SRE envía recurso a corte de NY a favor de "dreamers"
En su escrito “amicus curiae” advierte que finiquitar esta iniciativa pone a jóvenes migrantes “en riesgo innecesario de sufrir acoso”.
DPA Y LORENA LÓPEZ
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| Miles de 'dreamers' en Estados Unidos se manifestaron tras la eliminación del programa DACA. (Reuters) |
DPA Y LORENA LÓPEZ
México
El gobierno mexicano presentó un recurso ante una corte de Estados Unidos para respaldar la solicitud de suspender provisionalmente los efectos de la rescisión del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), informó la Cancillería.
El gobierno de México presentó un escrito de Amigo de la Corte (amicus curiae) ante la Corte para el Distrito Este de Nueva York en el que argumenta “el daño que esta rescisión causa a los beneficiarios del programa DACA, sus familias y, en general, a la comunidad mexicana en EU.
“La rescisión de DACA expone a sus beneficiarios, e incluso a cualquier persona mexicana que cubre el perfil de joven dreamer, a un riesgo innecesario de acoso por parte de agentes de procuración de justicia”, señala el comunicado de la SRE.
Además, esta situación “genera incertidumbre respecto del trato que dichas personas deban esperar de la autoridad. Esta incertidumbre se ha visto reflejada en un aumento en la demanda de servicios consulares de índole migratoria”, añadió.
La cancillería señaló que México es respetuoso del derecho soberano que tiene cada país para decidir sus políticas migratorias, “pero al mismo tiempo manifiesta su irrestricto deber de defender los derechos de sus nacionales en México o en el lugar en el que hayan decidido residir”.
La administración de Trump anunció el 5 de septiembre el final de DACA, el programa aprobado por Obama en 2012 para proteger a quienes entraron ilegalmente en EU cuando eran niños acompañando a sus padres.
DACA ha beneficiado a cerca de 800 mil jóvenes, que han recibido permisos de residencia y trabajo temporales. Al cancelar este programa, Trump instó al Congreso a aprobar antes de marzo una solución legislativa para protegerlos.
Será en ese mes cuando comenzarán a caducar en masa los permisos, haciendo a los dreamers susceptibles de ser deportados a unos países de origen con los que en muchos casos ya no les une ningún lazo. La gran mayoría son hispanos y, dentro de este grupo, son mayoritariamente mexicanos.
FAMOSOS MUESTRAN APOYO
Varios artistas mostraron su apoyo a los dreamers a través de las redes sociales, donde exhortaron al congreso estadunidense a aprobar el DreamAct, una ley que les otorga estatus legal permanente a los protegidos por DACA.
A la campaña se sumaron la comediante Ellen DeGeneres, el cantante Pharrell Williams, el jugador de baloncesto Kevin Durant, la actriz Jessica Chastain y la princesa del pop Britney Spears.
Las celebridades postearon en sus redes sociales una foto portando la playera negra con la frase “We Are All Dreamers”.
En tanto, organizaciones de beneficiarios de DACA criticaron a los republicanos y demócratas que apoyaron postergar el debate de su situación en Estados Unidos, pero confiaron en lograr un alivio migratorio en enero.
“Con votos vergonzosos, 17 demócratas se volvieron miembros del grupo de deportación, pero estamos aquí para quedarnos. ¡Estamos prendidos y vamos a ganar en enero!”, sostuvo la agrupación United We Dream, que aglutina a una porción de los 690 mil dreamers.
En 20 municipios, 30% de indagatorias; incidencia de homicidios
Tijuana y Acapulco están entre la veintena de ayuntamientos que suman seis mil 826 carpetas de las 23 mil 101 iniciadas de enero a noviembre
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CIUDAD DE MÉXICO.
Entre enero y noviembre de este año, 20 municipios concentraron 29.5% de las 23 mil 101 carpetas de investigación iniciadas por asesinatos; es decir, juntos sumaron seis mil 826 indagatorias por homicidios.
De ésta última cifra, cuatro mil 979 carpetas son por asesinatos con armas de fuego; 567 por arma punzocortante y mil 280 corresponden a personas asfixiadas, quemadas, mutiladas, ahogadas o fallecidas de forma violenta.
De acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), estas localidades se ubican en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, CDMX, Colima, Edomex, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
El municipio más violento por los expedientes abiertos en los 11 meses es Tijuana con mil 451 carpetas por homicidios dolosos. Le siguen Acapulco con 747; Ciudad Juárez (572); Culiacán (549); Chihuahua capital (326); León (301) y Ecatepec, Edomex (278).
En Los Cabos se reportan 268; Chilpancingo, 240; Cajeme, Sonora 210. Otros municipios con incidencia alta son Reynosa, con 205 y Ciudad Victoria, con 202. Iztapalapa, en la CDMX, tiene 212.
El repunte de los homicidios durante 2017 se presenta en algunos municipios donde el sexenio anterior se diseñaron y realizaron operativos y estrategias para disminuir los asesinatos.
Ocurre 30% de asesinatos en 20 municipios del país
En esas ciudades se han abierto seis mil 826 investigaciones por homicidios dolosos cometidos de enero a noviembre.
Son 20 municipios del país los que concentran 29.5% de las 23 mil 101 carpetas de investigación por asesinatos que ministerios públicos de fiscalías y procuradurías han iniciado entre enero y noviembre del presente año.
Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dependiente de la Segob, indican que en las 20 ciudades se han abierto seis mil 826 investigaciones por crímenes.
De ellas, cuatro mil 979 carpetas son por asesinatos con armas de fuego; 567 por arma punzo cortante y mil 280 son por personas asfixiadas, quemadas, mutiladas, ahogadas o ultimadas de forma violenta.
Las ciudades se ubican en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
El último reporte del SESNSP indica que el municipio más violento por los expedientes abiertos en los primeros 11 meses de este año es Tijuana, Baja California, la cual concentra mil 451 carpetas por homicidios dolosos.
Las investigaciones iniciadas por los crímenes cometidos tan sólo en esa ciudad fronteriza, equivalen a 75% de los mil 915 registros que se han abierto este año en los cinco municipios que integran a ese estado.
Acapulco, Guerrero, es la segunda ciudad con la mayor incidencia, al registrar 747. Le siguen Ciudad Juárez, Chihuahua (572); Culiacán, Sinaloa (549); Ciudad de Chihuahua (326); León, Guanajuato (301), y Ecatepec, Estado de México (278).
En los Cabos, Baja California Sur, se reportan 268; Chilpancingo, Guerrero, 240; Iztapalapa, Ciudad de México, 212; Cajeme, Sonora, 210. Otros municipios con más incidencia son Reynosa, con 205, y Ciudad Victoria, con 202, ambas en Tamaulipas.
El repunte de los homicidios durante 2017 se presenta en algunos municipios donde el sexenio anterior se diseñaron y realizaron múltiples operativos y estrategias para disminuir los asesinatos. Una de ellas es Ciudad Juárez, donde en 2008, el Ejército y la Policía Federal fueron desplegados como parte del Operativo Conjunto para combatir a las organizaciones criminales.
Otra de las ciudades es Tijuana, donde en enero de 2007 dio inicio el Plan Tijuana, para prevenir y perseguir a organizaciones y cárteles que se disputaban el trasiego de la droga a los Estados Unidos.
Acapulco es otro de los casos, pero a diferencia de los otros dos municipios antes mencionados, en el principal puerto turístico la presencia de soldados, marinos, policías federales y de personal de la PGR se ha interrumpido desde 2007, cuando inició la Operación Conjunta Guerrero.
El incremento de los homicidios en este sexenio fue reconocido en 2016 por el presidente Enrique Peña Nieto, quien anunció un programa enfocado en los 50 municipios más violentos del país.
“He dado indicaciones al gabinete de seguridad para que en estrecha coordinación con las autoridades locales se ponga en marcha una estrategia de atención integral a los 50 municipios que concentran 42% de los homicidios dolosos que hoy se están cometiendo en el país”, dijo el Presidente durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública llevada a cabo en la Ciudad de México el 30 agosto.
El pasado 13 de noviembre, la sociedad civil exigió al gobierno federal mejores programas y corporaciones de seguridad y procuración para evitar el aumento de la incidencia delictiva, entre ellos, los asesinatos.
En respuesta, el Presidente criticó el bullying que los ciudadanos hacen a las instituciones de seguridad, y pidió más propuestas en lugar de comentarios.
SUFREN ABUSOS 5 MIL NIÑOS EN 3 AÑOS
En los últimos 35 meses, cinco mil 489 niños fueron víctimas del delito de corrupción de menores y 467 de tráfico de infantes en las 32 entidades del país, según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En 2015 se atendieron a mil 921 menores a través del inicio de las carpetas de investigación y en 2016, mil 847, mientras que de enero a noviembre del presente año suman mil 721.
En el caso de trata, las fiscalías y procuradurías reportaron que en entre enero y diciembre de 2015, 91 niños fueron víctimas de este delito; en 2016, 203, y en los primeros 11 meses de 2017, suman 173 casos.
La difusión de las víctimas que se han registrado por la comisión de ambos delitos forma parte del nuevo catálogo de la incidencia delictiva, que comenzó a hacer público el gobierno federal a través del SESNSP.
A partir del 22 de diciembre del año en curso, se agregaron 31 delitos para medir la incidencia delictiva que se comete en los 32 estados.
Entre ellos se encuentran robo de vehículo de cuatro ruedas, lesiones por accidente de tránsito, secuestro exprés, violencia familiar, aborto, trata de personas e incesto, entre otros.
USAN UNA NUEVA METODOLOGÍA PARA CALCULAR DELITOS
Las cifras de incidencia delictiva que dio a conocer el viernes el SESNSP fueron calculadas con base en una nueva metodología que no implica un cambio en la magnitud ni en la tendencia de la comisión de ilícitos, sólo representa información más desagregada, específica y precisa; es decir, más y mejor información, dijo la Segob.
De acuerdo con los resultados, 2017 fue el año más violento, dado que en los primeros 11 meses, de enero a noviembre, se iniciaron 23 mil 101 carpetas de investigación por asesinatos cometidos con arma punzocortante, de fuego o de forma violenta en las 32 entidades, lo que significó la cifra más alta desde 1997, cuando la Segob comenzó a registrar la incidencia delictiva en el país.
A través de un comunicado, la dependencia explicó que la nueva metodología ofrece una mayor desagregación de los delitos, de 22 a 53 delitos, agrupados en siete bienes jurídicos afectados: la vida y la integridad corporal; la libertad personal; la libertad y la seguridad sexual; el patrimonio; la familia; la sociedad; y otros bienes jurídicos afectados.
Aplican prueba de VIH sólo a 50% de embarazadas
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“Es triste, porque yo ya tuve una hija y estar embarazada el 10 de mayo era algo especial para mí. Al principio fue muy difícil aceptar el VIH. Lo negué cuando me lo dijeron y pensé: ‘Seguro se equivocaron de análisis’”, dice la mujer de 28 años de edad.
Antes de sus estudios prenatales, Zoe nunca había imaginado hacerse una prueba de VIH. Ella está dentro de la cifra proporcionada por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), la cual señala que 88% de las mujeres embarazadas y portadoras de ese virus se han contagiado cuando tienen una única pareja sexual.
“En algún momento sentía tan lejano tener VIH, al grado de no querer hacerme un estudio. El miedo es un gran problema. Miedo de que tú te has protegido, pero no sabes si tu pareja lo ha hecho”, explica Zoe, quien después de seguir un tratamiento médico desde los primeros meses de su embarazo logró librar a su hija del virus.
No han corrido la misma suerte todas las mujeres que se encuentran en esa situación. En el último Registro Nacional de Casos de SIDA se establece que desde hace 10 años se han presentado 950 casos de transmisión de ese virus por vía perinatal.
Especialistas consultados por El UNIVERSAL aclaran que el número de casos de transmisión de VIH por medio del embarazo es mucho menor al contagio por relaciones sexuales, pero es una forma más efectiva de transferir el virus. La oportunidad de que una madre herede la enfermedad a su hijo es de 35%, mientras la posibilidad de adquirirla a través del sexo se reduce a 0.5%.
Datos recopilados por Censida, muestran un reto para las instituciones del sector salud: las pruebas de VIH sólo se realizan a 50% de embarazadas en el país.
Hasta 2016, en México había un total de 2.2 millones de embarazadas, pero sólo a un millón 169 mil se les aplicaron las pruebas para conocer si tenían VIH. El ISSSTE y la Secretaría de Salud, por ejemplo, realizan ese estudio a menos de 50% de mujeres en gestación, mientras el IMSS lo hace con 76% de esa población.
Los estándares internacionales para la erradicación del VIH transmitido por vía perinatal, establecidos por la Organización Mundial de la Salud, exigen a los países realizar los estudios para diagnosticar ese virus a mínimo 95% de las embarazadas.
Esa información no la poseía Zoe, quien aún no deja de pensar en la muerte, pero sabe que si se apega a su tratamiento, puede ver crecer a sus dos hijas sin problema. Durante su embarazo entendió que el VIH no es mortal: el avance científico en los retrovirales, el medicamento encargado de controlar el virus, permite a una persona contagiada vivir una vida normal hasta 30 años o más.
Nunca deseó no tener a su bebé, pero pasó por un periodo donde no hablaba con ella. “No era rechazo, sino culpa de adquirir el VIH. La mayor parte del embarazo la viví con culpa, porque constantemente piensas cómo va a nacer tu bebé, si saldrá bien o no”, dice Zoe.
Ahora lanza dos mensajes, uno para las embarazadas con VIH y otro para quienes no poseen el virus: “A quienes son portadoras, échenle ganas, porque su vida no acaba. Ámense. Y quienes no lo son, háganse estudios, no tengan miedo”.
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“¿Cómo quieres llamarte en el reportaje?”, se le pregunta. “Puedes llamarme Zoe, me gusta, significa vida”.
Detección tardía
En 2015, 98% de las embarazadas en México no sabían sobre su portación del virus y para 2016 fue 61%, señaló en entrevista Patricia Uribe Zúñiga, directora general de Censida.
“En general, las mujeres se sienten ajenas al VIH, no se sienten como una población expuesta. No se realizan las pruebas de manera espontánea ni piensan si tuvieron un acto sexual de riesgo”, dice la especialista.
Hay cientos de casos en los que las mujeres se enteran de su enfermedad por pruebas de otro tipo o por sus propias parejas. Patricia Uribe señala el primer trimestre de gestación como el idóneo para controlar el virus y evitar la transmisión a los bebés, pero la Secretaría de Salud indica que las detecciones se realizan entre los cuatro y cinco meses, muchas veces.
“Estamos haciendo un control prenatal malo, hay servicios de mala calidad. Tenemos los medicamentos para salvar al hijo de padecer el VIH, pero en las clínicas no se ofrecen las pruebas para saber si una mujer tiene el virus o en los estados ni siquiera las están adquiriendo. Detectamos el virus de forma tardía”, explica Uribe Zúñiga.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es puntual en el tema. En su publicación Embarazo y VIH. Sí se puede, la institución recordó que “es obligación de todos los servicios de salud que integran el Sistema Nacional de Salud ofrecer la prueba de detección de VIH, con especial énfasis en todas las mujeres embarazadas para prevenir la infección materno-infantil”.
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Foto: El año en el que más casos de VIH por transmisión perinatal hubo fue 2003, con 169. Dos años antes, Mari se enteró de su portación del VIH a los siete meses de embarazo. |
El nivel de avance del virus de inmunodeficiencia en una persona se mide a través de la contaminación de la sangre, la cual se llama carga viral. Para que una mujer no transmita el VIH a su hijo, lo idóneo es tener una carga viral menor a 50, señalan expertos. De lo contrario, el resultado puede ser contagiar a mil 79 bebés en sus primeros 12 meses de nacidos o mil 564 entre su primer y cuarto año de edad, como sucedió en este país desde 1983.
El año en el que más casos de VIH por transmisión perinatal hubo fue 2003, con 169. Dos años antes, cuando las cifras se dispararon a más del doble respecto al siglo anterior, Mari se enteró de su portación del VIH a los siete meses de embarazo. Lo supo porque su esposo le avisó.
Perdón: fortaleza contra el VIH
Mari pide no publicar su nombre real, como todas las mujeres que contaron su historia para este trabajo. Por 16 años ha padecido el virus de inmunodeficiencia, pero aprendió a controlar sus temores a través del perdón. “A veces te sientes culpable, porque te preguntas qué hubiera pasado si te hubieras hecho la prueba o si hubieras hecho algo distinto. Por eso perdonarte es bueno, para entender que no es tu culpa”, dice la mujer de 47 años.
Con su pareja, Mari no se cuidaba al momento de tener relaciones sexuales. Afirma que “no lo hacía porque él era mi esposo. A veces no sabes cómo decirle a tu marido que use condón, porque se supone que él es fiel y tú también. Ahí viene esa parte machista, de cómo pensar que él va a utilizar condón”.
Ella inició su tratamiento a los siete meses de embarazo en el Hospital de Perinatología con un tratamiento más intensivo que el uso de retrovirales por el avance de su embarazo. Los descubrimientos científicos en este tema aún eran jóvenes, pero como si fuera un milagro, evitó transmitir el VIH a su hijo de las tres formas posibles: por la placenta que está en contacto con el bebé durante la gestación, por medio del parto natural o por amamantar.
El momento más difícil para Mari durante estos 16 años ha sido enfrentar a sus hijos. Por años dijo padecer cáncer, por miedo a los estigmas que puede producir el virus. “Si me deterioraba, al menos no iban a saber por qué había sido”, dice.
Ahora Mari trabaja en Casa de la Sal, donde apoya a embarazadas con VIH. Destaca la necesidad de tratar a las mujeres a pesar de ser el sector poblacional con menos contagios. En este año se contabilizan 4 mil 434 hombres infectados y el sector femenino con el virus alcanza una cuarta parte de esa cifra.
El miedo ya no vive con Mari, pero, ¿cómo vencer algo que se adhiere como plaga y es imposible alejar? “El dolor del VIH es callado, porque aunque decimos que lo superamos, queda algo. Cuando trabajo con mujeres portadores del virus me dicen: ‘Estoy bien’, pero sigo viendo tristeza”.
En ocasiones, el único alivio para estas mujeres es no haber transmitido el VIH a sus bebés. “Al final, es un peso menos. Y como dicen: el amor de una madre a sus hijos es el más puro”.
En Chalchihuitán se respira el miedo y vive la desposesión en 4 mil desplazados
Apenas el viernes pasado comenzaron a recibir ayuda gubernamental, pero el conflicto sigue
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A pocos metros de la entrada de Chalchihuitán se encuentra el primero de muchos campamentos donde los refugiados apenas empezaron a recibir ayuda por parte de la Cruz Roja Foto Moysés Zúñiga Santiago |
Hermann Bellinghausen - Enviado
San Pablo Chalchihuitán, Chis.
No creemos que la negociación sirva todavía. Apenas ayer echaron bala en Pacanam, el problema no ha terminado, dice una mujer tzotzil en el refugio establecido en la cabecera de este municipio. La rodean, expectantes, otras mujeres y numerosos niños en una escena que se repite constantemente. Aunque empiezan a recibir alimentos, cobijas y juguetes por parte de la Cruz Roja Mexicana, las carencias son totales.
Despojados de sus casas y cultivos, perdieron pertenencias, robadas o quemadas por pobladores armados del vecino municipio de San Pedro Chenalhó que los obligaron a huir a balazos desde el 18 de octubre para refugiarse Chalchihuitán adentro, lejos de la franja territorial en disputa, una lucha que en dos meses ya cobró al menos once vidas, nueve de ellas por enfermedad y fragilidad extrema.
El estado de indefensión de los desplazados de Chalchihuitán se antoja total. Por eso reiteran en los diferentes campamentos que visitó La Jornada no podemos regresar, siguen los disparos. Aunque el pasado 21 de diciembre representantes de los municipios en conflicto se reunieron en San Cristóbal de Las Casas con autoridades federales y estatales y llegaron a ciertos acuerdos de distensión, los desplazados no confían.
El gobierno no hace nada cuando nos están matando y ahora dice que ya no hay problema, que nos van a repartir ayuda. Orita yo tengo hambre. Así estamos todos, con niños y abuelitas. Allá en la casa quedó todo nuestro pollo, lo perdimos hace dos meses, refiere Vicente Pérez Gómez, representante de Tzomolton, que tiene contabilizadas 423 personas de su comunidad en el refugio de una bodega, unos toldos de plástico y varas.
La actual crisis humanitaria entre este, oficialmente uno de los municipios mas pobres del país, y Chenalhó, obedece a un conflicto territorial que data de 1976 y que hace un mes alcanzó su momento más álgido en 40 años. El 18 de octubre un grupo armado procedente de Chenalhó atacó Chen Mut, quemó nueve casas y asesinó a Samuel Luna Girón. Entonces y en los días siguientes, unas 7 mil personas, la tercera parte de la población del municipio, abandonó sus casas y parcelas. Un censo oficial estima que hoy son cerca de 4 mil los desplazados de Chenalhó.
El 3 de diciembre Raymundo Luna Pérez, de 17 años y también de Chen Mut, ingirió deliberadamente el herbicida paraquat y falleció el día 17.
Una brigada médica que recorrió los albergues esta semana describe que los indígenas buscaron refugio ante los disparos de arma de fuego que aún durante nuestra estancia pudimos escuchar; la población se concentra en lugares estratégicos de sus pequeñas comunidades, en espacios como la cancha deportiva o algún templo, para luego por la noche subir a la montaña y así protegerse de una posible agresión. La necesidad de buscar refugio en la montaña, a la intemperie, más las lluvias y las bajas temperaturas propias de la región, agudizaron las enfermedades en las vías respiratorias.
Según la brigada médica de Salud y Desarrollo Comunitario y Casa de la Mujer, fueron el frío, el hambre, el aislamiento, la incertidumbre, el temor y la omisión de las autoridades gubernamentales, sumados a una población que vive en pobreza extrema, los determinantes de las muertes.
Las comunidades desplazadas total o parcialmente por el conflicto son: Pom, Kanalumtik, Tzolmonton, Cruztón, Chen Mut, Tulantik, Bejelton, Cruz Kakanam, Bololchojón. Existen nueve campamentos en Chalchihuitán..
En los bordes de Kanamultic se pueden ver casas quemadas y baleadas con armas de grueso calibre. En un amplio recinto de lona y plástico en el centro del poblado, Marcela Luna Girón, hermana de Samuel, el indígena asesinado, cuenta en tzotzil cuándo empezaron los balazos y cómo lleva dos meses de andar sufriendo.
Apenas este viernes los desplazados comenzaron a recibir alguna ayuda gubernamental, mientras desde Majumpepentic, Chenalhó, hasta el día de hoy les disparan cada tarde para impedirles retornar a sus viviendas repartidas entre los cafetales.
Mencionan que salen disparos de la casa de Miguel Silla Pérez. Otros tiradores identificados son Antonio Pérez y, en Fracción Polhó, Fernando Ruiz. Todavía anoche se escucharon detonaciones desde Pechiquil, uno de los poblados que en 1997 era base de paramilitares. Veinte años después aún lo es.
Los de Chenalhó no les tienen ni miedo a los soldados, no los van a desarmar, comenta Juana Pérez, a quien robaron dos puercos, 30 gallinas y todo lo demás. Salió corriendo con lo que hoy trae puesto. No ve posible ir a cosechar el café, ahora que es el tiempo para ello. Una joven que traduce a las ancianas y carga un bebé comenta: Sus armas son más poderosas. Aprendimos a reconocer. Las nuevas truenan distinto, como explosión.
Estos refugiados no saben aún que el gobierno ofrece tabletas a cambio de las armas a sus agresores. Sin pecar de cínico, uno puede preguntarse qué es más codiciado aquí en estas hondonadas, ese aparato o un arma de alto poder.
En las cabeceras de ambos municipios se observa una febril actividad de decenas de trabajadores de Protección Civil que llevan ayuda, pero nada indica que el problema esté resuelto. Las neumonías y diarreas, el frío, el miedo y la desposesión reinan en Chalchihuitán.
2017: El año de mayor criminalidad
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ARTURO RAMOS ORTIZ
Sin necesidad de esperar los homicidios de diciembre, 2017 se convirtió en el año con mayor número de investigaciones por asesinato en la historia del país; más que el 2011, clímax de la guerra contra el narcotráfico que Felipe Calderón inició, la estrategia de combate al crimen organizado que, en términos generales, es aceptada como la explicación del repunte de los homicidios dolosos en el país.
Las carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso en las procuradurías estatales hasta el 30 de noviembre de 2017 fueron 23 mil 101 (hubo 22 mil 409 en todo 2011). La tasa de investigaciones por asesinato se establecerá muy probablemente en 20 por cada cien mil habitantes. Pero la tasa real de asesinatos (el número de personas asesinadas por cada cien mil habitantes) llega actualmente a 21.5, lo que hace que México ingrese al segundo escalón en cuanto a los países con mayor índice de asesinatos a nivel mundial.
Países con una gran conflictiva social como Honduras y Venezuela, el peldaño más alto de asesinatos establecido por el Banco Mundial, superan esta tasa, pero los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima y Guerrero ya están en esta situación.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública difundió ayer las estadísticas delictivas y también “la tasa de homicidios dolosos” en la que sólo se contempla el número de investigaciones (las 23 mil 101 carpetas o averiguaciones previas) abiertas por las procuradurías estatales. Por separado, informó que se han registrado 26 mil 573 personas asesinadas.
La cifra no incluye aquellos casos que la Procuraduría General de la República está atendiendo.
El Banco Mundial mantiene su índice por país de homicidios dolosos, aunque los liga a situaciones de conflicto social o violencia generalizada. En el último reporte, el de 2015, México aparecía en un tercer grupo de países, con un índice que era la quinta parte de la del Salvador (el número uno en este ominoso ranking) y la mitad del de Honduras y Venezuela.
El aumento en los homicidios en México comenzó a configurarse desde hace aproximadamente seis meses, cuando los datos mostraron un incremento sin que existiera un cambio notable en la estrategia que la presente administración estaba siguiendo para combatir a los cárteles de la droga (que son quienes estarían generando el exceso de asesinatos según opinión aceptada entre los especialistas).
Hasta ahora, el año 2011 era el que había presentado la tasa más alta de asesinatos, lo que se explicaba por cuatro años permanentes de despliegues militares y choque frontal contra grupos del narco ordenados por Felipe Calderón.
Desde hace tres meses, como indicó en su momento Crónica, era previsible que 2017 desbancara al 2011.
Apenas el viernes pasado, durante una reunión en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los hermanos Doria y Manuel Vélez, analistas del Observatorio Nacional Ciudadano, hacían ver que esta situación era prácticamente un hecho y que el aumento de la población en el país era proporcionalmente menor al aumento de homicidios. La tasa de carpetas previsible al cierre del año sería de 20 por cada 100 mil habitantes.
La tasa real, la de personas asesinadas, se encamina ahora a alcanzar a la colombiana si la tendencia se mantiene en los próximos meses.
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Campesinos prefieren ir a Canadá
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Luis Alonso Pérez
Mientras que el número de mexicanos que emigran a Estados Unidos en busca de un mejor trabajo se encuentra en niveles históricamente bajos (-6%), los campos canadienses se vuelven un destino laboral cada vez más atractivo para los campesinos mexicanos.
Uno de los principales incentivos es que pueden viajar y laborar legalmente, a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Creado en 1974 para satisfacer la demanda de mano de obra en el sector agrícola canadiense, el programa binacional comenzó con 203 participantes, y ha crecido gradualmente hasta llegar a 23 mil 893 en 2016. Las cifras más recientes del Servicio Nacional de Empleo (SNE) indican que entre enero y junio de este año, 20 mil 348 mexicanos fueron colocados en puestos de trabajo en campos agrícolas y granjas canadienses, de un total de 24 mil 692 personas que participaron en los programas de apoyo al empleo del SNE.
Es decir, más de 85 por ciento de quienes buscan el apoyo de este programa gubernamental se acogen a esta opción con la finalidad de llegar a trabajar el suelo canadiense aunque sea de manera estacional.
El ritmo de crecimiento de la expedición de visas canadienses para trabajo temporal agrícola supera 35.5 por ciento anual, de acuerdo con las cifras obtenidas por El Heraldo de México vía transparencia.
La STPS es la instancia responsable de reclutar, seleccionar y promover el envío de trabajadores agrícolas a las diferentes provincias de Canadá, y de acuerdo con la información reportada, los agricultores del Estado de México conformaron casi 15 por ciento de los participantes a nivel nacional durante 2016. En segundo lugar, los campesinos de Tlaxcala (8.67%); en tercero los veracruzanos (7%); en cuarto los michoacanos (6.68%), y en quinto los de Puebla (6.38%).
La gran mayoría son empleados en granjas de la provincia de Ontario (44%); de la Columbia Británica (23%), y de Quebec (22%), para laborar en cultivos de verduras, tabaco, frutas, invernaderos y apicultura, entre otros.
La estancia máxima permitida por el gobierno de Canadá es de ocho meses. Durante este periodo, los campesinos mexicanos cuentan con garantías laborales vigiladas por las autoridades provinciales y federales del país. Además, tienen derecho a una vivienda, a seguros médico y de vida privados.
De acuerdo con cifras de la STPS, la expectativa de los mexicanos que viajan a ese país es ganar entre 45 y 65 mil pesos mensuales. Actualmente, 85 por ciento de los trabajadores son nominales. Es decir, cada temporada sus empleadores les piden que regresen para ayudarles con sus cosechas.
Mientras que el número de mexicanos que emigran a Estados Unidos en busca de un mejor trabajo se encuentra en niveles históricamente bajos (-6%), los campos canadienses se vuelven un destino laboral cada vez más atractivo para los campesinos mexicanos.
Uno de los principales incentivos es que pueden viajar y laborar legalmente, a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Creado en 1974 para satisfacer la demanda de mano de obra en el sector agrícola canadiense, el programa binacional comenzó con 203 participantes, y ha crecido gradualmente hasta llegar a 23 mil 893 en 2016. Las cifras más recientes del Servicio Nacional de Empleo (SNE) indican que entre enero y junio de este año, 20 mil 348 mexicanos fueron colocados en puestos de trabajo en campos agrícolas y granjas canadienses, de un total de 24 mil 692 personas que participaron en los programas de apoyo al empleo del SNE.
Es decir, más de 85 por ciento de quienes buscan el apoyo de este programa gubernamental se acogen a esta opción con la finalidad de llegar a trabajar el suelo canadiense aunque sea de manera estacional.
El ritmo de crecimiento de la expedición de visas canadienses para trabajo temporal agrícola supera 35.5 por ciento anual, de acuerdo con las cifras obtenidas por El Heraldo de México vía transparencia.
La STPS es la instancia responsable de reclutar, seleccionar y promover el envío de trabajadores agrícolas a las diferentes provincias de Canadá, y de acuerdo con la información reportada, los agricultores del Estado de México conformaron casi 15 por ciento de los participantes a nivel nacional durante 2016. En segundo lugar, los campesinos de Tlaxcala (8.67%); en tercero los veracruzanos (7%); en cuarto los michoacanos (6.68%), y en quinto los de Puebla (6.38%).
La gran mayoría son empleados en granjas de la provincia de Ontario (44%); de la Columbia Británica (23%), y de Quebec (22%), para laborar en cultivos de verduras, tabaco, frutas, invernaderos y apicultura, entre otros.
La estancia máxima permitida por el gobierno de Canadá es de ocho meses. Durante este periodo, los campesinos mexicanos cuentan con garantías laborales vigiladas por las autoridades provinciales y federales del país. Además, tienen derecho a una vivienda, a seguros médico y de vida privados.
De acuerdo con cifras de la STPS, la expectativa de los mexicanos que viajan a ese país es ganar entre 45 y 65 mil pesos mensuales. Actualmente, 85 por ciento de los trabajadores son nominales. Es decir, cada temporada sus empleadores les piden que regresen para ayudarles con sus cosechas.
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