Tenemos nuevo villano

Sin Gafete / Isabel Arvide

En nuestro país pocos, muy pocos, están dispuestos a creer en la inocencia de un funcionario público, de un político, o de una persona cercana al presidente Enrique Peña Nieto.

Quiero suponer que hay responsabilidades en esto. Lo cierto es que la cultura del sospechosísmo se ha impuesto. Y que está bien alimentada por la realidad, que el manejo mediático de respuesta, así como la conducta de las autoridades fomentan la percepción de culpabilidad a priori.

Si la PGR hubiese mandado llamar a Emilio Lozoya de inmediato, detrás de la publicación de las acusaciones hechas en Brasil, se hubiesen ahorrado tiempos vitales para incidir en la presunción de inocencia que ha perdido. A eso hay que agregar la soberbia vigente en sus respuestas, ese enojo que se traduce en un “cómo se atreven a acusarme a mí” y que incluye la amenaza de proceder legalmente contra los periodistas.

Emilio Lozoya fue uno de los colaboradores de la campaña de Peña Nieto. Ninguno puede negarlo. Su cercanía puede ser inmensa o no tanto, pero estuvo ahí, justo en un lugar donde lo fácil era “conseguir dinero” para la campaña. ¿Lo hizo? La airada respuesta de Eduardo Sánchez, que tan pocas veces aparece en público como si su oficina fuera la más privada del gobierno, define el inmenso enojo presidencial por esta presunción.

Entonces, millones de mexicanos, estamos a la espera que nos digan porque funcionarios de una empresa que está, mundialmente, acusada de dar sobornos para conseguir contratos, en un juicio, frente a la autoridad correspondiente, declararon haberle depositado a Lozoya diez millones de dólares como “propina”.

Meses después esta empresa, el nombre no importa, recibió un contrato millonario, por asignación directa, en el Pemex que dirigió Lozoya…

entonces…

Si este dinero, esta “propina” como le llaman ellos, no llegó a Emilio Lozoya, si las cuentas en el extranjero, “offshore”, no le pertenecen, no queda sino demostrar quién o quiénes las utilizaron y qué dinero fue “sacado” de estas cuentas.

La ecuación es bien fácil. Se depositó un dinero que iba, según quienes dicen haber hecho este trato delictivo, destinado para Lozoya… ¿quién lo recibió en estas cuentas si no fue él?

Y, tenemos derecho a preguntarnos, cuáles fueron las razones para los contratos que obtuvo esta empresa sin licitación, meses después.

Si Lozoya Austin es un hombre de gran fortuna, no tendrá inconveniente en decirnos de dónde salió el dinero, exactamente 38 millones de pesos, para comprarse una lujosa casa justo al terminar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, justo en los tiempos en que se le acusa de haber recibido dinero como “soborno” para posteriores contratos.

Por estos hechos, la manera en que la empresa Odebrecht se comportó en varios países, hay muchas personas detenidas, en la cárcel, sujetas a juicio. Por lo tanto, no debe ser tan complicado conocer el destino de esos diez millones de dólares. Al menos no en teoría.

La percepción de culpabilidad, así a priori, se alimenta también del hecho de que el actual procurador general de la República, Raúl Cervantes, haya sido el abogado de Peña Nieto en los mismos tiempos de esta acusación. Es decir, parte del grupo de colaboradores cercanos donde estaba Lozoya.