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Salvador García Soto.
¿Es ilegal que los millonarios mexicanos (empresarios, sacerdotes, líderes sindicales y funcionarios públicos) sacaran miles de millones de dólares del país para invertirlos en paraísos fiscales? Si no declararon esas sumas de dinero al fisco mexicano, sí fue ilegal y eso los convierte en evasores; pero aún cuando lo hayan declarado —como inocentemente supone el secretario de Hacienda, José Antonio Meade— no dejaría de ser una conducta totalmente inmoral de quienes, ya sea en la empresa privada, en el servicio público, en la recaudación de limosnas y hasta en la representación —por no decir explotación— de los trabajadores, hayan utilizado mecanismos de inversión para ocultar enormes fortunas y evadir el pago de impuestos de un dinero cuyo origen no está del todo claro.
La gran revelación de los Paradise Papers, que exhibió junto con la realeza europea, a un secretario de Trump, millonarios de Hollywood, estrellas de rock, inversionistas de todo el mundo y, por supuesto, a un “selecto” grupo de mexicanos encumbrados de la empresa privada y ligados a la política, constituye un escándalo de proporciones mayúsculas, porque exhibe, cuando no la ilegalidad y la evasión de impuestos de quienes esconden su dinero en paraísos fiscales, sí una vergonzosa e inmoral práctica que intenta esconder de manera deshonesta grandes fortunas en el extranjero para evitar, eludir o burlar el pago de impuestos en el país en donde ganaron el dinero.
Todavía no terminan las investigaciones de los Panamá Papers y la recuperación de dinero evadido al fisco mexicano por al menos 26 empresas y más de 215 personas físicas investigadas por el SAT tras aquellas filtraciones, cuando esta nueva filtración del Consejo Internacional de Periodistas, publicado en México por Proceso y Mexicanos Contra la Corrupción, arroja nuevos nombres —algunos repetidos en ambas listas— de al menos 62 empresarios, políticos, jugadores de futbol, líderes religiosos y sindicales y otros personajes mexicanos que ocultaron fortunas tasadas en miles de millones de dólares lo mismo en paraísos del Caribe (Barbados) que en Malta, la pequeña ciudad europea, donde el 16 de octubre pasado asesinaron con una bomba en su auto a la periodista Daphne Caruana, por participar en los Panamá Papers ¿Habrá vínculo de inversores mexicanos con los autores de ese atroz asesinato?
Este nuevo escándalo constituye una prueba de fuego para el secretario de Hacienda José Antonio Meade, justo cuando busca ser candidato presidencial. De los Panamá Papers Meade recibió las investigaciones ya avanzadas por su antecesor y amigo, Luis Videgaray, y del director del SAT al que destituyó, Aristóteles Núñez. Esta será la primera vez que Meade enfrente un escándalo de posible evasión fiscal de tales dimensiones, junto con su administrador del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, además del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz, del cuestionado grupo de la procuraduría mexiquense.
Será interesante ver qué tanto Meade y su equipo ejercen la autoridad para castigar a posibles grandes evasores y defender al fisco —y a los contribuyentes cautivos mexicanos que sí son obligados a pagar impuestos, so pena de cárcel y embargos despiadados— sobre todo por los nombres que aparecen en la lista del Paradise Papers, desde Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Enrique Coppel, Miguel Quintana Pali, Carlos y Óscar Constandse Madrazo (Grupo Xcaret), Carlos Hank González, Isaac Hamui Sitton (Tiendas Julio) Luis Daporto Alejandro, Guillermo Francisco Voguel (magnate del acero) y Luis Fernando Talavera Abdala (Grupo Dasi), además de los ya fallecidos, pero no por ello no investigables sus fortunas heredadas, Marcial Maciel, de los Legionarios de Cristo, y el ex líder de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe.
La primera declaración de José Antonio Meade fue casi exculpatoria, aún antes de investigar posibles evasiones millonarias: “No es ilegal tener dinero en el extranjero”, dijo el presidenciable que ocupa la Secretaría de Hacienda. Luego matizó que “lo inapropiado (no dijo “ilegal”) es no reportarlo”, para luego decir que se va a investigar, pero que a los 62 grandes contribuyentes mexicanos que aparecen en la lista “no se les puede cobrar ni un peso más de lo que están obligados a pagar, pero tampoco vamos a aceptar un peso menos”.
El secretario de Hacienda demostrará si tiene madera de presidente, en la medida que sea capaz, de al menos iniciar, en el tiempo que le quede en el cargo, investigaciones serias a fondo para castigar a grandes empresarios si incurrieron en evasión al no declarar sus fortunas que llevaron a los paraísos fiscales. O de plano el señor Meade confirmará lo que dicen sus detractores, que es “el candidato de los ricos”, si le deja la papa caliente de los Paradise Papers a quien le sustituya en Hacienda si es que él se va a hacer campaña. Aquí se verá el tipo de presidente que José Antonio Meade aspira a ser.
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