Avala nueva ley Ejército en calles
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Después de 11 años de labores del Ejército en las calles, la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley de Seguridad Interior, la cual dota a las Fuerzas Armadas de un marco regulatorio para combatir al crimen.
La nueva legislación faculta al Presidente de la República a ordenar la actuación de los militares en un territorio y tiempo determinados, cuando las autoridades de Seguridad Pública sean rebasadas.
"En aquellos casos en que las amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o al funcionamiento de las instituciones, el Presidente podrá ordenar acciones inmediatas a las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas", indica la ley.
La iniciativa fue cuestionada por la Oposición porque deja ambigüedad en el decreto de protección de seguridad interior y propiciaría la violación de derechos humanos por parte del Ejército.
La legislación fue aprobada de manera exprés con 248 votos a favor, incluidos de panistas y perredistas, 115 en contra y 48 abstenciones, y en medio de señalamientos de legisladores y de organizaciones civiles sobre inconstitucionalidad y la violación de convenciones internacionales sobre derechos humanos.
La diputada priista Carolina Viggiano salió al paso de las acusaciones y dijo que la intención es crear protocolos para deslindar responsabilidades y aclarar ese tipo de violaciones.
"Esto se decidió en el Gobierno anterior de Felipe Calderón sin preguntarnos y sin regulación al respecto. Tenemos mucho tiempo que le debemos este instrumento a nuestras Fuerzas Armadas para regular su actuación", sostuvo la legisladora.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, acusó que se miente a los mexicanos con ese argumento.
El panista Jorge Triana reconoció que fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando el Ejército salió a las calles, pero ahora el PRI busca perpetuar esa condición.
"El PRI, señoras y señores, se ha vuelto más calderonista que Felipe Calderón en materia de seguridad pública", asentó.
La polémica ley que regulará la actuación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad fue exigida por el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, desde hace un año.
A fines de 2016, pidió a los legisladores definir con claridad la participación de los soldados en seguridad.
"¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante, yo sería el primero en alzar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales.
"Nosotros no pedimos estar ahí (en las calles), no nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes", señaló entonces.
Incluso, en febrero pasado hubo un encuentro con diputados para delinear el que sería el contenido de la legislación: entre otros puntos, definir un plazo para el regreso de los militares a los cuarteles, lo que no quedó determinado en la reglamentación aprobada ayer.
Desde entonces, por lo menos en cuatro ocasiones más, a lo largo de 2017, Cienfuegos pidió que se aprobara la nueva ley.
El almirante Francisco Vidal Soberón, titular de la Secretaría de Marina, también se ha pronunciado sobre la necesidad de tener una norma en la materia.
El proyecto de ley aprobado se envió al Senado, donde se espera que sea analizado la próxima semana.
Critican política fracasada
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, lamentó que en México continúe la discusión sobre la pertinencia de poner a las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública, después de una década de escasos resultados.
En entrevista, recordó que el debate se intensificó en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se decidió militarizar el combate al narcotráfico.
En ese momento, dijo, se optó por las Fuerzas Armadas debido al largo tiempo que llevaría profesionalizar a las Policías.
"Se debería generar un debate mucho más profundo. Que se discuta esta ley y se tienda a aprobar es un síntoma de total fracaso en esta materia.
"Parece mentira, pero han pasado más de 10 años y estamos en el mismo punto; quién sabe cuántos recursos se ha invertido y resultados son pobrísimos", señaló.
El Ejército, subrayó, se encuentra capacitado para utilizar la fuerza letal en un conflicto armado o en una guerra, opción que debe considerarse como último recurso en un contexto de seguridad pública.
Las Policías, en cambio, usan la fuerza letal como último recurso y priorizan la aprehensión para llevar a los inculpados antes los tribunales.
Vivanco destacó que las Fuerzas Armadas no están subordinadas a un control civil, por lo que no cuentan con un sistema de rendición de cuentas.
La estrategia de militarización de la seguridad ha tenido un alto costo en abusos, violaciones a derechos humanos, corrupción y desnaturalización del Ejército, añadió.
"El gran reto de México es un problema de seguridad que proviene del crimen organizado. Ese reto se resuelve diseñando una política de control policial", apuntó.
Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), advirtió que una política represiva, como la que implica la Ley de Seguridad Interior, no solucionará el problema de inseguridad en México.
Se triplican asaltos en restaurantes de la CDMX
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La modalidad de robo que está afectando a los capitalinos es el asalto a comensales de restaurantes y cafeterías. Este delito, según las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina, con base en las carpetas de investigación que se iniciaron este año, se disparó en comparación con 2016, donde los objetos preferidos de los delincuentes fueron los teléfonos celulares.
De acuerdo con la glosa entregada por la procuraduría capitalina a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, se detalla que durante 2016 se registraron apenas 23 robos al interior de restaurantes, delito que se consideran de “bajo impacto social”.
Durante ese lapso el promedio de robos fue de tres por mes, mientras que en febrero no se registró un solo incidente; diciembre fue el más activo para los delincuentes, al cometerse cinco atracos. En ese mismo año, sólo se capturó a tres presuntos responsables, quienes estuvieron seis meses en prisión, pues el robo a comensales, a pesar de que irrumpen con armas de fuego y extrema violencia, no se considera como grave.
Debido esto, a decir de especialistas, esta modalidad de robo creció exponencialmente en 2017, las mismas estadísticas de la procuraduría capitalina indican que hasta octubre se cometieron 71 atracos con dicho modus operandi: este año el promedio mensual de robos fue de cinco.
Las cifras detallan que en enero se reportaron cinco robos; en febrero, siete; en marzo, nueve; abril cerró con ocho, para incrementarse en mayo al alcanzar 10 eventos delictivos; junio bajo a nueve y la tendencia a la baja continuó en julio, donde se abrieron seis carpetas de investigación.
En agosto y septiembre se mantuvieron con siete eventos, mientras que en octubre las denuncias bajaron y cerró con tres. Si la tendencia se mantiene en siete robos por mes, este delito impondrá un nuevo récord si además se toma en cuenta que en noviembre y diciembre el robo a restaurantes se incrementa.
Durante 2016 los robos se concentraron en las colonias Centro, Nápoles, Narvarte, Del Valle, Zona Rosa y el corredor Roma-Condesa; sin embargo, este año los delincuentes se diversificaron y expandieron su terror, pues el mismo método se visualizó en las delegaciones Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.
La zona más afectada por estos delincuentes es el corredor Roma-Condesa, ahí los encargados de cafeterías, taquerías, restaurantes e incluso fondas abren todos los días con miedo y han invertido hasta 50 mil pesos en medidas de seguridad que no les brindan las corporaciones policiacas encargadas de garantizar el bienestar de empresarios y clientes.
La procuraduría capitalina reportó que en este año detuvieron a 20 personas relacionadas con este delito de las cuales 17 fueron vinculadas a proceso y precisó que el número de asaltos es mucho menor si se toma en cuenta que en la CDMX existen 53 mil 538 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas.
Además de reforzar la seguridad privada con cámaras y elementos, los empresarios implementaron un método para que los delincuentes no se lleven el monto total de la venta, por lo que decidieron destinar una cantidad de dinero, como máximo mil pesos, para entregarlos en caso de ser víctimas de la delincuencia: “Preferimos eso a que agredan a los clientes o que maten a alguno. Eso nos afectaría terriblemente, de por sí la gente viene con miedo, busca los lugares al aire libre o que no tengan cortinas.
“Se supone que la gente sale a relajarse un rato por un café o a cenar, en estos lugares es donde menos piensas que te pueden robar. Denunciamos, pedimos vigilancia, más patrullas y Seguridad Pública dice que hace su trabajo, pero la realidad es otra, antes era sólo aquí, ahora ya están en todos lados”, comenta Ricardo Carmona, del Café París de la Roma.
“Es una falta de estrategia, los encargados de prevenir el delito, que son los de Seguridad Pública y los encargados de investigar, nunca se dieron cuenta de que este delito iba a la alza, nunca se prepararon para hacerles frente”, comentó Francisco Arredondo, investigador de la UNAM.
“Absurdo”, acusar militarización del país: Presidencia
El fin es generar policías que se enfrenten al crimen sin ayuda de soldados, explica Sales.
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| El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales. (Jorge Carballo) |
IGNACIO ALZAGA, EDUARDO MORALES
México y Monterrey
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, y el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, garantizaron que la Ley de Seguridad Interior no pretende militarizar el país ni que las fuerzas armadas sustituyan a las instancias de gobierno en la lucha anticrimen.
Ayer, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general y lo envió al Senado, Sánchez calificó de “absurda” la teoría de la militarización y destacó que en 2016 solo procedieron 44 quejas de posibles violaciones a los derechos humanos por parte de Ejército y Marina.
“He escuchado muchas críticas diciendo que van a militarizar el país, de verdad eso es absurdo; lo menos que podemos hacer es que las fuerzas armadas tengan un marco normativo que les dé curso a su actuar”, indicó en entrevista con el arquitecto Héctor Benavides para el programa Cambios, que se transmitirá el próximo domingo.
En tanto, Sales explicó que la ley busca generar policías estatales y municipales capaces de enfrentar a la delincuencia organizada sin la necesidad de solicitar ayuda a militares y marinos.
Puntualizó que además de dar certeza jurídica a Ejército y Marina que participan en el combate a los grupos delincuenciales, el objetivo es apoyar a las autoridades locales a través de mecanismos y plazos bien definidos cuando se declaren incapaces de hacerlo.
En entrevista con MILENIO dijo que militares y marinos resentían la ausencia de un marco jurídico suficiente en las tareas de apoyo a las autoridades estatales y municipales para preservar la seguridad pública.
Destacó, sin embargo, que la ley está orientada a que las entidades asuman su responsabilidad en el combate a la criminalidad e identifiquen las amenazas que representan las organizaciones delictivas.
“Lo que hace la Ley de Seguridad Interior es dotar de marco normativo a las fuerzas armadas en su actuar... se ha insistido en que es una ley que pretende militarizar, eso es falso, el marco jurídico señala cómo, cuándo, dónde y por qué la necesidad de que fuerzas federales y armadas ingresen a determinada entidad”, detalló.
En el noticiero de MILENIO Televisión con Azucena Uresti, Alfredo Lecona, del colectivo Seguridad Sin Guerra, dijo que es necesaria una Ley de Seguridad Interior, pero no con las características con que se aprobó, porque da discrecionalidad al Ejecutivo en el uso de fuerzas armadas.
Al respecto, el analista Juan Ibarrola aseguró que desde hace más de 40 años los militares no han salido a las calles a reprimir y que este país “ya está militarizado”, pues son los soldados los que hacen la seguridad pública, los que atienden desastres naturales, campañas de reforestación, de salud y de alimentación”.
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, y el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, garantizaron que la Ley de Seguridad Interior no pretende militarizar el país ni que las fuerzas armadas sustituyan a las instancias de gobierno en la lucha anticrimen.
Ayer, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general y lo envió al Senado, Sánchez calificó de “absurda” la teoría de la militarización y destacó que en 2016 solo procedieron 44 quejas de posibles violaciones a los derechos humanos por parte de Ejército y Marina.
“He escuchado muchas críticas diciendo que van a militarizar el país, de verdad eso es absurdo; lo menos que podemos hacer es que las fuerzas armadas tengan un marco normativo que les dé curso a su actuar”, indicó en entrevista con el arquitecto Héctor Benavides para el programa Cambios, que se transmitirá el próximo domingo.
En tanto, Sales explicó que la ley busca generar policías estatales y municipales capaces de enfrentar a la delincuencia organizada sin la necesidad de solicitar ayuda a militares y marinos.
Puntualizó que además de dar certeza jurídica a Ejército y Marina que participan en el combate a los grupos delincuenciales, el objetivo es apoyar a las autoridades locales a través de mecanismos y plazos bien definidos cuando se declaren incapaces de hacerlo.
En entrevista con MILENIO dijo que militares y marinos resentían la ausencia de un marco jurídico suficiente en las tareas de apoyo a las autoridades estatales y municipales para preservar la seguridad pública.
Destacó, sin embargo, que la ley está orientada a que las entidades asuman su responsabilidad en el combate a la criminalidad e identifiquen las amenazas que representan las organizaciones delictivas.
“Lo que hace la Ley de Seguridad Interior es dotar de marco normativo a las fuerzas armadas en su actuar... se ha insistido en que es una ley que pretende militarizar, eso es falso, el marco jurídico señala cómo, cuándo, dónde y por qué la necesidad de que fuerzas federales y armadas ingresen a determinada entidad”, detalló.
En el noticiero de MILENIO Televisión con Azucena Uresti, Alfredo Lecona, del colectivo Seguridad Sin Guerra, dijo que es necesaria una Ley de Seguridad Interior, pero no con las características con que se aprobó, porque da discrecionalidad al Ejecutivo en el uso de fuerzas armadas.
Al respecto, el analista Juan Ibarrola aseguró que desde hace más de 40 años los militares no han salido a las calles a reprimir y que este país “ya está militarizado”, pues son los soldados los que hacen la seguridad pública, los que atienden desastres naturales, campañas de reforestación, de salud y de alimentación”.
Regulan labor del Ejército en las calles; diputados avalan ley
La intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios no durará más de un año; podrá prorrogarse si persisten peligros; la turnan al Senado.
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| Mayoría. Los diputados del PRI y del PVEM lograron superar a la oposición y consiguieron la aprobación de la ley. |
TANIA ROSAS Y ANDREA MERAZ
CIUDAD DE MÉXICO.
Luego de un año de jaloneos, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior que regula la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado en municipios y estados.
Aprobada vía fast track, primero en comisiones y luego en el pleno, diputados de oposición denunciaron que el ordenamiento es inconstitucional y promueve la violación de los derechos humanos y la militarización del país, lo que una y otra vez negó el PRI.
La ley precisa que el Ejecutivo Federal podrá intervenir a nivel local a través de una declaratoria de protección a la seguridad interior, la cual no debe exceder de un año, aunque podrá prorrogarse si persiste la amenaza.
Las manifestaciones de tipo social no serán consideradas como amenaza.
El dictamen fue turnado al Senado para su análisis.
Votan, por fin, Ley de Seguridad
Al PRI y PVEM se unieron algunos diputados del Frente Ciudadano, en cuyos estados campea el crimen.
A 15 días de que finalice el periodo ordinario de sesiones, y tras un año de jaloneos, el PRI y sus aliados ejercieron su mayoría en la Cámara de Diputados y aprobaron la polémica Ley de Seguridad Interior, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.
La Ley se aprobó ayer en fast track, primero en la Comisión de Gobernación y posteriormente en el Pleno, donde hubo todo tipo de críticas, pues la oposición al Gobierno Federal enfatizó que el ordenamiento es inconstitucional y promueve la violación a los derechos humanos y la militarización del país, lo que una y otra vez negó el PRI.
El ordenamiento fue aprobado en lo general por el Pleno con 248 votos en favor, 115 en contra y 48 abstenciones, pero la oposición se reservó todos los artículos. Luego de cinco horas de discusión y 64 oradores, se avaló en lo particular con 215 votos en favor, 101 en contra y cuatro abstenciones.
Dicha ley destaca que el Poder Ejecutivo Federal podrá intervenir a nivel local a través de una declaratoria de protección a la seguridad interior. La declaratoria debe precisar qué amenaza se va a combatir, por cuánto tiempo, los elementos que serán responsables de ello y la zona para operar, entre otros puntos.
Especifica que la intervención del gobierno federal no podrá exceder de un año, pero si persiste la amenaza a la seguridad interior puede haber prórrogas, siempre y cuando se motive y justifique la continuidad de las acciones.
Será el Presidente de la República por sí o a petición de las legislaturas locales, o en su defecto de gobernadores, el que ordene la intervención de la Federación; sin embargo, la procedencia de la declaratoria se pondrá a consideración del Consejo Nacional de Seguridad, con lo que se busca que las acciones no sean tomadas de manera unilateral.
De aceptarse la intervención, la declaratoria se expedirá dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud y se deberá informar de ello a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos y gacetas de las entidades afectadas.
La ley, que fue turnada al Senado de la República para su análisis y votación, recalca que en ningún caso las acciones de Seguridad Interior sustituirán a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias ni eximirá a dichas autoridades de sus responsabilidades.
Se toman como amenazas a la seguridad interior aquellas que afecten la estabilidad de las instituciones y dañen gravemente a la población; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general, y las actividades que mermen los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad. En ningún caso se tomarán como amenaza las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente.
FRENTE DIVIDIDO
El Frente Ciudadano por México se dividió en esta ocasión al no ir en bloque en contra de la Ley. En la votación en general hubo 14 panistas que votaron en favor y 48 se abstuvieron, mientras que 17 votaron en contra y 30 simplemente no acudieron a la sesión. Dos integrantes del PRD, Waldo Fernández y Ángel Alanís, votaron en favor. Los legisladores que emitieron su sufragio en el mismo sentido que el PRI representan a entidades federativas que tienen una fuerte presencia del crimen organizado.
El panista Jorge Triana recordó que con Felipe Calderón se planteó una ley en la materia, pero bien hecha, la cual no aceptó el PRI por mezquindad.
“Hoy el PRI desea que regresemos en el pasado, el PRI, señoras y señores, se ha vuelto más calderonista que Felipe Calderón en materia de seguridad pública”, exclamó.
Mientras que el perredista Rafael Hernández enfatizó: “Las Fuerzas Armadas son una fuerza letal, no es una fuerza que proteja, es una fuerza que mata, que asesina y las están aventando ustedes al escenario donde está la sociedad”.
Critican a la CNDH
Los priistas no sólo arremetieron contra la oposición, también contra la Comisón Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución que advirtió que el ordenamiento favorece el uso discrecional de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia organizada.
“A menos de que la CNDH a lo que le tema es que hoy, que ya se les va a vincular con la declaratoria al notificarles, es a tener mayor trabajo y necesidad de intervención, o a menos de que le acomode que las actuaciones que estén realizando sean y se sigan realizando al margen de la ley”, dijo Martha Tamayo.
“Esta ley no militariza al país, ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías”, recalcó la priista Mercedes Guillén, presidenta de la Comisión de Gobernación.
En 2018, cautela ante factores de riesgo: Banxico
El gobernador del Banco de México se comprometió a dirigir una postura monetaria prudente, que respalde un ajuste ordenado de la economía mexicana ante un entorno adverso, el cual abraza la política monetaria de EU, la renegociación del TLCAN así como las elecciones 2018 en el país.
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| El gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León. (Bloomberg) |
Víctor Piz
Ante los grandes desafíos que gravitarán sobre la cotización del tipo de cambio en el 2018, el gobernador entrante del Banco de México, Alejandro Díaz de León, se comprometió a dirigir una postura monetaria prudente, que contribuya a que el ajuste de la economía mexicana, ante los factores de riesgo para el año que entra, sea ordenado.
En el banco central pensamos que debe prevalecer una postura monetaria prudente
En entrevista con El Financiero Bloomberg, el gobernador del banco central, que hoy toma el timón de la entidad en relevo de Agustín Carstens, reconoció que el país enfrentará un entorno adverso en el 2018, debido a factores de riesgo importantes, como la conducción de la política monetaria de Estados Unidos, con un nuevo presidente de la Reserva Federal a partir de febrero; la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la reforma fiscal del vecino del norte y, más adelante, las elecciones en México.
“Estos factores gravitan sobre la paridad peso/dólar, por lo que todo esto apunta a que debe de haber prudencia”, dijo.
Enfrentamos un entorno aún adverso (en 2018) y con factores de riesgo importantes
El banquero central aclaró que aunque en la próxima Junta de Gobierno, el 14 de diciembre, pudieran no estar ocupadas las cinco sillas, al faltar un subgobernador, las decisiones se pueden desempatar, ya que habrá algunas de manera consensuada, y aunque no siempre es así, el debate y las diferencias siempre enriquecen las acciones de política monetaria.
El funcionario reconoció que recientemente se han tenido choques inflacionarios adicionales sobre todo en el componente no subyacente, en particular en algunas frutas y verduras, pero también de manera destacada en el gas LP, aunque estos aumentos están relacionados con el tema de suministros y reducción de inventarios, y estos choques suelen ser transitorios.
Por ello, dijo, el banco central ha mandado un mensaje de que la trayectoria de la inflación experimentará un descenso importante el próximo año y convergerá de manera gradual a la meta de tres por ciento a finales de 2018.
“Las expectativas de inflación de mediano y largo plazo se han mantenido ‘relativamente’ bien ancladas; aunque las de corto plazo sí han reflejado incrementos por la lectura más reciente de inflación”, mencionó Díaz de León.
2018, ESCENARIO INCIERTO
Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, afirmó que la autoridad monetaria va a empezar el 2018 con un escenario muy incierto.
Consideró que no se puede descartar una alza en las tasas de interés en la primera mitad del próximo año si las cosas no salen bien en el TLCAN o con la elección, o una baja en la segunda mitad, si estos factores resultan favorables. “El punto de partida es muy incierto y hay que ver cómo es el desenlace de estos eventos”, sentenció Cervera.
LOS DESAFÍOS EN POLÍTICA MONETARIA
Respetar la autonomía del Banco de México fortalecerá la credibilidad de la institución y apoyará a cumplir de una mejor manera su objetivo de inflación hacia la meta de tres por ciento, más/menos un punto porcentual, indicó Santiago Fernández, subdirector de análisis económico de Intercam, durante su participación en una mesa de análisis en El financiero Bloomberg.
Jorge Gordillo, director de Análisis Económico de CIBanco, prevé que el 14 de diciembre la autoridad monetaria podría decretar un aumento de la tasa de referencia. “Los riesgos se han complicado y ahora surge la incógnita de cómo evitar que las empresas no suban los precios más de la cuenta”, dijo.
Añadió que además hay una alta probabilidad de que la Fed suba sus tasas en diciembre y Banxico va a tener que dar un poco de confianza a través del aumento de las tasas a 7.25 por ciento e ir viendo los riesgos del próximo año y hay espacio para pensar que es el fin de ciclo de incremento de tasas”, dijo.
Aprueban en San Lázaro la Ley de Seguridad Interior
Realizarán militares labores anticrimen
Diputados panistas votan en favor por la presión de gobernadores
Fracasan los reclamos de PRD, Morena y Movimiento Ciudadano
Fracasan los reclamos de PRD, Morena y Movimiento Ciudadano
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| La bancada priísta, durante la sesión plenaria de la Cámara de Diputados en la que se aprobó, con mayoría de votos de PRI, PVEM y Panal, así como parte del PAN, la Ley de Seguridad InteriorFoto José Antonio López |
Roberto Garduño
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados recibió el respaldo inesperado del PAN. La nueva norma fue avalada por mayoría simple de 248 legisladores, 115 en contra y 48 abstenciones. La presión que de última hora ejercieron los gobernadores panistas sobre sus legisladores inclinó el voto de ese partido en favor del ordenamiento que garantiza la permanencia de las fuerzas armadas en las calles para combatir la inseguridad.
En una sola jornada se finiquitó el trámite legislativo. Por la mañana, la Comisión de Gobernación, encabezada por Paloma Guillén Vicente (PRI), condujo la sesión aprobatoria del dictamen con el respaldo de la aplanadora integrada por PRI y aliados: PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, y se prefiguró la división en el PAN cuando la diputada albiazul Claudia Sánchez, del estado de México, respaldó el texto.
Desde entonces, los reclamos de los diputados de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) no afectaron la línea trazada, se desecharon y quedaron plasmados en un catálogo de anécdotas legislativas: el dictamen que regula la permanencia de las fuerzas armadas en las calles para combatir a la delincuencia organizada debería aprobarse sin cambios.
De la comisión al pleno
Nada frenó el procedimiento. Ni un grupo de ciudadanos que acudió a la oficina de la Comisión de Gobernación reclamando la decisión de sacar avante el dictamen: ¡Golpistas, golpistas, golpistas¡, gritaban. El reducido espacio de ese sitio y la imposibilidad de que la sesión se transmitiera por el Canal del Congreso (según la presidenta del grupo, no hay conexiones para enlazarse a la televisora) propició que Guillén Vicente optara por cambiar la sede del encuentro al Salón de Protocolo.
En ese lugar, al que no se permitió el ingreso a los reporteros, por falta de espacio, se concretó la aprobación del dictamen y de inmediato se envió a la mesa directiva con la finalidad de que entrara en la lista de la orden del día de la sesión.
Tampoco ahí hubo objeción y se le dispensó la primera lectura. Incluso, el dictamen fue inscrito como primer tema a discusión.
Paloma Guillén argumentó –tras prolongado debate en el que participaron partidos y sociedad civil– que elegir un mecanismo distinto en las circunstancias actuales sería negar la realidad de México y la urgencia de dotar a la población de seguridad. Sería militarizar al país mediante la aplicación del artículo 29 constitucional, lo que esta ley no hace de manera alguna. Repito, esta ley no militariza al país, ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías.
En respuesta, las bancadas de Morena, PRD y MC presentaron tres mociones suspensivas al dictamen. En sus exposiciones, aclararon que no se debía confundir su posición con el rechazo a las fuerzas armadas.
Se pretende denostar el papel de las fuerzas armadas imponiéndoles obligaciones que no les corresponden, insistieron.
Devino entonces caudal de argumentos políticos y legales contra el dictamen de la ley. La oposición no reparó en la tarea de impedir la aprobación del texto.
Morena desplegó grandes pancartas en contra: ¡La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, y no del uso de la fuerza! Los diputados vistieron playeras con la leyenda “¡La guerra no hace la paz! –parafraseando a lo expresado por Clara Rojas, en La Habana, durante las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno, que estableció el eslogan de ¡Hacer la paz es más fácil que hacer la guerra!–, pero las protestas no lograron que la ley naufragara.
Incluso los defensores del dictamen provocaron a los detractores. En tribuna, el diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) se burló de los argumentos de la oposición: Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Denle. Denle, no pasa nada. La realidad es que siempre votan en contra absolutamente todas las iniciativas, se justificó.
En su turno, Martha Tamayo respondió en nombre del PRI: Por supuesto que votaremos en favor de la iniciativa, porque a despecho de algunos compañeros que han venido aquí, que tiran la piedra y esconden la mano, nosotros sí respetamos y reconocemos el trabajo de las fuerzas federales y del Ejército, porque han dado muestras de sobra de su entrega en favor de México, y el PRI está de su lado.
Fue en la votación en lo general cuando se manifestó la presión de los gobernadores panistas de Baja California, Durango, Veracruz, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California Sur, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, quienes horas antes doblegaron a sus diputados, incluido el coordinador de la bancada, Marko Cortés, quien se abstuvo, dando holgura a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
Al entrar la noche, sin que se permitiera cambio alguno al texto aprobado en la Comisión de Gobernación, se dio respuesta desde el PRI a la demanda del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Defensa, general Salvador Cienfuegos, quien desde hace más de un año demandó que se avalara en la ley la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.
Aprueban diputados ley que regula el papel de las Fuerzas Armadas
Con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la tarde de este jueves, el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, para regular la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.
De la misma manera, después de la votación, en el Plano de San Lázaro iniciaron la discusión de 101 reservas, con 44 oradores, todas desahogadas en el pleno.
El presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, informó que el PRD presentó 52 reservas, Morena 34, MC 10, el PAN cuatro y el PES una, de un total de 44 diputados.
La Comisión de Gobernación aprobó el dictamen por la mañana y en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, que inició a las 12:27 horas, se avaló un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para modificar el orden del día a fin de incluirlo y se le dio publicidad.
Su discusión inició a las 13:43 horas, con la fundamentación del documento, por parte de la presidenta de la Comisión de Gobernación, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI).
Subieron a tribuna, para fijar la postura de su grupo parlamentario, Norma Edith Martínez Guzmán (PES), Mirna Isabel Saldívar Paz (NA), José Clemente Castañeda Hoeflich (MC), Sofía González Torres (PVEM), Ernestina Godoy Ramos (Morena), Rafael Hernández Soriano (PRD), Jorge Triana Tena (PAN) y Martha Sofía Tamayo Morales (PRI).
A favor del dictamen argumentaron Arturo Álvarez Angli (PRI), Manuel de Jesús Espino (sin partido) y César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI).
En contra hablaron Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC), Virgilio Caballero Pedraza (Morena), Omar Ortega Álvarez (PRD), Alejandro Ojeda Anguiano (Morena) y David Gerson García Calderon (PRD).
Cristina Ismene Gaytán Hernández (PRD), Jorge Álvarez Maynez (MC) y Maricela Contreras Julián (Morena) presentaron por separado mociones suspensivas, pero fueron rechazadas por el pleno, en votación económica.
En el salón del pleno, legisladores que se oponen a la ley desplegaron pancartas con la consigna de “No a la militarización del país” (PRD) y “La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, no del uso de la fuerza” (MC).
Legisladores de MC se pusieron playeras blancas con leyendas como: “La guerra no hace la paz”.
De la misma manera, después de la votación, en el Plano de San Lázaro iniciaron la discusión de 101 reservas, con 44 oradores, todas desahogadas en el pleno.
El presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, informó que el PRD presentó 52 reservas, Morena 34, MC 10, el PAN cuatro y el PES una, de un total de 44 diputados.
La Comisión de Gobernación aprobó el dictamen por la mañana y en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, que inició a las 12:27 horas, se avaló un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para modificar el orden del día a fin de incluirlo y se le dio publicidad.
Su discusión inició a las 13:43 horas, con la fundamentación del documento, por parte de la presidenta de la Comisión de Gobernación, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI).
Subieron a tribuna, para fijar la postura de su grupo parlamentario, Norma Edith Martínez Guzmán (PES), Mirna Isabel Saldívar Paz (NA), José Clemente Castañeda Hoeflich (MC), Sofía González Torres (PVEM), Ernestina Godoy Ramos (Morena), Rafael Hernández Soriano (PRD), Jorge Triana Tena (PAN) y Martha Sofía Tamayo Morales (PRI).
A favor del dictamen argumentaron Arturo Álvarez Angli (PRI), Manuel de Jesús Espino (sin partido) y César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI).
En contra hablaron Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC), Virgilio Caballero Pedraza (Morena), Omar Ortega Álvarez (PRD), Alejandro Ojeda Anguiano (Morena) y David Gerson García Calderon (PRD).
Cristina Ismene Gaytán Hernández (PRD), Jorge Álvarez Maynez (MC) y Maricela Contreras Julián (Morena) presentaron por separado mociones suspensivas, pero fueron rechazadas por el pleno, en votación económica.
En el salón del pleno, legisladores que se oponen a la ley desplegaron pancartas con la consigna de “No a la militarización del país” (PRD) y “La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, no del uso de la fuerza” (MC).
Legisladores de MC se pusieron playeras blancas con leyendas como: “La guerra no hace la paz”.
Van tras juez por dar plazas en su juzgado a cambio de moche mensual
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| Foto: Especial |
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) abrió una investigación en contra del juez José Díaz de León Cruz, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, luego de que se descubrió que presuntamente exige cuotas mensuales a cuando menos siete funcionarios de su juzgado a cambio de otorgarles cargos o con la amenaza de quitarles los que ya tienen.
El argumento que supuestamente les da el juez Díaz de León es que debe entregar el dinero —que exige en sobres cerrados— a “los altos mandos” del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La investigación en su contra fue acordada por el pleno del CJF por unanimidad de siete votos del ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, y de los consejeros Felipe Borrego Estrada, Jorge Antonio Cruz Ramos, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez y Alfonso Pérez.
Dicha indagatoria llega a tal grado que las autoridades investigan también las cuentas bancarias y propiedades que puedan tener su cónyuge, hijos, hermanos, padres…
De acuerdo con documentos en poder de La Razón, la indagatoria contra el juez se inició luego de que una funcionaria a su mando documentó la forma en la cual Díaz de León Cruz les exigía el efectivo.
En la querella, detalló que el dinero era aparentemente para sustituir un porcentaje de su sueldo, que le es descontado por concepto de una pensión alimenticia.
Mediante el oficio SEFSP/DGRH/URL/36407/2917 de la Dirección General de Recursos Humanos, conoció las percepciones cubiertas vía nómina por el juez y confirmó que efectivamente se le aplica un descuento de 65 por ciento concepto de pensión alimenticia.
La denuncia presentada detalla uno a uno los nombres de los funcionarios a los que les exige las cuotas mensuales, los cargos que ostentan y la temporalidad de sus plazas, bajo las órdenes de dicho funcionario. Entre ellos se enlista a secretarios de juzgado, oficiales administrativos y analistas jurídicos.
En la querella se detalla que el juez José Díaz de León Cruz les exigía a cada uno de ellos que le otorgaran distintas cuotas de acuerdo con su salario mensual.
Además, debían darle una parte proporcional del aguinaldo y de los bonos que percibían. Les indicaba que le dejaran el dinero en efectivo en un sobre.
Tras recibir la documentación detallada sobre las cuotas que exigía el juez, el CJF ordenó a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina abrir la indagatoria y a la Contraloría del PJF hacer lo mismo.
De manera textual, les pide investigar al juez e incluso solicitar “a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por Conducto de la Secretaria Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación, un informe de los registros y operaciones bancarias del mencionado funcionario judicial y de sus familiares que corresponda (cónyuge, hijos, hermanos, padres etcétera), por el periodo comprendido del uno de febrero de dos mil quince a la presente fecha”.
El CJF agrega a la Contraloría que “de considerarlo conveniente, recabe ese mismo tipo de información en el extranjero en lo concerniente a la citada temporalidad”.
Aunado a ello, se autorizó investigar los bienes inmuebles y vehículos que pueda tener en la ciudad o en otros estados, tanto él como sus familiares.
CRE descarta alza abrupta en precios liberados de combustibles
“se detonará más inversión”
Última franja seguiría la tendencia de las primeras zonas, donde no ha habido sobresaltos.
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La liberación de los precios de las gasolinas en todo el país no implica un alza de los combustibles, aseguró el titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer.
En una rueda de prensa desde Querétaro, el comisionado presidente de la CRE explicó que, a partir de ahora, en todo el país los precios de los combustibles se van a regir según los “mercados líquidos”.
García Alcocer detalló que el precio final reflejará el costo real de la cadena productiva, incluyendo el precio del petróleo, costo de refinación, costo logístico del transporte, almacenamiento de la gasolina, margen comercial de los expendedores, aunado a que las importaciones estarán sujetas al tipo de cambio.
Agregó que los precios en la región fluctuarán y que además Norteamérica es un mercado “muy líquido”, con 200,000 barriles diarios “sin dueño”.
La liberación de los precios de las gasolinas y el diesel inició de manera gradual en el primer trimestre del 2017. El calendario original preveía que esta apertura de precios acabara el 30 de diciembre.
“México el día de hoy sale del grupo de Bolivia, Venezuela, Bielorrusia, Kuwait, Paquistán y Kazajistán, y nos volvemos parte del grupo de los países que tienen mercado en sus combustibles a nivel nacional, es un hito histórico, tenemos ya el gusto de poder confirmar que todos los precios del país son libres”, pronunció García Alcocer.
El presidente de la CRE aseguró que en las primeras tres etapas no ha habido sobresaltos o fluctuaciones abruptas en los precios del combustible.
“¿Por qué es importante la flexibilización? Por la señal de precios y la inversión que conllevan estos incentivos, nos va a permitir transitar de una industria que estaba centrada en un solo operador a algo más competitivo, se va a detonar un gran monto de inversión, se va a propiciar un Pemex fuerte y competitivo”, declaró.
Con la flexibilización de mercados se estima una inversión en infraestructura de petrolíferos de 18,200 millones de dólares.
El comisionado presidente de la CRE celebró que Pemex haya relanzado su franquicia, la cual reportaba cerca de dos décadas de rezago; esto, dijo, es reflejo de una condición de competencia que motiva a Petróleos Mexicanos y a ofertar servicios de calidad.
La Comisión deja de publicar en su página web el reporte de precios máximos ya que es responsabilidad de cada permisionario determinar el precio al que ofrecerá los combustibles.
Los precios de gasolinas y diesel reportados por los permisionarios se pueden consultar a través de la plataforma de Datos Abiertos del gobierno federal; en el buscador de precios reportados por permisionarios en la página de la CRE, la cual se ubica en la siguiente liga: www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html; así como a través de la Gasoapp, donde los precios se actualizan en tiempo real para la consulta de los usuarios.
Regularán mercado ante posibles prácticas desleales
La liberación de los precios de la gasolina también entrañará esquemas de revisión y vigilancia para evitar prácticas desleales o monopólicas de parte de los empresarios gasolineros, declaró el director general de Promoción a la Competencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), David Lamb de Valdés.
Incurrir en prácticas monopólicas implicará sanciones administrativas de hasta 10% de los ingresos anuales y sanciones penales.
“No debe entenderse la liberación como que el gobierno ya no es el que pone el precio, y que por eso ahora vamos a hacerlo de manera coordinada entre empresarios, porque un acuerdo de precios puede constituir una práctica monopólica absoluta, investigable y sancionable por la Cofece”, afirmó.
La liberación, agregó, se trata de abrir el mercado a la competencia, para que los oferentes tengan que esforzarse por ganar la preferencia de los consumidores.
Llega Exxon a Querétaro
La mayor petrolera privada del mundo, la estadounidense Exxon, inaugurará su primera estación de servicio gasolinero con la marca Mobil el próximo miércoles en Querétaro, donde anunció que contará con la presencia del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
Así, se unirá a otras marcas internacionales que iniciaron operaciones en los últimos dos años, como BP, Shell, Gulf, Costco y Glencore en asociación con G500, además de las estaciones de mexicanos que ya suman 30 marcas en el país. Según la invitación a evento, será el grupo Orsan con quien Exxon se aliará en su entrada a este negocio. (Karol García)
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En México, 96% del dinero gira en efectivo
Elva Mendoza
En el país, 96 por ciento de las transacciones se hacen con dinero en efectivo, aunque 44 por ciento de los adultos, unos 33.6 millones de personas, tiene una cuenta en alguna institución financiera formal, hay una prevalencia en el uso de monedas y billetes entre la población.
A nivel mundial, las operaciones en efectivo van a la inversa, entre 2008 y 2012, el número de operaciones realizadas con dinero en efectivo pasó de 42.2 a 38.3 por ciento. Mientras que el uso de tarjetas y otros medios, como el electrónico, pasó de 48 a 54 por ciento.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) encontró que las altas comisiones a establecimientos y usuarios de los bancos, la concentración de cajeros automáticos y la evasión a la fiscalización son algunos de los factores para que el uso de efectivo se mantenga como el principal medio de pago.
Luis Javier Arreguin Sánchez, socio y director internacional de AS Consultores agregó que la burocratización de la apertura de cuentas y la desconfianza en el Sistema Financiero son también factores que inhiben el uso de tarjetas.
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) los costos se traducen en una mayor informalidad, anonimato de las actividades ilegales, más corrupción y menor crecimiento económico.
“Hay una clara afectación a la economía, el uso de efectivo niega la posibilidad de indagar la procedencia lícita de los recursos, no hay ningún tipo de huella digital, se presta a la evasión fiscal y permite la corrupción”, dijo el experto en entrevista con El Heraldo de México.
La falta de inclusión financiera así como de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones han coadyuvado a impulsar el uso de efectivo.
Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), México registra 342 cajeros automáticos por cada millón de habitantes, mientras que en países como Corea del Sur y Canadá registran mil 500 por millón y el promedio es de 886. Incluso frente a economías emergentes como Brasil, Turquía, Rusia o Sudáfrica, el número de cajeros que hay en México es menor.
La Política Nacional de Inclusión Financiera subraya que el promedio nacional de sucursales es de 1.9 por cada 10 mil adultos, y el promedio nacional de cajeros es de 5.1, en tanto que la infraestructura y la oferta de servicios financieros se concentra en las zonas urbanas y en las cabeceras municipales, lo que limita el acceso en las localidades rurales y más pequeñas.
En los municipios rurales, menores a cinco mil habitantes, sólo 8 por ciento tiene al menos una sucursal, 12 por ciento cuenta con un corresponsal y 21 por ciento tiene al menos una Terminal de Punto de Venta.
La reducción del uso del efectivo tiene efectos sobre actividades ilegales.
Un estudio realizado en 2014 por Nation Bureau of Economic Research, reveló que en ciudades donde se introducen transferencias electrónicas de programas sociales en sustitución de efectivo, el crimen baja 9.8 por ciento.
En entrevista con El Heraldo de México, Luis Mauricio Torres del Imco, comentó que no hay evidencia de una política para combatir el uso de efectivo.
“No he visto ningún rasgo de política enfocado a la reducción de uso de efectivo, ninguna batalla ofensiva. Hace falta inclusión financiera, más penetración de la tecnología. El efectivo, es el medio por el que se comunican todas las actividades ilegales e informales”, concluyó.
En el país, 96 por ciento de las transacciones se hacen con dinero en efectivo, aunque 44 por ciento de los adultos, unos 33.6 millones de personas, tiene una cuenta en alguna institución financiera formal, hay una prevalencia en el uso de monedas y billetes entre la población.
A nivel mundial, las operaciones en efectivo van a la inversa, entre 2008 y 2012, el número de operaciones realizadas con dinero en efectivo pasó de 42.2 a 38.3 por ciento. Mientras que el uso de tarjetas y otros medios, como el electrónico, pasó de 48 a 54 por ciento.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) encontró que las altas comisiones a establecimientos y usuarios de los bancos, la concentración de cajeros automáticos y la evasión a la fiscalización son algunos de los factores para que el uso de efectivo se mantenga como el principal medio de pago.
Luis Javier Arreguin Sánchez, socio y director internacional de AS Consultores agregó que la burocratización de la apertura de cuentas y la desconfianza en el Sistema Financiero son también factores que inhiben el uso de tarjetas.
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) los costos se traducen en una mayor informalidad, anonimato de las actividades ilegales, más corrupción y menor crecimiento económico.
“Hay una clara afectación a la economía, el uso de efectivo niega la posibilidad de indagar la procedencia lícita de los recursos, no hay ningún tipo de huella digital, se presta a la evasión fiscal y permite la corrupción”, dijo el experto en entrevista con El Heraldo de México.
La falta de inclusión financiera así como de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones han coadyuvado a impulsar el uso de efectivo.
Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), México registra 342 cajeros automáticos por cada millón de habitantes, mientras que en países como Corea del Sur y Canadá registran mil 500 por millón y el promedio es de 886. Incluso frente a economías emergentes como Brasil, Turquía, Rusia o Sudáfrica, el número de cajeros que hay en México es menor.
La Política Nacional de Inclusión Financiera subraya que el promedio nacional de sucursales es de 1.9 por cada 10 mil adultos, y el promedio nacional de cajeros es de 5.1, en tanto que la infraestructura y la oferta de servicios financieros se concentra en las zonas urbanas y en las cabeceras municipales, lo que limita el acceso en las localidades rurales y más pequeñas.
En los municipios rurales, menores a cinco mil habitantes, sólo 8 por ciento tiene al menos una sucursal, 12 por ciento cuenta con un corresponsal y 21 por ciento tiene al menos una Terminal de Punto de Venta.
La reducción del uso del efectivo tiene efectos sobre actividades ilegales.
Un estudio realizado en 2014 por Nation Bureau of Economic Research, reveló que en ciudades donde se introducen transferencias electrónicas de programas sociales en sustitución de efectivo, el crimen baja 9.8 por ciento.
En entrevista con El Heraldo de México, Luis Mauricio Torres del Imco, comentó que no hay evidencia de una política para combatir el uso de efectivo.
“No he visto ningún rasgo de política enfocado a la reducción de uso de efectivo, ninguna batalla ofensiva. Hace falta inclusión financiera, más penetración de la tecnología. El efectivo, es el medio por el que se comunican todas las actividades ilegales e informales”, concluyó.
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