Rolando Herrera/REFORMA
La Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detectó transas en la construcción de tres obras.
El órgano encontró irregularidades, fallas de construcción y pifias en los proyectos de sedes del Poder Judicial en Coahuila, Tlaxcala y Colima.
En esas obras, se invertirán más de mil 200 millones de pesos.
Por ejemplo, en Torreón, la obra de 420 millones de pesos otorgada a la Constructora Jonap contemplaba un edificio de 40 metros de altura con 8 pisos, pero ignoró su cercanía con el aeropuerto, donde sólo se permiten construcciones de hasta 11 metros.
El responsable de las fallas y falta de supervisión es el ex director general de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal Francisco Javier Pérez Maqueda, quien en febrero renunció luego de que en la cajuela del vehículo oficial que tenía asignado fueran encontrados 3 millones 4 mil pesos.
Algunas versiones aseguran que ese dinero era producto de moches pagados por las constructoras beneficiadas con obras del Consejo de la Judicatura.
Pérez dijo que los recursos le fueron "sembrados" para desprestigiarlo.
Según distintos oficios remitidos por el contralor Marino Castillo al pleno del Consejo, también enfrenta procedimientos de responsabilidad administrativa Rosa María Vizconde Ortuño, ex secretaria ejecutiva de Administración y quien fungía como jefa de Pérez Maqueda.
En Torreón, se deberá diseñar un nuevo proyecto en los terrenos que fueron donados por el Mandatario Rubén Moreira y Miguel Riquelme, ex Alcalde de Torreón y actual Gobernador electo.
La imposibilidad de levantar una torre de entre 35 y 40 metros de altura, según reportó la auditoría 26 DAO-703/2017, fue por no haber observado las restricciones establecidas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGCA), pues el predio se ubica en el cono de afectación de la terminal aérea.
En Tlaxcala, donde la empresa Agregados y Maquinaria del Caribe construye un inmueble en Apizaco con una inversión de 370 millones de pesos, se detectaron "diversos incumplimientos relevantes en los sistemas constructivos en la etapa de cimentación".
Respecto a la obra de Colima, donde se gastarán 424 millones, las auditorías 69 y 22/DAO/2017 detectaron "diversas irregularidades que podrían ser constitutivas de una probable causa de responsabilidad administrativa".
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