Otra transa más

Leo Zuckermann

Indignante que universidades públicas se hayan prestado a un esquema de presunta defraudación de dinero de los contribuyentes. De acuerdo con AP y MCCI, las universidades habrían recibido mil millones de pesos en comisiones.

¿Por dónde comenzar? Primero, por la felicitación. Mi respeto al sitio Animal Político (AP) y la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) por el excelente reportaje publicado el lunes titulado La estafa maestra. Ahí se demuestra cómo el gobierno federal ha desviado miles de millones de pesos utilizando, como intermediarias, a instituciones de educación superior. Otro caso de corrupción escandalosa. Otra raya más a un tigre que, a fuerza de rayarlo, ya no le cabe ni una raya más. Felicidades al equipo de periodistas e investigadores de AP y MCCI por revelar este asunto.

Segundo, increíble, indignante y vergonzante que universidades públicas se hayan prestado a un esquema de presunta defraudación de dinero de los contribuyentes. Toda dependencia federal está sujeta a la ley de adquisiciones y, por tanto, obligadas a concursar sus compras de bienes y servicios. Pero, si contratan directamente a una institución pública de educación superior, pueden hacerlo por asignación directa sin tener que licitar.

Resulta que varias entidades federales contrataron a universidades públicas con la condición de que luego subcontrataran a empresas… fantasma. Al aceptar esta transa, las instituciones “educativas” (las comillas son a propósito) se quedaban con una comisión de entre 10 y 15% por cada contrato. De acuerdo con la investigación de AP/MCCI, las universidades habrían recibido mil millones de pesos en comisiones. Los involucrados son la “Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado”. En el reportaje se mencionan los once rectores implicados que lo menos que merecen es ser investigados a fondo.

Tercero, la Auditoría Superior de la Federación ya había detectado, en las cuentas públicas de varios años, un incremento importante del esquema en el que dependencias se saltaban las licitaciones contratando directamente a universidades. El auditor, Juan Manuel Portal, ya había calificado este proceder como ilegal incluso cuando las entidades recibían los bienes y servicios contratados a las instituciones educativas.

Lo que la investigación de AP/MCCI ha relevado es aún peor: que la contratación directa se realizó para, en buen español, robarse el dinero porque “en muchos casos, no hay evidencia documental de que los servicios hayan existido”. Las universidades entregaron los recursos que recibieron, menos su comisión, a empresas fantasma con socios que viven en barrios pobres y que, naturalmente, no tienen idea alguna de qué pasó con el dinero. Un total de tres mil 433 millones de pesos. “La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo”. Sin embargo, también aparecen la Secretaría de Economía, la de Comunicaciones y Transportes, el Fovissste, INEA, Registro Agrario, Senasica, Sagarpa (cuando Enrique Martínez era secretario) y la SEP (con Emilio Chuayffet como titular). Si hay que investigar a los rectores, pues también a los funcionarios y titulares de estas dependencias.

Lo cual nos lleva al cuarto punto: ¿quién las va a investigar?

Desde el punto de vista administrativo, le corresponde a la Secretaría de la Función Pública. Pero, como estamos hablando de un presunto robo de dinero público federal, le correspondería a la Procuraduría General de la República. A Raúl Cervantes, pues. Sí, el mismo que está en el centro de la controversia política de si merece o no ser el primer fiscal autónomo. Este caso incluso podría ser de los primeros para la fiscalía especializada en el combate a la corrupción, que dependerá directamente del fiscal antes mencionado. Pero recordemos que el Senado no ha nombrado a este funcionario. Dicha institución ni siquiera cuenta con presupuesto. Así que, como en muchos casos ocurridos durante este sexenio, tendremos grandes investigaciones periodísticas sobre presuntos casos de corrupción del gobierno federal que acaban sin ninguna consecuencia jurídica. Una vergüenza. Y en cuanto a las secuelas políticas, pues esta nueva transa generará, supongo, mayores dudas entre aquéllos que todavía piensan que vale la pena votar por el PRI en 2018. Por si necesitaban más evidencia…

Twitter: @leozuckermann