Los penales locales requieren entre 35 mil y 40 mil millones de pesos para mejorar sus condiciones actuales y adecuarlas a los preceptos que marca la ley, estimó el especialista en seguridad y justicia Carlos Mendoza.
El académico de la UNAM señaló que esta cantidad debería invertirse en un plazo de entre 5 y 10 años para cumplir con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en junio de 2016.
"Suena fuerte, pero no es una cantidad inalcanzable para el sistema penitenciario, lo digo con conocimiento de causa a través de un análisis particularizado de cada uno de los más de 200 artículos de la ley.
"No es inalcanzable, sobre todo si fijamos un plazo, insisto, de 5, 10 años. Tienen que buscarse fuentes alternativas, las hay diversas, incluyendo créditos, porque sin duda es una inversión necesaria en un principio, pero después va ir reduciéndose la necesidad financiera", mencionó.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 66 cárceles estatales y municipales líderes de reos coaccionan, extorsionan y obligan a otros internos a pagar por comida, agua o un espacio para dormir.
Esos reos también cobran para acceder a una revisión médica o un trabajo, por hacer uso de instalaciones deportivas o tener visitas familiares o íntimas.
Mendoza consideró viable que en el mediano plazo los estados cumplan con la mayoría de las disposiciones legales en materia penitenciaria, como en alimentación, limpieza, reinserción, seguridad y disciplina.
"Son expectativas muy interesantes, absolutamente garantistas y respetuosas de los derechos humanos, pero tenemos que apuntar alto si queremos mejorar las condiciones de en todo el País.
"Y atender a este último eslabón que siempre se ha caracterizado de ser el cabús no solamente de la seguridad, sino de toda la Administración Pública en el País. Es cuestión de poner la voluntad política", expresó.
Para el también consultor en temas de seguridad, el fortalecimiento de los penales no es un tema prioritario para los gobiernos estatales.
"Es un hecho, no hay interés por parte de ellos (gobernantes). Lo que sucedió, por ejemplo, en Nuevo León denota claramente que no hay interés político y que los temas de gobernabilidad están pasando enteramente a un segundo término", sentenció.
El 30 de octubre se registró un motín en el penal de Chiconautla, Estado de México, por el intento de homicidio del reo Luis Alberto González Nieto "El Tatos"; mientras que el 10 de octubre hubo un motín en el penal de Cadereyta, Nuevo León, que dejó 18 muertos.
Antonio Baranda/REFORMA
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