Redacción / emeequis
Ciudad de México, 19 de junio.- Amnistía Internacional (AI) México externó su preocupación por el espionaje y la vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos cometidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto, prácticas ilegales denunciadas hoy en el informe #GobiernoEspía,elaborado por la organización canadiense Citizen Lab y las organizaciones Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (RD3) y Social TIC.
Amnistía Internacional lamentó que el gobierno de México haya adquirido y use el malware Pegasus con el objetivo de espiar teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.
“En un mundo donde los poderosos imponen de forma creciente un discurso dañino que menoscaba los derechos humanos, los derechos a la privacidad y a la libertad de asociación y de expresión son más importantes que nunca”, sostuvo AI en un comunicado.
“La combinación de vigilancia selectiva, nuevas tecnologías para amenazar y silenciar a las personas, el uso indebido de las leyes y represión de protestas pacíficas ha creado un nivel de peligro sin precedentes para los y las activistas de derechos humanos, tal como documentamos en el informe: “Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza. La reducción del espacio para la sociedad civil”, recordó la organización.
Al respecto de este tema, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, dijo que la evidencia en el reporte #GobiernoEspía “confirma que periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos mexicanos son blanco de prácticas ilegales diseñadas para interferir y obstaculizar su trabajo”.
“Estos hallazgos son consistentes con las investigaciones previas de Amnistía Internacional y muestran un claro patrón de uso ilegal de la tecnología en un intento de controlar cualquier crítica contra quienes están en el poder”, refirió la defensora.
“Las personas periodistas y defensoras de los derechos humanos ponen constantemente en riesgo sus vidas para defender los derechos de todos y para informar al público. Esto no es un crimen y el espionaje sobre estas actividades es ilegal y no puede justificarse. Estas acciones deben ser investigadas pronta y adecuadamente”, añadió Erika Guevara-Rosas.
Asimismo, dijo en el comunicado que “las redes de troles generan campañas de desinformación cuyo objetivo es desacreditar y estigmatizar a quienes defienden los derechos humanos. Estas tendencias se suman al ya peligroso arsenal de herramientas de supresión, entre ellas los homicidios y las desapariciones forzadas, la represión del derecho a protestar de forma pacífica y el uso indebido de leyes penales, civiles y administrativas para perseguir a los defensores y defensoras de los derechos humanos”.
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