El lavado de dinero en México no es investigado de manera sistemática.

El lavado de dinero en México no es investigado de manera sistemática, por lo que las condenas por este delito son bajas y hasta es raro encontrar procesados únicamente por este hecho, expuso el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"El lavado de dinero no es investigado y procesado de manera proactiva y sistemática, sino más bien de forma reactiva, caso por caso, a pesar del hecho de que algunas investigaciones de alto perfil se han llevado a cabo recientemente", señaló el Grupo en su Reporte de Evaluación Mutua de México publicado hoy.

Esta evaluación, aprobada en sesión plenaria por dicho organismo el pasado 2 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, es la más minuciosa a la que someten los países miembros sobre el tema de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo.

Entre sus principales hallazgos, el GAFI señaló que hasta hace relativamente poco, la Procuraduría General de la República (PGR) ni siquiera identificaba el lavado de dinero como una de sus prioridades.

Agregó que las autoridades otorgan más prioridad a la investigación de tráfico de drogas que a delitos de lavado de dinero.

"En consecuencia, el número de procesamientos y condenas por lavado de dinero es muy bajo. Se encontraron deficiencias significativas encontrado en la forma en que se investigan los casos de lavado", expone.

De hecho, agrega, rara vez hay procesados sólo por delitos de lavado de dinero.

"El nivel de la corrupción que afecta a las instituciones que aplican la ley, en particular a nivel estatal, menoscaba su capacidad de investigar y enjuiciar delitos graves", expone.

Respecto a la actividad de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, el documento cuestiona que pese a que produce un número importante de reportes, muy pocos llegan a la PGR y por lo tanto es muy limitado el volumen de investigaciones.

Agrega que los ingresos generados por crímenes dentro y fuera de México son altos y los principales delitos generadores son de orden nacional, donde se incluyen el tráfico de drogas y trata de personas, pero también provienen de la corrupción y la evasión fiscal.

El volumen es tal, que el crimen organizado trasnacional mexicano también impacta a otros países como Estados Unidos y en mucho menor grado a centro y sudamérica.

Además de la amenaza contra los bancos, el lavado de dinero también es un riesgo en las operaciones de casas de bolsa, notarios y agentes inmobiliarios.

El mecanismo típico para el lavado es el uso de compañías fachada, pero también se usa la compra y venta de bienes inmuebles y de alto valor, así como el contrabando de efectivo en la frontera de México con Estados Unidos.

"El alto uso de efectivo en un sector informal relativamente grande, aumenta el riesgo de que las ganancias ilícitas puedan canalizarse hacia el mercado regulado formal", detalla.

Aunque reconoce que de acuerdo con análisis del Banco de México, las restricciones para operar con dólares han resultado en una reducción significativa de su uso, se ha incrementado el uso de efectivo en pesos mexicanos.

El GAFI expone que todo esto sucede pese a que México cuenta con un marco legal adecuado para la prevención del lavado de dinero, combate al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, y de hecho, hay avances en esa materia.

Además, tanto el supervisor del sector financiero como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la PGR, tienen un buen conocimiento de cómo enfrentar los riesgos de lavado.

Entre las recomendaciones para México, el Grupo expuso que es necesario priorizar la investigación contra lavado de dinero y asignar recursos adicionales para esa tarea, así como fortalecer la investigación y coordinación entre estados y Gobierno federal.

Asimismo, la PGR debe aumentar su nivel de especialización y se debe ubicar las actividad de confiscación como un objetivo de política pública.

México también necesita mejorar la divulgación de los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para apoyar las investigaciones de lavado y aumentar la supervisión de algunas actividades, en particular de notarios, abogados y contadores.

Laura Carrillo/REFORMA