ONU recomienda fiscalía apartidista; sugiere reforma constitucional
Alto Comisionado para Derechos Humanos dijo a senadores que la procuración de justicia debe ser eficaz, profesional e independiente.
Dedo en la llaga. El Alto Comisionado de la ONU señaló cuáles son los problemas para instaurar un sistema de justicia eficaz, profesional e independiente. Manuel Bartlett lo recibió en el Instituto Belisario Domínguez del Senado. |
LETICIA ROBLES DE LA ROSA
CIUDAD DE MÉXICO
México requiere una Fiscalía General de la República alejada de intereses partidistas y de cambios cosméticos; eficaz, profesional e independiente, recomendó ayer el representante en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan-Jarab.
“Se necesita una transformación que no sea sólo cosmética”, dijo en el seminario internacional Los Ministerios Públicos y el Combate a la Impunidad en América Latina, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado.
Entre las recomendaciones que Jan-Jarab hizo al Poder Legislativo está la independencia de los servicios periciales, la creación de un Consejo Asesor de renombrados especialistas, así como cuidar el perfil del titular para que no responda a intereses partidistas.
Sugirió también que la instauración de la fiscalía sea antecedida de una reforma constitucional que garantice la autonomía funcional, presupuestal y administrativa.
“Antes de designar al titular, es preciso definir el diseño de la institución; sin embargo, sí es importante que el titular esté alejado de los intereses de los partidos”, dijo.
Durante el foro participaron especialistas de Alemania, Guatemala, Colombia y Perú, entre ellos Ángela Buitrago, exintegrante de la Comisión Interinstitucional de Expertos Independientes (GIEI), que revisó el caso Ayotzinapa.
#Fotos del Seminario Internacional “Los ministerios públicos y el combate a la impunidad en América Latina". http://bit.ly/Fotos_MinisteriosPublicos …
ONU pide fiscal general sin intereses partidistas
La impunidad es la regla y el castigo, la excepción, dijo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
México debe construir una Fiscalía General de la República eficaz, independiente y profesional, lejos de los intereses partidistas y los cambios cosméticos, planteó desde el Senado el representante en México del Alto Comisionado de las acciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan-Jarab.
“Para México, no nos queda duda que se necesita, como también lo dijeron otros ponentes, una transformación que no sea sólo cosmética, no sólo un cambio de nombre. México necesita un sistema de procuración de justicia eficaz, profesional e independiente de todos los intereses políticos”, aseguró el especialista.
Al participar en el seminario internacional Los Ministerios Públicos y el Combate a la Impunidad en América Latina, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, Jan-Jarab explicó que en el contexto de investigación de la corrupción que realizan servidores públicos de diferentes naciones, es fundamental que las fiscalías cuenten con un diseño institucional que las fortalezca y les permita perseguir y castigar a los responsables.
“En México, como sabemos, casi en todos los principales problemas de los derechos humanos, la impunidad es el denominador común: desaparición, tortura, asesinatos de periodistas, feminicidios, violación de sentencias judiciales en casos de comunidades indígenas.
“Siempre, cuando buscamos soluciones para cambiar este preocupante escenario, siempre llegamos a la conclusión de que todas las medidas sintomáticas, aunque buenas, se van a quedar cortas si no logramos cambiar la impunidad prevalente, si no mejoramos el funcionamiento de los ministerios públicos, de las fiscalías, si no logramos mejorar la procuración de justicia y si la impunidad permanece como la regla y el castigo la excepción, no se puede fortalecer el Estado de derecho”, destacó.
Jan-Jarab dijo que sería un error reducir la creación de la nueva Fiscalía General de la República a una mera discusión sobre el perfil de su titular.
“Antes de designar al titular, es preciso definir el diseño de la institución; sin embargo, sí es importante que el titular esté alejado de los intereses de los partidos”, dijo.
Durante el foro participaron especialistas de Alemania, Guatemala, Colombia y Perú, entre ellos Ángela Buitrago, exintegrante de la Comisión Interinstitucional de Expertos Independientes (GIEI) que revisó el caso Ayotzinapa.
Los especialistas coincidieron en que la fortaleza de la Fiscalía General en México debe basarse en su autonomía para perseguir los delitos.
Propuestas
Jan-Jarab enlistó varias medidas que México debería aplicar en el diseño de la Fiscalía General.
Los servicios periciales deben ser independientes.
Crear un consejo asesor de especialistas.
Cuidar el perfil del titular,.
Realizar una reforma constitucional que garantice la autonomía, el profesionalismo y la rendición de cuentas.
La autonomía debe ser funcional, presupuestal y administrativa.
Crear servicios profesionales de carrera.
Mecanismos de control internos y externos.
Los procesos de selección y remoción de fiscales deben ser ajustados a los principios de transparencia, idoneidad y debido proceso.
Meses de incertidumbre
Los legisladores no han logrado acuerdos para transformar la PGR en la Fiscalía General de la República.:
La reforma constitucional de 2014 establece que quien sea Procurador al aprobarse la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se convertirá en automático en el primer Fiscal General. Es el llamado “pase automático”.
El 27 de octubre del 2016, Raúl Cervantes tomó protesta como procurador, por lo que era muy probable que fuera el primer Fiscal General.
El 29 de noviembre del 2016, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa para que el procurador no se convirtiera en automático en Fiscal. Los legisladores no la procesaron.
Para marzo de este año, el PAN condicionó la elección del fiscal anticorrupción a que se eliminara el pase automático.
En septiembre, el PAN bloqueó la instalación de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, para impedir el pase automático.
El 5 de septiembre era la fecha límite para la permanencia de la entonces presidenta de la Cámara, Guadalupe Murguía. El PRI no alcanzó los votos para que José Carlos Ramírez asumiera la presidencia, y se detuvo el reloj legislativo.
La situación se destrabó cuando acordaron quitar el pase automático.
El 16 de octubre, Raúl Cervantes renunció a la PGR.
ADVIERTE EXPERTO ESPAÑOL QUE HAY CORRUPCIÓN TRADICIONAL Y MODERNA
México tiene un “problema grave” de corrupción que se nutre de un sistema “tradicional” y “moderno”, ambos vinculados al crimen organizado y al lavado de dinero, aseguró el fiscal de la Sección Penal del Tribunal Supremo de Excedencia de España, Carlos Castresana.
“Creo que ustedes, como casi todos los países de Latinoamérica, tienen manifestaciones de las dos corrupciones, la tradicional y la moderna. Tienen también presencia, obviamente que no necesito explicarlo, del crimen organizado y lavado de dinero. Tienen un problema grave”, dijo durante el foro Cambio Cultural en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El sistema de corrupción “tradicional”, explicó, comienza con el individualismo, ligado a la pobreza, subdesarrollo, al cohecho y malversación.
“La corrupción tradicional viene desde tiempos históricos, la que ha estado presente prácticamente todo el siglo XX, predominando la corrupción de la malversación de los caudales públicos y la de los sobornos. El cohecho del funcionario público que pide unas cantidades al ciudadano, que no tiene por qué pedirle por hacer lo que le corresponde”, detalló.
La corrupción moderna, explicó Castresana, es una estructura vinculada a la relación de empresas y autoridades: abuso de información privilegiada, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de partidos políticos.
Castresana consideró que los problemas de corrupción del país deben ser alarmantes porque pueden afectar sectores económicos.
En el foro, Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que es necesaria la cooperación de todos para mejorar la impartición de justicia en el país.
“Necesitamos en nuestro país la colaboración de todos para lograr un cambio cultural, para que la nueva normatividad, los nuevos procedimientos y las nuevas instituciones produzcan el resultado procurado”, comentó Higuera Bernal.
Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), dijo que al entrar en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal se ha detectado un incremento en los amparos promovidos por los imputados, lo que demuestra una resistencia a la impartición de justicia.
“Algunas de estas resistencias son descomunales, han implicado una proliferación de amparos, una figura que tiene que ser revisada si aspiramos a tener un México más igualitario”, dijo Laveaga.
En el evento, los panelistas también hablaron sobre la falta de Unidades de Medidas Cautelares (Umecas), así como de controles para dar seguimiento a las medidas que determina un juez en contra de una persona que ha sido imputada o sentenciada.
“ESCÁNDALOS DE POLÍTICOS SE ACUMULAN”
México vive un momento muy delicado, pues en medio del proceso electoral y escándalos de deshonestidad de funcionarios y partidos, la gente exige ponerle fin a la corrupción, consideró Edna Jaime.
La presidenta de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) destacó además la falta de titulares en la PGR, la Fepade y la Fiscalía Anticorrupción.
“Los escándalos de deshonestidad de los funcionarios de todos los órdenes y políticos de todos los partidos se van acumulando día tras día. La indignación y la frustración son cada vez mayores”, exclamó.
La gente, expuso, no percibe una respuesta a esta situación, por lo que los integrantes de la Comisión de Selección se comprometieron a elegir al mejor perfil para el Comité de Participación Ciudadana del SNA, en sustitución de Jacqueline Peschard, quien termina su mandato el 9 de febrero.
La Comisión de Selección lanzó ayer la convocatoria para elegir un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA.
*jci
Huachicoleros rompen récord de ordeña en 2017
Foto, Archivo / EL UNIVERSAL |
Noé Cruz Serrano
Los huachicoleros volvieron a la carga y establecieron un nuevo récord histórico de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos en el periodo enero-septiembre.
De acuerdo con información proporcionada por la empresa productiva del Estado, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, en ese periodo el crimen organizado realizó 7 mil 642 perforaciones ilegales para sustraer gasolinas, diesel, turbosina y toda clase de hidrocarburos.
Ese número de perforaciones ilegales resulta superior en 769 a las tomas clandestinas reportadas en todo 2016 a lo largo de los 17 mil kilómetros que conforman la red de ductos de Pemex.
Tan sólo en septiembre de este año la cifra alcanzó las 928.
La actividad de los delincuentes en los primeros nueve meses refleja que en cada 2.22 kilómetros de la red de ductos, en promedio, perforaron para colocar aditamentos para sustraer combustibles.
Por día, estas bandas de criminales ejecutaron en promedio 27.9 perforaciones ilegales.
La cifra alcanzada por los huachicoleros en lo que va del año, contrasta significativamente con las tomas clandestinas realizadas en 2016, cuando el número llegó a 6 mil 873, estableciendo un primer récord histórico para el país.
En ese año, las perforaciones del crimen organizado se realizaron en promedio cada 2.47 kilómetros a razón de 18.8 tomas diariamente. Es decir, los huachicoleros realizaron en nueves meses más tomas clandestinas que en todo el año pasado y cubren más extensión con mayor número de ilícitos.
El gobierno federal había señalado que este tipo de delitos venía a la baja, dada la estrategia integral que pusieron en operación para combatir el mercado ilícito de combustibles.
El pasado 18 de octubre, durante su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el director de Pemex, José Antonio González Anaya, aseguró que el robo de combustibles disminuyó considerablemente y en lo que va del año se han detenido a mil 400 personas por este delito, luego de la estrategia de coordinación entre la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República.
Incluso aseguró que mientras en 2016 se recuperaron 4 millones de litros de combustible robado, de enero a septiembre de este año se habían recuperado 11 millones de combustibles ordeñados.
González Anaya atribuyó la “disminución del robo a que existe una estrategia de coordinación en la que semanalmente se reúnen los titulares de Pemex, PGR y SHCP para hacer una revisión del tema, en el que se ha privilegiado el seguimiento al comportamiento del consumo en gasolinas como factor estratégico”.
Sin embargo, los números siguen al alza. En julio, la cifra había alcanzado las 728 tomas clandestinas, pero en el periodo agosto-septiembre volvió a aumentar la operación de los huachicoleros en los ductos de Pemex, cuando la empresa reportó 925 y 928 perforaciones ilegales, respectivamente, según la información del portal de transparencia del gobierno federal.
La petrolera detalla que Guanajuato sigue siendo el lugar preferido de los huachicoleros, toda vez que el estado registró mil 393 tomas clandestinas. Le sigue Puebla, con mil 92; Tamaulipas, con 880; Veracruz, con 769; Hidalgo, con 727; Estado de México, con 726, y Jalisco, con 401.
En la práctica, estas entidades siguen siendo las principales zonas de actividad del crimen organizado dedicado al robo de hidrocarburos, pues concentran el mayor número de tomas clandestinas.
En el periodo enero-septiembre, estas siete entidades reportaron 5 mil 983 perforaciones ilegales, lo que significa que casi ocho de cada 10 ilícitos de esta naturaleza que fueron reportadas de manera anónima a Pemex, se perpetraron en ellas.
Los huachicoleros volvieron a la carga y establecieron un nuevo récord histórico de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos en el periodo enero-septiembre.
De acuerdo con información proporcionada por la empresa productiva del Estado, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, en ese periodo el crimen organizado realizó 7 mil 642 perforaciones ilegales para sustraer gasolinas, diesel, turbosina y toda clase de hidrocarburos.
Ese número de perforaciones ilegales resulta superior en 769 a las tomas clandestinas reportadas en todo 2016 a lo largo de los 17 mil kilómetros que conforman la red de ductos de Pemex.
Tan sólo en septiembre de este año la cifra alcanzó las 928.
La actividad de los delincuentes en los primeros nueve meses refleja que en cada 2.22 kilómetros de la red de ductos, en promedio, perforaron para colocar aditamentos para sustraer combustibles.
Por día, estas bandas de criminales ejecutaron en promedio 27.9 perforaciones ilegales.
La cifra alcanzada por los huachicoleros en lo que va del año, contrasta significativamente con las tomas clandestinas realizadas en 2016, cuando el número llegó a 6 mil 873, estableciendo un primer récord histórico para el país.
En ese año, las perforaciones del crimen organizado se realizaron en promedio cada 2.47 kilómetros a razón de 18.8 tomas diariamente. Es decir, los huachicoleros realizaron en nueves meses más tomas clandestinas que en todo el año pasado y cubren más extensión con mayor número de ilícitos.
El gobierno federal había señalado que este tipo de delitos venía a la baja, dada la estrategia integral que pusieron en operación para combatir el mercado ilícito de combustibles.
El pasado 18 de octubre, durante su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el director de Pemex, José Antonio González Anaya, aseguró que el robo de combustibles disminuyó considerablemente y en lo que va del año se han detenido a mil 400 personas por este delito, luego de la estrategia de coordinación entre la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República.
Incluso aseguró que mientras en 2016 se recuperaron 4 millones de litros de combustible robado, de enero a septiembre de este año se habían recuperado 11 millones de combustibles ordeñados.
González Anaya atribuyó la “disminución del robo a que existe una estrategia de coordinación en la que semanalmente se reúnen los titulares de Pemex, PGR y SHCP para hacer una revisión del tema, en el que se ha privilegiado el seguimiento al comportamiento del consumo en gasolinas como factor estratégico”.
Sin embargo, los números siguen al alza. En julio, la cifra había alcanzado las 728 tomas clandestinas, pero en el periodo agosto-septiembre volvió a aumentar la operación de los huachicoleros en los ductos de Pemex, cuando la empresa reportó 925 y 928 perforaciones ilegales, respectivamente, según la información del portal de transparencia del gobierno federal.
La petrolera detalla que Guanajuato sigue siendo el lugar preferido de los huachicoleros, toda vez que el estado registró mil 393 tomas clandestinas. Le sigue Puebla, con mil 92; Tamaulipas, con 880; Veracruz, con 769; Hidalgo, con 727; Estado de México, con 726, y Jalisco, con 401.
En la práctica, estas entidades siguen siendo las principales zonas de actividad del crimen organizado dedicado al robo de hidrocarburos, pues concentran el mayor número de tomas clandestinas.
En el periodo enero-septiembre, estas siete entidades reportaron 5 mil 983 perforaciones ilegales, lo que significa que casi ocho de cada 10 ilícitos de esta naturaleza que fueron reportadas de manera anónima a Pemex, se perpetraron en ellas.
Presentan daños 10 mil propiedades con crédito: ABM
De esa cifra, 213 son pérdida total, por lo que solo resta cobrar el seguro en caso de tenerlo, informa el presidente del organismo, Marcos Martínez.
No se han reportado todos los siniestros en CdMx y los estados sacudidos por los sismos. (Jorge Carballo) |
MIRIAM RAMÍREZ
México
Suman 10 mil créditos hipotecarios con algún tipo de siniestro por los sismos de septiembre que sacudieron Ciudad de México y otras entidades del país, reportó la Asociación de Bancos de México (ABM).
"Considero que son pocos; no nos han reportado todos los que hay, pero es el número que tenemos al momento", manifestó el presidente del organismo, Marcos Martínez Gavica.
En conferencia de prensa, indicó que de esa cifra, 213 son pérdida total, por lo que solo resta cobrar el seguro en caso de tenerlo, ya sea total o parcial.
"La banca es una industria que cuida a su cliente, por lo que si había 77 casos reportados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, esos se están resolviendo, pues no se puede pretender que pague lo que ya no tiene", sostuvo.
No obstante, Martínez dijo que no se pueden tolerar los abusos, pues existen quienes sí tienen los recursos para continuar con los pagos de su crédito pero no pagan.
"Si tenemos que perder, perdemos, pero quien nos quiera meter una pérdida de mala forma, verá cómo lo impedimos", aseguró.
Martínez Gavica comentó que los apoyos para atender la emergencia de los sismos suman 493 millones de pesos de aportaciones de colaboradores, clientes y usuarios a través de 21 bancos integrados a la ABM.
Dichos bancos habilitaron cuentas para recibir donativos del público en general, que manejaron diversos niveles de multiplicación; algunos asociados hicieron aportaciones directas a organizaciones sociales para atender la contingencia, entre ellas a la Cruz Roja Mexicana, Save the Children y Fondo Unido.
Agradecimiento a Carstens
Sobre la conclusión del periodo de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México, con quien tuvieron un encuentro privado y de manera previa a la conferencia, al igual que con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que la ABM reconoce y agradece el papel que desempeñó Carstens y que favoreció a México.
"Tanto en el Banco de México como en la Secretaría de Hacienda ha sido una historia realmente sobresaliente; es una pérdida para el país, pero es algo muy bueno para un mexicano que pueda entrar en otras latitudes, y sobre todo con el conocimiento de México", expresó.
En el balance del comportamiento de la banca mexicana se destacó que a pesar del entorno complejo, la economía sigue creciendo, con apoyo del mercado doméstico y la demanda externa; sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, aunque han causado volatilidad, no ha sido a niveles de 22 pesos por dólar, como a principios del año.
Además, pese a los incrementos en la tasa de referencia, las de interés bancario registran un comportamiento estable, con un crecimiento del crédito de 12.9 por ciento, hipotecario de 10.3 y para empresas de 8.6 por ciento.
México rechazó pacto de impunidad con Odebrecht
El vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, refirió que Odebrecht se acercó al gobierno mexicano y ofreció un expediente con información que podría ayudar a esclarecer el caso de corrupción y el pago de un resarcimiento económico.
El portavoz participó en una mesa de debate en el noticiero de Carlos Loret, en Televisa, en el que además estuvieron María Scherer y el politólogo Leo Zuckermann.
Refirió que Odebrecht se acercó al gobierno mexicano y propuso dos cosas: un expediente con información que podría ayudar a esclarecer el caso de corrupción y el pago de un resarcimiento económico.
“A cambio de eso nada más te pido dos cosas: la primera, impunidad para mi gente; es decir, que no se les meta a la cárcel, que no se les persiga en tu país; y dos, que yo siga teniendo mis contratos en México (…) desde luego que eso fue rechazado por México, no es transitable un acuerdo de impunidad”.
Eduardo Sánchez indicó que es “absolutamente falso” que el dinero de Odebrecht haya llegado a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, esa “acusación es infame”, aclaró.
Refirió que el responsable del despacho en la PGR, Alberto Elías, tiene la responsabilidad en sus manos, ya que está revisando los avances en la investigación alcanzados por el exprocurador Raúl Cervantes.
“Toca a él la responsabilidad de presentar la acusación, pues él está haciendo una revisión de precisamente lo que Raúl Cervantes dice que dejó terminado y que está prácticamente muy avanzado para presentar esa acusación. De manera que vamos a esperar a que quien va ser el responsable de ese asunto tenga los elementos para presentar la acusación”, subrayó.
“CULPAR AL GOBIERNO”
El funcionario fue cuestionado sobre si la filtración de información a los medios, no sólo de información patrimonial, sino de expedientes abiertos contra Ricardo Anaya, dirigente del PAN; y Alberto Anaya, dirigente del PT, puede considerarse como una “persecución política”.
“Está de moda echarle la culpa al gobierno de todo lo que ocurre”, esgrimió y reviró: “Que no se le eche la culpa al gobierno. El gobierno no compró inmuebles, el gobierno no se los puso a nombre de su familia, de manera que el señor (Ricardo Anaya) tendría que explicar de dónde salió su buena fortuna y no echarle la culpa de su mala fortuna al gobierno”.
Dijo que ante el alza en el número de homicidios dolosos y la ola de violencia que se vive en el país, es necesario hacer un ejercicio autocrítico, el cual debe reconocer cuáles son las asignaturas pendientes y cuáles son los avances.
En primer término, admitió que pese a que ha habido un esfuerzo serio de coordinación entre el gobierno federal y las entidades, y pese a la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, el país sigue teniendo un problema significativo en lo que respecta a las fortalezas de las policías locales.
“Tenemos 2 mil 440 municipios en el país, de los cuales 600 no tienen un solo policía. Mil 800 de esas corporaciones policíacas, el 80 por ciento, no llegan a 100 policías su corporación; y de ellos, el 40 por ciento no cobra más de 5 mil pesos por policía”.
–O sea, ¿el problema son las policías? –inquirió Loret de Mola.
–Con policías mal equipadas, con policías mal reclutados, sin los incentivos para hacer una carrera policiaca, etcétera, pues esa es la circunstancia –atajó.
Sánchez refirió que el Presidente envió hace casi tres años una iniciativa al Congreso para que se discutiera el mando único, la cual plantea pasar de tener mil 800 policías a sólo tener 32 perfectamente bien equipadas que le hagan frente a la violencia.
El emporio en telecomunicaciones de Slim se fundó en paraíso fiscal de Bermudas
Israel Rodríguez
Carlos Slim Helú, el hombre más acaudalado de México y sexto en el mundo, creó su emporio en telecomunicaciones a través de una empresa offshore en la isla de Bermudas, revela la investigación Papeles del Paraíso, la cual develó una lista de empresarios, políticos y compañías que tienen sus recursos en los llamados paraísos fiscales.
Appleby, un bufete legal en las islas Bermudas que se fundó hace 119 años y atiende a corporaciones selectas y personas multimillonarias, estuvo involucrada con uno de los grandes negocios de Carlos Slim.
El bufete Appleby tiene oficinas en paraísos fiscales en todo el mundo. Además de su sede principal en las islas Bermudas, tiene filiales en Islas Vírgenes Británicas e Islas Caimán, en el Caribe; la isla de Man y las bailías de Jersey y Guernsey, cerca de Inglaterra; Mauricio y las Seychelles, en el océano Índico, y Hong Kong y Shanghai.
Una serie de filtraciones hechas públicas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) da cuenta que la semilla de Telecom Américas fue sembrada a través de ese despacho en Bermudas, en 2000, cuando esa isla figuraba como uno de los paraísos fiscales más opacos. Los inversionistas acudían ahí porque no se cobraban impuestos –tasa cero– a los capitales extranjeros y se ofrecía el anonimato.
En 2000, Slim hizo una alianza con la compañía canadiense Bell y con la estadunidense SBC Communications para expandirse en el aún incipiente mercado de la telefonía móvil. En aquellos días, apenas una de cada 10 personas contaba con un celular en América Latina.
La empresa en Bermudas inició operaciones con un capital de 2 mil 500 millones de dólares. América Móvil y Bell concentraron la tenencia de 88.6 por ciento de las acciones, mientras SBC se quedó con 11.4 por ciento.
La aportación de Carlos Slim fue con dinero en efectivo, mientras sus socios pusieron las concesiones telefónicas que tenían en Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia.
En 2000 se creó América Telecom, el holding de América Móvil, y adquirió participación accionaria en las empresas de telefonía celular ATL y Telecom Americas, en Brasil; Telgua, en Guatemala; Conecel, en Ecuador, y Techtel, en Argentina.
Apenas dos años después, Slim Helú controló por completo la empresa en Bermudas; primero compró las acciones de sus socios y, más tarde, incorporó a sus bienes las concesiones esparcidas en otros países. Actualmente es el líder de telecomunicaciones en Latinoamérica y ofrece 362 millones de líneas, la mayoría móviles, en 25 naciones, incluidas algunas europeas.
Telecom Americas Limited operó siete años en Bermudas. En 2007 dejaron la isla para convertirse en una empresa mexicana, según consta en una acta consultada.
En febrero de 2014 –ya instalada en México– se fusionó con Controladora de Servicios de Telecomunicaciones (Consertel), propiedad del mismo Slim.
Alejandro Cantú, director jurídico y de asuntos regulatorios de América Móvil, dijo que la inversión en Bermudas fue un acuerdo entre los socios y que no influyó la tasa cero en impuestos para llegar ahí.
Hubo una planeación fiscal, nada de eso es ilegal. El anonimato en Bermuda no fue lo que nos atrajo; insisto, llegamos ahí por un acuerdo entre los socios, precisó.
SFP frena triangulación de contratos públicos
plir con los servicios convenidos, determina la SFP
La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que las instituciones que contraten las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán demostrar que no requieren subcontratar a terceros para proveer los bienes, prestar los servicios o ejecutar los trabajos de obra, o que en caso de requerirlo no podrá exceder del 49 por ciento del monto convenido.
De igual forma, antes de la asignación y de la firma del contrato a celebrarse entre entes públicos, los contratados deben comprobar fehacientemente su capacidad técnica, material y humana para cumplir con las obligaciones objeto de la contratación.
Lo anterior forma parte de las directrices que emitió la SFP, este lunes, y que deberán observar las dependencias y entidades del servicio público federal en las contrataciones que se realicen entre entes públicos.
La dependencia, que encabeza la maestra Arely Gómez, recordó lo anterior a través de un oficio circular publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y dirigido a los oficiales mayores de las dependencias y sus equivalentes en las entidades de la administración pública federal y a los titulares de los órganos internos de control.
Establece que los entes públicos a contratar deberán presentar los documentos que comprueben que cuentan con el conocimiento, la experiencia, las herramientas, equipo, maquinaria, tecnología, logística y los recursos humanos adecuados, necesarios y suficientes para cumplir con lo contratado.
La SFP indica que en todos los casos los entes contratantes deberán efectuar una investigación de mercado, que permita determinar el procedimiento de contratación para asegurar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Advierte que “será a partir del resultado que se obtenga de dicha verificación, que la dependencia o entidad estará en posibilidad de determinar si la mejor alternativa de contratación, que garantice dichas mejores condiciones, es otro ente público”.
En todos los casos se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, señala la SFP.
Recuerda además que los actos y contratos entre entes públicos no se rigen por un interés eminentemente económico, sino por su interés en generar sinergia para el mejor cumplimiento de los objetivos de finalidad social que la normatividad les confiere.
El documento completo puede consultarse en la dirección:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5503641&fecha=06/11/2017
Modus operandi
Universidades servían de escudo para evadir licitaciones y obtenían menos del 10% del pago
Los contratos que dependencias federales entregaban desde hace años a instancias públicas fueron realizados, comúnmente, sin sujetarse a la Ley de Adquisiciones. Es esa ley la que obliga a realizar licitaciones y la que ordena efectuar estudios que permitan saber que el dinero público era utilizado bajo las mejores condiciones de precio-calidad.
En sus más recientes reformas, esta Ley incluyó parámetros que evitan la contratación a bajísimos costos, poco razonables, a efecto de impedir que servicios o materiales patitos fueran los ganadores de la licitaciones.
La Ley, por tanto, impuso límites a las acciones de los funcionarios que están a cargo de contratar servicios o bienes… pero al entregar a universidades u organismos públicos algún contrato, el contratante olvidaba prácticamente todas las reglas.
Esto derivó en las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (retomadas posteriormente por el portal Animal Político) en las que se hizo evidente que esta excepción había sido utilizada para triangular contratos. Diversas universidades recibieron contratos que en realidad no ejecutaron. En casos documentados por Crónica, las universidades se quedaban con menos del 10 por ciento del pago mientras que el resto se iba a manos privadas, a quienes se subcontrataba y que, de no haber realizado esta triangulación, inevitablemente hubieran tenido que pasar por licitación para lograr un contrato.
Al menos desde 2013 hay operaciones de este tipo que están siendo investigadas. Desde ayer, las dependencias federales que contraten a universidades sin verificar su capacidad para cumplir el contrato, incurrirán en responsabilidades.
Juchitecas honran a Poniatowska... y ella las llama panzonas y mensas
Aunque apenas el sábado Elena Poniatowska afirmaba que Oaxaca se va a levantar gracias a la inteligencia, tenacidad y creatividad de sus habitantes, la escritora y periodista llamó panzonas y mensas a las mujeres de Juchitán, región del istmo que le otorgó el título de “hija predilecta” y cuyas artesanas elaboraron el huipil que utilizó al recibir el Premio Cervantes en 2013.
En un video difundido ayer, se ve a la autora de La Noche de Tlatelolco en un foro en el Colegio de Bachilleres de Cuilápam, en el que comienza a hablar de su carrera como periodista y sobre la fotógrafa Tina Modotti.
Poniatowska recordó que la italiana, amiga de Antonieta Rivas Mercado y los muralistas David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, fue de las primeras fotógrafas en explorar con su lente a Oaxaca y, particularmente, a las mujeres de Juchitán.
“Hice un libro sobre Tina Modotti, que fue una italiana fotógrafa, antecesora de Graciela Iturbide, que vino de Estados Unidos con otro gran fotógrafo, Edward Weston, y fue la primera que retrató a las juchitecas, y eran todas bien delgaditas, y ahora las juchitecas que yo he visto, por la cerveza, están bien panzonas y mensas”, dijo la autora.
El Dato: Elena Poniatowska participó en la presentación del libro Procesos de la noche, de Diana del Ángel, y en la retrospectiva de la fotografa Graciela Iturbide.
Apenas el 4 de noviembre Elena Poniatowska recibió un homenaje en el marco de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca.
Ese día, la poeta juchiteca Natalia Toledo, le expresó su gratitud a Poniatowska y reconoció su pasión por la creación literaria.
“Tienes un don de los más preciados de esta tierra, que es sacar palabras. Como dice la máxima zapoteca: ‘palabras engendran palabras, palabras heredan palabras’”, dijo.
En respuesta, Elena Poniatowska afirmó que ha llegado a conocer y a amar el estado de Oaxaca gracias a las creaciones de varios artistas.
La relación entre Oaxaca y la autora de Hasta no verte Jesús mío, libro en el que la protagonista es una mujer originaria de Miahuatlán, ha quedado patente en distintas ocasiones, una de las cuales fue cuando recibió el Premio Cervantes 2013 de las manos del Rey Felipe de España. En esa ocasión, Poniatowska portó un huipil rojo de cadenilla hecho por mujeres juchitecas.
En 2014, en una entrevista concedida a El País, Elena Poniatowska fue cuestionada sobre el significado del feminismo y su postura en favor de la mujer.
—¿Se considera usted feminista?— le preguntó la periodista Verónica Calderón.
—¡Claro!— respondió la escritora.
—¿Y qué es ser feminista?—reviró Calderón.
—Es una mujer que pone ante todo el respeto a sí misma—respondió Poniatowska.
El domingo, la autora también invitó a Andrés Manuel López Obrador a votar por la candidata independiente María de Jesús Patricio Martínez.
Frenan moches 80 mmdp después
Por Francisco Nieto
La Cámara de Diputados busca desaparecer del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece) que para el próximo año tenía una bolsa de 9 mil millones de pesos que sería repartida discrecionalmente por los legisladores. La cancelación de esa partida se da luego de haberse asignado en las últimas dos legislaturas (5 años) un total de 80 mil millones de pesos en programas opacos.
Se trata de los moches, de la bolsa que año con año se inventaban los diputados federales para concretar proyectos en sus municipios, con sus reglas, beneficiando a empresas de sus amigos e incluso cobrando beneficios.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, encabezada por el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció por primera vez que el Fortalece se prestaba a la opacidad.
El Fortalece, como otros pro- gramas del Ramo 23 que aparecen de último momento en el Presupuesto y que se “etiquetan” para pavimentación, cultura, deporte, desarrollo rural y regional, han sido señalados por organizaciones de la sociedad civil y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de ser bolsas opacas que no permiten una efectiva fiscalización.
Incluso, el Imco, México Evalúa y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias interpusieron el año pasado un amparo para regular el Ramo 23, a fin de que los diputados no se autoasignen recursos públicos que son mal usados, pero no prosperó.
Este año, el Fortalece tuvo 9 mil millones de pesos; en 2016 la cifra fue de 10 mil millones de pesos; en 2015 en su modalidad de Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se etiquetaron 5 mil millones de pesos, es decir, en tres ejercicios fiscales, en temas de fortalecimiento municipal, se malgastaron casi 25 mil millones de pesos. Similar al Fortalece, destacan en los presupuestos —de al menos cinco años atrás— fondos para pavimentación, alumbrado, infraestructura deportiva, productiva y rural.
En 2013, el PEF destinó una bolsa de 5 mil millones de pesos para el “Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales”.
En 2014, este fondo siguió con una bolsa de 5 mil millones de pesos, pero se agregaron otros dos: cultura, con casi 3 mil millones de pesos, y el Infraestructura Deportiva, con 3 mil 200 millones de pesos; el Fondo Regional fue de 6 mil 700 millones de pesos.
En 2015, apareció un rubro que se llamó “Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados”, el cual tuvo una bolsa de 21 mil millones de pesos y apareció el de pavimentación, con 5 millones de pesos y el “regional” fue de 7 mil millones de pesos.
Sin embargo, el coordinador y vicecoordinador del PRD, Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano, pidieron que los 9 mil millones del Fortalece se mantengan en el Presupuesto 2018, pero bajo un esquema diferente para no perderlos.
En reunión con 25 alcaldes del PRD, PAN y MC, integrantes de la Asociación de Autoridades Locales de México, los diputa- dos afirmaron que es necesario procurar dichos recursos para los municipios del país, y los perredistas se comprometieron a defender esos recursos.
La Cámara de Diputados busca desaparecer del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece) que para el próximo año tenía una bolsa de 9 mil millones de pesos que sería repartida discrecionalmente por los legisladores. La cancelación de esa partida se da luego de haberse asignado en las últimas dos legislaturas (5 años) un total de 80 mil millones de pesos en programas opacos.
Se trata de los moches, de la bolsa que año con año se inventaban los diputados federales para concretar proyectos en sus municipios, con sus reglas, beneficiando a empresas de sus amigos e incluso cobrando beneficios.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, encabezada por el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció por primera vez que el Fortalece se prestaba a la opacidad.
El Fortalece, como otros pro- gramas del Ramo 23 que aparecen de último momento en el Presupuesto y que se “etiquetan” para pavimentación, cultura, deporte, desarrollo rural y regional, han sido señalados por organizaciones de la sociedad civil y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de ser bolsas opacas que no permiten una efectiva fiscalización.
Incluso, el Imco, México Evalúa y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias interpusieron el año pasado un amparo para regular el Ramo 23, a fin de que los diputados no se autoasignen recursos públicos que son mal usados, pero no prosperó.
En 2013, el PEF destinó una bolsa de 5 mil millones de pesos para el “Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales”.
En 2014, este fondo siguió con una bolsa de 5 mil millones de pesos, pero se agregaron otros dos: cultura, con casi 3 mil millones de pesos, y el Infraestructura Deportiva, con 3 mil 200 millones de pesos; el Fondo Regional fue de 6 mil 700 millones de pesos.
En 2015, apareció un rubro que se llamó “Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados”, el cual tuvo una bolsa de 21 mil millones de pesos y apareció el de pavimentación, con 5 millones de pesos y el “regional” fue de 7 mil millones de pesos.
En reunión con 25 alcaldes del PRD, PAN y MC, integrantes de la Asociación de Autoridades Locales de México, los diputa- dos afirmaron que es necesario procurar dichos recursos para los municipios del país, y los perredistas se comprometieron a defender esos recursos.
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