Destituyen a magistrado denunciado por acoso sexual

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó suspender indefinidamente al magistrado Fernando Reza Saldaña, integrante del Tribunal Colegiado en materia Administrativa y de Trabajo en Querétaro, por acusaciones de supuesto acoso sexual.

Sobre acoso sexual, el Consejo de la Judicatura Federal informó vía transparencia que de 17 denuncias presentadas desde 2006, ninguna ha procedido. En dos de éstas, atendidas en el tercer y vigésimo circuito, no se acreditó la conducta del presunto responsable; otras 13 fueron declaradas improcedentes, una improcedente e infundada y una más infundada.

En entrevista, el magistrado Reza Saldaña, confirmó que desde el 25 de octubrecinco visitadores entraron a su oficina para informarle que sería sometido a una supervisión extraordinaria y que a partir del día siguiente sería suspendido hasta concluir la investigación.

Reza Saldaña afirma que no le informaron que existen dos denuncias en su contra por supuestamente acosar sexualmente a una juez y otras funcionarias. Funcionarios entraron a su oficina, lo grabaron con cámaras y le indicaron que tenía permitido sacar lo indispensable de sus cosas.

Hasta ahora él se explica esto como parte de “las envidias que despierta estar en un alto puesto dentro del Poder Judicial de la Federación” o como represalia por parte de una de ex colaboradoras a las que denunció por irregularidades en el servicio.

Historia. La carrera del magistrado comenzó a despuntar desde 1981, cuando contaba con la empatía del pleno del CJF para ocupar un puesto como juez de Distrito. La historia se repitió en 1990 cuando obtuvo la unanimidad para ser designado magistrado de Circuito; sin embargo, comienza a tener problemas.

En más de 30 años en el Poder Judicial de la Federación (PJF), el magistrado Reza, adscrito al Tribunal Colegiado en materia Administrativa y de Trabajo en Querétaro, logró cultivar amistades que hoy pueden ser la diferencia entre un retiro anticipado, pero discreto, o su destitución por las acusaciones que pesan sobre él.

Desde el pasado 26 de octubre, el magistrado originario de Torreón, Coahuila dejó de despachar en su oficina en Querétaro, Querétaro, luego de que fue suspendido por supuestamente acosar sexualmente a una juez y otras servidoras públicas.

Para evitar desatar un escándalo, se comunicó directamente con el presidente del tribunal, Mario Alberto Adame Nava, y con el otro integrante del órgano colegiado, Germán Tena Campero, para comentarles de la medida impuesta en su contra y aprovechó para agradecerles el trabajo de tantos años juntos en el PJF.

Se sintió humillado. Reconoció que su primer impulso fue pensar en renunciar, al sentirse humillado por la forma en la que le indicaron que estaba su jeto a una investigación, sin informarle de qué se trataba.

Pero su postura ha cambiado: “A mí no se me comunicó cuál es la situación irregular para realizar la visita extraordinaria y saber la causa. Lo más grave es que no te determinan cuánto tiempo va a durar la visita, porque yo he sabido de un compañero más, por lo menos.

“Yo estuve a punto de renunciar, pero dije: ‘No, me voy a esperar a la resolución’, a ver de qué me voy a defender, porque ante la humillación me sentí muy mal. Me voy a esperar al resultado de la visita”, dijo.

La suspensión del magistrado aún no forma parte del registro de servidores públicos sancionados del PJF, por lo que hasta ahora su historial permanece impecable.

Conforme a los criterios internacionales, el magistrado no dejará de percibir un sueldo; sin embargo, al estar suspendido sólo le pagarán 33% de sus percepciones básicas; es decir, de 144 mil 117 pesos que obtiene, sin agregar las prestaciones extraordinarias.

“No saber cuánto dura la sanción es una cuestión que te acaba emocionalmente, una cuestión sicológica tremenda que te acaba moralmente. Simplemente la humillación, el daño moral en cuanto a que llegan y te están grabando desde que llegan. No se lo deseo a nadie”, comentó.

Sobre las acusaciones de acoso sexual en su contra, afirmó no saber nad, pero dice que de ser así, enfrentará cualquier situación.

“Si es así, yo lo voy a enfrentar porque no hay tal. Recientemente hubo el caso de una secretaria integrante de la ponencia que permaneció ocho meses con incapacidades y cuando ya no le dieron, pidió una licencia de tres meses sin goce de sueldo; se le otorgó y cuando se reincorporó siguió con problemas, diciendo que tenía que ir a terapias y a mí otra persona nos comentó que ella trabajaba en el Tribunal Superior de Justicia a pesar de estar impedida”, relató.

El magistrado solicitó confirmar el dato con la presidenta del Tribunal de Querétaro, donde le corroboraron que por lo menos desde marzo la mujer trabajaba ahí. Por ello, el funcionario comenzó a prepararse para iniciar el procedimiento correspondiente como le fue indicado en el CJF, pero de manera anticipada la ex funcionaria presentó su renuncia y le pidió que no diera aviso al Consejo.

El magistrado no pudo echar atrás el aviso que había dado al CJF y envió tanto la renuncia de la mujer, el acuerdo que le recayó y el oficio en el que el TSJ local remitió información sobre la ex funcionaria.

“Dicen que hay acoso sexual. Cuando a uno no le pueden comprobar algo de corrupción, se van por acoso sexual o acoso laboral, pero yo no puedo afirmar nada porque sigo sin saber de qué se me acusa”, agregó.

Después de más de 30 años de carrera judicial el magistrado se mantiene pendiente de la resolución del consejo para saber cómo podrá defenderse, en caso de requerirlo. Su intención es regresar y limpiar su nombre, pero considera que la investigación a la que está sujeto forma parte de las consecuencias de haber llegado tan alto y de las envidias.

Otros casos. Las denuncias por acoso sexual supuestamente cometido por magistrados o altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación no son recientes. El caso más relevante fue el que provocó que el ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, ordenara el inicio del procedimiento correspondiente contra 15 funcionarios adscritos al Canal Judicial por acoso sexual y laboral; introducción y consumo de bebidas alcohólicas, y uso indebido de recursos públicos.