Reforma Energética es irreversible
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Foto: Daniel Betanzos |
Sería un gigantesco disparate dar marcha atrás al capital ya comprometido para proyectos concretados tras la Reforma Energética, aseguró Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía.
En entrevista, el funcionario federal señaló que la aplicación del nuevo esquema constitucional que permite la inversión de capital privado en proyectos petroleros está asegurada, independientemente de los resultados de las elecciones o de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Advirtió que la siguiente administración debe respetar los contratos que ya fueron adjudicados en las diferentes rondas de licitación y subastas, pues cualquier controversia generaría litigios en tribunales internacionales.
Hasta ahora, las inversiones comprometidas representan más de 80 mil millones de dólares, pero se espera que al final del sexenio el monto de inversión supere los 100 mil millones de dólares, lo que permitirá la incorporación de reservas, el incremento de la producción petrolera y la generación de electricidad con tecnologías limpias.
La Reforma Energética tiene asegurado su futuro, porque su implementación y los contratos ya firmados no podrán revertirse, sin importar los resultados de las elecciones ni de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En entrevista con Excélsior, el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que la Constitución protege el nuevo esquema que otorga a las empresas privadas la libertad de participar en toda la cadena de valor del mercado de hidrocarburos y electricidad, luego de casi ocho décadas de monopolio estatal.
La Reforma Energética tiene un blindaje muy importante, un solo partido o una sola persona puede cambiar la Constitución”, afirmó.
Advirtió que el nuevo gobierno debe “respetar” los contratos que ya fueron adjudicados en las diferentes rondas de licitación y subastas, que hasta ahora representan inversiones comprometidas por más de 80 mil millones de dólares, pues cualquier arbitrariedad también podría derivar en conflictos en tribunales internacionales.
Para el funcionario “sería un gigantesco disparate”, pretender dar marcha atrás al capital ya comprometido para el desarrollo de proyectos de energías limpias, de exploración y explotación de petróleo y gas, así como para la construcción de nuevos gasoductos, generación de empleos y la derrama económica en diferentes regiones del país.
Hasta ahora, la implementación de la reforma ha permitido comprometer 52 nuevas centrales para la generación de energías limpias, así como la firma de 72 contratos petroleros.
Los últimos contribuirán en 2018 a frenar el actual declive de las reservas, pues privados han comenzado a confirmar el potencial geológico de los bloques y anunciar descubrimientos.
Del mismo modo, aunque algunas de las áreas de la ronda 1.3 (de campos maduros) ya están produciendo, se espera que la primera producción comercial de los proyectos adjudicados se registre durante los primeros tres meses de 2019.
“Sería absurdo pretender regresar a un modelo energético que reservaba para el Estado todas las inversiones en electricidad e hidrocarburos, cuando ese sistema nos llevó a convertirnos en un importador de gas y gasolinas, provocó una declinación de más de un millón de barriles de petróleo, tarifas eléctricas caras y generación de energía altamente contaminante.”
Para el secretario, estos avances contribuyen no sólo al desarrollo del país, sino también a garantizar la seguridad energética, sin importar los cambios o decisiones políticas a nivel nacional e internacional.
Tal es el caso de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que de fracasar y registrar la salida de Estados Unidos no representará ningún riesgo para la implementación de la reforma, pues de las más de 30 empresas extranjeras que han llegado a México sólo 14% son estadounidenses, mientras que 86% provienen de otros continentes: Europa, Asia, África e incluso Oceanía.
“El futuro de la energía en México no depende del TLC”, aseguró.
No obstante, reconoció que un buen capítulo de energía favorecería la inversión en la región de Norteamérica y el libre intercambio de bienes energéticos, beneficiando a los tres países.
Son Proyectos transexenales
Pese a los cambios por venir, Coldwell asegura que las más de 66 compañías ya constituidas en el país, de las cuales 33 son mexicanas, tienen confianza en las leyes de la reforma, la cual está muy alineada a las prácticas internacionales.
Para el secretario, la siguiente administración debe dar continuidad al Plan Quinquenal de Hidrocarburos 2015-2019, así como a la construcción del mercado de gasolinas, electricidad, gas natural y gas LP, pues son proyectos de largo plazo que transcienden a un sexenio.
“El plan quinquenal es indicativo, no es un plan obligatorio, pero la nueva administración está obligada a hacer su plan, de eso sí tiene obligación en la Ley.
“Debe de preservarse la reforma, porque es muy buena para el país y porque regresar a lo que fracasó en el pasado, es mala idea”, expresó.
El resultado, millonarias inversiones
Al final de este sexenio se espera que la Reforma Energética concrete inversiones superiores a 100 mil millones de dólares, que contribuirán a la incorporación de reservas, el aumento de la producción petrolera y la generación de electricidad con tecnologías limpias.
Pedro Joaquín Coldwell dijo a Excélsior que para el primer trimestre del próximo año, ya se tiene programada la licitación de 64 bloques petroleros, de los cuales 29 se ubican en aguas profundas del Golfo de México.
El funcionario asegura que en lo que resta de esta administración “apretarán el paso” en cuanto al lanzamiento de licitaciones.
Explicó que hasta ahora “la inversión firmada ya es de 80 mil millones de dólares, pero va a crecer en los próximos meses que restan a la administración, pues nos faltan subastas de energías limpias, varias rondas licitatorias petroleras y la llegada de capital para almacenamiento y transporte de petrolíferos”.
“Estimamos que este el sexenio va a dejar sembrados en México más de 100 mil millones de dólares de inversión que empezarán a desplegarse en los próximos años, a lo largo de la vida de esos contratos”, finalizó.
En entrevista, el funcionario federal señaló que la aplicación del nuevo esquema constitucional que permite la inversión de capital privado en proyectos petroleros está asegurada, independientemente de los resultados de las elecciones o de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Advirtió que la siguiente administración debe respetar los contratos que ya fueron adjudicados en las diferentes rondas de licitación y subastas, pues cualquier controversia generaría litigios en tribunales internacionales.
Hasta ahora, las inversiones comprometidas representan más de 80 mil millones de dólares, pero se espera que al final del sexenio el monto de inversión supere los 100 mil millones de dólares, lo que permitirá la incorporación de reservas, el incremento de la producción petrolera y la generación de electricidad con tecnologías limpias.
La Reforma Energética tiene asegurado su futuro, porque su implementación y los contratos ya firmados no podrán revertirse, sin importar los resultados de las elecciones ni de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En entrevista con Excélsior, el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que la Constitución protege el nuevo esquema que otorga a las empresas privadas la libertad de participar en toda la cadena de valor del mercado de hidrocarburos y electricidad, luego de casi ocho décadas de monopolio estatal.
La Reforma Energética tiene un blindaje muy importante, un solo partido o una sola persona puede cambiar la Constitución”, afirmó.
Advirtió que el nuevo gobierno debe “respetar” los contratos que ya fueron adjudicados en las diferentes rondas de licitación y subastas, que hasta ahora representan inversiones comprometidas por más de 80 mil millones de dólares, pues cualquier arbitrariedad también podría derivar en conflictos en tribunales internacionales.
Para el funcionario “sería un gigantesco disparate”, pretender dar marcha atrás al capital ya comprometido para el desarrollo de proyectos de energías limpias, de exploración y explotación de petróleo y gas, así como para la construcción de nuevos gasoductos, generación de empleos y la derrama económica en diferentes regiones del país.
Hasta ahora, la implementación de la reforma ha permitido comprometer 52 nuevas centrales para la generación de energías limpias, así como la firma de 72 contratos petroleros.
Los últimos contribuirán en 2018 a frenar el actual declive de las reservas, pues privados han comenzado a confirmar el potencial geológico de los bloques y anunciar descubrimientos.
Del mismo modo, aunque algunas de las áreas de la ronda 1.3 (de campos maduros) ya están produciendo, se espera que la primera producción comercial de los proyectos adjudicados se registre durante los primeros tres meses de 2019.
“Sería absurdo pretender regresar a un modelo energético que reservaba para el Estado todas las inversiones en electricidad e hidrocarburos, cuando ese sistema nos llevó a convertirnos en un importador de gas y gasolinas, provocó una declinación de más de un millón de barriles de petróleo, tarifas eléctricas caras y generación de energía altamente contaminante.”
Para el secretario, estos avances contribuyen no sólo al desarrollo del país, sino también a garantizar la seguridad energética, sin importar los cambios o decisiones políticas a nivel nacional e internacional.
Tal es el caso de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que de fracasar y registrar la salida de Estados Unidos no representará ningún riesgo para la implementación de la reforma, pues de las más de 30 empresas extranjeras que han llegado a México sólo 14% son estadounidenses, mientras que 86% provienen de otros continentes: Europa, Asia, África e incluso Oceanía.
“El futuro de la energía en México no depende del TLC”, aseguró.
No obstante, reconoció que un buen capítulo de energía favorecería la inversión en la región de Norteamérica y el libre intercambio de bienes energéticos, beneficiando a los tres países.
Son Proyectos transexenales
Pese a los cambios por venir, Coldwell asegura que las más de 66 compañías ya constituidas en el país, de las cuales 33 son mexicanas, tienen confianza en las leyes de la reforma, la cual está muy alineada a las prácticas internacionales.
Para el secretario, la siguiente administración debe dar continuidad al Plan Quinquenal de Hidrocarburos 2015-2019, así como a la construcción del mercado de gasolinas, electricidad, gas natural y gas LP, pues son proyectos de largo plazo que transcienden a un sexenio.
“El plan quinquenal es indicativo, no es un plan obligatorio, pero la nueva administración está obligada a hacer su plan, de eso sí tiene obligación en la Ley.
“Debe de preservarse la reforma, porque es muy buena para el país y porque regresar a lo que fracasó en el pasado, es mala idea”, expresó.
El resultado, millonarias inversiones
Al final de este sexenio se espera que la Reforma Energética concrete inversiones superiores a 100 mil millones de dólares, que contribuirán a la incorporación de reservas, el aumento de la producción petrolera y la generación de electricidad con tecnologías limpias.
Pedro Joaquín Coldwell dijo a Excélsior que para el primer trimestre del próximo año, ya se tiene programada la licitación de 64 bloques petroleros, de los cuales 29 se ubican en aguas profundas del Golfo de México.
El funcionario asegura que en lo que resta de esta administración “apretarán el paso” en cuanto al lanzamiento de licitaciones.
Explicó que hasta ahora “la inversión firmada ya es de 80 mil millones de dólares, pero va a crecer en los próximos meses que restan a la administración, pues nos faltan subastas de energías limpias, varias rondas licitatorias petroleras y la llegada de capital para almacenamiento y transporte de petrolíferos”.
“Estimamos que este el sexenio va a dejar sembrados en México más de 100 mil millones de dólares de inversión que empezarán a desplegarse en los próximos años, a lo largo de la vida de esos contratos”, finalizó.
Despido de Nieto, decisión técnica, no política: Elías
Se tomó para evitar impunidad y que se libere a posibles delincuentes, aduce; rechaza que tenga la intención de ocultar alguna investigación.
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Dijo que no se puede permitir que servidores públicos atenten contra los principios de presunción de inocencia y de debido proceso. (Martín Salas) |
ANGÉLICA MERCADO Y CAROLINA RIVERA
México
La remoción del ex fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto, fue una determinación de orden técnico, no político, y se decidió para evitar que se genere impunidad y se permita la libertad de posibles delincuentes, aseveró el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán.
En entrevista para El asalto a la razón, en MILENIO Televisión, que conduce Carlos Marín, el funcionario rechazó que el cese tenga la intención de ocultar la investigación del caso Odebrecht, al revelar que al respecto hay dos indagatorias, una de tipo electoral y otra de corrupción, que está lista para ser judicializada en los próximos días.
Sostuvo que como encargado de despacho sí tiene facultades para cesar a un fiscal autónomo, como fue el caso de Nieto Castillo, pero la PGR analiza si tendrá las mismas atribuciones para acudir a comparecer al Senado si se le requiere, porque la ley electoral de 2014 y los artículos 30 de la Ley Orgánica y 137 del reglamento no se las dan.
El funcionario aclaró que él no pertenece a partido político alguno y sostuvo que actuó para impedir que se viole el marco legal y constitucional, se atente contra el debido proceso y se viole la presunción de inocencia que tutela el nuevo sistema de justicia penal.
“En la Procuraduría General de la República no podemos permitir que servidores públicos atenten contra los principios de presunción de inocencia y de debido proceso. Esto se hace cuidando la investigación para evitar que se favorezca la impunidad; la fiscalía es más que un fiscal, la fiscalía tiene directores generales, ministerios públicos debidamente capacitados en temas electorales que siguen actuando con plena autonomía y tienen todas las condiciones para seguir realizando las investigaciones”.
Respecto a las afirmaciones de legisladores y líderes políticos, de que se removió a Nieto para ocultar los resultados de una investigación a Emilio Lozoya, quien habría recibido 10 millones de dólares de la petrolera Obedrecht para llevarlos a la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto en 2012, el encargado de despacho de la PGR rechazó que el cese del fiscal de delitos electorales sea de orden político.
“Yo no voy a capotear el tema, hay que decir las verdades como son. Un fiscal está realizando actos que pueden violentar principios fundamentales, como el debido proceso y no lo vamos a permitir en la procuraduría, porque puede dejar en libertad y en la impunidad a responsables de la comisión de delitos; entonces, estamos cuidando la investigación”.
—¿Era el momento para manotear el avispero? Porque Raúl Cervantes dijo que estaba prácticamente completa la carpeta de investigación del caso Odebrecht.
—Nada tiene qué ver la remoción de Nieto con temas de orden político, hice la la remoción con base en consideraciones de orden técnico para evitar que se siga violando el principio de debido proceso y evitar que personas responsables de la comisión de delito pudieran quedar en la impunidad”, insistió.
Aclaró que cuando Cervantes se refirió a que estaba lista la investigación de Odebrecht, se refirió al caso específico de corrupción, no el electoral que se trabaja en la Fepade y donde la PGR lo que hace es auxiliar en las solicitudes que haga la fiscalía, pero no interviene en función de la autonomía de la que goza.
Por lo que toca a su posible comparecencia en el Senado, señaló que el artículo 30 de la Ley Orgánica y el 137 del reglamento le dan facultades plenas de procurador aun cuando es encargado de despacho, pero esto no le concede las atribuciones para comparecer ante las cámaras, por lo que la PGR analiza ese escenario.
Preocupante regreso al autoritarismo, considera Anaya
La destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, junto con otros hechos que ha realizado el PRI gobierno, son el reflejo de un preocupante regreso al autoritarismo, aseguró el presidente del PAN, Ricardo Anaya.
"El espionaje a activistas de la sociedad civil, periodistas y políticos de oposición, el intento por imponer a un fiscal a modo para los próximos nueve años, la campaña de mentiras contra los partidos de oposición, el voto contra el retiro del fuero a dos diputados cómplices de la corrupción de Javier Duarte", son muestra de ello, señaló.
Alertó que tras la destitución de Santiago Nieto, el encargado de despacho de la procuraduría podrá nombrar a un titular de la Fepade completamente a modo justo cuando ya arrancó el proceso electoral.
Aseguró que esta acción es algo verdaderamente inadmisible, por lo que se exhortará a los senadores a que objeten la decisión del subprocurador.
El panista recordó que la destitución de Nieto se realiza en medio de la investigación sobre presuntos sobornos de Odebrecht al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, durante la campaña presidencial de 2012.
“En elección, INE dará manotazo si es necesario”
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| En la foto: Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (FOTO. GERMÁN ESPINOZA, EL UNIVERSAL) |
Carina García
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, adelantó que en 2018 el organismo a su cargo ejercerá a plenitud todas sus facultades: “Timoratos no, [daremos] manotazos cuando sea necesario”, advirtió.
Hay enojo de un sector social por la actuación del instituto en las pasadas elecciones locales, en el Estado de México particularmente, aceptó, pero el INE está impedido, por ley, para asumir el arbitraje de algunos procesos estatales.
El próximo año “tenemos todas las capacidades jurídicas” y se desplegarán en todo el país, dijo en un foro con los columnistas y articulistas de EL UNIVERSAL, Purificación Carpinteyro, José Antonio Crespo y Salvador García Soto.
Córdova anticipó que el INE pondrá lupa al desarrollo de las elecciones en zonas de reconstrucción tras los terremotos del 7 y 19 de septiembre que azotaron el centro y sur del país, pues los partidos podrían presentar denuncias sobre el uso de recursos para damnificados y esto podría convertirse en un problema para la elección.
El consejero presidente enfatizó que el proceso de 2018 tendrá que juzgarse en sus méritos y admitió que para ello a la autoridad electoral le toca construir la confianza.
Pero, lo que sí preocupa , dijo, es que se argumenta con mucha facilidad que regresamos a 1988 y no es así. En ese tenor reitera que la reforma electoral pasada es funcional.
La columnista Purificación Carpinteyro externó su preocupación por el papel de las redes sociales en los comicios “para tratar de influir en la ciudadanía”, e hizo alusión a lo que sucedió en Estados Unidos.
“Sabemos de la aparente injerencia que tuvieron los rusos en la elección de [Donald] Trump, es una investigación que se está llevando a cabo y qué tanto precisamente los hackers alimentando las redes con fake news pudieron llevar a un segmento de la población a votar por Trump”.
A su vez, el politólogo José Antonio Crespo consideró que en la tarea de generar confianza, las elecciones en el Estado de México y en Coahuila generaron “mucho ruido” que le pegó indirectamente al INE en materia de credibilidad.
“Las encuestas dicen que cerca de 70% no cree que ganó bien el PRI en el Estado de México. A lo mejor valdría la pena aclarar por qué hubo diferencia de criterios en las tarjetas rosas en Coahuila y en tierra mexiquense y ya la gente juzgará”, dijo y cuestionó que no se sancione a quienes están desde hace años en campaña.
El columnista Salvador García Soto opinó a su vez que “el tema que más golpeó a las instituciones electorales más allá de las tarjetas, fue en el Estado de México con el uso de recursos públicos y programas sociales un tanto descarado”.
Esto, dijo, “podría ser un elemento central en esta elección. Sabemos la desventaja con que podría iniciar el candidato oficial y habría un interés por posicionarlo”.
¿Cómo se prepara el INE frente a posibles ataques cibernéticos a sus sistemas, difusión de fake news, campañas en redes para impulsar o detener a candidatos como en Estados Unidos? ¿Ve interés exterior en influir así?
— Sí, es un tema del que nos estamos ocupando. Hemos estado construyendo canales de comunicación con instancias no sólo electorales sino de gobierno [de Estados Unidos], en el entendido de que hay investigaciones criminales en curso, pero para tener claridad de cuáles fueron esos intentos, para conocer dónde podrían estar algunas alertas.
No ha habido ningún ataque informático. Hay intentos, pero ninguna vulneración. Sin embargo, nos estamos preparando ante la eventualidad. No sé si haya interés de [Vladimir] Putin [presidente ruso], de influir en México o no, pero más vale prepararse, no quedarse cortos e imaginar todos los posibles riesgos.
Lo que pasó en las elecciones del Estado de México pegó en la credibilidad del INE, cerca de 70% no cree que el PRI haya ganado ¿qué harán ante el uso de programas sociales o activismo de funcionarios públicos?
—Para 2018, el INE se preparó, emitió lineamientos de cancha pareja para dar equidad en la competencia. Otros sobre la aparición de los líderes en los spots de los partidos y criterios que asumiríamos ante violaciones al articulo 134 de la Constitución sobre programas sociales fueron revocados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el argumento de que el INE no podía suplir al legislador.
Las facultades reguladas las tenemos, el problema no es que nos hayan quitado dientes o herramientas, sino que no hay claridad sobre cuál va a ser el trato ante denuncias por uso de programas sociales con fines electorales o desvío de recursos públicos, o violación al principio de imparcialidad por parte de servidores públicos.
Una ventaja respecto a lo que pasó y generó mucha inconformidad en la actuación del INE en 2017, es que en 2018 habrá elecciones federales en todo el país y la capacidad arbitral del instituto estará en todo el territorio.
En las elecciones de este año, el INE estaba acotado a la fiscalización y asuntos y quejas sobre radio y televisión, nuestras competencias exclusivas, pero no teníamos arbitraje. Así, aunque hubiera habido uso ilegal de programas sociales federales y por funcionarios, la competencia no era del INE sino del Organismo Público Local (OPL). Se nos acusó de no haber atraído o asumido las elecciones, pero no había condiciones legales, la primera, que se solicitara antes del inicio del proceso o que hubiera notoria incapacidad de la autoridad local.
Ahora, la competencia del INE es plena y tiene todas las bases legales para entrar. Antes, si le entrábamos, nos podrían tirar la competencia y decir: este no es un asunto tuyo, sino del OPL.
¿Cómo se evitará uso electoral del programa de reconstrucción en zonas afectadas por los sismos?
—Será importantísimo un acompañamiento social para evitar el uso político, no le corresponde al INE desplegarlo, pero los partidos pueden presentar denuncias.
Hay pérdida de confianza en el INE en contraste del prestigio que tuvo el Instituto Federal Electoral (IFE) ¿Tendrá suficiente autoridad moral?
—No minimizo el momento, pero también al IFE se le acusaba de partidización, siempre ha habido señalamientos de ese tipo.
Quizá sería tiempo de discutir el modelo de justicia y de arbitraje de la elección, porque la verdad es muy complicado para el INE convocar a los ciudadanos a que sean funcionarios de casilla y convencerlos, cuando en el imaginario colectivo hay la percepción de que favorece a uno u otro partido según se resolvió en las medidas cautelares —que son competencia del instituto— en la queja X o la queja Y, aunque al final el caso va a ser resuelto por el tribunal. Esa dualidad hay que discutirla.
Si se hace un análisis, hay muchos actores enojados y de todos colores, y como éste no es un concurso de popularidad, digamos que me preocuparía que sólo hubiera acusaciones de sesgo de un lado, pero no es así.
¿Tenemos autoridad moral para enfrentar a los poderes?, no es nada más cuestión de autoridad moral, sino de autoridad legal, y vuelvo al Estado de México: hay quien dice ¿por qué no diste el manotazo? Doy el manotazo —supongamos— y luego me dicen: oye no te metas porque esa no es tu competencia . Yo lo que digo es ¿cómo llegaría el INE en ese contexto? Como una autoridad que no es autoridad de cara al desafío de 2018.
Claro, se dice es que es una autoridad timorata. No es que sea timorato, es que la autoridad moral tiene, debe ir acompaña de capacidad jurídica de arbitraje e insisto, para 2018 tenemos todas las competencias jurídicas. No hay una sola atribución del INE que no se vaya a desplegar, a diferencia de lo que pasó ahorita, en que algunas si se activaban, otras no le tocaban.
¿Entonces, será ni timoratos ni manotazos en 2018?
—Diría timoratos no, manotazos cuando sea necesario. Creo que es así como tenemos que enfrentar el proceso de 2018, porque ahí nos jugamos la viabilidad última del modelo.
Ha venido funcionando: de 2014 a la fecha, hemos tenido el mayor número de alternancias para un lado y para otro. Creo que el proceso de 2018 tendrá que juzgarse en sus méritos y nos toca construir la confianza, pero se está diciendo con mucha facilidad y preocupa ‘es que regresamos a 1988 o a 1994’ híjole, no. No digo que vivamos la panacea, sí hay cosas que mejorar, sin duda.
¿Qué le faltó a la reforma electoral de 2014?
—Toda reforma es perfectible aunque ésta es funcional. No hay problema para enfrentar las elecciones, pero podemos tener una mejor. Falta que esté completa, porque el principal motivo de disputa electoral en los últimos años es sobre la actuación de los funcionarios públicos y uso de los programas sociales, pero el Poder Legislativo no ha emitido ley reglamentaria del 134 constitucional. Seguro ahí va a estar el principal problema respecto de la actuación del órgano electoral. Ese es el principal riesgo, normativamente hablando. ¿Estamos atados de manos? No. Ahora, el principal desafío tiene que ver con reconstruir la confianza. Otro es el ambiente, pero afortunadamente no hay visos de inconformidad social como en 2015, cuando casi se cancelan elecciones en Oaxaca, no fue así.
Sí hay un tema de inconformidad y de confianza que el INE tiene presente, por eso no pedimos confianza, la estamos construyendo al explicar todo lo que implica el proceso electoral. Hay quien dijo: poner casillas lo puede hacer cualquiera, pero en el contexto de inseguridad, de conflictividad social, no es un asunto menor y esa es la primera —no la única— garantía para el voto en libertad. Hoy, no hay un rincón del país donde el INE tenga una advertencia de que vamos a tener un problema en términos de acceso y de poder instalar casillas.
¿Cómo van a organizar los debates, qué innovaciones?
—A diferencia de antes, ahora los representantes de los abanderados van a opinar, pero no van a decidir las reglas porque las vamos a definir en noviembre, antes de que haya candidatos. La ley dice que serán dos debates presidenciales, nosotros vamos por tres, uno por cada mes de campaña. Queremos que los formatos sean flexibles, y que aunque la ley no obliga a los concesionarios a transmitir un tercero, se vuelva tan atractivo que aunque estaremos muy cerca del Mundial, todo mundo tenga interés.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, adelantó que en 2018 el organismo a su cargo ejercerá a plenitud todas sus facultades: “Timoratos no, [daremos] manotazos cuando sea necesario”, advirtió.
Hay enojo de un sector social por la actuación del instituto en las pasadas elecciones locales, en el Estado de México particularmente, aceptó, pero el INE está impedido, por ley, para asumir el arbitraje de algunos procesos estatales.
El próximo año “tenemos todas las capacidades jurídicas” y se desplegarán en todo el país, dijo en un foro con los columnistas y articulistas de EL UNIVERSAL, Purificación Carpinteyro, José Antonio Crespo y Salvador García Soto.
Córdova anticipó que el INE pondrá lupa al desarrollo de las elecciones en zonas de reconstrucción tras los terremotos del 7 y 19 de septiembre que azotaron el centro y sur del país, pues los partidos podrían presentar denuncias sobre el uso de recursos para damnificados y esto podría convertirse en un problema para la elección.
El consejero presidente enfatizó que el proceso de 2018 tendrá que juzgarse en sus méritos y admitió que para ello a la autoridad electoral le toca construir la confianza.
Pero, lo que sí preocupa , dijo, es que se argumenta con mucha facilidad que regresamos a 1988 y no es así. En ese tenor reitera que la reforma electoral pasada es funcional.
La columnista Purificación Carpinteyro externó su preocupación por el papel de las redes sociales en los comicios “para tratar de influir en la ciudadanía”, e hizo alusión a lo que sucedió en Estados Unidos.
“Sabemos de la aparente injerencia que tuvieron los rusos en la elección de [Donald] Trump, es una investigación que se está llevando a cabo y qué tanto precisamente los hackers alimentando las redes con fake news pudieron llevar a un segmento de la población a votar por Trump”.
A su vez, el politólogo José Antonio Crespo consideró que en la tarea de generar confianza, las elecciones en el Estado de México y en Coahuila generaron “mucho ruido” que le pegó indirectamente al INE en materia de credibilidad.
“Las encuestas dicen que cerca de 70% no cree que ganó bien el PRI en el Estado de México. A lo mejor valdría la pena aclarar por qué hubo diferencia de criterios en las tarjetas rosas en Coahuila y en tierra mexiquense y ya la gente juzgará”, dijo y cuestionó que no se sancione a quienes están desde hace años en campaña.
El columnista Salvador García Soto opinó a su vez que “el tema que más golpeó a las instituciones electorales más allá de las tarjetas, fue en el Estado de México con el uso de recursos públicos y programas sociales un tanto descarado”.
Esto, dijo, “podría ser un elemento central en esta elección. Sabemos la desventaja con que podría iniciar el candidato oficial y habría un interés por posicionarlo”.
¿Cómo se prepara el INE frente a posibles ataques cibernéticos a sus sistemas, difusión de fake news, campañas en redes para impulsar o detener a candidatos como en Estados Unidos? ¿Ve interés exterior en influir así?
— Sí, es un tema del que nos estamos ocupando. Hemos estado construyendo canales de comunicación con instancias no sólo electorales sino de gobierno [de Estados Unidos], en el entendido de que hay investigaciones criminales en curso, pero para tener claridad de cuáles fueron esos intentos, para conocer dónde podrían estar algunas alertas.
No ha habido ningún ataque informático. Hay intentos, pero ninguna vulneración. Sin embargo, nos estamos preparando ante la eventualidad. No sé si haya interés de [Vladimir] Putin [presidente ruso], de influir en México o no, pero más vale prepararse, no quedarse cortos e imaginar todos los posibles riesgos.
Lo que pasó en las elecciones del Estado de México pegó en la credibilidad del INE, cerca de 70% no cree que el PRI haya ganado ¿qué harán ante el uso de programas sociales o activismo de funcionarios públicos?
—Para 2018, el INE se preparó, emitió lineamientos de cancha pareja para dar equidad en la competencia. Otros sobre la aparición de los líderes en los spots de los partidos y criterios que asumiríamos ante violaciones al articulo 134 de la Constitución sobre programas sociales fueron revocados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el argumento de que el INE no podía suplir al legislador.
Las facultades reguladas las tenemos, el problema no es que nos hayan quitado dientes o herramientas, sino que no hay claridad sobre cuál va a ser el trato ante denuncias por uso de programas sociales con fines electorales o desvío de recursos públicos, o violación al principio de imparcialidad por parte de servidores públicos.
Una ventaja respecto a lo que pasó y generó mucha inconformidad en la actuación del INE en 2017, es que en 2018 habrá elecciones federales en todo el país y la capacidad arbitral del instituto estará en todo el territorio.
En las elecciones de este año, el INE estaba acotado a la fiscalización y asuntos y quejas sobre radio y televisión, nuestras competencias exclusivas, pero no teníamos arbitraje. Así, aunque hubiera habido uso ilegal de programas sociales federales y por funcionarios, la competencia no era del INE sino del Organismo Público Local (OPL). Se nos acusó de no haber atraído o asumido las elecciones, pero no había condiciones legales, la primera, que se solicitara antes del inicio del proceso o que hubiera notoria incapacidad de la autoridad local.
Ahora, la competencia del INE es plena y tiene todas las bases legales para entrar. Antes, si le entrábamos, nos podrían tirar la competencia y decir: este no es un asunto tuyo, sino del OPL.
¿Cómo se evitará uso electoral del programa de reconstrucción en zonas afectadas por los sismos?
—Será importantísimo un acompañamiento social para evitar el uso político, no le corresponde al INE desplegarlo, pero los partidos pueden presentar denuncias.
Hay pérdida de confianza en el INE en contraste del prestigio que tuvo el Instituto Federal Electoral (IFE) ¿Tendrá suficiente autoridad moral?
—No minimizo el momento, pero también al IFE se le acusaba de partidización, siempre ha habido señalamientos de ese tipo.
Quizá sería tiempo de discutir el modelo de justicia y de arbitraje de la elección, porque la verdad es muy complicado para el INE convocar a los ciudadanos a que sean funcionarios de casilla y convencerlos, cuando en el imaginario colectivo hay la percepción de que favorece a uno u otro partido según se resolvió en las medidas cautelares —que son competencia del instituto— en la queja X o la queja Y, aunque al final el caso va a ser resuelto por el tribunal. Esa dualidad hay que discutirla.
Si se hace un análisis, hay muchos actores enojados y de todos colores, y como éste no es un concurso de popularidad, digamos que me preocuparía que sólo hubiera acusaciones de sesgo de un lado, pero no es así.
¿Tenemos autoridad moral para enfrentar a los poderes?, no es nada más cuestión de autoridad moral, sino de autoridad legal, y vuelvo al Estado de México: hay quien dice ¿por qué no diste el manotazo? Doy el manotazo —supongamos— y luego me dicen: oye no te metas porque esa no es tu competencia . Yo lo que digo es ¿cómo llegaría el INE en ese contexto? Como una autoridad que no es autoridad de cara al desafío de 2018.
Claro, se dice es que es una autoridad timorata. No es que sea timorato, es que la autoridad moral tiene, debe ir acompaña de capacidad jurídica de arbitraje e insisto, para 2018 tenemos todas las competencias jurídicas. No hay una sola atribución del INE que no se vaya a desplegar, a diferencia de lo que pasó ahorita, en que algunas si se activaban, otras no le tocaban.
¿Entonces, será ni timoratos ni manotazos en 2018?
—Diría timoratos no, manotazos cuando sea necesario. Creo que es así como tenemos que enfrentar el proceso de 2018, porque ahí nos jugamos la viabilidad última del modelo.
Ha venido funcionando: de 2014 a la fecha, hemos tenido el mayor número de alternancias para un lado y para otro. Creo que el proceso de 2018 tendrá que juzgarse en sus méritos y nos toca construir la confianza, pero se está diciendo con mucha facilidad y preocupa ‘es que regresamos a 1988 o a 1994’ híjole, no. No digo que vivamos la panacea, sí hay cosas que mejorar, sin duda.
¿Qué le faltó a la reforma electoral de 2014?
—Toda reforma es perfectible aunque ésta es funcional. No hay problema para enfrentar las elecciones, pero podemos tener una mejor. Falta que esté completa, porque el principal motivo de disputa electoral en los últimos años es sobre la actuación de los funcionarios públicos y uso de los programas sociales, pero el Poder Legislativo no ha emitido ley reglamentaria del 134 constitucional. Seguro ahí va a estar el principal problema respecto de la actuación del órgano electoral. Ese es el principal riesgo, normativamente hablando. ¿Estamos atados de manos? No. Ahora, el principal desafío tiene que ver con reconstruir la confianza. Otro es el ambiente, pero afortunadamente no hay visos de inconformidad social como en 2015, cuando casi se cancelan elecciones en Oaxaca, no fue así.
Sí hay un tema de inconformidad y de confianza que el INE tiene presente, por eso no pedimos confianza, la estamos construyendo al explicar todo lo que implica el proceso electoral. Hay quien dijo: poner casillas lo puede hacer cualquiera, pero en el contexto de inseguridad, de conflictividad social, no es un asunto menor y esa es la primera —no la única— garantía para el voto en libertad. Hoy, no hay un rincón del país donde el INE tenga una advertencia de que vamos a tener un problema en términos de acceso y de poder instalar casillas.
¿Cómo van a organizar los debates, qué innovaciones?
—A diferencia de antes, ahora los representantes de los abanderados van a opinar, pero no van a decidir las reglas porque las vamos a definir en noviembre, antes de que haya candidatos. La ley dice que serán dos debates presidenciales, nosotros vamos por tres, uno por cada mes de campaña. Queremos que los formatos sean flexibles, y que aunque la ley no obliga a los concesionarios a transmitir un tercero, se vuelva tan atractivo que aunque estaremos muy cerca del Mundial, todo mundo tenga interés.
En tres años, la Fepade se alejó de la subordinación al gobierno
La transformación incluyó investigar a dos ex gobernadores priístas y a un subsecretario de la SG
Alonso Urrutia
Históricamente un eslabón débil, por su ineficacia y falta de autonomía que limitaron su actuación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) había tenido una transformación en los pasados tres años, no sólo por el impacto político que tuvo investigar a los ex gobernadores priístas de Veracruz y de Chihuahua (Javier y César Duarte, respectivamente), y a un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación (SG) –el subsecretario Arturo Escobar–, sino por un incremento en la persecución de delitos.
La transformación fue apuntalada en dos factores centrales: la nueva Ley Federal de Delitos Electorales, aprobada en 2014, que actualizó los tipos delictivos, y la designación de Santiago Nieto Castillo como titular.
Estos cambios produjeron que la fiscalía se alejara de la subordinación al gobierno en turno, que se daba incluso en las administraciones panistas, cuando virtualmente se congeló la actuación de esa instancia en el caso Amigos de Fox.
De acuerdo con las cifras oficiales de 2014, la Fepade sólo consignó 62 averiguaciones previas y el rezago alcanzaba 5 mil 552 expedientes en una etapa en donde 92 por ciento de los casos indagados se reducía a investigar lo relacionado con la credencial de elector.
Sin embargo, al amparo de la nueva legislación, la fiscalía electoral diversificó el ámbito de su actuación y lo incrementó cuantitativamente.
En 2015, los comicios federales y locales representaron la primera prueba para la nueva etapa de la democracia con el surgimiento del Instituto Nacional Electoral, la transformación de la Fepade y la instrumentación de las reformas electorales. De las mil 240 consignaciones de la fiscalía entre el 19 de febrero de 2015 –fecha de designación de Nieto Castillo– y el 15 de febrero de 2016, 446 se relacionaron con el proceso electoral, reduciéndose el porcentaje que tenían los delitos asociados a la credencial de elector.
La anterior ocasión en que se registraron renuncias o remociones en las instituciones electorales, ya iniciado el proceso, fue en 2005-2006. Justo el día que se formalizaba el inicio de la elección, el 30 de septiembre de 2005, fue forzado a renunciar el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eloy Fuentes, bajo sospecha de corrupción en su desempeño.
En esa fecha, la entonces secretaria ejecutiva del Instituto Federal Electoral María del Carmen Alanís dimitía al cargo por profundas diferencias con el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde; 12 años después, en los albores del proceso electoral, se descabezó a la Fepade.
En el diagnóstico inicial de la fiscalía tras la llegada de Nieto, se advertían como carencias institucionales: ‘‘las debilidades detectadas ante el rezago en la institución, las resistencias al cambio, la falta de recursos materiales y humanos, así como la necesidad de capacitación en el nuevo sistema procesal penal acusatorio’’.
Electo por el Senado con 95 votos y una abstención, Nieto Castillo definió prioridades: ‘‘consolidar la autonomía técnica y de gestión de la fiscalía y el ejercicio imparcial de las funciones de prevención y persecución del delito’’.
Su empeño por la autonomía enfrentó claroscuros. A la omisión de declarar haber sido asesor del PRD en su currículo para obtener el cargo, pronto se sumaría que su primer caso sonado, investigar por presuntos delitos electorales al ex subsecretario de Gobernación Arturo Escobar, se caería en los juzgados.
Emprendería luego indagatorias en contra de los ex gobernadores de Chihuahua, César Duarte, de quien recientemente la Fepade solicitó la extradición, y de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, así como de la legisladora de Morena Eva Cadena, entre otros casos relevantes.
Más de medio centenar de investigaciones de Santiago Nieto que involucran al PRI, aunque la más sonada es la indagatoria al ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, asociado al soborno presuntamente recibido cuando fungía como parte del equipo de campaña del presidente Enrique Peña Nieto en 2012, lo que habría precipitado su remoción.
Con independencia de las polémicas suscitadas por la exposición mediática de casos, la Fepade ha cobrado mayor protagonismo en los comicios a partir de su estrategia de blindaje, encaminado a investigar y acotar las prácticas de compra y coacción del sufragio en los procesos locales registrados en los pasados tres años.
En 2017, la fiscalía investigó más de mil 500 casos relacionados con los procesos, en muchos casos, asociados a la intromisión de funcionarios o la pretensión de compra y coacción del voto.
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| El ahora ex fiscal electoral, Santiago Nieto Castillo, en una imagen de julio de 2016 Foto José Antonio López |
Históricamente un eslabón débil, por su ineficacia y falta de autonomía que limitaron su actuación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) había tenido una transformación en los pasados tres años, no sólo por el impacto político que tuvo investigar a los ex gobernadores priístas de Veracruz y de Chihuahua (Javier y César Duarte, respectivamente), y a un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación (SG) –el subsecretario Arturo Escobar–, sino por un incremento en la persecución de delitos.
La transformación fue apuntalada en dos factores centrales: la nueva Ley Federal de Delitos Electorales, aprobada en 2014, que actualizó los tipos delictivos, y la designación de Santiago Nieto Castillo como titular.
Estos cambios produjeron que la fiscalía se alejara de la subordinación al gobierno en turno, que se daba incluso en las administraciones panistas, cuando virtualmente se congeló la actuación de esa instancia en el caso Amigos de Fox.
De acuerdo con las cifras oficiales de 2014, la Fepade sólo consignó 62 averiguaciones previas y el rezago alcanzaba 5 mil 552 expedientes en una etapa en donde 92 por ciento de los casos indagados se reducía a investigar lo relacionado con la credencial de elector.
Sin embargo, al amparo de la nueva legislación, la fiscalía electoral diversificó el ámbito de su actuación y lo incrementó cuantitativamente.
En 2015, los comicios federales y locales representaron la primera prueba para la nueva etapa de la democracia con el surgimiento del Instituto Nacional Electoral, la transformación de la Fepade y la instrumentación de las reformas electorales. De las mil 240 consignaciones de la fiscalía entre el 19 de febrero de 2015 –fecha de designación de Nieto Castillo– y el 15 de febrero de 2016, 446 se relacionaron con el proceso electoral, reduciéndose el porcentaje que tenían los delitos asociados a la credencial de elector.
La anterior ocasión en que se registraron renuncias o remociones en las instituciones electorales, ya iniciado el proceso, fue en 2005-2006. Justo el día que se formalizaba el inicio de la elección, el 30 de septiembre de 2005, fue forzado a renunciar el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eloy Fuentes, bajo sospecha de corrupción en su desempeño.
En esa fecha, la entonces secretaria ejecutiva del Instituto Federal Electoral María del Carmen Alanís dimitía al cargo por profundas diferencias con el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde; 12 años después, en los albores del proceso electoral, se descabezó a la Fepade.
En el diagnóstico inicial de la fiscalía tras la llegada de Nieto, se advertían como carencias institucionales: ‘‘las debilidades detectadas ante el rezago en la institución, las resistencias al cambio, la falta de recursos materiales y humanos, así como la necesidad de capacitación en el nuevo sistema procesal penal acusatorio’’.
Electo por el Senado con 95 votos y una abstención, Nieto Castillo definió prioridades: ‘‘consolidar la autonomía técnica y de gestión de la fiscalía y el ejercicio imparcial de las funciones de prevención y persecución del delito’’.
Su empeño por la autonomía enfrentó claroscuros. A la omisión de declarar haber sido asesor del PRD en su currículo para obtener el cargo, pronto se sumaría que su primer caso sonado, investigar por presuntos delitos electorales al ex subsecretario de Gobernación Arturo Escobar, se caería en los juzgados.
Emprendería luego indagatorias en contra de los ex gobernadores de Chihuahua, César Duarte, de quien recientemente la Fepade solicitó la extradición, y de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, así como de la legisladora de Morena Eva Cadena, entre otros casos relevantes.
Más de medio centenar de investigaciones de Santiago Nieto que involucran al PRI, aunque la más sonada es la indagatoria al ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, asociado al soborno presuntamente recibido cuando fungía como parte del equipo de campaña del presidente Enrique Peña Nieto en 2012, lo que habría precipitado su remoción.
Con independencia de las polémicas suscitadas por la exposición mediática de casos, la Fepade ha cobrado mayor protagonismo en los comicios a partir de su estrategia de blindaje, encaminado a investigar y acotar las prácticas de compra y coacción del sufragio en los procesos locales registrados en los pasados tres años.
En 2017, la fiscalía investigó más de mil 500 casos relacionados con los procesos, en muchos casos, asociados a la intromisión de funcionarios o la pretensión de compra y coacción del voto.
Hay 50% de probabilidad de que EU salga del TLC
Una renegociación justa y ordenada en el TLCAN es cada vez más difícil, advierten especialistas, según un sondeo de El Financiero entre expertos, que ven probable un eventual abandono de la mesa de parte de la delegación estadounidense.
Jassiel Valdelamar
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Los ánimos de los especialistas de ver una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) justa y ordenada se van apagando, al tiempo que los negociadores de los tres países ven amplias diferencias en sus posturas.
De acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero a más de 15 economistas de las principales instituciones financieras y universidades del país, el consenso ve un 50 por ciento de probabilidad que la delegación estadounidense se levante de la mesa de negociaciones.
Ernesto O’Farrill, presidente del Grupo Bursamétrica, es el economista más pesimista en cuanto a la salida de Estados Unidos del acuerdo, al estimar una probabilidad de 95 por ciento, la cual de llegar a suceder, sería en este mes.
Entre los resultados del sondeo destaca que el consenso ve una probabilidad de uno por ciento al escenario de un TLCAN sin cambios, mientras que un 20 por ciento prevé que el acuerdo sufra sólo cambios menores.
Un 10 por ciento de los consultados estiman que las conversaciones se extiendan más allá de las elecciones presidenciales de 2018 y un 28 por ciento de que sólo se firme un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos.
Definitiva, la quinta ronda
Germán Rojas, director de la carrera de Economía del ITAM, le otorga una probabilidad de 75 por ciento a que la mayor economía del mundo se salga del tratado, que estima, ocurriría en diciembre de este año.
Marco Oviedo, jefe de investigación económica para América Latina de Barclays, ve una probabilidad de 75 por ciento de que se cumpla este escenario, y sería después de la quinta ronda de negociaciones.
“A Trump no le va a quedar otra más que bajar el tono en sus propuestas o va a tener que decidir salirse. En la quinta ronda se verá si Trump baja el nivel de la presión o la mantiene”, indicó.
La eventual terminación del acuerdo si bien no será positivo para México, tampoco sería catastrófico, ya que sólo alrededor de un 3 por ciento de las exportaciones a ese país tendría un arancel mayor, estimó Gabriel Casillas, economista en jefe de Grupo Financiero Banorte. En su opinión, el sector privado estadounidense es el que negociará e impedirá que salgan del TLCAN, pero de no lograrlo “no se acabará el mundo”.
2% de aumento
En la pobreza en México, ocurriría si se cancela el TLCAN, estimó Paul Krugman, Nobel de Economía.
Impacto sería como el Brexit
Los efectos inmediatos para la economía mexicana de una ruptura del TLCAN podrían ser semejantes a los ocurridos en Reino Unido, tras el anuncio de su salida de la Unión Europea (el llamado “Brexit”) en 2016.
Joel Martínez, economista de la firma de corretaje financiero SIF ICAP, señaló que los efectos en la moneda, la inflación y el crecimiento económico de México serían prácticamente comparables a los ocurridos en el Reino Unido.
“El primer efecto del Brexit lo recibió la libra esterlina, al devaluarse frente al euro 13.5 por ciento, aunque después se depreció mucho más. Después de la devaluación, vino la inflación. Luego se notó la caída de la inversión y el consumo, que afectaron a la baja el Producto Interno Bruto”, advirtió Martínez.
Reconoció que hay grandes diferencias entre México y su TLCAN con Reino Unido y la Unión Europea, por lo que la magnitud del impacto sería proporcional.

*Con información de Jeanette Leyva
Revelan vínculo PRI-Odebrecht
Raúl Olmos / MCCI
Cd. de México (23 octubre 2017).- Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, acompañó "de tiempo completo" la campaña presidencial de Enrique Peña en 2012, según Carlos Fadigas, ex director de la compañía.
Fadigas actualmente es testigo colaborador ante la justicia de Brasil para esclarecer el caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato.
"Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, del partido PRI, y del actual Presidente Enrique Peña Nieto.
"No sólo de él, sino también de su equipo", expresó Fadigas en una reunión privada con inversionistas realizada en febrero de 2013, según consta en una transcripción del encuentro.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvo nuevos documentos que revelan que Braskem intervino durante la campaña de Peña con tres transferencias por 1.5 millones de dólares en total a Latin America Asia Capital.
Esta firma, ubicada en Islas Vírgenes, ha sido relacionada por testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, quien se desempeñaba en 2012 como coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI.
El 14 de agosto, REFORMA y MCCI publicaron que en plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares en siete depósitos a la empresa ligada a Lozoya, en pago por supuestos favores.
Con los nuevos documentos, ahora se sabe que tres de esas transferencias provenían de Braskem, que en aquellos días construía la planta Etileno XXI en Veracruz en alianza con la mexicana Idesa.
Los documentos revelados por MCCI --que incluyen estados de cuenta de transferencias desde el Meinl Bank-- fueron integrados a la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI- CDMX/0001139/2017, que tiene abierta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
"Ya hemos tenido conversaciones con el Gobierno de México, no sólo con el Presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña", dijo Fadigas a inversionistas en la reunión en la que reveló que Braskem había acompañado "de tiempo completo" al candidato priísta.
Lozoya ha negado en reiteradas ocasiones vínculos con Latin America Asia Capital y ha asegurado que demandará a los testigos brasileños por dañar su honor. Braskem, por su lado, se ha deslindado de actos ilícitos cometidos por Odebrecht en sus operaciones en México.
En la primera semana de abril de 2010, Peña, entonces Gobernador del Estado de México, viajó a Brasil para reunirse con Marcelo Odebrecht, y en octubre de 2011 -cuando ya se perfilaba como candidato presidencial- se agendó otra cita de ambos personajes en Toluca, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Ésta es la primera vez que se conoce de este segundo encuentro, el cual es mencionado en una cadena de correos electrónicos interceptados por la Policía Federal de Brasil.
Según estos correos, el 25 de octubre de 2011 Marcelo Odebrecht agendó una reunión de dos horas con Peña Nieto; ese mismo día voló de Toluca a Xalapa para encontrarse con el entonces Gobernador Javier Duarte y, por la noche, acudiría a la entrega de un reconocimiento que una fundación presidida por Cuauhtémoc Cárdenas le otorgó al ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva.
El día anterior visitó en Los Pinos al Presidente Felipe Calderón, en compañía de Carlos Fadigas, el director de Braskem. En dos días, Odebrecht se reunió con personajes de tres partidos (PRI, PAN y PRD).
Peña Nieto se volvió a encontrar con Marcelo Odebrecht en la ciudad de Querétaro el 12 de noviembre de 2012, a unos días de tomar protesta, de acuerdo con otra cadena de correos obtenida para esta investigación.
Por esos mismos días habló con Carlos Fadigas sobre el proyecto Etileno XXI, según relató el director de Braskem en otra reunión con inversionistas efectuada el 9 de noviembre de 2012, de cuya transcripción MCCI también tiene copia.
"Tenemos el pleno apoyo (para el proyecto Etileno XXI) no sólo del actual Presidente Calderón, sino que también hemos tenido contacto con el Presidente electo, Enrique Peña Nieto. Conoce el proyecto. Lo hemos discutido con él, y también apoya cien por ciento", aseguró Fadigas en aquella reunión.
Apenas asumió la Presidencia, Peña Nieto se reunió de nuevo con Fadigas, quien actualmente está procesado en Brasil por corrupción.
En octubre de 2013, Peña tuvo una cuarta reunión privada con Marcelo Odebrecht en la residencia oficial de Los Pinos.
¡Fluye el dinero!
Las planillas de pagos de Braskem a la empresa ligada a Lozoya aparecen en un expediente de la investigación, en las que se detalla que un primer pago se efectuó el 23 de mayo de 2012 por 500 mil dólares a través del Meinl Bank de Antigua.
A los siete días (el 30 de mayo) hubo otra transferencia por 490 mil dólares, y una semana después (el 8 de junio) una más por 510 mil dólares. En suma, 1.5 millones en dos semanas.
Odebrecht utilizaba en cada transacción una clave o código con el que se identifica al supuesto operador de los pagos o sobornos.
En el caso de la empresa ligada a Lozoya aparece la clave "Salvador".
Según el expediente, Luis Alberto de Meneses Weyll, quien durante siete años se desempeñó como director de Odebrecht en México, concertó un par de citas con Lozoya en marzo de 2012, justo cuando iniciaba la contienda electoral.
De acuerdo con su delación premiada rendida en diciembre de 2016, en una de las reuniones se acordó transferir cuatro millones de dólares a Lozoya, quien en aquel entonces no desempeñaba ningún cargo público y sólo colaboraba en la campaña.
Los depósitos se harían a dos empresas: Latin America Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas afincadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.
¡'La cuenta no es suya'!
El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, deslindó a su cliente de cualquier transferencia realizada a favor de la empresa Latin American Asia Capital Holding, en Islas Vírgenes.
"Esa cuenta no pertenece al señor Emilio Lozoya Austin y no tiene relación con ese dinero a que hace referencia", expresó al preguntársele sobre las transferencias de Braskem entre mayo y junio de 2012.
"Hasta el momento la PGR no ha hecho del conocimiento información alguna que se obtuviera de la Fiscalía de Brasil, siguiendo en espera de la misma para poder ejercer el debido derecho de defensa", añadió.
Se deslinda Braskem
Braskem ha dicho reiteradamente que en su acuerdo con las autoridades norteamericanas, brasileñas y suizas, no declaró o reconoció acto ilegal en alguno en México, a diferencia de Odebrecht, que en otro acuerdo con las mismas autoridades reconoció haber cometido irregularidades en el país.
"Es incorrecto señalar que actos ilícitos cometidos por Odebrecht estén relacionados con las operaciones de Braskem Idesa. Los negocios de Braskem en México fueron y son desarrollados con total independencia de los negocios de Odebrecht en este país. No existe relación alguna de carácter operacional o administrativo entre ambas empresas en México".
Monreal-Barrales, disputa final en el Frente CDMX
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| Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD. |
ALEJANDRO PÁEZ
Ya hay acercamientos entre el delegado de la Cuauhtémoc Ricardo Monreal y un sector de los perredistas para que participe en el proceso interno del Frente Ciudadano a fin de buscar la candidatura de esa coalición a la Jefatura de la Ciudad de México. No obstante Monreal tendrá que participar como otros interesados en abanderar ese Frente y particularmente con la actual dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, el otro de los “buenos perfiles” con los que se cuenta el perredismo para ese cargo.
Villanueva Mukul, líder de una tribu perredista que fue hegemónica en el partido durante años, revela a Crónica la forma en la que el Frente Ciudadano por México llega a la última semana de octubre.
El delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Avila se mantiene, de conformidad con lo expresado por Mukul, como una de las posibilidades fuertes para encabezar el Frente en la Ciudad de México.
Para ello un sector del PRD mantiene diálogo con el zacatecano para que participe en el proceso interno de esa coalición que se abrirá en las próximas semanas.
Aunque legalmente no ha renunciado al Movimiento Nacional de Regeneración Nacional (Morena), se espera que Monreal deje las filas de ese partido en las próximas semanas en caso de que decida participar en la contienda interna para elegir al candidato de ese Frente Ciudadano por la capital del país. Por lo pronto, la intención de invitarlo al proceso está allí.
Villanueva Mukul reconoció en Monreal un perfil competitivo pero aclaró que no tiene asegurada la candidatura y tendrá que someterse a las reglas del proceso interno de ese Frente. Hay, agrega, otros interesados en abanderarlo como la actual dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, que es otro de los buenos perfiles con los que se cuentan para ese cargo.
El líder de la corriente de los “chuchos” reveló que “varios compañeros” de un sector del PRD mantienen contacto con Monreal para analizar la posibilidad de invitarlo a que se “mida” en ese proceso para elegir al abanderado del Frente Ciudadano por la CDMX.
De hecho aseguró que el zacatecano también intensifica su labor de cabildeo y negociaciones con varios liderazgos capitalinos y de los partidos.
“El se mueve…” , sostiene
METODO DE SELECCIÓN SIMILAR. Villanueva Mukul adelantó que la definición del método de elección del Frente Ciudadano para sus candidatos a las ocho gubernaturas y la Jefatura del Gobierno capitalino será muy similar al que se elija para la del abanderado presidencial.
En ese sentido adelantó que si bien el método de elección de su candidato presidencial aún está a discusión, se analiza la posibilidad de que sea un mecanismo mixto, donde las encuestas espejo, y sondeos que determinen el nivel de posicionamiento de los aspirantes serán parte importante para la definición final de todos los abanderados a gubernaturas y la Jefatura del gobierno capitalino.
“El método será similar ( al de la presidencial ) en los estados y la CDMX por salud de todos”, indica
Monreal ya había anunciado su intención de renunciar a Morena tras perder la encuesta interna en ese partido contra Claudia Sheinbaum, quien será la candidata de ese partido a la Jefatura de la CDMX.
Sin embargo la tragedia del sismo del 19 de septiembre aplazó esa decisión, pero Monreal mantiene acercamientos con algunos sectores de los partidos que integran el Frente Ciudadano para analizar la posibilidad de participar en esa contienda.
Movimiento Ciudadano ya le había ofrecido su apoyo para convertirlo en su abanderado a la capital del país. Al interior del PRD algunos integrantes sobre todo de la corriente de los “chuchos” también se han acercado al zacatecano.
CNDH abandona a policías macheteados, quemados, baleados...
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| Traslado de un agente herido en el operativo el 19 de junio de 2016. (Foto: Especial) |
Heridas de bala, mutilaciones con machete, quemaduras y fracturas fueron algunas de las lesiones que sufrieron el 19 de junio de 2016 un total de 106 elementos de distintas corporaciones policiacas que participaron en el operativo en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, y que a juicio de la CNDH deben ser investigadas por la PGR, para castigar a los responsables.
“Se ha señalado que la CNDH no ve el aspecto de los derechos humanos de los policías, lo cual desde el punto de vista de la Comisión representa un falso debate porque los policías sí tienen derechos humanos.
“Pero cuando son agredidos por civiles a quienes les corresponde investigar son a las autoridades ministeriales, no a la CNDH, cuyo mandato constitucional señala que este organismo debe investigar violaciones de derechos humanos cuando éstas son cometidas por servidores públicos”, señaló el segundo visitador general de este organismo, Enrique Guadarrama.
Hace más de un año integrantes y simpatizantes de la CNTE bloquearon las principales vialidades de la entidad en protesta contra la reforma educativa.
Para desalojarlos, se hizo un operativo en el que participaron elementos de la policía estatal, de la Gendarmería, Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, que derivó en enfrentamientos que dejaron un saldo de siete muertos y más de un centenar de heridos.
José, uno de los agentes federales que participó en el operativo, explicó que aquel 19 de junio cumplía un año como comisionado en la entidad. Ese día fue en auxilio de personal de la División de Fuerzas Federales, Policía Estatal, Policía Ministerial de Oaxaca y personal civil para liberar las vías generales de comunicación de la carretera México-Oaxaca.
“Al estar emprendiendo la retirada fui despojado de mi escudo y mi equipo antimotín. Me rodearon varios sujetos que me agarraron a golpes y quedé inconsciente. Cuando volví en sí, me vi bañado de gasolina… querían quemarme vivo.
“Pero corrí a una iglesia, ahí en la localidad de Nochixtlán, donde fui privado de la libertad durante dos días, junto con otros dos compañeros, una era mujer. Y ahí estuvimos retenidos”, relató.
De acuerdo con José, los dictámenes médicos señalaron que había sufrido traumatismo craneoencefálico, edema en los dos ojos, fractura de tabique nasal, fractura de índice derecho, rotura de ligamento de la rodilla izquierda, grado dos, así como un esguince en el tobillo derecho grado dos.
Guadarrama señala que a partir de que la CNDH dio a conocer su recomendación sobre los hechos registrados en Nochixtlán, el miércoles pasado, han surgido voces que argumentan que el organismo desatendió los derechos humanos de los policías agredidos.
Al respecto dice: “No se puede confundir a la gente, a la opinión pública diciendo que la CNDH no se preocupa por los policías, no, no, no… tan se preocupa que en la recomendación hay un apartado dedicado a los policías y se destaca la importancia de que las autoridades ministeriales deben investigar estas agresiones porque fueron objeto de acciones delictivas.
“Así que no se debe generar un falso debate sobre lo que compete o no a las autoridades”, señaló Guadarrama.
Agregó que de acuerdo con su investigación, los 106 elementos policiacos heridos fueron agredidos por civiles.
“Esto es lo que arrojan las evidencias que encontramos. Tenemos fotos, videos, declaraciones”, concluyó.
Casinos online evaden tributo
En el país operan más de 2 mil sitios web de apuestas, sin regulación alguna, y que generan ingresos por 300 millones de dólares anuales, de acuerdo con estimaciones de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA).
Bet 365, Bet Win, Poker Stars, Star son algunos de los casinos que operan en internet y que no tienen una supervisión oficial. “Muchos de ellos son extranjeros, eso implica que los recursos no se quedan en el país”, señala en entrevista con El Heraldo de México Miguel Ángel Ochoa, presidente de la AIEJA.
Estos sitios, asegura la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos de México (APJSAC) evaden impuestos por alrededor de 2 mil millones de pesos cada año.
Los casinos regulados, de acuerdo con las leyes de México, están obligados a pagar 30% del ISR; 30% del IEPS y 2% por pago de derechos a la Secretaría de Gobernación. Mientras que en EU, los permisionarios aportan entre 6 y 10 por ciento, dependiendo del estado.
Gabriela Ríos Granados, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que urge la legislación para el sector en el país, debido a los alcances que ha tenido el lavado de dinero.
La autora del libro Diagnóstico del marco normativo y tributario de los juegos con apuestas en México agregó que en 2004 se creó el reglamento que acompaña a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que data de 1947, pero omiten reglas claras para los juegos en línea.
La experta refiere de la operación de los participantes de la industria del juego en línea, además de la Secretaría de Gobernación y el SAT.
APROBADOS
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Los permisionarios tienen entre sus prioridades tratar temas como la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos, el juego en vivo, el juego online, el tema fiscal, la seguridad, la responsabilidad social y la certeza jurídica de la industria.
El texto, explicó Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación, contempla la regulación de juegos de apuestas en portales web. “Una industria que ha proliferado en los últimos años con ganancias millonarias”.
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Por Elva Mendoza
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