Exhiben a piezas clave de Trump; señalan a Ross y Tillerson
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| Gráfico: Alejandro Infante, con información de www.icij.org |
Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos y uno de los actores principales en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue vinculado al escándalo fiscal Papeles del Paraíso (Paradise papers), revelado ayer por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el reporte, que integra los extractos de 13.4 millones de documentos que exponen la operación de sociedades y políticos en paraísos fiscales, Ross podría estar involucrado en un conflicto de intereses al ser copropietario de Navigator Holdings que negocia con Rusia y Venezuela.
Entre los principales clientes de esta naviera está Sibur, una empresa de gas y petroquímica, de la cual Kirill Shamalov (yerno del presidente Vladimir Putin) es copropietario.
También se revela que dos empresas rusas invirtieron cientos de millones de dólares en Facebook y Twitter a través del multimillonario Yuri Milner, quien hizo negocios con Jared Kushner, yerno de Donald Trump, presidente de EU.
La investigación vincula al secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, la reina Isabel II, y los cantantes Bono y Madonna. De México se menciona al exsecretario de Seguridad Pública Alejandro Gertz Manero.
WILBUR ROSS HACE NEGOCIO CON RUSIA
EFE, AFP Y REUTERS
WASHINGTON.
El secretario de Comercio de Estados Unidos y encargado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Wilbur Ross, podría estar involucrado en un conflicto de intereses por ser uno de los propietarios de una empresa que hace negocios con el círculo cercano del presidente de Rusia y con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) publicó ayer extractos de 13.4 millones de documentos presuntamente robados a la agencia de abogados Appleby y otras compañías de paraísos fiscales.
En ellos aparecen, además de Wilbur Ross, el secretario de Estado Rex Tillerson y otra decena de asesores de Trump y grandes donantes republicanos.
Según el diario The New York Times, aliado del ICIJ, cuando Ross se convirtió en secretario de Comercio en febrero pasado, vendió la mayoría de sus multimillonarias inversiones, pero retuvo una participación cercana a 31% de la multinacional británica de transporte marítimo Navigator Holdings.
Entre los principales clientes de Navigator Holdings está una compañía de gas y petroquímica de Rusia llamada Sibur, que ha aportado más de 68 millones de dólares a Navigator en los últimos tres años.
Dos de los propietarios de Sibur son el yerno de Putin, Kirill Shamalov, y el empresario ruso Gennady Timchenko, sancionado por Washington por actividades que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estaban relacionadas directamente con el Presidente ruso.
Se sabía que Ross tenía algunos lazos empresariales con Rusia, dado que fue vicepresidente del Banco de Chipre, que ha financiado históricamente a oligarcas rusos, y ese tema preocupó a algunos senadores durante su proceso de confirmación este año, pero hasta ahora no había pruebas de ningún vínculo con el entorno de Putin.
Tener una empresa offshore no es un delito por sí mismo, a menos que se utilice para evadir impuestos o lavar dinero.
Pero la participación de Ross en Navigator Holdings podría presentar conflictos de intereses, dado que el secretario de Comercio tiene el poder de influir en las sanciones y los acuerdos comerciales de Estados Unidos.
El fiscal especial Robert Mueller y dos comités del Congreso investigan desde hace meses la posibilidad de que existan lazos entre Rusia y la campaña electoral de Trump.
Otro de los clientes de Navigator es la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En agosto pasado, el gobierno de Donald Trump prohibió a los estadunidenses y sus socios hacer negocios con dicha empresa, a la que el Departamento del Tesoro acusa de estar “fuertemente asociada” con “la corrupción del gobierno
venezolano”.
NIEGAN CONFLICTOS
El secretario Ross no participó en la decisión de Navigator de hacer negocios con Sibur”, que “en esa época no había sido sancionado, como tampoco lo ha sido ahora”, reaccionó el Departamento de Comercio en un comunicado.
Al ser designado para ocupar la Secretaría de Comercio, Wilbur había acordado con la Oficina Federal de Ética del gobierno entregar una lista de socios comerciales que pretendía conservar, pero no detalló las participaciones que él mismo había conservado, afirma The New York Times.
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LIGAN A GERTZ MANERO CON PARAÍSOS FISCALES
por Yohali Reséndiz
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló que el exsecretario de Seguridad Pública Alejandro Gertz Manero habría formado parte de una empresa que operó en paraísos fiscales.
Según la investigación llevada a cabo por alrededor de 100 medios de comunicación, denominada Papeles del Paraíso, el que fuera encargado de la seguridad pública en la presidencia de Vicente Fox Quesada, fue vicepresidente de Jano Ltd, una compañía de inversión personal, incorporada en las Islas Caimán para “fines fiscales”, de acuerdo con los registros de la agencia de abogados Appleby’s.
Según el expediente de la indagatoria referente a México, y que hasta ayer sólo mencionaba a Gertz Manero, su hermano Federico, un contador y economista, fue el presidente y beneficiario efectivo de Jano.
La compañía se convirtió en cliente de Appleby’s en 2006 después de que el bufete de abogados compró el negocio de confianza y gestión de la empresa de Ansbacher, un banco de las Islas Caimán y exagente de Jano.
En el momento de la transferencia, Jano era considerada una empresa “rentable”, pero no había “documentación sobre (su) fuente de fondos”, y la diligencia debida sobre los clientes no era adecuada, según un memorándum interno.
Appleby’s retiró sus servicios en 2008 luego de intentos fallidos de obtener algunos documentos de transferencia. La compañía se cerró en 2009 según el registro de las Islas Caimán.
De acuerdo con ICIJ, Gertz declaró que no sabía acerca de la existencia de Jano.
Dijo que su fallecido hermano Federico, que administraba la fortuna de la familia, pudo haber creado la compañía y lo nombró a él y a su esposa como representantes, porque confiaba en ellos.
Nunca he estado involucrado con la gestión de una compañía de este tipo”, dijo. “Él nunca me lo contó”.
Según ICIJ, la incorporación de estructuras offshore es una práctica legal, siempre y cuando el dinero tenga un origen lícito y los beneficiarios, ya sean individuos o empresas, reporten sus entidades a Hacienda.
SFP pide indagar a seis empleados de Pemex e IMSS
Detecta la dependencia irregularidades por más de 88 millones de pesos en su “evolución patrimonial”; ya presentó las denuncias correspondientes.
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Se trata de cinco empleados de Pemex Refinación y uno del Seguro Social. (Yazmín Sánchez)
RAFAEL MONTES
México
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades por más de 88 millones de pesos en la evolución del patrimonio de seis servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que presentó las denuncias correspondientes, con lo que suman 65 casos de presunto enriquecimiento ilícito detectados por la dependencia desde 2016 a la fecha.
En un boletín, la SFP informó ayer que en esta ocasión se trata de cinco empleados de Pemex Refinación y uno del IMSS.
La dependencia explicó que al realizar la verificación de la evolución patrimonial de los servidores públicos federales, encontró expedientes en los que se detectaron patrimonios incongruentes.
La SFP detectó que los empleados de Pemex Refinación contabilizaron patrimonios por las siguientes cantidades: tres millones 711 mil 287 pesos, cuatro millones 378 mil 508, cuatro millones 732 mil 407, 10 millones 462 mil 232 y 61 millones 66 mil 109 pesos, respectivamente.
En tanto, el trabajador del IMSS declaró un patrimonio de tres millones 895 mil 183 pesos.
Esas seis cantidades sumadas dan un total de 88 millones 245 mil 276 pesos.
"Los servidores públicos sujetos a esta revisión no aclararon el origen lícito de las cantidades señaladas, en relación con las percepciones salariales que el Estado les otorga con motivo de su cargo", detalló la SFP.
Ante ello, procedió a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales competentes, con el propósito de que se investigue si el incremento patrimonial detectado constituye una conducta delictiva.
De acuerdo con el Código Penal Federal, el incremento patrimonial podría tratarse del delito de enriquecimiento ilícito, el cual se comete "cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño".
Para estos casos, según el mismo código, se computarán los bienes que adquieran los servidores públicos o aquellos de los que se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que estos los obtuvieron por sí mismos.
Entre las sanciones previstas por este delito están el decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar, pero si el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no excede del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de 30 a 100 días de multa.
Si el monto a que asciende el enriquecimiento ilícito excede de esa medida, se impondrán de dos a 14 años de prisión y multa de 100 a 150 días.
Estas seis denuncias presentadas por la SFP se suman a los 59 casos previos que la dependencia reportó como atendidos durante los dos últimos años.
Senado gasta millones en agenda; no la cumple
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| (ARCHIVO: EL UNIVERSAL) |
Alberto Morales
Cada periodo legislativo, las bancadas del Senado tienen reuniones para discutir sus temas de agenda. En tres años y ocho meses, los senadores han gastado en esos encuentros 4 millones 895 mil 241 pesos, sin embargo, el avance en sus acciones no tiene el mismo ritmo que el uso de los recursos.
De acuerdo con datos obtenidos a través de transparencia, de agosto de 2014 al mismo mes de 2017, los grupos del PRI, PAN, PT y PVEM han usado dinero en servicios de distintos tipo, desde comida hasta ropa y artículos de papelería.
No obstante, tienen pendientes los nombramientos del Fiscal Anticorrupción, de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como reformas a la Ley Orgánica de la PGR, el eliminar el pase automático de procurador a fiscal general, y la Ley de General de Archivos, de Obras Públicas y Servicios.
También se quedó en la congeladora la revisión del IEPS en gasolina, la normativa de seguridad para las Fuerzas Armadas, de sueldos máximos, desaparición del fuero, de juegos, reducción del financiamiento público a los partidos políticos, segunda vuelta electoral y gobiernos de coalición, entre otros.
Entre lo aprobado hay diversas normas e iniciativas entre las que destacan el uso medicinal de la marihuana, la legislación contra la trata, las acciones para sancionar la tortura, la jurisprudencia de cultura, de desaparición forzada, de transparencia, del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y reformas al Sistema de Seguridad que incluyen el Mando Mixto Policial, entre otras.
Las bancadas han destinado recursos para la renta de salones, hoteles de lujo, spa, pago de boletos de avión y uno que otro antojo como camisas de lino, chamarras o chalecos para asistir a sus reuniones dos veces al año en las cuales definen sus agendas. También gastan en café colombiano y bocadillos.
Sin embargo, en los últimos dos años debido a la situación económica del país y a la presión de la opinión pública, los grupos parlamentarios decidieron tener sus cónclaves en las instalaciones del Senado.
Por medio de diversas solicitudes EL UNIVERSAL ha documentado los recursos reportados por los grupos parlamentarios.
En agosto de 2014, PRI-PVEM, PAN y PRD gastaron 1 millón 451 mil 103 pesos por sus plenarias en el Puerto de Veracruz, boletos de avión y en la renta de salones en hoteles de lujo de Paseo de la Reforma.
En 2015, PRI, PAN y PRD gastaron 1 millón 206 mil pesos, porque Acción Nacional eligió un hotel spa en Los Cabos, Baja California Sur; el PRI-PVEM, una hacienda en Ocoyoacac, Estado de México, y el PRD eligió la Hacienda de los Morales, de la Ciudad de México.
En 2016 los grupos entraron a un “periodo de austeridad”. En sus cónclaves de enero, en las oficinas de la Cámara Alta, desembolsaron 387 mil 880 pesos y en agosto 983 mil 53 pesos, porque el PAN viajó a Coahuila a su plenaria.
En ese año, los integrantes del PRI-PVEM en el Senado pagaron 52 mil pesos por unas chamarras para el frío; mientras que el PRD dio 2 mil 872 pesos a la empresa colombiana Juan Valdez por café y a la Pastelería Madrid, mil pesos por pan dulce.
En enero pasado las fracciones del PRI, PAN, PRD y PVEM destinaron 374 mil pesos en la realización de sus reuniones plenarias. El PT no realizaba reuniones, por eso no reportó recursos.
En agosto de 2017, PRI, PAN, PT, PRD y PVEM gastaron casi medio millón de pesos en la realización de sus encuentros.
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información, las cinco bancadas gastaron 493 mil 705 pesos para sus cónclaves legislativos, lo que representa un incremento de 175 mil pesos más respecto a los gastos de enero de este año.
Cada periodo legislativo, las bancadas del Senado tienen reuniones para discutir sus temas de agenda. En tres años y ocho meses, los senadores han gastado en esos encuentros 4 millones 895 mil 241 pesos, sin embargo, el avance en sus acciones no tiene el mismo ritmo que el uso de los recursos.
De acuerdo con datos obtenidos a través de transparencia, de agosto de 2014 al mismo mes de 2017, los grupos del PRI, PAN, PT y PVEM han usado dinero en servicios de distintos tipo, desde comida hasta ropa y artículos de papelería.
No obstante, tienen pendientes los nombramientos del Fiscal Anticorrupción, de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como reformas a la Ley Orgánica de la PGR, el eliminar el pase automático de procurador a fiscal general, y la Ley de General de Archivos, de Obras Públicas y Servicios.
También se quedó en la congeladora la revisión del IEPS en gasolina, la normativa de seguridad para las Fuerzas Armadas, de sueldos máximos, desaparición del fuero, de juegos, reducción del financiamiento público a los partidos políticos, segunda vuelta electoral y gobiernos de coalición, entre otros.
Entre lo aprobado hay diversas normas e iniciativas entre las que destacan el uso medicinal de la marihuana, la legislación contra la trata, las acciones para sancionar la tortura, la jurisprudencia de cultura, de desaparición forzada, de transparencia, del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y reformas al Sistema de Seguridad que incluyen el Mando Mixto Policial, entre otras.
Las bancadas han destinado recursos para la renta de salones, hoteles de lujo, spa, pago de boletos de avión y uno que otro antojo como camisas de lino, chamarras o chalecos para asistir a sus reuniones dos veces al año en las cuales definen sus agendas. También gastan en café colombiano y bocadillos.
Sin embargo, en los últimos dos años debido a la situación económica del país y a la presión de la opinión pública, los grupos parlamentarios decidieron tener sus cónclaves en las instalaciones del Senado.
Por medio de diversas solicitudes EL UNIVERSAL ha documentado los recursos reportados por los grupos parlamentarios.
En agosto de 2014, PRI-PVEM, PAN y PRD gastaron 1 millón 451 mil 103 pesos por sus plenarias en el Puerto de Veracruz, boletos de avión y en la renta de salones en hoteles de lujo de Paseo de la Reforma.
En 2015, PRI, PAN y PRD gastaron 1 millón 206 mil pesos, porque Acción Nacional eligió un hotel spa en Los Cabos, Baja California Sur; el PRI-PVEM, una hacienda en Ocoyoacac, Estado de México, y el PRD eligió la Hacienda de los Morales, de la Ciudad de México.
En 2016 los grupos entraron a un “periodo de austeridad”. En sus cónclaves de enero, en las oficinas de la Cámara Alta, desembolsaron 387 mil 880 pesos y en agosto 983 mil 53 pesos, porque el PAN viajó a Coahuila a su plenaria.
En ese año, los integrantes del PRI-PVEM en el Senado pagaron 52 mil pesos por unas chamarras para el frío; mientras que el PRD dio 2 mil 872 pesos a la empresa colombiana Juan Valdez por café y a la Pastelería Madrid, mil pesos por pan dulce.
En enero pasado las fracciones del PRI, PAN, PRD y PVEM destinaron 374 mil pesos en la realización de sus reuniones plenarias. El PT no realizaba reuniones, por eso no reportó recursos.
En agosto de 2017, PRI, PAN, PT, PRD y PVEM gastaron casi medio millón de pesos en la realización de sus encuentros.
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información, las cinco bancadas gastaron 493 mil 705 pesos para sus cónclaves legislativos, lo que representa un incremento de 175 mil pesos más respecto a los gastos de enero de este año.
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De comida y circuito de televisión
Los senadores mantienen los servicios de comida solicitados a restaurantes, por ejemplo, El Cardenal.
También aumentó el gasto que hace la Cámara Alta para “apoyar” los trabajos legislativos del PRI, PRD y PVEM. En enero pasado, la Mesa Directiva ordenó brindar insumos de cafetería, agua embotellada, vasos térmicos, edecanes, meseros y loza para los legisladores con un costo de 19 mil 418 pesos.
Para sus plenarias de octubre pasado los cinco grupos solicitaron apoyos por 55 mil 844 pesos para los mismos rubros de la siguiente manera: al tricolor, 8 mil 455; al Verde, 12 mil 153 pesos; al sol azteca, 3 mil 178, en cafetería, y 11 mil 170, en meseros; y el PT, mil 514 en cafetería y refrescos, más 19 mil 374 pesos para desayunos, bocadillos y fruta.
Para los encuentros de enero, el PRI, el PRD y el PVEM solicitaron a la Unidad de Eventos de la Cámara Alta diversos insumos, personal y materiales, los cuales ascendieron a 19 mil 418 pesos.
Al Revolucionario Institucional se le entregaron insumos de cafetería, por ejemplo, agua embotellada, refrescos de lata, azúcar, café molido, galletas, vasos y sustitutos de crema, que tuvieron un costo de 5 mil 882 pesos.
Al PRD se le dieron insumos de cafetería como agua embotellada, azúcar, café molido, cucharas desechables, galletas, refrescos de lata y servilletas, por mil 510 pesos.
También se les ofreció servicio de meseros por 5 mil 350 pesos; 15 mesas redondas con mantelería y 25 manteles que se tuvieron que pagar a la operadora de Rosendo Pérez, cuyo costo ascendió a mil 125 pesos, así como insumos de cafetería, por 2 mil 593 pesos.
Los gastos para sus cónclaves legislativos dejan ver el estilo de las bancadas, por ejemplo, de acuerdo con la factura B2818, el grupo parlamentario del tricolor pagó 75 mil 700 pesos por concepto de comidas al exclusivo restaurante de Grupo Zonura Prendes, que también trabaja para la Cámara Alta.
Aunque el Senado cuenta con el Canal del Congreso, el PRI contrató a la empresa QPX Media Creative Solutions por un servicio de circuito cerrado de televisión, cuyo costo fue de 29 mil 600 pesos por los tres días de su reunión (28,29 y 30 de enero), de acuerdo con una nota de servicio cuya copia fue proporcionada a este diario.
Además, desembolsaron 31 mil 999 pesos en efectivo por el concepto de papelería y mamparas de su plenaria.
La bancada del PAN, que coordina Fernando Herrera, prefirió el restaurante Les Croissants y el restaurante del Hotel Emporio, de Paseo de la Reforma.
De acuerdo con la factura con número de folio 499 por consumo de alimentos, los panistas desembolsaron 73 mil pesos con la empresa de banquetes, mientras que con el Emporio fueron 14 mil 909 pesos también por consumo de alimentos.
Los blanquiazules contrataron a la empresa Show Rent, tecnología para eventos, para la renta de equipos de pantallas led, técnicos en video, montaje y transportación a la Ciudad de México. Usaron 32 mil 248 pesos, según dos facturas, la A420 y A422.
El Verde, aliado del PRI, también escogió el restaurante Zunura Prendes al cual, de acuerdo con la factura número 5449, pagaron 168 mil 433 pesos por comidas, chapatas, entradas, jugo de naranja, cafetería y salados.
En contraste, el PRD que en ese entonces coordinaba la senadora Dolores Padierna, desembolsó 53 mil 600 pesos de comida en el restaurante El Cardenal.
Pagaron 3 mil 420 pesos por 100 piezas de pan miniatura y 130 pasteles individuales; así como 3 mil 340 pesos en diversos abarrotes en Sam’s Club, 504 pesos en Walmart y 2 mil 128 pesos de fruta en el Mercado de Jamaica.
Ricos y poderosos, desnudados en los Papeles del Paraíso
Salen a la luz vínculos de amigos y funcionarios de Trump con inversionistas rusos
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| Wilbur Ross, secretario estadunidense de Comercio e íntimo amigo del presidente Donald Trump, tiene una inversión que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014, de una empresa rusa cuyo copropietario es yerno del mandatario ruso, Vladimir Putin. Esto quedó al descubierto en los Papeles del Paraíso, masiva filtración sobre la red financiera offshore revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas. La imagen es de archivo Foto Afp |
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| En imagen de archivo, Rex Tillerson, secretario estadunidense de Estado, aparece en las listas de políticos millonarios con fortunas en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos Foto Afp |
David Brooks - Corresponsal
Nueva York.
Una filtración masiva de más de 13 millones de archivos desnudó parcialmente a los emperadores del dinero, al revelar parte del sistema financiero secreto de ricos y poderosos; desde integrantes del gabinete de Donald Trump, del gobierno brasileño, el presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, de Colombia, entre unos 120 políticos de diversas partes del mundo, hasta empresarios multimillonarios o estrellas de la música, como Bono, empresas como Apple e incluso la reina de Inglaterra, que recurren a paraísos fiscales y otros mecanismos para ocultar sus fortunas y evitar el pago de impuestos en sus países.
La masiva filtración sobre la red financiera offshore dada a conocer en los Papeles del Paraíso (Paradise Papers) por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) sacudió este domingo a miles de clientes de la élite mundial –tanto del ámbito político como del empresarial–, ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende al club exclusivo que mueve billones de dólares por este sistema es, sobre todo, el secreto.
Entre las primeras revelaciones, más de una docena de secretarios de gabinete, asesores y donantes de Trump fueron identificados como participantes en este sistema. Wilbur Ross, secretario de Comercio e íntimo amigo del presidente, por ejemplo, tiene una inversión en la empresa de transporte marítimo Navigator, que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014 de una empresa energética rusa, Sibur, cuyo copropietario es yerno de Vladimir Putin. Todo esto en momentos en que se acelera la investigación sobre las relaciones del círculo de Trump con intereses ligados al Kremlin.
Más aún, en los documentos se encontraron pistas para vincular a inversionistas rusos ligados al gobierno que indirectamente invirtieron en Twitter y Facebook, lo que echa más combustible a la controversia sobre la intromisión rusa en el proceso político estadunidense. Y hay más: uno de esos inversionistas rusos invirtió 850 mil dólares en Cadre, una empresa de bienes raíces cofundada por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Trump.
Otros miembros del círculo Trump que están involucrados en este sistema offshore son Rex Tillerson, ahora secretario de Estado, y Gary Cohn, asesor económico en jefe del presidente, y actualmente vigilante del sector financiero en la Reserva Federal, y Jon Huntsman, el nuevo embajador de Estados Unidos en Rusia, entre otros. Supuestamente todos están dedicados a poner a “América primero”, el lema de Trump, como su promesa de hacer regresar las inversiones y los empleos del extranjero a este país. Tal vez nadie le avisó al gabinete.
Pero también hay demócratas, como la ex secretaria de Comercio Kenny Pritzker y el multimillonario George Soros, entre otros.
A la vez, en los archivos aparece toda una gama de personajes, como la empresa en Bermudas de Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo; los intereses ocultos del mayor recaudador de fondos electorales para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; inversiones de la monarquia británica y hasta de la reina Noor, de Jordania; del ministro de Finanzas de Brasil, Henrique de Campos Meirelles; del ex general y ex comandante de la OTAN Wesley Clark, entre cientos más.
También hay transacciones de ricos, como los yates y submarinos del cofundador de Microsoft Paul Allen; las inversiones de Pierre Omidyar, fundador de eBay; las acciones de Madonna en una empresa médica, y las de Bono (con su nombre real Paul Hewson) en una empresa maltesa que invirtió en un centro comercial en Lituania.
Los archivos provienen de dos empresas especializadas en ofrecer servicios financieros de este tipo para la élite económica internacional y de 19 registros gubernamentales de jurisdicciones que sirven como paraísos fiscales. La filtración fue obtenida por el rotativo alemán Suddeutsche Zeitung y compartida con el ICIJ, una red de 381 periodistas y 96 medios en 67 países, muchos de los cuales examinaron los 13.4 millones de archivos durante un año. Este domingo empezaron a presentar el resultado de este esfuerzo a través de medios asociados al consorcio. El ICIJ fue el responsable de los Papeles de Panamá divulgados en 2016, y este nuevo esfuerzo amplía lo revelado el año pasado.
El ICIJ, en la presentación de los documentos, afirma que los paraísos fiscales ofrecen un sistema para ocultar, o por lo menos dificultar, el rastreo de fondos a sus dueños. Aunque subraya que por ahora nada de lo descubierto es necesariamente ilegal, este sistema obviamente atrae tanto a los que mueven fondos lícitos, como a los que desean ocultar fondos ilícitos (narcotraficantes, blanqueadores de dinero y corruptos). A la vez, sirven como mecanismos para lograr que billones de dólares no sean sujetos a impuestos, y con ello privan de fondos a tesorerías nacionales.
Hay un grupo pequeño de personas que no son sujetas a las leyes como el resto de nosotros, y eso es a propósito, declaró al ICIJ Brooke Harrington, profesora de la Escuela de Negocios de Copenhage y autora del libro Capital sin fronteras. Puntualizó que cuando los ricos se vuelven más ricos, los pobres se hacen más pobres, porque individuos ricos no están pagando su parte justa de los impuestos y eso está profundizando la desigualdad de la riqueza.
La mayoría de los documentos filtrados provienen del bufete especializado Appleby, junto con Estera (que antes operaban bajo el mismo nombre), donde la mayoría de los clientes, unos 31 mil, están registrados en Estados Unidos. Los cerca de 7 millones de documentos que provienen de Appleby cubren desde 1950 hasta 2016, incluyendo todo tipo de transacciones, recibos, declaraciones bancarias y correos electrónicos que involucran a unas 25 mil empresas offshore vinculadas a personas en 180 países, incluido México. La empresa tiene su sede en Bermudas, con oficinas en Hong Kong, Shanghai, Islas Caimán e Islas Vírgenes.
Otros archivos en la filtración provienen de la empresa Asiaciti Trust, especializada en negocios offshore, con sede en Singapur, pero con sucursales en varios países, desde Asia hasta el Caribe.
Además de políticos y ricos, o ambas cosas, los archivos también revelan maniobras aparentemente legales de megaempresas para trasladar fondos y evitar impuestos. Además de Apple, otros clientes empresariales de Appleby incluyen a Nike, Uber, el conglomerado de construcción del Medio Oriente, Grupo Saad, así como la masiva empresa mercantil Glencore y la firma que opera la planta nuclear de Fukushima, en Japón.
Entre los latinoamericanos en la lista, están Alejando Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública entre 2000 y 2004, quien está identificado como vicepresidente de Jano, Ltd, empresa en las Islas Caimán, a partir de febrero de 1998, poco antes de ser nombrado jefe de la policía del entonces Distrito Federal. Otros: Blairo Borges Maggi, ministro de Agricultura de Brasil; José María Figueres, ex presidente de Costa Rica, y Carlos Quintanilla Schmidt, ex vicepresidente de El Salvador, entre otros.
Estos nombres se agregan a la lista revelada por los Papeles de Panamá de los usuarios de los paraísos fiscales, entre los cuales figuraban Mauricio Macri, presidente de Argentina, y numerosos ex secretarios y funcionarios de varias partes de América Latina.
Se espera que en los próximos días, al divulgarse más información analizada por el ICIJ, se ampliarán las listas de los empresarios, estrellas y políticos tanto de América Latina como de otras regiones del mundo. (Para la lista interactiva de políticos a escala mundial en los Papeles del Paraíso así como los de los Papeles de Panamá).
ICIJ promete que cada día durante la próxima semana se presentarán más análisis y datos de la información recaudada en la masiva filtración. (Para consultar los materiales, descripciones de los fondos y las empresas identificadas, y un video en inglés sobre los Papeles del Paraíso).
Temen golpe a inversión por reforma de Trump
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Ante el tamaño de la propuesta fiscal en EU, México está obligado a hacer una intervención quirúrgica de su sistema impositivo, pues de aprobarse la reforma, se avecina una guerra de inversiones en el mundo, consideraron especialistas.
Jorge Sánchez, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte; Agustín Barrios, asociado fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y Jorge García, socio de Impuestos de E&Y, coincidieron en que la propuesta de reforma fiscal del presidente Donald Trump vuelve a sonar la alarma a México para que haga la ‘tarea fiscal’ que tanto ha postergado y que ante el contexto estadounidense, es obligatorio que las autoridades mexicanas reaccionen e implementen un plan ‘B’ que consistiría en estrategias fiscales de mayor competitividad y que otras economías están haciendo.
García, de E&Y, aseveró que el sistema fiscal nacional requiere una intervención quirúrgica muy precisa, tanto por las consecuencias que puede traer la reforma de EU, sino porque ya no puede postergarlo, pero en el entendido de que en algún momento se lleguen a aprobar los cambios en el vecino país, sería apremiante.
“Hay que voltear a diversas áreas que se han trabajado tímidamente, incluyendo los impuestos indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Hay que voltear a ver las personas físicas, en cómo fomentar más la investigación, invertir en el desarrollo e investigación, cómo fomentar el ahorro de las personas físicas, que a su vez nos permita reactivar la economía”, señaló García.
PAÍS MÁS ATRACTIVO
De acuerdo con Jorge Sánchez, de Deloitte, EU se convertiría en un país fiscalmente muy atractivo, pues hasta hoy ha sido un lugar con altas tasas de Impuesto Sobre la Renta (ISR), como en México, pero de ser aprobada la reforma sería más llamativo.
La propuesta de EU plantea la reducción de la tasa corporativa de 35 a 20 por ciento; extensión a los dividendos que cobren las empresas en EU de sus subsidiarias en el mundo y una repatriación eventual, una reducción, al pago para repatriación de capitales hacia ese país, entre los cambios más destacados.
“Hay países más baratos todavía (en tasas fiscales), pero considerando las condiciones de EU y de mercado, se volvería sumamente atractivo, por lo que otros países ya están trabajando en el ‘plan B’ y podrían reducir tasas corporativas para aminorar los riesgos de competitividad, por lo que en el corto plazo habría una guerra de inversiones”, alertó Sánchez.
Para el socio de Deloitte, las autoridades ya deberían estar creando un plan de contingencia por si se aprueba completa o una parte de esta reforma, que por los tiempos políticos la ‘patearían’ hasta después de las elecciones de julio.
“El efecto de la reforma fiscal de Estados Unidos va a ser paulatino, no se va a ver inmediatamente. Puede tardar alrededor de cinco años para ver el efecto, pero eso no implica que México no empiece a hacer algo ya”, insistió Sánchez.
Agustín Barrios, de Comexi, afirmó que una de las primeras cosas que tendrían que hacer las autoridades mexicanas es fiscalizar la economía informal.
“México sí aguantaría a hacer un ajuste en la tasa del ISR de 30 a 25 por ciento, pero la única manera en que podría hacerlo para compensar ese déficit es haciendo más pareja la fiscalización hacia la economía informal”, destacó Barrios.
MÁS PELIGROSA QUE FIN DE TLCAN
El plan de recortes de impuestos en EU podría tener más impacto en México incluso que la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
De acuerdo con Barrios de Comexi, la salida de México del TLCAN le costaría a la economía alrededor de uno por ciento del PIB, pero puede ser solventada por la depreciación del tipo de cambio, por otro lado si un mexicano deja de tributar en el país y se cambia a EU es una pérdida de varios millones de dólares en promedio.
Amagan y matan a testigos
REFORMA / Redacción
Cd. de México (06 noviembre 2017).- En el juicio por peculado y lavado de dinero en contra del ex Gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández casi nadie acudirá a sostener las imputaciones que lo tienen tras las rejas.
De los cinco testigos y denunciantes en su contra, dos fueron asesinados en 2016 -uno de ellos después de ser amenazado de muerte-, uno se suicidó en mayo de 2014, seis meses después de delatarlo, y otro más fue "levantado" y está desaparecido desde hace un año.
El único que no corrió la misma suerte es Feliciano Reyes Pérez, activista de 82 años, quien el 31 de enero de 2005 presentó la denuncia que apenas el 6 de octubre tuvo como consecuencia la captura de Hernández.
Si bien las acusaciones no serán ratificadas ante el juez, su carencia no significa que en automático el ex Gobernador vaya a quedar libre, pues está sujeto a un juicio de extradición a Estados Unidos por lavado y fraude bancario.
El ex Mandatario tamaulipeco está acusado de adquirir, mediante prestanombres y a precios subvaluados, mil 600 hectáreas de la zona portuaria de Altamira, que pertenecieron al patrimonio del Estado, según la causa penal 67/2017.
La Procuraduría de Tamaulipas llamó a declarar a los testigos entre el 19 y 22 de noviembre de 2013, cuando Egidio Torre era el Gobernador.
Acudieron Aurelio Parra Bustos, chofer y asistente de Fernando Cano Martínez -presunto prestanombre del ex Mandatario Tomás Yarrington (1999-2005)- y Casimiro Mora Vázquez, asesor financiero de Alberto Berlanga Bolado, ex titular de Obras Públicas y presunto testaferro de Hernández (2005-2010).
Se presentaron también Ramiro Higuera Martínez y Edgardo López Munguía, quienes asesoraron legalmente tanto a Cano como a Berlanga en la compraventa de los predios.
Los cuatro relataron tramos de una historia de corrupción que comenzó en 2002, cuando Yarrington vendió los bienes del patrimonio del Estado a Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, empresa de Cano Martínez.
En 2007, el presunto prestanombres de Yarrington vendió dichos inmuebles a GMC Desarrollo Industrial Altamira, registrada a nombre de Alberto y Delia del Carmen Berlanga Bolado.
El testigo Mora Vázquez dijo en noviembre de 2013 al Ministerio Público que Berlanga Bolado lo había amenazado de muerte. Pasado el tiempo, él y los demás testigos tuvieron finales trágicos.
El 12 de mayo de 2014, Higuera Martínez se suicidó de un balazo en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, donde laboraba en la Secretaría de Finanzas.
El 12 de junio de 2016, Mora Vázquez fue plagiado y descuartizado; el 16 de agosto de ese mismo año fue secuestrado López Munguía, cuyo cadáver apareció dos días después.
El 2 de noviembre de ese mismo año, Parra Bustos fue levantado y nunca más se supo su paradero.
A continuación se reproducen parte de los testimonios de los tres occisos y del desaparecido.
'A veces hay que aprender a perder'
De 1995 a 2008, Aurelio Parra Bustos trabajó como chofer y asistente de Fernando Cano Martínez, a quien acompañaba a sus reuniones con los entonces Gobernadores Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, así como con el ex Secretario de Gobierno estatal, Homero Díaz Rodríguez.
Supo de las dos operaciones de compraventa de los terrenos de Altamira (2002 y 2007). El 2 de noviembre de 2016, Parra Bustos fue "levantado" en Victoria y desde ese día no aparece.
"De manejar pocos negocios y tener casas de nivel social medio alto, (Cano pasó) a un nivel de vida de lujo extremo, gracias a los contratos y servicios personales que le prestaba don Fernando a su íntimo amigo y compadre, don Tomás Yarrington.
"Aseguraban y se jactaban que (los predios de Altamira) iban a ser la solución y garantía para resolver todos sus futuros problemas económicos y políticos, ya que desde la época de don Manuel Cavazos estaban planeando obtener dicho inmueble disimuladamente, a través de varios actos jurídicos, para que nadie se percatara ni fuera público quién iba a ser el dueño.
"Acordaron a principios del 2002 que el Gobierno le iba a vender el terreno de Altamira... después de dicha operación, todos, es decir, don Fernando, don Tomás y el señor Homero Díaz Rodríguez compraron algunos medios de comunicación, la mayoría periódicos, para evitar que saliera la nota al público de dicha venta.
"Nunca vi dicha cantidad (16 millones pagados en 2007 por Berlanga a Cano), sin embargo, en alguna ocasión le cuestioné dicho tema y (Cano) me contestó que a veces hay que aprender a perder dinero para ganar libertad y que dicho inmueble perdido era sólo uno de muchos que había ganado, pero que gracias a esa venta estaría tranquilo él y su familia por lo menos unos años más".
'Me dijo que dejara de meterme con ellos'
Asesor financiero de Alberto Berlanga Bolado de 2006 a 2009 y contador público de profesión, Casimiro Mora Vázquez constituyó GMC Desarrollo Industrial Altamira, para que este último y su hermana Delia del Carmen Berlanga pudieran adquirir en 2007 los bienes en Altamira.
Cuando Mora Vázquez exigió sus honorarios por esa operación, la respuesta fue una amenaza de muerte por parte de Berlanga. El 12 de junio del 2016, su cadáver fue hallado envuelto en cobijas, descuartizado.
"Dicha compra venta la cerramos por órdenes supuestamente del Gobernador Eugenio Hernández al señor Alberto Berlanga Bolado, en el mes de julio (sic) de 2007.
"Es decir, todo fue muy rápido, ni el propio Alberto y su hermana Delia del Carmen se enteraron de cómo se cerró la operación, de cómo pagaron ni qué iban a hacer con el inmueble. Únicamente sabían lo que los supuestos asesores del Gobernador le informaban y esto era que iban a ser dueños del predio que adquirieron en un precio sumamente inferior al que llegué a valuar como parte de mis servicios, el cual estaba en dicha época en más de mil millones de pesos, y ellos lo adquirieron en un poco más de 16 millones de pesos, es decir, en mi opinión personal, fue una ganga.
"Posterior a dicho servicio que les presté, dejaron de cubrir mis honorarios, motivo por el cual dejé de trabajar para ellos, sin embargo, en la última junta que tuve con la familia Berlanga Bolado, el señor Alberto, muy agresivamente, me amenazó de muerte y me indicó que ya dejara de meterme con ellos si no quería meterme en problemas, ya que derivado de la compraventa que hizo de favor al Gobernador Eugenio Hernández, le debían muchos favores y, por lo tanto, estaba bien parado, desde esa fecha no tuve mayor comunicación con ellos".
'Lo ideal era crear una persona moral limpia'
En 2007, el entonces Gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández comisionó a Edgardo López Munguía para asesorar y "proteger" a Alberto Berlanga Bolado en la compra de los predios de Fernando Cano en Altamira, a un 1.5 por ciento de su valor real.
El 16 de agosto de 2016, cuando era director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas estatal en la gestión de Egidio Torre, López Munguía fue secuestrado y dos días después, en un operativo de rescate, se halló su cadáver en un hotel. Le dieron un solo balazo en la pierna derecha y murió de hemorragia. Hubo 3 detenidos.
"A mediados del año 2007 se le recomendó al señor Berlanga que si quería que su nombre y evidentemente el del señor Eugenio Hernández no aparecieran en la escritura mediante la cual se formalizaría la compraventa, lo ideal era constituir una persona moral limpia que pudiera aparecer en la operación.
"A mediados de dicho año se constituyó la empresa denominada GMC Desarrollo Industrial Altamira, la cual se puso a nombre de la hermana del señor Alberto Berlanga y de éste, por instrucciones de Alberto Berlanga, ya que se necesitaban forzosamente como mínimo a dos personas.
"Una vez que se llevó a cabo la compraventa y la formalización del contrato, se le informó de dicha situación al señor Eugenio Hernández, el cual me dio las gracias y me dijo que ya no iba a ser necesario que prestara mis servicios, toda vez que ya había cumplido con lo que quería; entonces yo me despedí del señor Alberto Berlanga, ya que habíamos hecho una buena relación con motivo de esta misión, por decirlo de alguna manera, recordando que al momento en que me despedí de él me dijo: 'Gracias por todo, le limpiaste el culo a Eugenio y Tomás, ahora sí ya chingamos todos'".
'Debíamos diluir la procedencia del predio'
Entre 2006 y 2007, el ex Gobernador Tomás Yarrington asignó a Ramiro Higuera Martínez la tarea de asesorar la operación con la que la empresa de Fernando Cano Martínez vendería los predios de Altamira a la inmobiliaria de Alberto Berlanga Bolado.
Higuera se suicidó el 12 de mayo de 2014 en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, cuando era Jefe de Departamento de la Secretaría de Finanzas, ya en la gestión de Egidio Torre. En el trato que patrocinó se vendieron en 16 millones de pesos terrenos que valían mil 54 millones de pesos.
"Sinceramente de manera muy extraña se lo habían vendido a la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo S.A. de C.V., sociedad que utilizaba el señor Fernando Cano para realizar negocios encomendados por el ex Mandatario Tomás Yarrington.
"El propósito principal era ir diluyendo la procedencia del predio ubicado en el puerto de Altamira, a modo que mediante este acto jurídico se fuera limpiando por decirlo de alguna manera la procedencia del predio que comprendía dos polígonos correspondiente a 16 hectáreas.
"Lo que sí me consta es que el propósito por el cual querían transmitir la propiedad del predio de Altamira a la empresa GMC Desarrollo Industrial Altamira era con el afán de que el señor Alberto Berlanga Bolado tuviera el dominio y manejo del mismo, ya que cuidaba los intereses financieros del entonces Gobernador Eugenio Hernández, para que cuando saliera éste de su mandato, tuviera un capital considerable para poder vivir el resto de su vida".
"Incluso, en alguna ocasión recuerdo que Fernando Cano me comentó que esta operación tenía que hacerse lo más rápido posible porque querían blindarse en el periodo de esa administración".
Cd. de México (06 noviembre 2017).- En el juicio por peculado y lavado de dinero en contra del ex Gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández casi nadie acudirá a sostener las imputaciones que lo tienen tras las rejas.
De los cinco testigos y denunciantes en su contra, dos fueron asesinados en 2016 -uno de ellos después de ser amenazado de muerte-, uno se suicidó en mayo de 2014, seis meses después de delatarlo, y otro más fue "levantado" y está desaparecido desde hace un año.
El único que no corrió la misma suerte es Feliciano Reyes Pérez, activista de 82 años, quien el 31 de enero de 2005 presentó la denuncia que apenas el 6 de octubre tuvo como consecuencia la captura de Hernández.
Si bien las acusaciones no serán ratificadas ante el juez, su carencia no significa que en automático el ex Gobernador vaya a quedar libre, pues está sujeto a un juicio de extradición a Estados Unidos por lavado y fraude bancario.
El ex Mandatario tamaulipeco está acusado de adquirir, mediante prestanombres y a precios subvaluados, mil 600 hectáreas de la zona portuaria de Altamira, que pertenecieron al patrimonio del Estado, según la causa penal 67/2017.
La Procuraduría de Tamaulipas llamó a declarar a los testigos entre el 19 y 22 de noviembre de 2013, cuando Egidio Torre era el Gobernador.
Acudieron Aurelio Parra Bustos, chofer y asistente de Fernando Cano Martínez -presunto prestanombre del ex Mandatario Tomás Yarrington (1999-2005)- y Casimiro Mora Vázquez, asesor financiero de Alberto Berlanga Bolado, ex titular de Obras Públicas y presunto testaferro de Hernández (2005-2010).
Se presentaron también Ramiro Higuera Martínez y Edgardo López Munguía, quienes asesoraron legalmente tanto a Cano como a Berlanga en la compraventa de los predios.
Los cuatro relataron tramos de una historia de corrupción que comenzó en 2002, cuando Yarrington vendió los bienes del patrimonio del Estado a Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, empresa de Cano Martínez.
En 2007, el presunto prestanombres de Yarrington vendió dichos inmuebles a GMC Desarrollo Industrial Altamira, registrada a nombre de Alberto y Delia del Carmen Berlanga Bolado.
El testigo Mora Vázquez dijo en noviembre de 2013 al Ministerio Público que Berlanga Bolado lo había amenazado de muerte. Pasado el tiempo, él y los demás testigos tuvieron finales trágicos.
El 12 de mayo de 2014, Higuera Martínez se suicidó de un balazo en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, donde laboraba en la Secretaría de Finanzas.
El 12 de junio de 2016, Mora Vázquez fue plagiado y descuartizado; el 16 de agosto de ese mismo año fue secuestrado López Munguía, cuyo cadáver apareció dos días después.
El 2 de noviembre de ese mismo año, Parra Bustos fue levantado y nunca más se supo su paradero.
A continuación se reproducen parte de los testimonios de los tres occisos y del desaparecido.
Supo de las dos operaciones de compraventa de los terrenos de Altamira (2002 y 2007). El 2 de noviembre de 2016, Parra Bustos fue "levantado" en Victoria y desde ese día no aparece.
"De manejar pocos negocios y tener casas de nivel social medio alto, (Cano pasó) a un nivel de vida de lujo extremo, gracias a los contratos y servicios personales que le prestaba don Fernando a su íntimo amigo y compadre, don Tomás Yarrington.
"Aseguraban y se jactaban que (los predios de Altamira) iban a ser la solución y garantía para resolver todos sus futuros problemas económicos y políticos, ya que desde la época de don Manuel Cavazos estaban planeando obtener dicho inmueble disimuladamente, a través de varios actos jurídicos, para que nadie se percatara ni fuera público quién iba a ser el dueño.
"Acordaron a principios del 2002 que el Gobierno le iba a vender el terreno de Altamira... después de dicha operación, todos, es decir, don Fernando, don Tomás y el señor Homero Díaz Rodríguez compraron algunos medios de comunicación, la mayoría periódicos, para evitar que saliera la nota al público de dicha venta.
"Nunca vi dicha cantidad (16 millones pagados en 2007 por Berlanga a Cano), sin embargo, en alguna ocasión le cuestioné dicho tema y (Cano) me contestó que a veces hay que aprender a perder dinero para ganar libertad y que dicho inmueble perdido era sólo uno de muchos que había ganado, pero que gracias a esa venta estaría tranquilo él y su familia por lo menos unos años más".
'Me dijo que dejara de meterme con ellos'
"Dicha compra venta la cerramos por órdenes supuestamente del Gobernador Eugenio Hernández al señor Alberto Berlanga Bolado, en el mes de julio (sic) de 2007.
"Es decir, todo fue muy rápido, ni el propio Alberto y su hermana Delia del Carmen se enteraron de cómo se cerró la operación, de cómo pagaron ni qué iban a hacer con el inmueble. Únicamente sabían lo que los supuestos asesores del Gobernador le informaban y esto era que iban a ser dueños del predio que adquirieron en un precio sumamente inferior al que llegué a valuar como parte de mis servicios, el cual estaba en dicha época en más de mil millones de pesos, y ellos lo adquirieron en un poco más de 16 millones de pesos, es decir, en mi opinión personal, fue una ganga.
"Posterior a dicho servicio que les presté, dejaron de cubrir mis honorarios, motivo por el cual dejé de trabajar para ellos, sin embargo, en la última junta que tuve con la familia Berlanga Bolado, el señor Alberto, muy agresivamente, me amenazó de muerte y me indicó que ya dejara de meterme con ellos si no quería meterme en problemas, ya que derivado de la compraventa que hizo de favor al Gobernador Eugenio Hernández, le debían muchos favores y, por lo tanto, estaba bien parado, desde esa fecha no tuve mayor comunicación con ellos".
'Lo ideal era crear una persona moral limpia'
En 2007, el entonces Gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández comisionó a Edgardo López Munguía para asesorar y "proteger" a Alberto Berlanga Bolado en la compra de los predios de Fernando Cano en Altamira, a un 1.5 por ciento de su valor real.
El 16 de agosto de 2016, cuando era director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas estatal en la gestión de Egidio Torre, López Munguía fue secuestrado y dos días después, en un operativo de rescate, se halló su cadáver en un hotel. Le dieron un solo balazo en la pierna derecha y murió de hemorragia. Hubo 3 detenidos.
"A mediados del año 2007 se le recomendó al señor Berlanga que si quería que su nombre y evidentemente el del señor Eugenio Hernández no aparecieran en la escritura mediante la cual se formalizaría la compraventa, lo ideal era constituir una persona moral limpia que pudiera aparecer en la operación.
"A mediados de dicho año se constituyó la empresa denominada GMC Desarrollo Industrial Altamira, la cual se puso a nombre de la hermana del señor Alberto Berlanga y de éste, por instrucciones de Alberto Berlanga, ya que se necesitaban forzosamente como mínimo a dos personas.
"Una vez que se llevó a cabo la compraventa y la formalización del contrato, se le informó de dicha situación al señor Eugenio Hernández, el cual me dio las gracias y me dijo que ya no iba a ser necesario que prestara mis servicios, toda vez que ya había cumplido con lo que quería; entonces yo me despedí del señor Alberto Berlanga, ya que habíamos hecho una buena relación con motivo de esta misión, por decirlo de alguna manera, recordando que al momento en que me despedí de él me dijo: 'Gracias por todo, le limpiaste el culo a Eugenio y Tomás, ahora sí ya chingamos todos'".
'Debíamos diluir la procedencia del predio'
Entre 2006 y 2007, el ex Gobernador Tomás Yarrington asignó a Ramiro Higuera Martínez la tarea de asesorar la operación con la que la empresa de Fernando Cano Martínez vendería los predios de Altamira a la inmobiliaria de Alberto Berlanga Bolado.
Higuera se suicidó el 12 de mayo de 2014 en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, cuando era Jefe de Departamento de la Secretaría de Finanzas, ya en la gestión de Egidio Torre. En el trato que patrocinó se vendieron en 16 millones de pesos terrenos que valían mil 54 millones de pesos.
"Sinceramente de manera muy extraña se lo habían vendido a la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo S.A. de C.V., sociedad que utilizaba el señor Fernando Cano para realizar negocios encomendados por el ex Mandatario Tomás Yarrington.
"El propósito principal era ir diluyendo la procedencia del predio ubicado en el puerto de Altamira, a modo que mediante este acto jurídico se fuera limpiando por decirlo de alguna manera la procedencia del predio que comprendía dos polígonos correspondiente a 16 hectáreas.
"Lo que sí me consta es que el propósito por el cual querían transmitir la propiedad del predio de Altamira a la empresa GMC Desarrollo Industrial Altamira era con el afán de que el señor Alberto Berlanga Bolado tuviera el dominio y manejo del mismo, ya que cuidaba los intereses financieros del entonces Gobernador Eugenio Hernández, para que cuando saliera éste de su mandato, tuviera un capital considerable para poder vivir el resto de su vida".
"Incluso, en alguna ocasión recuerdo que Fernando Cano me comentó que esta operación tenía que hacerse lo más rápido posible porque querían blindarse en el periodo de esa administración".
Masacre en iglesia de Texas, es el enésimo tiroteo en EU
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EFE EN HOUSTON
Al menos 26 personas murieron ayer a mediodía y cerca de 30 más quedaron heridas cuando asistían a un servicio dominical en un templo baptista de una pequeña localidad de Texas luego de que un hombre irrumpiera en el templo con un rifle semiautomático y baleó a todos los feligreses.
En una rueda de prensa, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, aseguró que el tiroteo ocurrido en la Primera Iglesia Baptista de Sutherland Springs, un pequeño pueblo de algo más de 500 habitantes cerca de San Antonio, es “la peor matanza registrada en la historia del estado”.
Las autoridades señalaron que las edades de las 26 víctimas oscilan entre los 5 y 72 años de edad. Una de ellas es Annabel Pomeroy, la hija de 14 de años del pastor de la iglesia, Frank Pomeroy, quien lo confirmó a ABC News.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, informó a Fox News que hay un número aún mayor de heridos
Aunque las autoridades no revelaron el nombre del atacante, varios medios estadunidenses lo han identificado como Devin Kelley, un hombre blanco de 26 años.
Tras masacrar a los feligreses, Kelley escapó en su coche, que pudo verse en imágenes de televisión en medio de un campo, pero poco después murió, tras una breve persecución policial.
Se desconoce por ahora si el atacante pereció por disparos de la policía o se quitó la vida, y sólo se informó que vestía completamente de negro y portaba un chaleco antibalas. Las autoridades investigan si pertenecía a una organización terrorista o criminal.
INTERROGANTES. “Estamos en shock”, manifestó a Univision el representante demócrata por Texas Vicente González, quien subrayó que Sutherland Springs es una pequeña localidad de “gente buena” donde nunca había pasado nada parecido.
Hasta ahora se desconocen por completo los motivos del autor del tiroteo, aunque González dijo que le comentaron que el autor no pertenecía a la comunidad del pequeño pueblo.
Según González, Sutherland Springs es una pequeña localidad rural de mayoría de población anglosajona, donde los latinos representan el 20 por ciento del total.
En Sutherland Springs hay una fuerte presencia policial, incluido el FBI, así como personal médico que ha transportado a varias personas a dos hospitales vecinos, uno de ellos militar.
BENDICIONES. El presidente de EU, Donald Trump, de gira en Japón, reaccionó con un mensaje en Twitter, en el que escribió: “Que Dios esté con el pueblo de Sutherland Springs, Texas. El FBI y las agencias de la ley están sobre el terreno. Estoy siguiendo la situación desde Japón”.
“Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los amigos y familiares afectados. Que Dios les proporcione consuelo en este momento de tragedia”, indicó en un comunicado Sarah Huckabee Sanders, portavoz de la Casa Blanca, y quien agregó que Trump había hablado por teléfono con el gobernador texano.
Anaya y Barrales acaparan spots para amarrar candidaturas
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| Ricardo Anaya se defiende de acusaciones periodísticas en uno de los comerciales. (Foto: Captura) |
Erika Montejo
Los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, respectivamente, se cuelgan de las pautas oficiales de sus partidos para promover en radio y televisión el Frente Ciudadano por México (FCM) y, de paso, apuntalar su imagen a seis semanas de que inicien las precampañas.
A partir de hoy los spots de los nueve partidos con registro regresan en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz, luego de que durante octubre fueron sustituidos por mensajes para la población afectada por los sismos y huracanes.
Esta etapa de promoción termina el 13 de diciembre próximo, un día antes del inicio de las precampañas.
De esta manera el Frente Ciudadano por México tendrá la posibilidad de promocionar a sus partidos en todo el país en al menos 213 mil 792 mensajes de radio y televisión, de acuerdo con un cálculo realizado por La Razón, a partir de la programación de spots autorizada en periodo ordinario.
El dato
En el país hay 2 mil 732 señales de radio y tv, de las cuales mil 722 son radiofónicas y mil 10 de televisión, según el catálogo de emisoras autorizado por el INE.
En la pauta autorizada para esta época, en los del PAN, PRD y MC se hace alusión a la “unidad para cambiar el rumbo del país”, así como “sacar al partido en el poder” y hacen referencia a encuestas en las que dicen ir en primer lugar de las preferencias electorales.
En un promocional programado por el sol azteca, la propia líder nacional, Alejandra Barrales, hace un llamado a la unidad en torno al proyecto, en el que menciona: “Esto es el frente amplio, la oportunidad de unirnos y sumarnos para cambiar las cosas”.
Otro spot de este mismo partido refiere que el frente busca unir a la oposición, para sacar al PRI del poder y defender a millones de mexicanos.
“En el frente buscamos puntos de acuerdo, no diferencias, no basta un solo partido o una sola persona. En el frente sabemos qué nos une, nos une México”, menciona la cápsula, misma que está disponible en el portal del Instituto Nacional Electoral (INE).
En tanto, en el caso del PAN, uno está dedicado a defender al dirigente nacional, Ricardo Anaya, de publicaciones periodísticas, en el cual asegura que los ataques contra éste se deben a la creación del frente.
En dicho spot, en su versión de televisión, se muestra una encuesta en la que los tres partidos en unidad tienen una preferencia del 29 por ciento, por encima de Morena, con un 24 por ciento, y del PRI-PVEM, con una preferencia del 20 por ciento.
“¿Y sabes por qué tantos ataques? Porque vamos arriba en las encuestas, vamos a lograr el cambio. ¡Sí se puede! ¡Ya verás!”, se escucha al final de dicha cápsula en la cual durante unos segundos aparece la imagen de Anaya.
Movimiento Ciudadano, por su parte, también incluye en sus mensajes un llamado a la confianza por el frente, aunque éste no hace alusión a su dirigente nacional Dante Delgado, ni es protagonizado por él, a diferencia de sus aliados.
“Decimos sí al frente porque hoy no pensamos en partidos, estamos pensado en México, danos el beneficio de la duda, ten la confianza de que haremos lo correcto”, menciona el mensaje en el que aparecen al menos una decena de personas.
El registro del frente fue aprobado por el INE con vigencia al 31 de diciembre de 2024, y se especifica que las acciones que lleve a cabo no podrán tener alguna finalidad de carácter electoral.
Tanto Barrales como Anaya han dejado entrever que la decisión del candidato a la presidencia se resolverá a mediados de diciembre, justo cuando inicie el periodo de precampañas.
En tanto, diversas versiones periodísticas han dado cuenta de que Anaya estaría perfilado para la candidatura presidencial, por parte del frente, en tanto que Barrales iría por el Gobierno de la Ciudad de México.
Los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, respectivamente, se cuelgan de las pautas oficiales de sus partidos para promover en radio y televisión el Frente Ciudadano por México (FCM) y, de paso, apuntalar su imagen a seis semanas de que inicien las precampañas.
A partir de hoy los spots de los nueve partidos con registro regresan en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz, luego de que durante octubre fueron sustituidos por mensajes para la población afectada por los sismos y huracanes.
Esta etapa de promoción termina el 13 de diciembre próximo, un día antes del inicio de las precampañas.
De esta manera el Frente Ciudadano por México tendrá la posibilidad de promocionar a sus partidos en todo el país en al menos 213 mil 792 mensajes de radio y televisión, de acuerdo con un cálculo realizado por La Razón, a partir de la programación de spots autorizada en periodo ordinario.
El dato
En el país hay 2 mil 732 señales de radio y tv, de las cuales mil 722 son radiofónicas y mil 10 de televisión, según el catálogo de emisoras autorizado por el INE.
En la pauta autorizada para esta época, en los del PAN, PRD y MC se hace alusión a la “unidad para cambiar el rumbo del país”, así como “sacar al partido en el poder” y hacen referencia a encuestas en las que dicen ir en primer lugar de las preferencias electorales.
En un promocional programado por el sol azteca, la propia líder nacional, Alejandra Barrales, hace un llamado a la unidad en torno al proyecto, en el que menciona: “Esto es el frente amplio, la oportunidad de unirnos y sumarnos para cambiar las cosas”.
Otro spot de este mismo partido refiere que el frente busca unir a la oposición, para sacar al PRI del poder y defender a millones de mexicanos.
“En el frente buscamos puntos de acuerdo, no diferencias, no basta un solo partido o una sola persona. En el frente sabemos qué nos une, nos une México”, menciona la cápsula, misma que está disponible en el portal del Instituto Nacional Electoral (INE).
En tanto, en el caso del PAN, uno está dedicado a defender al dirigente nacional, Ricardo Anaya, de publicaciones periodísticas, en el cual asegura que los ataques contra éste se deben a la creación del frente.
En dicho spot, en su versión de televisión, se muestra una encuesta en la que los tres partidos en unidad tienen una preferencia del 29 por ciento, por encima de Morena, con un 24 por ciento, y del PRI-PVEM, con una preferencia del 20 por ciento.
“¿Y sabes por qué tantos ataques? Porque vamos arriba en las encuestas, vamos a lograr el cambio. ¡Sí se puede! ¡Ya verás!”, se escucha al final de dicha cápsula en la cual durante unos segundos aparece la imagen de Anaya.
Movimiento Ciudadano, por su parte, también incluye en sus mensajes un llamado a la confianza por el frente, aunque éste no hace alusión a su dirigente nacional Dante Delgado, ni es protagonizado por él, a diferencia de sus aliados.
“Decimos sí al frente porque hoy no pensamos en partidos, estamos pensado en México, danos el beneficio de la duda, ten la confianza de que haremos lo correcto”, menciona el mensaje en el que aparecen al menos una decena de personas.
El registro del frente fue aprobado por el INE con vigencia al 31 de diciembre de 2024, y se especifica que las acciones que lleve a cabo no podrán tener alguna finalidad de carácter electoral.
Tanto Barrales como Anaya han dejado entrever que la decisión del candidato a la presidencia se resolverá a mediados de diciembre, justo cuando inicie el periodo de precampañas.
En tanto, diversas versiones periodísticas han dado cuenta de que Anaya estaría perfilado para la candidatura presidencial, por parte del frente, en tanto que Barrales iría por el Gobierno de la Ciudad de México.
Malgasto de 780 mil mdp queda impune
Iván Ramírez y Francisco Nieto
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recupera sólo 14 de 100 pesos que observa, lo que sigue siendo un resultado marginal comparado con el tamaño de corrupción que prevalece en todos los niveles de gobierno, reconocieron académicos y especialistas en la materia.
El martes, el titular de ASF, Juan Manuel Portal, dio a conocer –al presentar la segunda parte de los resultados de la Cuenta Pública 2016— que en 15 años se recuperaron 116 mil 425 millones de pesos.
En ese lapso (2001- 2015), el monto total observado de recursos públicos fue de 780 mil 519 millones de pesos, es decir, lo recuperado representa 14 por ciento del total.
Asimismo, la ASF presentó en ocho años 848 denuncias, sin que haya castigados por parte de la PGR, quien hasta el momento no ha informado sobre avances en las indagatorias.
El académico del CIDE José Roldán Xopa reconoció que pese al avance y fortaleza que tiene la ASF, estos números no son los resultados esperados, por lo que todavía falta fortalecer la fiscalización en el país.
“Estos datos nos indican que todavía hay mucho por hacer, porque la diferencia de estos montos es sustancialmente grande”, comentó, mientras que el coordinador del área de Justicia Fiscal de Fundar, Javier Garduño, aseguró que la ASF ha mencionado que el problema es muy crítico y que no hay instrumentos ni herramientas para hacer que el problema se solucione a la brevedad.
Explicó que, pese a esta desproporción en los números, la baja recuperación a lo observado sale -en muchos casos- del campo de acción de la ASF, pues el órgano fiscalizador se limita a presentar denuncias y la PGR, así como la Secretaría de la Función Pública (SFP), son las encargadas de las sanciones.
“La labor de la ASF no es necesariamente recuperar ese dinero; sino señalar dónde están esas áreas de riesgo en el manejo de los recursos públicos y creo que en eso ha sido muy buena”, afirmó.
Por su parte, Alejandro García, investigador del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, expuso que el foco de la recuperación también debe estar en aquellos montos que no son ni operados (recuperados en efectivo) ni aclarados.
México Evalúa estimó, con base en datos de la propia ASF, que 28.6 por ciento de los 780 mil millones de pesos que se han observado en los últimos 15 años, no se han aclarado ni operado, es decir, se trata de recursos que probablemente nunca se sepa su destino real.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recupera sólo 14 de 100 pesos que observa, lo que sigue siendo un resultado marginal comparado con el tamaño de corrupción que prevalece en todos los niveles de gobierno, reconocieron académicos y especialistas en la materia.
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En ese lapso (2001- 2015), el monto total observado de recursos públicos fue de 780 mil 519 millones de pesos, es decir, lo recuperado representa 14 por ciento del total.
Asimismo, la ASF presentó en ocho años 848 denuncias, sin que haya castigados por parte de la PGR, quien hasta el momento no ha informado sobre avances en las indagatorias.
El académico del CIDE José Roldán Xopa reconoció que pese al avance y fortaleza que tiene la ASF, estos números no son los resultados esperados, por lo que todavía falta fortalecer la fiscalización en el país.
“Estos datos nos indican que todavía hay mucho por hacer, porque la diferencia de estos montos es sustancialmente grande”, comentó, mientras que el coordinador del área de Justicia Fiscal de Fundar, Javier Garduño, aseguró que la ASF ha mencionado que el problema es muy crítico y que no hay instrumentos ni herramientas para hacer que el problema se solucione a la brevedad.
Explicó que, pese a esta desproporción en los números, la baja recuperación a lo observado sale -en muchos casos- del campo de acción de la ASF, pues el órgano fiscalizador se limita a presentar denuncias y la PGR, así como la Secretaría de la Función Pública (SFP), son las encargadas de las sanciones.
“La labor de la ASF no es necesariamente recuperar ese dinero; sino señalar dónde están esas áreas de riesgo en el manejo de los recursos públicos y creo que en eso ha sido muy buena”, afirmó.
Por su parte, Alejandro García, investigador del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, expuso que el foco de la recuperación también debe estar en aquellos montos que no son ni operados (recuperados en efectivo) ni aclarados.
México Evalúa estimó, con base en datos de la propia ASF, que 28.6 por ciento de los 780 mil millones de pesos que se han observado en los últimos 15 años, no se han aclarado ni operado, es decir, se trata de recursos que probablemente nunca se sepa su destino real.
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