r Carlos Alberto Hernández / Foto: Archivo
Cualquier reforma a la ley educativa le compete a la Cámara de Diputados federal, no a nosotros, justifica
“No hay negociación con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para devolverles el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)”, afirmó ayer el mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa.
Entrevistado al término del recorrido por el Centro de las Artes de San Agustín localizado en Etla, enfatizó que cualquier reforma a la ley no le compete al Poder Ejecutivo estatal y tampoco al Poder Legislativo en Oaxaca.
“Cualquier ajuste que se pretenda hacer no se queda en la cancha del estado, sino debe turnarse a la Cámara de Diputados federal y cabildearse con senadores y diputados federales, no aquí”, respondió a los opositores a la reforma educativa aglutinados en la CNTE.
Sin embargo, dijo que se trabajará en conjunto (con el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca), pero apegados a la ley; “vamos a trabajar en equipo, bajo esquemas muy definidos”.
Murat Hinojosa externó que todo será apegado a lo marcado por la ley, se dio un informe de la situación (de la nómina magisterial) en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y a partir de ahí se trabaja (en el saneamiento).
De acuerdo con el titular del IEEPO, Germán Cervantes Ayala, unos 400 mentores quedaron fuera del sistema profesional docente en Oaxaca, debido a que se negaron a participar en el proceso de evaluación.
Lo anterior, a pesar de que el gobierno federal les otorgó hasta cuatro oportunidades para hacerlo, aunado a que los 400 profesores representan alrededor de cinco millones de pesos mensuales que ya no se pagarán vía nómina”.
Sumado a que la ASF detectó cerca de 6 mil aviadores en la nómina del IEEPO, de trabajadores de la educación que no se han localizado administrativamente, “es decir son personas que no se encontraron frente a grupo”.
Respecto al tema, la organización Mexicanos Primero demandó al gobierno federal establecer mecanismos efectivos de regulación y sanción para asegurar un mejor flujo de información desde los estados.
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