Si el convenio está controvertido, lo que dice la Secretaría de Hacienda es que no se puede firmar un nuevo convenio hasta que se resuelva por las autoridades competentes”.

De esta forma, dejó que en claro que al estado de Chihuahua se le entregarán poco más de 44 mil millones de pesos durante este 2018, por la asignación de recursos presupuestales, pero no habrá recursos adicionales para el estado hasta que se resuelva la controversia que inició la entidad en contra de la figura del convenio.

Agregó que igual que en el caso del estado de Chihuahua, Tlaxcala y Zacatecas no recibieron recursos adicionales por la falta de recursos presupuestarios, a pesar de que ya se tenían firmados convenios con estas entidades por un monto de 150 y 189 millones de pesos, respectivamente.

Asimismo, señaló que a pesar de ser un año electoral no se suspenderá la entrega de recursos adicionales a los estados a través de convenios, los cuales pueden ser firmados y pagados durante todo el transcurso del, año dependiendo de las necesidades y requerimientos de las entidades.

No obstante, señaló que en lo que va del año no se ha llevado a cabo la firma de ningún convenio entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas.

ESQUEMA

Así es como operan los convenios entre gobiernos y Federación para la obtención de recursos que no han sido aprobados.

Los convenios por los cuales los estados solicitan recursos adicionales son en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal.
El estado primero hace la solicitud a la Cámara de Diputados, y son los legisladores quienes la aprueban.
Después se firma el convenio con Hacienda para que sean transferidos los recursos, siempre y cuando haya suficiencia presupuestaria.

 Corral extorsiona para recibir dinero que no le corresponde

 Nada de recursos extraordinarios a entidades hasta que no se resuelva el conflicto

Max Diener Sala, procurador fiscal de la Federación; Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda, y Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos, ofrecieron una conferencia sobre el caso Corral: Foto María Luisa Severiano

Julio Reyna Quiroz

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acusó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de extorsionar para obtener recursos económicos que no le corresponden, y anunció que no firmará ningún convenio sobre entrega de dinero extraordinario con las entidades federativas hasta que no se resuelva la controversia constitucional que, eventualmente, interponga el gobierno de esa entidad sobre la licitud y viabilidad de este tipo de acuerdos.

No se trata de pelear recursos, sino de lo que corresponde a la ley; no se puede extorsionar a la secretaría por recursos, sino ceñirnos a las legislaciones, aseveró ayer la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, durante una conferencia de prensa en la cual explicó nuevamente el proceso técnico de la entrega de recursos federales extraordinarios a las entidades.

La funcionaria expresó que la dependencia ha dejado en claro cuáles son los recursos que corresponden por ley a cada entidad, pero también aseveró que aquellos dineros federales que no corresponden, no se pueden politizar. La SHCP es institucional y se rige conforme a las leyes aplicables, agregó.

En la conferencia, el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, rechazó la interpretación sesgada del gobernador Corral sobre la entrega de recursos federales extraordinarios, cuyo tema, dijo, es exclusivamente técnico, jurídico y financiero.

El funcionario reiteró que hubo recursos que no fueron entregados al gobierno de Chihuahua debido a que una cuenta bancaria, mediante la cual se realizaría la transferencia, no estuvo disponible en diciembre pasado.

Sin embargo, reconoció que otros recursos no fueron transferidos por una insuficiencia presupuestaria y que debían canalizarse para el saneamiento de las finanzas de Chihuahua, como pago a proveedores y aguinaldos. Ese dinero ya no puede ser entregado debido a la vigencia anual del presupuesto, que concluyó en diciembre pasado, explicó Galindo.

Indicó que la SHCP no ha condicionado la entrega de recursos al gobierno de Chihuahua, y aseguró que la dependencia ha cumplido con los ciudadanos de esa entidad.

El subsecretario Galindo recordó que en 2017 la SHCP transfirió a Chihuahua, en tiempo y forma, todos los recursos que por ley le correspondieron. Detalló la entrega de 43 mil 56 millones de pesos por concepto de participaciones y aportaciones federales, una cantidad que significó un monto superior en 2 mil millones en relación con el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Agregó que en 2018 el gobierno de aquella entidad recibirá 3 mil millones de pesos adicionales a los que se entregaron el año pasado.

Galindo reiteró que la entrega de recursos a todas las entidades estuvo bajo la vigilancia de una comisión de funcionarios fiscales, que está integrada por los secretarios de Finanzas de los estados y cuya presidencia se encuentra en manos del gobierno de Baja California Sur, la cual validó las transferencias.

El subsecretario mencionó que los recursos a los que se refiere el gobernador Corral, que acusa no haberlos recibido, son partidas extraordinarias solicitadas al gobierno federal y proyectos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En cuatro convenios firmados por el gobierno de Chihuahua y el federal, en dos de ellos no hubo disponibilidad financiera, por lo cual no fueron entregados 735.3 millones de pesos que debían ser gastados para el saneamiento de las finanzas locales.

En otro convenio, por 44.8 millones, la transferencia no se realizó porque la cuenta bancaria abierta por el gobierno de Chihuahua fue validada hasta los primeros días de enero.

El subsecretario adelantó que la SHCP no firmará los convenios para la entrega de recursos extraordinarios a las entidades durante este año, hasta que no se resuelva, primero, la revisión judicial o la controversia constitucional que el gobierno de Chihuahua anunció que interpondrá sobre la licitud y viabilidad de este tipo de acuerdos.

 SHCP detalla transferencias a Chihuahua

Hacienda informó que entregó todos los recursos que por ley le correspondían en 2017 a Chihuahua y aclaró que los poco más de 700 mdp que reclama Javier Corral son de 4 convenios firmados en diciembre y que estaban sujetos a disponibilidad.

Zenyazen Flores

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que entregó todos los recursos que por ley le correspondían en 2017 a Chihuahua y aclaró que los poco más de 700 millones de pesos que reclama el gobernador de ese estado, Javier Corral, son de cuatro convenios firmados en diciembre y que estaban sujetos a disponibilidad.

Fernando Galindo, subsecretario de Egresos, explicó que sólo uno fue pagado, el 29 de diciembre, por 20.4 millones de pesos. De los otros tres, uno por 44.8 millones, no se pagó por error en la cuenta de Chihuahua, la nueva la dieron el 8 de enero de 2018 y no se hizo pues el convenio era de 2017.

Los otros dos convenios, por 35.3 y 700 millones de pesos cada uno, no fueron pagados porque no hubo suficiencia presupuestaria, esos convenios correspondían al programa Saneamiento Financiero, es decir, para pago a proveedores, aguinaldos y en general gasto corriente.

Galindo dijo que “de acuerdo con la cláusula segunda de los convenios respectivos, no hubo disponibilidad presupuestaria. Al día de hoy no es factible normativa ni presupuestalmente realizar transferencia alguna relativa a dichos convenios en virtud de la vigencia anual del presupuesto”.

La dependencia agregó que además de Chihuahua, también Zacatecas y Tlaxcala, estados donde gobierna el PRI, fueron afectados por disponibilidad presupuestaria para cubrir recursos pactados en convenios.

Galindo detalló en conferencia de prensa que a Zacatecas no se le pagaron dos convenios por 189.4 millones de pesos y a Tlaxcala no se le transfirieron 150 millones de pesos.

Reiteró que en 2017 Chihuahua recibió 43 mil 56 millones de pesos por concepto de Participaciones y Aportaciones federales, esto implicó 2 mil millones de pesos adicionales respecto al Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, y para 2018 el estado recibirá 3 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado para 2017, con lo que llegará a 44 mil 106 millones de pesos.

Hacienda dijo que para estar en posibilidad de firmar convenios durante este año para otorgar apoyos extraordinarios al estado de Chihuahua, esperará la resolución judicial que resulte de las acciones legales que emprenda el gobierno estatal sobre la licitud y viabilidad de este tipo de convenios.

La subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, sostuvo que “no se trata de pelear recursos sino de cumplir con lo que dice la ley en la entrega de dinero público (…) No se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda por recursos, la Secretaría se ha comportado conforme a derecho y los recursos que no se comprometen en la Ley no se pueden politizar”.

 SHCP a Corral: “No se puede extorsionar”

La subsecretaria Vanessa Rubio afirma que se transfirió a Chihuahua en 2017 lo que por ley le correspondía. Remarca que la entrega de recursos firmados por convenio depende de la suficiencia presupuestal

Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda, durante el mensaje a medios para esclarecer las acusaciones de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, respecto al otorgamiento de recursos para el estado.

ADRIÁN ARIAS

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Vanessa Rubio, rechazó las acusaciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y afirmó que no se puede extorsionar a la dependencia por recursos presupuestarios, y que la dependencia transfirió en 2017 los recursos que por ley corresponden.

Rubio explicó que no se entregaron recursos extraordinarios solicitados por el estado de Chihuahua durante 2017 mediante convenios debido a insuficiencias presupuestarias: “No se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por recursos que no corresponden conforme a la ley”, subrayó y enfatizó que los recursos que no corresponden por ley a las entidades federativas “no se pueden politizar”.

Dijo que las entidades federativas no han dejado de recibir los recursos que conforme a derecho le corresponden, “estos recursos no son discrecionales”, y explicó que para cualquier estado, la entrega de recursos firmados por convenio depende de la suficiencia presupuestal.

Ante esta falta de recursos presupuestales para transferir a los estados, “si no hay recursos adicionales, no se pueden obtener de ningún otro lugar, porque no vamos a recurrir a deuda, no vamos a recurrir a ningún otro modo de financiamiento, porque lo más importante a preservar son nuestras finanzas públicas sanas”, destacó.

Corral ha acusado que Hacienda no le ha entregado cerca de 780 millones de pesos a Chihuahua, pese a estar convenido desde el 14 de diciembre pasado, correspondiente a un fondo de saneamiento financiero que, según Corral, sólo se le ha negado a su entidad.

El gobierno de Chihuahua advirtió que, tras la negativa por parte del gobierno Federal para entregarle recursos que fueron convenidos, llevará el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Corral ha acusado al actual gobierno de haber retenido los recursos como una revancha política tras la investigación de un presunto desvío millonario de recursos que involucra a dirigentes y exlíderes del PRI.

 SHCP rechaza “extorsión” de Corral por fondos que... ni le tocan

 

Los subsecretarios, ayer, a su llegada a la conferencia de prensa. (Foto: Cuartoscuro)

Yared de la Rosa 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reiteró que transfirió en tiempo y forma todos los recursos que por ley que le correspondían al gobierno de Chihuahua según el presupuesto y explicó que, lo que no se depositó fue un dinero adicional que pedía la entidad a través de convenios adicionales, por lo que no se puede “extorsionar” a la dependencia por ese tema.

Informó que para este año la entidad recibirá tres mil millones de pesos adicionales a lo aprobado para 2017, con lo cual llegará a 44 mil 106 millones de pesos.

“Eso no da ningún sustento para tratar de extorsionar a la dependencia o politizar el tema. La secretaría es institucional, se rige conforme a las normas aplicables y eso es lo que hemos venido haciendo y lo que se ha venido aclarando. No se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por recursos que no corresponden conforme a la ley”, subrayó la subsecretaria Vanessa Rubio.

El dato 

La SHCP informó que el pasado 27 de diciembre se mantuvo comunicación con autoridades chihuahuenses para explicarles la situación de los cuatro convenios.

En su oportunidad, el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo Favela, detalló en conferencia de prensa que con el estado de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, se firmaron cuatro convenios por recursos adicionales, de ellos sólo se pagó uno por un monto de 20.4 millones de pesos.

Agregó que el segundo convenio por 44.8 millones no se sufragó, ya que la cuenta bancaria proporcionada por el estado fue rechazada por el banco comercial y fue hasta el 8 de enero de 2018 que la entidad presentó la cuenta validada.

El tercero y cuarto convenios, por 35.3 y 700 millones de pesos, respectivamente, destinados para gasto corriente, no se entregaron por falta de suficiencia presupuestaria, y precisó que, al día de hoy, no es factible normativa ni presupuestalmente realizar transferencia alguna relativa a dichos convenios, en virtud de la vigencia anual del presupuesto 2017.

Además de que no se entregarán nuevos recursos adicionales a la entidad hasta que esté resuelta la controversia que hay entre el estado y la dependencia federal.

“La entrega de estos recursos es vigilada constantemente por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, integrada por los secretarios de finanzas de los estados, y cuya coordinación, que recae en el estado de Baja California Sur, ya se pronunció mencionando que se entregaron las Participaciones y Aportaciones Federales en tiempo y forma”, indicó.

Según un comunicado de la dependencia, la falta de disponibilidad presupuestaria afectó no sólo a Chihuahua, sino también a Tlaxcala y Zacatecas, por lo que insistió en que la Secretaría de Hacienda “ha cumplido a los chihuahuenses, entregando, a través del gobierno del estado, los recursos económicos que le corresponden por ley”.

Reiteró que en ningún momento se ha condicionado la entrega de los recursos que le corresponden al gobierno de Chihuahua: “La Secretaría de Hacienda siempre ha estado y estará a favor de la transparencia y la rendición de cuentas”.

Además, enfatizó que durante 2017, transfirió a Chihuahua, en tiempo y forma, todos los recursos que por ley le correspondían, pues explica que el estado recibió 43 mil 56 millones de pesos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, lo que implicó dos mil millones de pesos adicionales respecto al Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2016.

La dependencia rechazó las declaraciones del gobernador Javier Corral sobre la falta de recursos para la entidad y las calificó como “interpretaciones que pretenden confundir a la población sobre un tema que es exclusivamente técnico, jurídico y financiero.

“Estamos absolutamente comprometidos con la transparencia y con la total disposición de seguir trabajando con todas las entidades federativas, en el marco del federalismo fiscal, como lo hemos venido haciendo desde el inicio de la actual administración”, indicó.

 

Bajos salarios opacan récord en empleo

  

 predomina trabajo de poca paga

De los 3.1 millones de empleos nuevos en esta administración, 80% se ubica en un rango de remuneraciones de entre uno y dos salarios mínimos.

María del Pilar Martínez

Ocho de cada 10 empleos de la histórica cifra de nuevos puestos de trabajo formales que se ha alcanzado en la presente administración federal son remunerados con entre uno y no más de dos salarios mínimos, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Así, en los 61 meses que han transcurrido de la Presidencia de Enrique Peña Nieto se ha dado de alta la histórica cifra de 3 millones 123,519 trabajadores en el IMSS, pero de este monto, 2 millones 505,912 fueron inscritos por patrones que les pagaron hasta el año pasado 80 pesos como mínimo y no más de 160 pesos diarios (4,800 pesos mensuales), tomando como referencia el salario mínimo vigente en el 2017.

Lo anterior coincide con la cruzada por la formalización laboral que ha emprendido el gobierno federal y que fue relanzada justamente el año pasado, año en el que se logró dar de alta a más de 800,000 nuevos trabajadores en el IMSS, cifra que no tenía precedente desde 1996.

Para ello, se focalizaron las inspecciones que realiza de manera permanente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la mano con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP), el Infonavit y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

De tal manera que la mayoría del empleo generado en el país “ha sido formalización, no se trata de empleo nuevo, ni de calidad, basta con revisar los rangos salariales en los que se crearon los puestos de trabajo en el sexenio para identificar que siguen siendo de muy poco valor”, afirmó María Fonseca, decano de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.

“Sí es empleo que tiene prestaciones sociales, porque recibirán la seguridad social que ofrece el IMSS, pero si eso no resulta atractivo, dado que el costo de la canasta básica se incrementó, es muy probable que prefieran estar en la informalidad”, detalló Fonseca.

Por otra parte, el IMSS revela que el número de nuevos empleados formales que reciben más de cinco salarios mínimos apenas fue de 64,000 personas, “lo que obliga a hacer una reflexión sobre la calidad de empleo que se está ofreciendo, pues las personas que reciben 15,000 mensuales han ido disminuyendo. Vemos que los empleadores que han dado dinamismo en el empleo en este sexenio han estado más en los niveles operativos con los salarios más bajos”, comentó Víctor Chávez Montes de Oca, socio director de Grupo Human. 

¿Dónde está el empleo?

Los especialistas en economía refieren que no es menor que haya cifras récord en los registros de empleo formal en el IMSS; pero sugieren que de no buscar un dinamismo en la economía que atienda la incorporación anual de 1.2 millones de personas al mercado de trabajo, puede sólo ser “una burbuja de empleo”.

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC, estimó que de los más de 3 millones de puestos de trabajo creados en el presente sexenio, 1 millón pertenecen a la industria de la transformación y alrededor de 357,000 a la construcción, por lo que “en estricto sentido la industria aportó cerca de 40% del empleo que se ha formalizado en el país, por lo que una sola industria no puede quedarse sólo con la formalización, sino debe buscarse que la economía reporte crecimiento para que continúe esta dinámica de generación de empleo”.

Las cifras del IMSS indican que el mayor crecimiento de empleo por sector lo tienen los trabajadores eventuales del campo, que reportó un incremento de 10.4%; le sigue Transportes y Comunicaciones 6.8%; Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca reportó 6.5%; la industria extractiva 5.0%; la de Transformación fue de 5.0%, mientras que la de menor dinamismo fue la Industria Eléctrica y Suministro de Agua Potable con 0.6% de los puestos de trabajo reportados.

Es importante el avance, destacó Fonseca, “pero la actividad productiva requiere un número mayor de empleos, por ello no se deben lanzar las campanas al vuelo, aún falta mucho por hacer, aún faltan muchos más empleos que generar. No se debe bajar la guardia en la formalización; pero también hay que impulsar a la industria”.

Agregó que “la tasa de desocupación de 3.5% ha sido una de las más bajas de los últimos tiempos. El incremento observado en la cantidad de trabajadores registrados en el IMSS durante los últimos cinco años ha sido uno de los factores que han contribuido para disminuir significativamente el número de desocupados”. 

 Secretaría de Hacienda rechaza extorsión de Chihuahua por recursos

 

 En el caso de Chihuahua, no se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por recursos que no le corresponden conforme a la ley, sostuvo la subsecretaria del ramo, Vanessa Rubio Márquez.

Al dar a conocer la postura de la Secretaría de Hacienda sobre la exigencia del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para que le sean entregados recursos al estado correspondientes a 2017, dijo que los que no le corresponden por ley a las entidades federativas “no se pueden politizar”.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, acompañada de funcionarios de la dependencia federal, precisó que no se entregaron recursos extraordinarios solicitados por el estado de Chihuahua durante 2017 mediante convenios debido a insuficiencias presupuestarias.