Salvador García Soto
Por la forma en que las fuerzas federales actuaron en el operativo en Tláhuac, en contra del líder abatido de la organización de delincuencia organizada que operaba en el oriente de la capital, es claro que alguien o algunos desde la Federación quisieron mandarle varios mensajes contundentes al jefe de Gobierno de la Ciudad de México: primero, porque mandar a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal confirmó que Felipe de Jesús Pérez El Ojos, era visto como un peligroso narcotraficante por el gobierno federal, y no como un “narcomenudista”, como lo definían las autoridades locales, y que al entrar la Federación con un operativo similar a los que se despliegan en regiones conflictivas por el narcotráfico en el país, se echa por tierra el reiterado discurso capitalino de que “aquí no hay cárteles de la droga”.
No parece casual que el operativo federal se haya realizado en Tláhuac sin dar aviso al gobierno capitalino y justo cuando Miguel Angel Mancera andaba en Chihuahua cabalgando (literalmente, y rumbo a 2018) y entregando patrullas a nombre de la llamada “Fuerza Conago”. Tampoco que el jefe de Gobierno se haya tenido que enterar sobre la marcha de que las fuerzas federales iban a capturar a un delincuente de alto nivel al que no pudieron (o no quisieron) capturar las agencias de seguridad ni las procuradurías capitalinas, a pesar de las constantes denuncias de vecinos y periodistas que habían documentado el terror que sembraba esa organización criminal en varias delegaciones del oriente capitalino. De hecho, a la policía de la Ciudad de México, que llegó después de iniciada la incursión federal, la Marina y los federales no los dejaron entrar hasta que había pasado la refriega en la que El Ojos y siete de sus lugartenientes cayeron abatidos en la colonia Conchita Zapotitlán de la demarcación. ¿Acaso temían filtraciones desde la SSP capitalina que alertaran a los delincuentes?
Quien haya ordenado esa incursión con todo el poderío de la Marina lo hizo con todo el conocimiento de lo que ocurría en Tláhuac y del tamaño de la organización que iban a tratar de descabezar. En el gobierno federal sabían de los vínculos que Felipe de Jesús Pérez tenía con el Cártel de los Beltrán Leyva y de las actividades de tráfico de drogas, secuestro, extorsión y derecho de piso que ese grupo —rival por cierto de la otra gran organización delictiva capitalina, la Unión Tepito— venía realizando en las delegaciones del sur y el oriente de la Ciudad de México, sin que las autoridades capitalinas hicieran algo para evitarlo. Hoy dice Mancera que desde hace siete meses “se había hablado de ese operativo”, lo que no explica el jefe de Gobierno es por qué decidieron ejecutarlo sin avisarle y justo el día que el se encontraba en una gira por el norte del país como presidente de la Conago.
¿Molestó la Fuerza Conago? Un día antes de que las tanquetas y helicópteros de la Marina avanzaran y sobrevolaran por las calles de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina hizo un despliegue inusitado para trasladar del Reclusorio Oriente al reo José Sánchez Villalobos, El señor de los túneles, un cercano operador de Joaquín El Chapo Guzmán, hacia un hospital privado de la Colonia Roma a donde lo llevaron a realizarle “exámenes médicos”. Un camión blindado, tipo Rinoceronte, varias camionetas también blindadas y decenas de motociclistas participaron en el traslado que requirió cierres y cortes viales en varias calles y avenidas; lo novedoso, además del alto perfil del delincuente, considerado por la Sedena y por el gobierno de EU como “uno de los operadores financieros más cercanos” del Chapo, encargado de la construcción de túneles para el capo sinaloense hoy preso en Nueva York, fue que el aparatoso operativo de traslado fue atribuído a la “Fuerza Conago”, la organización de seguridad de los estados impulsada por Miguel Ángel Mancera desde la presidencia del organismo de gobernadores.
Desde que asumió la jefatura de la Conago, en mayo pasado, su principal acción fue el anuncio de una fuerza interestatal de seguridad, denominada “Fuerza Conago”, con la que el jefe de Gobierno capitalino se proponía “ayudar a estados en problemas de seguridad y violencia” que así lo requieran. Para eso, Mancera utilizó los recursos y unidades de la SSP capitalina y, con el apoyo de algunos otros estados, se dispuso a iniciar “operativos de auxilio” en entidades del país como Guerrero, además de que inició el reparto de patrullas en Acapulco y Chihuahua. Ante los cuestionamientos que surgieron en varios sectores sobre la legalidad de esa nueva fuerza, que parecía invadir funciones de agencias de seguridad federales, el presidente de la Conago declaró que la fuerza policiaca de los estados “es legal” y comenzó a promover el envío de tropas y apoyos policiacos a las entidades federativas.
Fuentes de seguridad del gobierno federal afirman que en varias agencias federales no cayó nada bien la “ocurrencia” de Mancera y que en dependencias como Gobernación, la Defensa y Marina no vieron nada bien la formación de una corporación cuyo sustento legal estaba en entredicho y que, en la práctica, parecía asumir funciones que, constitucionalmente, correspondían al gabinete de seguridad nacional. “No lo declararon y mucho menos lo reconocieron públicamente, pero en los hechos, Fuerza Conago fue una idea que piso callos en las áreas de seguridad federales que tomaron como un cuestionamiento y una descalificación al gabinete federal la idea de la corporación impulsada por el jefe de Gobierno”, comentó una de las fuentes consultadas.
¿Fue esa la causa por la que, desde el gabinete de seguridad federal se decidió lanzar el operativo contra el llamado Cártel de Tláhuac y su principal dirigente el jueves pasado? Si no lo fue oficialmente, todo apunta a que sí hubo la intención de exhibir y evidenciar al gobierno capitalino que, mientras anda armando “cuerpos de ayuda” en otros estados y se asume como el “salvador” de la seguridad de las entidades de la República, en la propia Ciudad en que gobierna no puede controlar la inseguridad y la violencia provocada ya no sólo por delincuentes del fuero común, sino por grupos y organizaciones que por su nivel de armamento y peligrosidad, califican y merecen un tratamiento federal como delincuencia organizada y grupos del narcotráfico.
Es, sin duda, la lucha por la sucesión presidencial y a Mancera lo agarraron cabalgando en Chihuahua en medio de su intensa campaña de las últimas semanas por el 2018. Y el mensaje fue claro, rudo y contundente.
La guerra del PRI se va a Campeche. Ayer la dirigencia nacional del PRI, en uso de sus facultades, modificó las fechas de arranque de las Mesas Temáticas de la XXII Asamblea Nacional de su partido y determinó que las cinco Mesas se realizarán los días 9 y 10 de agosto en las sedes que la Comisión Ejecutiva de Organización determine. Las mesas nacionales se refieren a los temas “Visión de Futuro”, “Rendición de Cuentas y Ética”, “Declaración de Principios”, de “Programa de Acción” y de “Estatutos”.
De esas cinco mesas, la verdadera batalla al interior del PRI por las definiciones que tienen que ver con la elección del candidato presidencial y los requisitos para su elección y la del resto de candidaturas a 2018 se va a librar en la Mesa de Estatutos. Según fuentes priístas, esa mesa se va a llevar a cabo en Campeche y estará presidida por el presidente de la Fundación Colosio, José Murat Casab, quien trabajará coordinadamente con el gobernador Alejandro Cárdenas en la organización y manejo de la mesa que llevará la mayor carga y tensión de esta asamblea: la estatutaria.
Y es que la mayoría de las propuestas recogidas, tanto en las Mesas Estatales que se están llevando a cabo rumbo a la Asamblea, como entre los pronunciamientos de distintas corrientes, las mayores reformas se refieren a los artículos 166 de los estatutos, donde se establecen los requisitos para los candidatos del PRI a cargos de elección y los mecanismos para la elección y definición de esas candidaturas rumbo a las elecciones federales y locales de 2018. Sobre ese artículo, por ejemplo, se conoció una “propuesta de reforma” incluida en un “Documento de Trabajo” rumbo a la Asamblea, en el que asesores cercanos al CEN del PRI proponen abrir la candidatura presidencial a un “ciudadano simpatizante”, cuando hoy los no militantes solo pueden aspirar a ser candidatos a diputados, senadores, jefes de Gobierno o gobernadores. También en ese artículo se centran muchas propuestas que tienen que ver con la inclusión de “candados” como el requisito de un “cargo de elección popular” para el aspirante a la Presidencia o las condiciones de “conocimiento, identificación y congruencia” para candidatos externos en el PRI.
Por todo ello, un experimentado priísta, que ha ocupado varios cargos de dirigencia y de elección en el viejo partido, dice, con todo conocimiento de causa: “los rebeldes se van a Campeche”, en una clara advertencia de que la guerra que se libra al interior del priísmo, entre los “tecnócratas economistas”, comandados por Luis Videgaray, y los “políticos-militantes” identificados con Miguel Ángel Osorio Chong y con Manlio Fabio Beltrones, tendrá en la Mesa de Estatutos de Campeche su principal campo de batalla.
Notas indiscretas… A propósito de las corrientes priístas, José Ramón Martell, uno de los líderes de Alianza Generacional, aclara que su grupo “no se opone a la postulación de un ciudadano como candidato a la Presidencia” por el PRI, y más bien sus propuestas van enfocadas a un cambio en el combate a la pobreza, a la corrupción y a que los corruptos sean declarados como “traidores a la Patria” dentro del priísmo. Martell, además de ex dirigente y experimentado priísta, fue hasta hace poco coordinador de asesores de José Antonio Meade en Sedesol. Así que no hay duda de que ve con simpatía a un “candidato externo”… Los dados mandan Serpiente. Semana de contrastes.
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