La Procuraduría General de la República (PGR) tiene 19 pruebas con las que sustenta la demanda contra Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, por lavado de dinero y delincuencia organizada.

La dependencia que encabeza Raúl Cervantes intentará sostener en la audiencia de hoy su acusación ante el juez para que se le vincule a proceso y sea trasladado a un penal federal; sin embargo, una de las pruebas, identificada con el número 19, es simplemente la fotografía de Duarte, según la causa penal 97/2016.

En el expediente se incluyen entrevistas con las personas cercanas al ex mandatario de Veracruz que formaron parte de su círculo de prestanombres, escrituras de bienes inmuebles adquiridos, documentos de compra-venta, dictámenes de contabilidad y estados de cuenta.

La parte acusadora sólo tiene acreditados 38.5 millones de pesos desviados de la Secretaría de Educación de los 438 millones de pesos que asegura la PGR. Los elementos cinco y seis, con los que sustenta la mayor parte del juicio, son las declaraciones ministeriales de Alfonso Ortega López, una de las personas que reclutó Duarte para hacer negocios e inversiones.

Los agentes sólo tienen indicios de salida de dinero de otras dependencias que se sustenta en la declaración de Ortega López.

También tiene el testimonio de José Juan Janeiro Rodríguez, quien operó como testaferro y era quien realizaba los pagos de las inversiones; la prueba siete es una declaración por escrito de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, quien también se habría beneficiado de las transacciones.

Como novena prueba, la parte acusadora asegura tener las escrituras de siete bienes inmuebles, por ejemplo, un rancho en Veracruz y un predio rústico en Cosamaloapan, que fue adquirido por Moisés Mansur Cysneiros.

Otras pruebas son un terreno en Valle de Bravo, que también compró Cysneros, y cuatro departamentos en Veracruz adquiridos por Mónica Macías Tubilla, cuñada de Duarte.

Además, la PGR cuenta con la escritura pública de la constitución del Consorcio Brades, una empresa fachada que habría sido fondeada con los recursos de la Secretaría de Educación.

La procuraduría tiene la forma en que se operó la compra-venta que realizó Alfonso Ortega con la empresa Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios de cuatro parcelas del ejido Lerma, en Campeche.

También mostrará la escritura que contiene la protocolización de acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la empresa, en la que se hace constar la venta de las acciones de los únicos socios que integraban la sociedad a favor de Miguel Velázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña.

La prueba 12 es la documentación proporcionada vía asistencia jurídica por el Departamento del Tesoro de EU, referente a la compra de un yate que realizó Alfonso Ortega por medio de la empresa Alpargata Marine que constituyó por órdenes de Duarte.

También asegura tener la escritura de la constitución de la empresa inmobiliaria Roo, de Ortega López y Mario Rosales, así como la operación de la compra de una propiedad en Lomas de Chapultepec, que se realizó por medio de esa empresa con un valor de 47 millones de pesos que sería la casa de retiro de Ochoa, según la declaración de Alfonso Ortega López. La parte acusadora cuenta con la documentación relacionada con las 21 parcelas con un costo total de 20 millones de pesos en el ejido Lerma, en Campeche, y que fueron adquiridas por Alfonso Ortega, José Janeiro, Rafael Rosas y Moisés Mansur Cysneiros.

Se menciona el dictamen en materia de contabilidad en el que se da cuenta de los flujos de dinero por la compra venta de parcelas.