Rebeca Luna Jiménez
Autoridades agrarias y municipales denunciaron que en los límites del ejido de San Martín de los Cansecos con San José del Progreso, pertenecientes a los distritos de Ocotlán y Ejutla, particulares han arrojado escombros y restos de los trabajos de exploración realizados por Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines.
Constataron que las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines siguen sus constantes agresiones, como se han podido dar cuenta que se ha invadido parte del ejido de San Martín de los Cansecos, abriendo brechas y realizando diversas excavaciones sin la autorización de la comunidad, violentando los acuerdos de asamblea donde prohibieron cualquier trabajo de exploración o explotación minera, los cuales han sido registrados ante el Registro Agrario Nacional.
Señalaron que la empresa ha instalado casetas de vigilancia en los límites agrarios, las cuales son vigiladas por personas de la comunidad de San José del Progreso contratadas por la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines, las cuales se acercaron hacia los pobladores con una actitud intimidatoria.
Es importante mencionar que estos hechos ya fueron denunciados ante las autoridades competentes y hasta el momento no han tenido una respuesta satisfactoria, por tal motivo continuarán exigiendo a las autoridades prohíban dichos estudios, que forman parte de la expansión del proyecto minero.
Constataron que en las últimas semanas han salido grandes cantidades de humo negro contaminante en las instalaciones de la minera Fortuna Silver Mines que se encuentra operando en la comunidad de San José del Progreso; ante los sucesos, ejidatarios dieron parte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) quien no ha informado sobre lo sucedido.
“Se vio mucho humo, humo negro contaminante, llamamos a la Semarnat y les notificamos de la situación, nos dijeron que no tenían conocimiento sobre el hecho, pero que iban a notificarlo. El humo estuvo desde la mañana hasta la tarde y en variadas ocasiones”, comentaron las autoridades.
De acuerdo a testimonios de ciudadanas y ciudadanos de San José del Progreso, con las últimas lluvias, la presa de jales ha estado en su máxima capacidad, siendo una amenaza grave para nuestras comunidades, para el agua y los campos de cultivos de la región. Las comunidades estamos preocupadas de que se desborde con las próximas lluvias, y que las autoridades correspondientes no estén haciendo ninguna acción para mitigar el riesgo, indicaron.
Exigieron que las instituciones responsables de cuidar y proteger al medio ambiente (Semarnat y Conagua) cumplan con sus responsabilidades y trabajen para el cuidado de la tierra y no para los beneficios de las empresas, por tal motivo, hicieron responsables a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Semarnat y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por los impactos ambientales generados por el proyecto minero San José, la presa de jales representa un riesgo para la región, por lo tanto exigieron que se cancele dicho proyecto minero.
Pidieron que la empresa Fortuna Silver Mines respete las tierras de las comunidades que han declarado sus territorios prohibidos para la minería, principalmente los límites ejidales de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos, dejando de hacer excavaciones irregulares para sus intenciones de expansión, además de que el gobierno respete su decisión.
Que la Secretaría de Economía cancele las concesiones mineras otorgadas en sus territorios, ya que no cuentan con la aprobación de las asambleas y por lo tanto vulneran su derecho a la libre determinación y al territorio.
Solicitaron la inmediata intervención de las autoridades correspondientes para evitar que la empresa minera continúe invadiendo el territorio de San Martín de los Cansecos.
Exigieron a la Profepa la agilización del procedimiento administrativo derivado de la denuncia popular, por lo que de no haber respuesta de las autoridades, se violentarán sus derechos reconocidos constitucionalmente. Reiteraron que seguirán organizados para la defensa de sus bienes comunes en la región.
Así lo determinaron las autoridades agrarias y municipales de San Martín de los Cansecos, autoridades agrarias y municipales de Monte del Toro, autoridades agrarias de El Vergel y Los Ocotes, autoridades agrarias de San Matías Chilazoa y Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.
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