Fracturan al Frente conflictos estatales
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Isabella González
Cd. de México (18 diciembre 2017).- Las pugnas y conflictos entre partidos estatales comenzó a fracturar a Por México al Frente.
La alianza PAN-PRD-MC se derrumbó en Nuevo León, Morelos y Chiapas.
Además, hay inconformidad de panistas en Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Durango y Baja California porque se privilegiaron candidaturas al Senado y al Congreso federal para Movimiento Ciudadano.
En Jalisco, las dos fórmulas para el Senado fueron otorgadas a MC. Además, de los 20 distritos, el PAN sólo podrá acceder a 3 de ellos.
El partido naranja también arrebató al blanquiazul distritos importantes en ciudades como Tijuana, Cuautitlán, Texcoco y Tenancingo, en el Edomex; Gómez Palacio, en Durango; Acapulco y Tlapa, en Guerrero; Orizaba y Córdoba, en Veracruz; Morelia, Tepic, Cancún, y Culiacán.
Y aún faltan las negociaciones del PAN-PRD-MC para definir candidaturas a alcaldías, congresos locales y gubernaturas.
El senador del PAN Raúl Gracia aceptó que las negociaciones en Nuevo León se tornaron complicadas.
"Había una propuesta para que todos ganáramos y que las fuerzas políticas mantuviéramos lo que se considera los bastiones de cada partido.
"Lamentablemente, un partido quería que el PAN le cediera distritos en los que ellos nunca han tenido una actuación competitiva. Es absurdo", expresó.
El panista Javier Lozano aseguró que la cesión de distritos ante el PRD y MC es una muestra de la ambición de Ricardo Anaya para ser candidato a la Presidencia.
"Es un reparto de un botín político (...) todo en aras de una condición: que le dejen a Anaya la candidatura a la Presidencia", expresó.
En Campeche, previo al registro de la coalición, el secretario general del PAN, José Gómez, consideró que su partido era demasiado espléndido con el sol azteca.
En Colima, el PAN cedió la primera fórmula del Senado a MC, partido que, en la última elección de la Cámara alta, no superó el 2 por ciento de la votación.
"Qué caro le salió al PAN la ambición de Anaya; le da la primera fórmula al Senado a MC (partido que no representa mucho en el Estado) y la diputación federal del primer distrito electoral al cascarón que representa el PRD. ¿Qué más vamos a ver los panistas?", publicó Salvador Fuentes Pedroza, ex secretario general del PAN en la entidad, en su cuenta de Facebook.
Un líder político del PAN en Guanajuato reconoció sentirse extrañado por la entrega del distrito de San Luis La Paz al partido dirigido por Dante Delgado.
"En Guanajuato, Movimiento Ciudadano no existe, ahí sí fue una concesión", consideró el dirigente panista, quien pidió el anonimato.
"El primer criterio tendría que ser quién ganó el distrito en la elección pasada, segundo alguien de este frente no ganó, pues hay que ver quién quedó en segundo lugar y hacer un análisis uno por uno de los 300 distritos".
En San Luis Potosí, los presidentes estatales del PAN y PRD, Xavier Azuera y José Luis Fernández, adelantaron que la coalición local excluirá a la capital y al municipio de Soledad, actualmente gobernados por perredistas.
"No soy ingenuo. Ellos con mucha puntualidad han señalado que difieren de una manera muy recalcada con la forma de gobernar de los gobiernos perredistas", reconoció Fernández.
La ex presidenta estatal del PRD en Puebla, Socorro Quezada, reprochó que su partido se haya conformado con sólo 3 de las 16 candidaturas para diputaciones federales y ninguna para el Senado.
"Me parece que sí fue un exceso de mi dirección nacional el haber dejado a los perredistas sin poder acceder a las candidaturas federales", comentó.
Con información de Oscar Galindo
Fiscal: no sepultaré el caso Odebrecht
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| Héctor Díaz-Santana Castaños, Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. (JUAN CARLOS REYES , EL UNIVERSAL) |
Héctor Díaz-Santana Castaños casi no durmió la noche previa en la que fue el elegido por el Senado para ser fiscal electoral, en sustitución de Santiago Nieto Castillo, en el que se avizora como un turbulento 2018. Durante una semana, los pasillos de la Cámara Alta fueron su refugio por días enteros. Horas y horas de espera. Sus rivales en este proceso fueron sus acompañantes, mientras decidían al próximo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Al filo de la medianoche del jueves, alguien le avisó que el debate de la Ley de Seguridad Nacional retrasaría la definición y le dijo: “Regresa en cuatro horas”; sin embargo, la impaciencia no lo dejó dormir y regresó a las cuatro de la mañana como se lo indicaron. La votación se dio pasadas las ocho de la mañana.
A unas horas de haber sido electo, se siente tranquilo, a pesar de que su primer reto será en las elecciones más grandes de la historia. Considera que no se sacó la rifa del tigre porque la FEPADE tiene el personal suficiente y sólo necesita aceitar algunas áreas.
Sobre la empresa brasileña Odebrecht, el nuevo fiscal dice que estuvo revisando el caso el mismo viernes que fue electo y toda esta semana se va a dedicar exclusivamente a él. Adelanta que la investigación contra el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, va a seguir y si hay elementos se va a proceder.
Rechaza tajante que vaya a ser el “sepulturero” del caso Odebrecht o del propio Emilio Lozoya y refuerza que fue una de las peticiones que le hicieron los senadores que pusieron su voto de confianza en él.
Díaz-Santana llega en lugar de Santiago Nieto Castillo quien en octubre fue cesado con el argumento de que dio a conocer información del caso Lozoya-Odebrecht, que debió estar en secrecía.
Hoy, defiende que su designación fue producto del consenso y asegura que no tiene ningún vínculo partidista, ni le debe a nadie su elección. Adelanta que la fiscalía no tendrá distinciones partidistas ni de personas.
Declara que no lo doblarán las presiones, aunque reconoce que éstas son parte de la naturaleza de una institución como la FEPADE. “Las presiones se diluyen cuando se hace bien el trabajo”. Refuerza que va a estar muy bien arropado por las personas de la fiscalía que están con él.
Su compromiso al frente de la FEPADE, señala, es generar condiciones para que los ciudadanos voten en libertad, sin condicionamientos, ni coacciones y que sus sufragios contribuyan a la legitimidad del proceso electoral.
Apegado a la ley
¿Cómo se siente con esta designación después de algunos meses sin titular de la FEPADE?
—Me siento muy comprometido, tanto con la sociedad mexicana, como con el grupo de actores políticos que apoyaron que fuera fiscal de Delitos Electorales. Fue un proceso largo, complicado y de mucha discusión pública; sin embargo, finalmente se tomó la decisión.
¿Se saca la rifa del tigre?
—Es lo que todo mundo dice, pero creo que no. La Fiscalía Electoral nace en 1994, derivado de una reforma política y tiene 23 años acumulando experiencia. Tiene el personal suficiente, están los engranes, hay que llegar y ver que funcionen bien y aceitar donde se requiera.
¿Cómo prevé las elecciones?
—Todo mundo dice que la competencia política se puede decidir al final y lo que sí es necesario es hacer la reflexión. Las instituciones electorales debemos estar muy bien preparadas para lo que pueda venir, por parte de la Fiscalía Especializada tenemos que estar muy cerca de la ciudadanía, para que cuando presenten denuncias respondamos rápido.
Del uso de los programas sociales y recursos públicos estamos preparando una estrategia de blindaje electoral.
¿Cómo prevé la elección? ¿Complicada y cerrada?
—Una de las funciones de nosotros como instituciones electorales es no hacer juicios de valor de cómo podría terminar el proceso electoral.
Lo indispensable es ser conscientes que si es una elección, como se planea muy competida, generar esas condiciones para que el ciudadano vote en libertad, sin condicionamientos, sin coacciones y que contribuya a la legitimidad del proceso electoral. La fortaleza de las elecciones es la confianza, si la gente confía y sabe que su voto se cuenta y se contó bien va a ser un elemento importantísimo de la legitimidad social.
¿Si la fiscalía encuentra un ilícito electoral?
—Tuve la oportunidad de hablar con todos los funcionarios, comprometerlos y decirles que la primera función es procurar justicia penal y vamos a poner toda la energía.
¿No habrá contemplación para nadie?
—Por supuesto que no, no lo podemos hacer. Es una demanda de los mismos actores políticos y es un compromiso de actuar apegado completamente a la ley.
¿Caiga quien caiga?
—Así es. La fiscalía electoral no podrá tener distinciones partidistas, ni de personas.
Las designaciones de fiscales, procuradores y auditores han sido manchados por los partidos, ¿tiene algún padrino que le ayudó a llegar a la FEPADE?
—Una de las cosas que sucedió, y que me dio gusto, fue que me dijeron: ‘¿Cómo te vas a reír si te sacaste la rifa del tigre?’, fue porque el apoyo que tuve fue de 92% de los votos de los senadores, mi designación habla sobre un consenso y fue un proceso muy complicado, en el que pasamos por la prueba de un Comité Académico.
También los partidos políticos, representados por senadores, tuvieron la oportunidad de explorar nuestro currículo.
Hicieron ese trabajo porque sí existe una preocupación de que pudieras tener un fiscal y que represente una persona política o de una fuerza política determinada, en este caso, llegué con buen consenso a fiscal y esa confianza que depositaron todos los actores políticos tenemos que responder a ella.
¿No tiene ningún vínculo ni le debe su cargo a nadie?
—No. El cargo se lo debo a todos los senadores que votaron por mí y hasta los que no, fueron siete en contra y 92 a favor y al final tuve la oportunidad de hablar con senadores que me dijeron claramente que ellos no lo habían hecho. Me dijeron que estaban abiertos para opinar sobre él.
¿Ni tampoco le debe nada a nadie que se las pueda cobrar en la elección?
—Por supuesto que no.
¿Será un fiscal de hierro?
—Es importante para instituciones electorales, más que ser un fiscal de hierro, ser uno totalmente apegado a la ley.
Cuando una persona habla sobre fiscales de hierro, inmediatamente se le ubica en un ámbito solamente de procuración de justicia penal y no.
El sistema de justicia penal moderno requiere conocer todas sus etapas y, sobre todo, sus procesos.
Un sistema de justicia implica desde la prevención y concluir con la reinserción social, pero si estamos trabajando en materia de prevención y en materia de justicia penal, es mucho más económico procesalmente prevenir el delito que sancionarlo.
La fiscalía tiene que ser moderna, eficaz, cercana a la ciudadanía y una que sepa que es más importante prevenir el delito que castigarlo.
¿Cómo ve las presiones como fiscal de la FEPADE?
—Las presiones se diluyen cuando uno hace bien su trabajo. Aquí es aplicar la ley y creo que no va a haber otra forma más que demostrarla con tu trabajo.
¿No lo doblarán las presiones?
— Por supuesto que no.
Nieto Castillo acusó presiones
—Aquí lo importante es, y hay que decirlo a todos los mexicanos, el fiscal no es la institución.
La fiscalía es una institución de 300 funcionarios públicos y la fiscalía son ellos. Tiene que haber una persona que conduzca los trabajos, pero me voy a ver muy arropado por las personas que laboran conmigo y para mí no quiero que me digan: ‘Héctor Díaz-Santana, fiscal de la FEPADE’, ¡no!, yo quiero que me digan: ‘La FEPADE’. Eso nos ayudaría mucho al país y a la institución.
Todo por comunicados
¿Tuvo oportunidad de revisar el caso Odebrecht al interior de la FEPADE?
— El viernes llegué a la FEPADE y estoy revisando el caso, esta semana nos vamos a dedicar exclusivamente a ello, en ese tema, cuando emita algún comunicado va a ser totalmente apegado a la ley y con el conocimiento.
¿Va a seguir la investigación contra Emilio Lozoya?
—Van a seguir todas las investigaciones que tengamos en la FEPADE, incluyendo esa [contra Lozoya].
Hay ahorita más de 4 mil casos, vamos a generar un proceso muy rápido, algunos están prescritos, más de 85% de los casos que conoce la fiscalía son relacionados con el Padrón Electoral y en eso vamos a trabajar, tenemos dos equipos, uno para bajar ese rezago y un equipo muy especializado para que conozca de cada uno de los delitos electorales.
¿Hay elementos contra Lozoya y van a proceder?
—Vamos a proceder contra todas las carpetas de investigación que tengan elementos para procesar.
¿Independientemente de que sea Lozoya?
—Independientemente del partido que sea.
¿No será usted el sepulturero del caso Odebrecht y Lozoya?
—Por supuesto que no. Desde ahora lo digo, que no. Es una de las peticiones que me hicieron todos los senadores que me pusieron un voto de confianza.
¿Qué le dijeron?
—Que atendiera el caso Odebrecht, y otros, por ejemplo: hay una preocupación especial por un delito que se presenta que le llaman el turismo electoral, que es personas de nivel socioeconómico de alta vulnerabilidad, pobres [por así decirlo], a ellos los mueven a otros sitio y los empadronan en otro lugar con la idea de que voten y ese es uno de los delitos que tenemos que atender con mayor energía.
¿Cómo vio la destitución de Santiago Nieto?
— Voy llegando y sería irresponsable de mi parte dar una opinión de mi antecesor, déjenme conocer bien la institución y emitir un juicio de valor.
¿Cree que la FEPADE es una institución que puede ser manipulada por el Ejecutivo?
—Desde que se creó la FEPADE se le dio una garantía y tiene autonomía técnica.
¿Qué mensaje le manda a la ciudadanía?
— Que la fiscalía estará del lado de ellos ante cualquier circunstancia que quiera alterar su condición de voto libre y secreto.
¿Estará a la altura de 2018?
—Cuenten con ello, a diferencia del INE y del tribunal, mucho más pequeña. Somos una institución que tenemos una estrategia muy definida para conformar un ejército de personas; pero nuestro gran aliado y el que nos da fortaleza es el ciudadano.
‘Ordeñas’ a Pemex superaron por 38.4% las de 2016
La entidad que más tomas clandestinas presenta es Guanajuato, con mil 557; le siguen Puebla, con mil 263, y Tamaulipas, con 954, según un reporte de Pemex.
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| Gendarmería localiza toma clandestina de hidrocarburo (Archivo). (Cortesía) |
YASHUA ORDAZ
México
Las tomas clandestinas en los ductos por los que Petróleos Mexicanos (Pemex) transporta combustibles sumaron 8 mil 664 en los primeros 10 meses de este año, cifra que ya superó en 38.4 por ciento a las de todas las registradas en 2016, cuando fueron 6 mil 873, de acuerdo con el reporte de noviembre elaborado por la empresa productiva del Estado.
La entidad que más tomas clandestinas presenta en el periodo señalado es Guanajuato, con mil 557 seguido de Puebla, con mil 263, y Tamaulipas, donde ha habido 954, añade el reporte.
Las cifras además muestran que en Ciudad de México, en enero de este año el número de ordeñas era de cero, mientras que en octubre se registraron 17, para sumar 55 en todo el año.
El Estado de México es la entidad que registró el mayor aumento de ese delito, con 114 tomas respecto de septiembre, cuando fueron 89 piquetes a los ductos, para hacer un total de 842 en los primeros 10 meses del año.
Mientras que Yucatán, un estado que no había registrado ese delito en los meses previos, la empresa productiva del Estado reportó en octubre la primera toma clandestina en lo que va del año.
En 2016 el número de tomas clandestinas identificadas y selladas alcanzó 6 mil 873, para un aumento de 9.8 por ciento frente a los 6 mil 260 hechos registrados durante 2015, de acuerdo con el reporte anual de Pemex 2016, que envía a la Bolsa Mexicana de Valores.
En octubre pasado, Puebla desbancó a Guanajuato como la entidad con mayor número de tomas para la ordeña de combustibles, con 168.
Tabasco, Baja California y Oaxaca fueron las entidades que registraron una disminución en tomas clandestinas durante octubre si se compara con el mes anterior, al pasar de 23 a cuatro, 21 a siete y 20 a siete, respectivamente.
De acuerdo con el segundo informe de revisión de la Cuenta Pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016 las pérdidas por robo de hidrocarburos le cuestan a Petróleos Mexicanos un promedio diario de 54 millones 556 mil pesos, lo que representaría una pérdida anual de 19 mil 640 millones 373 mil pesos.
Pemex tiene a disposición de los usuarios un número de emergencias y de denuncias anónimas para reportar tomas clandestinas en su red de ductos en el teléfono lada sin costo 01800 228 9660 y el correo electrónico vigilante@pemex.com.
Entidades como Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas no han tenido reportes sobre tomas clandestina de combustibles.
A pesar de que el gobierno federal y Pemex han emprendido una variedad de acciones con el propósito de combatir el robo de combustibles, no han logrado acabar con esas prácticas y, por el contrario, continúan en aumento.
Los propios indicadores muestran cómo ha crecido la ordeña en los últimos años; en 2014 la empresa productiva del Estado identificó 3 mil 674 tomas clandestinas, en 2015 el número alcanzó las 6 mil 200 y, como se mencionó, para 2016 fueron 6 mil 873, lo que representa un aumento de 87 por ciento en 2016 respecto de dos años previos.
Pemex ha realizado inversiones en tecnología de vigilancia para salvaguardar sus instalaciones y red de ductos; adicionalmente, la empresa mantiene acciones de coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Procuraduría General de la República (PGR) para combatir este tipo de delito.
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PGR da golpe millonario al crimen; en un año decomisó 1,635 mdp
La autoridad federal incautó avionetas, vehículos, inmuebles, joyas, cuentas bancarias y dinero en efectivo usados por narcotraficantes y delincuentes
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| De acuerdo con el Presidente de México, autoridades federales lograron incautar, además de dinero en efectivo, bienes muebles e inmuebles, avionetas, automóviles, casas, joyas y cuentas bancarias. |
LETICIA ROBLES DE LA ROSA
CIUDAD DE MÉXICO.
El decomiso de mil 635 millones de pesos en joyas, avionetas, automóviles, casas, dinero en efectivo y dinero en cuentas bancarias, fue el golpe que el gobierno federal dio al crimen organizado durante el quinto año de ejercicio.
De acuerdo con las respuestas que el presidente Enrique Peña Nieto entregó a la Cámara de Diputados, en torno al Quinto Informe de Gobierno, las autoridades lograron triunfos en juzgados para aplicar la extinción de dominio de bienes muebles e inmuebles usados por el crimen organizado y narcotraficantes.
El monto decomisado, equivale a 84% del presupuesto destinado para que la Procuraduría General de la República (PGR) “investigue y persiga a la delincuencia organizada”.
El mandatario federal detalla que del 1 de septiembre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, la PGR, “logró el aseguramiento de 202 inmuebles y 497 vehículos terrestres, 356 armas largas y un millón 180 mil litros de hidrocarburos”, entre otras cosas.
Gobierno arrebata al hampa mil 635 mdp
Equivale al 84% del presupuesto 2017 que la PGR destinó a la persecución de la delincuencia organizada.
El gobierno federal asestó un golpe contra las finanzas del crimen organizado por mil 635 millones de pesos, cantidad equivalente al 84% del presupuesto 2017 que la Procuraduría General de la República (PGR) destinó a la investigación y persecución de la delincuencia organizada; lo logró al detectarle a los criminales dinero en efectivo, cuentas bancarias, joyas, avionetas, automóviles y casas.
De acuerdo con las respuestas que el presidente Enrique Peña Nieto entregó a la Cámara de Diputados, en torno al quinto Informe de Gobierno, las autoridades federales lograron triunfos en juzgados para aplicar la extinción de dominio de los bienes muebles e inmuebles utilizados por los narcotraficantes y otro tipo de actividades del crimen organizado.
Ayer, Excélsior informó que el gobierno federal detectó actividades con dinero de procedencia ilícita por un total de 133 mil 167 millones de pesos, en actividades realizadas en los últimos dos años, a partir de la investigación de 307 denuncias.
El Ejecutivo Federal detalló a los legisladores federales también que el golpe a las finanzas de los criminales se dio principalmente en moneda nacional y en dólares.
En moneda nacional, se decomisaron 43 millones 153 mil 857 pesos en efectivo; cuentas bancarias con 718 millones 494 mil 278 pesos; se decomisaron bienes muebles e inmuebles con valor de 389 millones 728 mil 786 pesos y se aplicaron acciones de extinción de dominio por otros 21 millones 31 mil 424 pesos, para hacer un total de mil 172 millones 408 mil 345 pesos.
Además, se decomisaron siete millones 712 mil 582 dólares en efectivo; cuentas bancarias con cuatro millones 327 mil 658 dólares; bienes muebles e inmuebles por 13 millones 706 mil 831 dólares y acciones de extinción de dominio por cinco mil 728 dólares, lo que hace un total de 25 millones 752 mil 799 dólares, que a un tipo de cambio promedio de 18 pesos, representa un total de 463 millones 550 mil 282 pesos.
De esta forma, el total del golpe a la riqueza de la delincuencia organizada fue de mil 635 millones 958 mil 727 pesos, que equivale al 84.08% de los mil 945 millones 662 mil 887 pesos que en este 2017 la PGR destinó a la tarea de “investigar y perseguir los delitos de la delincuencia organizada”, según se observa en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.
Entre las acciones que detalla el mandatario federal, está que entre el 1 de septiembre del 2016 al 30 de septiembre del 2017, la PGR, a través de la SEIDO, “logró el aseguramiento de 202 inmuebles y 497 vehículos terrestres, 356 armas largas, 163 cortas, 133 mil 123 cartuchos, dos mil 12 cargadores, 82 grabadas, 469 artículos diversos y un millón 180 mil litros de hidrocarburos.
“(...) Se obtuvo la declaración de abandono en favor del Gobierno de la República de 323 vehículos, cinco aeronaves, 38 inmuebles, 57 numerarios de moneda nacional, 24 numerarios en dólares, 93 cuentas bancarias en moneda nacional, 43 cuentas bancarias en dólares americanos, 989 joyas, 34 objetos y 517 plazas de menaje”, detalla.
Lograr que los jóvenes se interesen en comicios, gran reto para partidos
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Los millennials no asocian el voto con una fórmula de cambio. Destaca su poca credibilidad de lo que provenga del ámbito institucional, dice especialista Foto Luis Humberto González y Carlos Ramos |
Alonso Urrutia
Aunque marginados tradicionalmente de la oferta electoral de los partidos políticos, renuentes a las políticas institucionales y esencialmente pragmáticos en sus intereses de corto plazo, el voto de los jóvenes representará para 2018 casi 30 por ciento del listado comicial.
Acorde con las tendencias documentadas, el comportamiento del voto joven es ligeramente superior a la media entre los 18 y 19 años, en tanto que entre los 20 y 24 años tiende a convertirse en el sector poblacional que más rechaza las elecciones y, en consecuencia, el de mayor proporción abstencionista.
Con esquemas de participación política que tiende a expresarse explosivamente en las calles –como en las protestas que se han realizado por el caso Ayotzinapa–, pero fundamentalmente en la generación actual en redes sociales, la participación electoral de los jóvenes tiene también importantes diferencias regionales, acorde con el contexto social.
En 2015, por ejemplo, el promedio nacional de quienes tenían entre 18 y 19 años superó el promedio, pero, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE), en Chihuahua y en Tijuana su participación fue minoritaria, incluso inferior a 20 por ciento.
Sector importante
Se trata de un sector del electorado al que los procesos comiciales distan mucho de convocarlos para que asuman la ruta para transformar su realidad. Sin embargo, desde la perspectiva del interés partidista, por sus dimensiones, es un grupo fundamental: de acuerdo con el más reciente corte del Registro Federal de Electores, hay 25.6 millones de jóvenes de 29 años o menos, lo que representa casi 29 por ciento de los 87.7 millones de electores registrados en la lista nominal.
Especialista en la problemática de este sector poblacional, el investigador José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostiene: “Hay temas que sí los interpelan, como el medio ambiente, la sexualidad o la pobreza, pero no la política electoral.
En general, los jóvenes en la actualidad son ajenos a entender el impacto del contexto político y social en su realidad, porque su visión de vida es cortoplacista. Tienen contratos laborales de tres meses, pues no saben lo que harán después, por eso poco les interesa lo que va a pasar en un sexenio, por lo que no asocian el voto como una fórmula de cambio.
Comportamiento electoral
Acorde con los estudios realizados por la autoridad electoral en 2012 y 2015 es notorio el comportamiento de los jóvenes, particularmente en la población de entre 20 y 29 años, a partir de que vivir la primera experiencia de votar dispara al alza su participación en niveles promedio del electorado.
A partir de los 20 años hay un desplome en la participación: si el promedio nacional de 2012 –año de elección presidencial que convoca mayor participación– fue de 62.08, entre 20-29 años fue de 53 por ciento, casi 10 puntos menos; este porcentaje se redujo aún más entre los hombres jóvenes, con una participación de 47 por ciento, a pesar de que estaba en juego la Presidencia.
En 2015, del estudio del INE se identifica con mayor claridad el voto de los denominados millennials en elecciones intermedias: con un promedio nacional de participación de 47.9 por ciento, los jóvenes de 18 años sufragaron ligeramente arriba, y de 19 años, 41 por ciento. Sin embargo, entre 20 y 24 años sólo votaron 38 por ciento, y entre 25-29 años 35 por ciento, lo que confirma la tendencia de que es el estrato de edad donde el abstencionismo es más elevado.
Más allá de la tendencia nacional, hay expresiones regionales acentuadas: si en Yucatán los jóvenes entre 25-29 años votaron por arriba de 60 por ciento, en Baja California y Chihuahua –entidades donde hay presencia del narcotráfico– lo hicieron en 19 y 20 por ciento. Esto es, sólo uno de cada cinco jóvenes fue a las urnas en esas entidades, caracterizadas por altos niveles de violencia.
Todo ello en un contexto en el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha advertido sobre la creciente inserción de jóvenes en el crimen organizado, al tiempo que es un sector que padece más los niveles de violencia y homicidios.
Pérez Islas –para quien el término millennial es una creación más de los medios de comunicación que obedece a un contexto en otras sociedades desarrolladas– asume que la violencia es un asunto que preocupa a los jóvenes sólo en la medida en que les trastoca su entorno, cuando han tenido experiencias que los toquen directo o que vivan en entidades donde hay importantes niveles de violencia.
Para el investigador, la generación actual tiene una característica especial: disocia su realidad personal del contexto económico y social. Tiende a asumir que su situación particular obedece más a un deficiente desempeño personal que a un contexto social y económico, a unas políticas económicas que necesariamente les impactan y hacen que les vaya mal.
Hay sectores específicos que sí tienen esa conexión, pero la mayoría no tiene esa contextualización; algunos están muy vinculados a la conciencia, pero en general siguen siendo una minoría. El comportamiento general de los jóvenes explica los niveles de participación electoral, subraya Pérez Islas.
Si bien hay expresiones recientes de una irrupción de los jóvenes, como fueron los casos del movimiento YoSoy132 o las movilizaciones por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, porque la calle siempre es un elemento que inflama el encauzamiento de una participación electoral, esto obedece a otras causales.
Entre ellas destaca la poca credibilidad de este sector de lo que provenga del ámbito institucional, que siempre es percibida como muy ajena a su entorno y que concibe su participación más a través de las redes sociales que por la vía de la política tradicional, concluye Pérez Islas, quien refiere que solamente hay un caso corroborado en el que los jóvenes se identificaron: el de Vicente Fox, en 2000, quizá más por su personalidad que por otros factores.
Ignora protocolos el 75% que renta minibodegas
Al respetar la normatividad, las bodegas miniatura (mayores pero de operación similar a las cajas de seguridad de Cancún) rechazan 10% de potenciales clientes que se niegan a identificarse
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DANIEL BLANCAS MADRIGAL
Las cajas de seguridad son usadas principalmente por gente que vive en departamentos y no tiene lugar para guardar cosas que no le caben.
El 75 por ciento de las empresas dedicadas a rentar minibodegas en el país opera al margen de protocolos de seguridad y detección de actividades criminales, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Auto Almacenaje (Amdaac).
Estos lineamientos han sido impulsados por instancias como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Economía y avalados por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
El esquema de protección incluye cámaras de videovigilancia en accesos y pasillos para detectar el movimiento de mercancías; armado de expedientes completos de los clientes, con datos de identificación, domicilio y huellas dactilares; uso de un sistema de validación de documentos personales, el cual incluye un dispositivo para detectar credenciales falsas.
Además, firma de contratos de arrendamiento; expedición de facturas y cobro vía tarjetas de crédito; implementación periódica de operativos caninos para rastrear narcóticos, dinero y armas en las sucursales y el registro fotográfico de las placas de vehículos involucrados en el depósito.
“El reto es evitar una renta convencional, en la que se da una fianza y un fiador y ya no interesa quién es el cliente, saber quién usará el espacio que estamos rentando y tener la certeza de que es una persona honrada”, señaló en entrevista con Crónica Miguel Bosh, presidente de la Amdaac, constituida en 2013 y la cual agrupa a 13 empresas del ramo.
“No es un protocolo a prueba de balas, nosotros no diseñamos las leyes. No contamos cada cosa, pero si el cliente nos dice voy a guardar tal objeto debe haber cierta lógica; sí queremos conocer su perfil, por si hace algo deshonesto dirigirlo a las autoridades”.
Crónica reveló hace unos días el boom de empresas dedicadas a la renta de bodegas entre vacíos legales, sin supervisión y vulnerables al ocultamiento de bienes ilegales y blanqueo de recursos de procedencia ilícita. Mediante un usuario simulado se comprobó la aceptación de prestanombres y documentos falsos, así como el descontrol sobre los objetos resguardados y la presentación de permisos anómalos.
Aun en la Ciudad de México, con mejores controles administrativos, al menos el 50 por ciento de estos giros comerciales funcionan de manera irregular.
—¿Son empresas patito? –se preguntó a Bosh.
—No queremos desacreditarlas con calificativos, pero no se ajustan a las mejores prácticas y a los procesos de verificación alentados al interior de la Asociación.
El negocio del autoalmacenaje, como otros en México, se volvió susceptible a ser filtrado por la delincuencia. De ahí la necesidad de los empresarios organizados por acercarse a dependencias oficiales. La Procuraduría de la CDMX fue indiferente, pero la PGR aceptó convenir algunas medidas de defensa ante riesgos contemplados en las leyes contra el lavado de dinero y la extinción de dominio.
“Hemos tenido que autoregularnos, porque esto no existía. Hay un Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), que es un organismo público que capacita a la gente y da títulos de diferentes profesiones u oficios, con ellos se hizo un estándar para administradores de minibodegas y con ese nos estamos certificando”, refirió Bosh.
“El Instituto de Administradores de Inmuebles nos invitó un día a un Congreso al cual asistió el Fiscal de extinción de dominio de la PGR y el primer juez en esa materia, y ahí dijimos: hay una serie de leyes muy complejas y queremos estar en orden con las normas relacionadas con lavado de dinero, extinción de dominio y derecho a la información, el problema es que ninguna nos detalla qué debemos hacer y las autoridades solo nos dicen: si colaboras con el crimen te voy a tronar. ¿Qué es colaborar? No hay definición, y lo que hicimos es ajustarnos al estándar de Conocer”.
ZOPILOTES. Según la Amdaac, hasta el 10 por ciento de las personadas interesadas en rentar una bodega son rechazadas durante el proceso de contratación, tras detectarse irregularidades o riesgos en sus perfiles personales. En algunos de los casos, se trata de autodescartes.
“Hace algunos meses descubrimos que una banda organizada pretendía filtrar el mercado. Iba con una empresa u otra buscando rentar espacios, pero era muy peculiar su forma de acercarse y preguntar sobre la operación de las minibodegas. Así que compartimos la información con todos los socios y cerramos las puertas”, contó Diego Ysita, también directivo de la Asociación.
—¿Lo de la PGR no es una especie de charolazo? —se le preguntó.
—No, la idea es que las autoridades emitan recomendaciones para que nuestras instalaciones no se presten a facilitar actividades delictivas. La Procuraduría local no nos peló. Y la PGR nos dijo: ten a tus clientes vigilados con cámaras en los pasillos, para ver qué movimiento de mercancía tienen, no puedes checar cada caja, pero sí tener un control.
—En la investigación de Crónica fue fácil vulnerar los protocolos de seguridad…
—A nivel institucional estamos atacando este tipo de cosas, estamos asegurándonos, mejorando las formas de capacitar a nuestros empleados… La idea es facilitarle el proceso a mi cliente, hacérselo amigable, pero eso no quiere decir que omita sistemas internos de validación, de control, pero los hago tras bambalinas, no con el cliente en el mostrador. En Estados Unidos se basan en la confianza, que no significa ser ingenuos. La recomendación es mostrar cámaras, perros, vigilancia, huellas digitales…
—Pero en la realidad no se vieron…
—Podemos enseñar expedientes. Es muy diferente una contratación amigable a que no haya protocolos internos de verificación. En la AMPI hay una lista negra de clientes, y nos ajustamos.
—¿Por qué checan los datos de los interesados hasta que se hace una contratación, y no desde el primer acercamiento?
—Esas son las recomendaciones.
—¿No necesitan ser regulados de manera específica?
—No lo veo así, porque estamos regulados como giro comercial e inmobiliario, como un servicio, hay un contrato de arrendamiento tutelado por el Código Civil.
En la actualidad, la oferta de minibodegas tan sólo en la CDMX asciende a 20 mil. De acuerdo con los empresarios del ramo, se requieren al menos 500 mil espacios para responder a las necesidades de autoalmacenaje de los capitalinos, y al nivel de densidad de la población.
“Es un giro en auge, un nicho, y somos los primeros interesados en organizarnos, regularnos y abrir las puertas”, concluyó Bosh.
Usos y contrausos
Tipo:
Una minibodega no está asociada a servicios de transporte o facturación, así que no son adecuados para operación diaria de los negocios. Sólo sirven para guardar objetos.
Ejemplo de uso legal:
Adornos de navidad, mobiliario y mercancía de negocios de temporada, archivo muerto, muebles que no se desea desechar pero ya no tiene cabida en casa.
Ejemplo de uso ilegal: Productos robados para que “se enfríen” y posteriormente sacarlos al comercio informal; dinero en efectivo de secuetros, valores ilegales, dinero en efectivo destinado al lavado.
Datos
*70% de los interesados en la renta de minibodegas son amas de casa.
*Hay 20 mil minibodegas en la CDMX.
Mercado: Se trata de un rubro de negocios en la esfera inmobiliaria. Ha probado tener utilidad, además de uso particular, para comercios, industrias de diversos perfiles, sector hospitalario.
Las minibodegas son similares en dimensión a un locker hasta un garage.
El PT desembolsa $317 mil en 4 meses para vuelos de Anaya
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| (Foto: Cuartoscuro) |
Fernando Nava
El Partido del Trabajo (PT) gastó más de medio millón de pesos en boletos de avión para sus dirigentes, de los cuales, su líder nacional, Alberto Anaya, encabeza la lista, pues en sólo cuatro meses, gastó más de 300 mil pesos.
Mediante la solicitud de transparencia 2235000037717, La Razón obtuvo una lista de los vuelos que realizaron los integrantes de la dirigencia: Rubén Aguilar, Alberto Anaya Gutiérrez, Ricardo Cantú, Francisco Espinosa, Alejandro González, Reginaldo Sandoval, Pedro Vázquez y Pablo Velázquez.
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De acuerdo con la información revelada, su líder nacional efectuó 56 viajes por un total de 317 mil 83 pesos con 25 centavos, durante los meses de abril, julio, agosto y septiembre. Trayectos en el mes patrio
El destino que más se repite es la ruta Ciudad de México-Nuevo León, en los que viajó el líder petista, por los cuales el PT erogó en los citados meses 50 mil 858 pesos para pagar 13 vuelos a Alberto Anaya.
El dato
La PGR congeló cuentas al PT por una investigación de un desvío de 100 mdp que el gobierno de Nuevo León destinó a los Cendis, que maneja la esposa de Anaya.
Asimismo, los vuelos que salieron de Nuevo León a la capital del país fueron la segunda ruta más frecuente del dirigente, con nueve boletos, por los cuales se desembolsó en total 34 mil 126 pesos.
También la ruta de Coahuila–CDMX, fue repetitiva en cuatro ocasiones y el instituto político pagó 19 mil 848 pesos para los viajes de Anaya.
Los demás integrantes de la dirigencia petista, también utilizaron los recursos designados al partido para pagar sus vuelos, dentro de territorio nacional. Sólo de enero a septiembre, Rubén Aguilar, Ricardo Cantú, Francisco Espinosa, Alejandro González, Reginaldo Sandoval, Pedro Vázquez y Pablo Velázquez gastaron un total de 248 mil 994 pesos con 68 centavos.
Es Pedro Vázquez González, representante del PT ante el Instituto Nacional Electoral, quien registra el mayor número de vuelos y gastos efectuados después de Anaya, pues de enero a septiembre, realizó 28 viajes con un costo total de 139 mil 954 pesos con 47 centavos.
Vázquez González también encabeza su lista de boletos pagados por el partido con la ruta CDMX–Nuevo León, con un gasto de 62 mil 830 pesos con 26 centavos; de ésos, dos vuelos tuvieron un costo mayor a 14 mil pesos.
El primero que sobrepasó esa cantidad fue del 2 de enero al día 10 del mismo mes, y tuvo un costo total de 15 mil 735 pesos con 40 centavos.
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Un mes más tarde, Vázquez volvió a hacer el mismo vuelo, pero salió de la Ciudad de México el 11 de febrero y regresó hasta el 21 de marzo, con un precio de 14 mil 41 pesos y 94 centavos. Gasto en vuelos: El líder petista realizó con frecuencia las siguientes rutas:
También en el registro que tiene el partido, muestra que al representante del PT ante el INE se le pagaron mil 7 pesos por “cargo de cambio” en su boleto, el día 27 de agosto.
Además, en dos ocasiones registró vuelos con el mismo origen y destino, es decir, el 1 de marzo al día 9 del mismo mes, Vázquez pidió un boleto de avión de Ciudad de México, con destino a la Ciudad de México el cual costó mil 681 pesos; y lo mismo ocurrió el 7 de marzo al día 10 de marzo pero en esa ocasión tuvo un costo de 2 mil 99 pesos con 26 centavos.
Por su parte, Alejandro González Yáñez utilizó el mismo recurso del partido y gastó 66 mil 367 pesos con 13 centavos, Francisco Espinosa 51 mil 619 pesos con 42 centavos, Rubén Aguilar 45 mil 254 pesos, Reginaldo Sandoval Flores 26 mil 708 pesos, Ricardo Cantú con 6 mil 294 pesos y Pablo Velázquez con dos mil 573 pesos con 29 centavos.
Anaya suma más de 22 años al frente del Partido del Trabajo y ha manejado recursos públicos por 4 mil 634 millones de pesos, correspondientes a las prerrogativas desde 1997 y hasta el 2017.
…Y “mocha” prerrogativas a otros estados
La dirigencia nacional del PT “mochó” de manera arbitraria las prerrogativas a militantes en tres estados desde 2013, situación que dificulta la operación en Guerrero, Estado de México y Veracruz.
En entrevista para La Razón, Enrique Pérez, miembro del Comité Ejecutivo Estatal en el Edomex, aseguró que desde 2013 no han llegado los recursos a las oficinas que preside y suman al menos 12 millones de pesos por año.
“Dependemos de ese dinero para seguir operando, simplemente a un grupo de 20 chavos que prestaron sus servicios para la campaña electoral de 2017, no se les han pagado su sueldo, incluso les dieron cheques sin fondos”, manifestó.
Además, comentó que los militantes han puesto de su bolsillo para la renta de sus oficinas, para el pago de luz, agua y diversos servicios que necesitan para seguir promoviendo al partido.
“Nosotros pagamos todo, hemos pedido explicaciones y no nos hacen caso”, dijo.
A su vez, Juan Carlos Dueñas, representante del PT en Veracruz, señaló que es obligatorio el reparto de las prerrogativas. “En mi caso desde el 2013 hasta la fecha no me han entregado ni un peso”, indicó el militante.
Jorge Butrón
Reforma fiscal en EU, en vigor desde enero del 2018
se votará esta semana
La versión final del texto dice que la tasa de ISR que pagan las empresas de 35 se reduciría a 21%, en un inicio se planteaba que fuera de 15 por ciento.
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La reforma al sistema tributario tiene en la mira una reducción de impuestos a las empresas así como a algunas familias estadounidenses de clase media y alta. La votación para que el documento revelado sea el definitivo se llevará a cabo durante esta semana.
De acuerdo con lo acordado, la medida reduciría el Impuesto sobre la Renta (ISR) que pagan las empresas de 35 a 21%, a pesar de que en un inicio lo que Trump buscaba era que se quedara en 15%, para después modificarlo a 20 por ciento.
La medida entraría en vigor desde el 1 de enero del 2018, a diferencia de lo propuesto por el Senado, que esperaba que fuera hasta el 2019. Con el recorte al impuesto corporativo, Estados Unidos dejará de recaudar alrededor de 1 billón de dólares durante los próximos 10 años.
Además, crearía una deducción impositiva de 20% para propietarios de empresas pequeñas —sociedades o con un solo propietario—, permitiría la cancelación de los costos de nuevos equipos por parte de las corporaciones y eliminaría el impuesto mínimo alternativo a las empresas, de acuerdo al documento al que tuvo acceso Reuters.
Asimismo, la medida mantendría los actuales siete tramos impositivos individuales y familiares (y no a cuatro como propuso la Cámara de Representantes), con tasas de 10, 12, 22, 24, 32, 35% y una tasa máxima de 37% para los contribuyentes con mayores ingresos, la cual actualmente se encuentra en 39.6 por ciento.
Otro cambio al sistema tributario es la eliminación del incentivo fiscal a empresas privadas que subsidian el costo del pasaje, estacionamiento y uso de bicicleta de sus empleados.
Actualmente, las compañías pueden proporcionar vales de estacionamiento o pasaje con un valor de hasta 255 dólares al mes a empleados, como prestación para sus gastos de transporte al trabajo y luego deducir el costo de sus impuestos corporativos.
La eliminación de esta deducción se debe al recorte de la tasa corporativa que propone la reforma fiscal, con lo cual ya no son necesarias las exenciones fiscales menores que complican el código fiscal. El que esto ya no sea una deducción tiene a las agencias de tránsito preocupadas de que menos personas usen el transporte público, pues las empresas, al no poder deducir esto, no lo ofrecerán.
Otro de los puntos destacados se refiere al impuesto de sucesiones, donde se acordó pasar la cifra actual libre de impuestos en las herencias de 5.5 a 11 millones de dólares para los estadounidenses solteros, mientras que para los matrimonios la cifra subió de 11 a 22 millones.
en ESPERA DE LAS VOTACIONES
Las perspectivas para la aprobación de la “mayor reforma tributaria en Estados Unidos” —como la ha vendido Trump desde el inicio— mejoraron al ser respaldadas por dos senadores republicanos que, al inicio, tenían sus dudas: Marco Rubio y Bob Corker.
No obstante, existen tres senadores republicanos —suficientes para que la medida no se apruebe— que aún no han dado su respaldo completo a la reforma: Susan Collins, Jeff Flake y Mike Lee.
Cabe destacar que el Senado estadounidense está conformado por 52 republicanos y 48 demócratas, por lo cual el partido del presidente Trump puede darse el lujo de perder dos votos dentro de sus filas y aun así aprobar la reforma.
Se espera que antes del 22 de diciembre se tenga listo el documento con las modificaciones finales para que Trump lo firme y de esta manera entregue a los estadounidenses la reforma fiscal como un “regalo de Navidad”.
Sin embargo, varios demócratas han criticado la reforma, ya que afirman que es un regalo para las empresas y los más ricos, además de que ampliará el déficit federal.
Las perspectivas para la aprobación de la “mayor reforma tributaria en Estados Unidos” —como la ha vendido Trump desde el inicio— mejoraron al ser respaldadas por dos senadores republicanos que, al inicio, tenían sus dudas: Marco Rubio y Bob Corker.
No obstante, existen tres senadores republicanos —suficientes para que la medida no se apruebe— que aún no han dado su respaldo completo a la reforma: Susan Collins, Jeff Flake y Mike Lee.
Cabe destacar que el Senado estadounidense está conformado por 52 republicanos y 48 demócratas, por lo cual el partido del presidente Trump puede darse el lujo de perder dos votos dentro de sus filas y aun así aprobar la reforma.
Se espera que antes del 22 de diciembre se tenga listo el documento con las modificaciones finales para que Trump lo firme y de esta manera entregue a los estadounidenses la reforma fiscal como un “regalo de Navidad”.
Sin embargo, varios demócratas han criticado la reforma, ya que afirman que es un regalo para las empresas y los más ricos, además de que ampliará el déficit federal.
- Aprobar la profunda reforma tributaria en el Congreso representaría la primera gran victoria legislativa de Trump y los republicanos; además, cumpliría la promesa que el mandatario realizó en la campaña presidencial del año pasado.
- Principales aspectos de la reforma fiscal
- Ante el recorte de tasas previstas en la reforma, el fisco estadounidense dejará de recaudar 1 billón de dólares en los siguientes 10 años.
- Impuesto corporativo pasa de 35 a 21% a partir del 1 de enero del 2018.
- Se mantienen los siete tramos impositivos actuales, con un recorte de 39.6 a 37% a la tasa máxima.
- Se elimina el incentivo fiscal a empresas privadas que subsidian el costo del pasaje, estacionamiento y uso de bicicleta de sus empleados.
- Para los solteros, las herencias de 11 millones de dólares estarán libres del impuesto a las sucesiones, mientras que para los matrimonios será de 22 millones de dólares.
- Reduce a 10,000 dólares la deducción de los impuestos locales y estatales.
- Limita la deducción de intereses hipotecarios a préstamos hipotecarios de no más de 750,000 dólares.
- Aumenta el crédito fiscal por hijo de 1,000 a 2,000 dólares.
Pide INE dinero, pero no gasta todo
Nayeli Cortés
El INE registró un subejercicio en su presupuesto por 813 millones de pesos en los primeros cinco meses del año, una cifra similar al recorte de 800 millones de pesos que le aplicó la Cámara de Diputados para 2018 y que el instituto rechazó porque, según sus consejeros, será difícil enfrentar el proceso electoral con menos dinero.
En ese lapso, el mayor subejercicio del Instituto se observa en los programas relativos al desarrollo de valores democráticos, es decir, la base de promoción del voto, una de las dos funciones base del Instituto.
En ese caso, de los 21 mdp autorizados para gastar en ese periodo, sólo había ejercido 8 millones. Del resto del año es imposible conocer el desglose del gasto porque aún no está disponible en su sitio web.
En 2017, el INE recibió un presupuesto de 10 mil 932 millones 449 mil 787 pesos.
La Contraloría General del órgano electoral ha criticado en reiteradas ocasiones los subejercicios del Instituto. Incluso, en uno de sus últimos informes, cuestionó que, para no incurrir en esta práctica a finales de 2016, las áreas del Instituto Nacional Electoral gastarán 569 millones de pesos en compras de último momento.
Los recursos no ejercidos deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
LES SOBRA DINERO
Los consejeros recortaron proyectos del proceso electoral 2018 como del gasto en papel, seguridad para las listas nominales, el Programa de Resultados Electorales Preliminares y para la instalación de más casillas especiales el 1 de julio de 2018.
También disminuyó 100 mdp del presupuesto que otorga a los partidos en el INE, lo que prácticamente implica la desaparición de los consejeros del Poder Legislativo ante el Instituto.
Los números muestran que, cada ejercicio presupuestal, el INE se queda con dinero.
Por ejemplo, de enero a mayo de este año, el sitio web del organismo electoral reporta que de 6 mil 148 millones 854 mil 316 pesos autorizados para ese lapso, sólo había gastado 5 mil 371 millones 496 mil 600 pesos.
En proyectos especiales, los subejercicios no sólo se registran en Desarrollo de Valores Democráticos; Innovación y Transformación Institucional tenía autorizados 84.3 millones de pesos, pero sólo había ejercido 47.3 mdp. Para la actualización del padrón electoral había disponibles 77.7 mdp, pero solo se habían ejercido 45 millones.
Ésta no es la primera vez que el INE registra subejercicios. De acuerdo con una solicitud de información realizada por este diario, entre 2010 y 2015, el Instituto y los partidos subejercieron casi mil 600 mdp.
Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, asegura que subejercicio significa ahorro; pero el INE no ha aclarado en qué rubros.
El INE registró un subejercicio en su presupuesto por 813 millones de pesos en los primeros cinco meses del año, una cifra similar al recorte de 800 millones de pesos que le aplicó la Cámara de Diputados para 2018 y que el instituto rechazó porque, según sus consejeros, será difícil enfrentar el proceso electoral con menos dinero.
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En ese lapso, el mayor subejercicio del Instituto se observa en los programas relativos al desarrollo de valores democráticos, es decir, la base de promoción del voto, una de las dos funciones base del Instituto.
En ese caso, de los 21 mdp autorizados para gastar en ese periodo, sólo había ejercido 8 millones. Del resto del año es imposible conocer el desglose del gasto porque aún no está disponible en su sitio web.
En 2017, el INE recibió un presupuesto de 10 mil 932 millones 449 mil 787 pesos.
La Contraloría General del órgano electoral ha criticado en reiteradas ocasiones los subejercicios del Instituto. Incluso, en uno de sus últimos informes, cuestionó que, para no incurrir en esta práctica a finales de 2016, las áreas del Instituto Nacional Electoral gastarán 569 millones de pesos en compras de último momento.
Los recursos no ejercidos deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
LES SOBRA DINERO
Los consejeros recortaron proyectos del proceso electoral 2018 como del gasto en papel, seguridad para las listas nominales, el Programa de Resultados Electorales Preliminares y para la instalación de más casillas especiales el 1 de julio de 2018.
También disminuyó 100 mdp del presupuesto que otorga a los partidos en el INE, lo que prácticamente implica la desaparición de los consejeros del Poder Legislativo ante el Instituto.
Los números muestran que, cada ejercicio presupuestal, el INE se queda con dinero.
Por ejemplo, de enero a mayo de este año, el sitio web del organismo electoral reporta que de 6 mil 148 millones 854 mil 316 pesos autorizados para ese lapso, sólo había gastado 5 mil 371 millones 496 mil 600 pesos.
En proyectos especiales, los subejercicios no sólo se registran en Desarrollo de Valores Democráticos; Innovación y Transformación Institucional tenía autorizados 84.3 millones de pesos, pero sólo había ejercido 47.3 mdp. Para la actualización del padrón electoral había disponibles 77.7 mdp, pero solo se habían ejercido 45 millones.
Ésta no es la primera vez que el INE registra subejercicios. De acuerdo con una solicitud de información realizada por este diario, entre 2010 y 2015, el Instituto y los partidos subejercieron casi mil 600 mdp.
Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, asegura que subejercicio significa ahorro; pero el INE no ha aclarado en qué rubros.
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