Los ecos de la sangrienta guerra del gobierno contra los cárteles de la droga son lo último que México necesita para atraer las grandes inversiones al sector petrolero de firmas como Exxon y BP.
Army Stillman | Bloomberg
Comprar gasolina robada en el estado mexicano de Puebla es fácil. Sales de la carretera principal a un estacionamiento, y los vendedores están esperando en camionetas cargadas con garrafones.
Con un sifón ponen el combustible en el tanque con una diferencia respecto a gran parte de las estaciones de gasolina, no engañan a los clientes.
Si bien este comercio ilegal ha estado ocurriendo durante décadas, explotó en los últimos años y ahora cuesta a Pemex, la petrolera estatal de México, más de 20 mil millones de pesos al año.
Los huachicoleros, como son conocidos los ladrones de combustible en México, cavan tuberías y secuestran camiones cisterna. Estas técnicas han hecho de Puebla, con su tráfico vehicular pesado y su extenso sistema de gasoductos, un objetivo para el crimen organizado que busca diversificar sus flujos de ganancias.
Los cárteles de la droga del país se han fortalecido ahí adentro a su manera, con una violencia predecible. Nueve personas murieron el 2 de julio en un tiroteo entre bandas rivales de ladrones en Puebla. Y por lo menos 15 personas han muerto en operaciones militares contra el robo de combustible en los últimos meses en un área del estado conocida como el Triángulo Rojo.
El gobierno ha comenzado a actuar porque necesita atraer capitales extranjeros al sector energético, donde la producción de petróleo ha estado cayendo debido a una combinación de inversión insuficiente en exploración y producción, envejecimiento de pozos y deficiencia de infraestructura.
"GOLPE DE REALIDAD"
Foto de un enfrentamiento en Palmarito (Cuartoscuro)
El país tiene una población cinco veces mayor que la de Texas, pero la red de gasoductos del estado de los Estados Unidos es 35 veces más grande.
Los inversores potenciales que ya miran de reojo el goteo constante de las pérdidas por robo y contrabando son aún más propensos a ser disuadidos por la violencia de las pandillas de drogas.
"Para los potenciales participantes en el negocio del combustible, ya sea que estén importando gasolina o diesel o busquen construir terminales, es un golpe de realidad", dice John Padilla, director de la consultora de energía IPD Latin America.
Exxon Mobil, Glencore Plc y BP han anunciado planes para instalar o suministrar gasolineras en México. El comerciante de productos básicos Trafigura Group ha solicitado permisos de importación de combustible.
Y hasta 2 mil 300 millones de dólares en inversiones se han prometido para tuberías, así como terminales para almacenamiento y transporte, según el regulador de la industria.
“Tomamos el robo muy en serio", dijo la portavoz de ExxonMobil, Charlotte Huffaker, en un correo electrónico, agregando que la compañía sigue "comprometida con la apertura de las estaciones de servicio de marca Mobil en México", pero que no será propietaria ni operará directamente las estaciones.
"NUNCA SE SABE QUÉ PODRÍA SUCEDER"
Un oleoducto cerca de Palmar de Bravo en el estado de Puebla explotó después de que fue ilegalmente aprovechado. (Bloomberg)
El capital extranjero y el saber hacer las cosas es exactamente lo que los legisladores reformistas de México querían cuando votaron en 2013 para poner fin al monopolio estatal de 76 años en los sectores del petróleo y la electricidad.
Y han logrado algunas victorias: este mes, las empresas privadas anunciaron hallazgos de petróleo en el Golfo de México que podrían llegar a 3 mil millones de barriles (la producción de petróleo de México fue de 2.5 millones de barriles diarios el año pasado).
Los hogares, sin embargo, no han visto disminuir las tarifas de energía, y la oposición política a la progresiva privatización sigue vigente, con uno de los principales candidatos a las elecciones presidenciales del próximo año, Andrés Manuel López Obrador, prometiendo revertir las reformas.
Especialmente impopular fue la decisión del gobierno de eliminar los subsidios a las gasolinas a comienzos de este año. Los precios en las estaciones saltaron inmediatamente alrededor del 20 por ciento.
Y el robo creció aún más rápido: las tomas de oleoductos ilegales en los primeros cinco meses de 2017 aumentaron casi un 70 por ciento respecto al año anterior, según Pemex.
Fernando Chavala, un conductor de camiones, dice que estuvo sin trabajo por seis meses el año pasado, luego de que la compañía para la que trabajaba tenía en uno de sus camiones 62 mil litros robados y dejó de enviar entregas.
"Cuando uno está en la carretera, nunca se sabe lo que podría suceder", dice, mientras espera a llenarse en una terminal de Pemex en la capital del estado de Puebla. "No tenemos ninguna seguridad".
"NADIE SALE DE SUS HOGARES"
Un enfrentamiento entre pandillas rivales de huachicoleros en el municipio de Puebla de Huehuetlán el Grande dejó nueve muertos en julio (Bloomberg)
El acertadamente llamado Triángulo Rojo, que comprende un grupo de municipios rurales en el estado, ha visto dos masacres debido a los esfuerzos del gobierno para derribar a los ladrones de combustible.
Diez personas murieron en el pueblo de Palmarito Tochapan el 3 de mayo cuando el Ejército fue desplegado para detener a sospechosos, y cinco murieron el 21 de julio en el municipio de Vicente Guerrero en un intento de capturar al supuesto líder de la principal pandilla de robo de combustible, Roberto de los Santos de Jesús, alias ‘El Bukanas’.
Los inversores probablemente permanecerán alejados de lugares como el Triángulo Rojo. "Van a comenzar en áreas menos vulnerables al robo de combustible", dice Alejandro Schtulmann, presidente de Empra, una consultora de riesgo en la Ciudad de México. "Sólo invertirán más cuando vean que la situación es más segura".
Schtulmann dice que el 30 por ciento de este comercio de combustible de consumo está controlado por "criminales pequeños" operando solos.
Pero tanto como el 20 por ciento del comercio está dirigido por los conglomerados criminales más grandes del país, los cárteles de la droga.
Hay ecos de la guerra contra las drogas en el despliegue de tropas federales en Puebla y en la estrategia de ‘decapitación’ de más de una década del gobierno para romper los cárteles dirigiéndose a sus líderes.
También se recuerdan los enfrentamientos entre pandillas que se desencadenaron en julio en el municipio de Puebla, Huehuetlán el Grande. Nueve personas murieron presuntamente por su participación en el comercio de combustible y por no pagar una tasa de extorsión a un grupo rival; las autoridades dijeron que cinco de ellos fueron secuestrados y sus cadáveres quemados.
José Aguilar, un residente local, observó la procesión de ataúdes, inclinándose bajo un árbol para protegerse del sol de la tarde. Aguilar dijo que la mejor manera de detener la violencia es que los habitantes del pueblo formen un grupo de vigilantes.
Aprobó citar esfuerzos similares en estados como Michoacán, donde las milicias de autodefensa surgieron en las comunidades agrícolas y se enfrentaron con los cárteles de la droga y las fuerzas gubernamentales.
En Huehuetlán, "nadie sale de sus hogares ahora después de las 6 o 7 de la tarde", dice Aguilar. "Cerraron las cortinas, y la ciudad está sin vida".
APOYO PÚBLICO
Protesta en Palmarito (Cuartoscuro)
Los funcionarios dicen que están persiguiendo a compradores, así como vendedores. Pemex canceló contratos con siete estaciones de servicio en Puebla que están bajo investigación por recibir combustible robado.
El presidente ejecutivo de Pemex, José Antonio González Anaya, ha dicho que la compañía está atacando la demanda del mercado. Este mes, la fiscalía arrestó a un alcalde del Triángulo Rojo por supuesta participación en el comercio.
La presión tiene cierto impacto, a juzgar por el precio de la gasolina del mercado negro. Los residentes del Triángulo Rojo dicen que pagan de 13 pesos a 14 pesos por un litro de combustible ilegal, en comparación con 9 pesos el año pasado. Pero los conductores mexicanos aún pueden ahorrar alrededor del 20 por ciento llenando sus tanques en lugares como el estacionamiento en el mercado de San Salvador Huixcolotla.
Los asistentes no tienen bombas. Llevan las mangueras plásticas y utilizan su boca para crear la succión para llevar la gasolina a los tanques de los clientes. Algunos usan máscaras quirúrgicas para proteger contra los vapores.
“¿Cuántos litros?”, gritó al conductor de un Honda rojo con un bebé durmiendo en el asiento trasero. Dispensó el combustible, luego sacudió el recipiente vacío de 20 litros en la ventana del coche para demostrar que no había residuos.
El consultor Padilla dice que toda la cadena de suministro -desde el trabajador cómplice de una terminal petrolera de Pemex hasta los ciudadanos locales que actúan como vigías mientras los huachicoleros extraen un gasoducto- vale alrededor de mil 500 millones de dólares y se espera que se expanda. "Eso es mucho dinero, y termina involucrando a mucha gente", dice.
Y pese a los esfuerzos del gobierno, sigue habiendo apoyo público en Puebla para los vendedores ilegales, y el desprecio por las tropas federales enviadas para atraparlos.
"Sólo están tratando de sobrevivir", dice Dulce Rosario Martes, una despachadora de taxis en Palmarito. No hay otro trabajo.
"Sólo están tratando de sobrevivir", dice Dulce Rosario Martes, una despachadora de taxis en Palmarito. No hay otro trabajo.
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