La introducción ilegal de armas de fuego es un delito que no se castiga en el País.
Cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) indican que, del 1 de septiembre de 2016 al 1 de septiembre de 2017, únicamente ocho personas fueron sujetas a proceso penal por ese ilícito.
Además, la PGR reportó que, en el mismo periodo, el Ministerio Público de la Federación obtuvo sólo tres sentencias condenatorias por introducir ilegalmente armas de fuego.
Lo anterior, pese a que, según un estudio de la Universidad de San Diego, cada año ingresan a territorio nacional unas 253 mil armas de manera ilegal, la gran mayoría por la frontera con Estados Unidos.
"Es una cantidad menor (de procesados), es marginal. Queda claro que el trabajo de inteligencia y luego el seguimiento procesal queda a deber en esta y otras esferas", señaló en entrevista Carlos Mendoza, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El también consultor en seguridad advirtió que sin un verdadero trabajo de investigación que se complemente con acciones eficaces en la frontera, incluso a través de operaciones encubiertas, será imposible identificar y desmantelar las redes de tráfico de armas.
"Hay que hacer detenciones masivas que verdaderamente inhiban este ilícito, sobre todo porque conocemos las consecuencias de la disponibilidad de armas, que es la multiplicación de los homicidios", señaló.
Javier Oliva, especialista en temas militares, consideró que las aduanas tienen una enorme responsabilidad, por lo que planteó la necesidad de mejorar los instrumentos tecnológicos de detección de armas.
"Las organizaciones criminales mantienen un constante incremento tanto en la disposición del número de armas como en la capacidad de fuego de las mismas. Evidentemente, esto genera una espiral de violencia como la que estamos observando", dijo.
En la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se establecen penas de 5 a 30 años de cárcel a quien participe en la introducción a territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos, y materiales de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Antonio Baranda/REFORMA
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