Diputados reviven el monopolio de Pemex; avanza contrarreforma energética
La Comisión de Energía reformó la Ley de Hidrocarburos para quitarle facultades a la CRE y regresarle a la petrolera el control en la venta de combustibles; hoy o mañana iría al pleno
XIMENA MEJÍA, LETICIA ROBLES DE LA ROSA E IVONNE MELGAR
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados quieren regresar a Pemex su poder monopólico petrolero.
Con 25 votos a favor y ocho en contra, la Comisión de Energía modificó en fast track la Ley de Hidrocarburos en su Artículo 13 transitorio al eliminar la disposición legal, creada en 2014, que permite a los competidores privados contar con condiciones de mercado para operar en México, luego de décadas de un mercado dominado por la empresa petrolera del Estado.
Dicho artículo faculta a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a actuar “sujetando las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos a principios de regulación asimétrica, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados”.
De última hora, el morenista Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión, presentó la iniciativa que busca devolver a Pemex su dominio en la venta de combustibles. La propuesta establece que, al haberse logrado una mayor participación de agentes económicos, se deja sin efecto la facultad otorgada a la CRE para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Pemex o sus subsidiarias.
La reforma, calificada por diputados de la oposición como un “albazo”, podría subir al pleno hoy o mañana.
Diputados regresan monopolio a Pemex
Eliminan disposición de 2014 que permite que los competidores privados cuenten con condiciones de mercado para operar.
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados regresaron a Pemex el poder monopólico petrolero, al eliminar la disposición legal creada en 2014 para permitir que competidores privados contaran con las condiciones de mercado para comenzar a operar en México, luego de décadas de un mercado cerrado donde sólo operaba la empresa estatal.
Ayer, con 25 votos a favor y 8 en contra de la Comisión de Energía, se aprobó en fast track modificar la Ley de Hidrocarburos en su artículo 13 transitorio. Por la mañana, su presidente, el legislador morenista Manuel Rodríguez, presentó la iniciativa que busca que la empresa vuelva a ser dominante en la venta de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Ese artículo ordenó hace siete años a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a continuar “sujetando las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos a principios de regulación asimétrica, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados”.
Sin embargo, la reforma introducida de última hora por Morena establece ahora que “al haberse logrado una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, se deja sin efectos la facultad otorgada a la CRE para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios”.
De prosperar hoy o mañana en el pleno, esta reforma permitirá a Pemex, en un máximo de 30 días, regresar a las condiciones monopólicas de mercado que tuvo hasta 2014, cuando entró en vigor la reforma petrolera impulsada por el gobierno de Enrique Peña, de la mano del PAN y del Partido Verde que entonces era su aliado.
Los diputados del PRI y PAN criticaron las prisas de los morenistas por aprobar fast track “en lo oscurito”.
“Ésta es una sesión de albazo, y lamentablemente, la Comisión de Energía está llevándose a sí misma a la irrelevancia. Hace poco más de una hora, en sesión de junta directiva, por el voto de Morena y sus aliados, es que estamos aquí en fast track y prácticamente en lo oscurito”, recriminó el diputado y exdirector de la CFE, Enrique Ochoa Reza (PRI).
Jana Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, escribió en Twitter:
“Con datos de 2020: A pesar de que operan gasolineras de diversas marcas distintas a Pemex, éste es el principal mayorista (86.8% del mercado de gasolinas y 72.2% de diésel). Seguir protegiendo a Pemex así nos va a acabar costando carísimo a los mexicanos”.
PREVÉN FAST TRACK A LA REFORMA JUDICIAL
Morena en la Cámara de Diputados perfila aprobar fast track y con dispensa de trámites la reforma al Poder Judicial, que incluye el transitorio que amplía dos años la presidencia de la Suprema Corte.
Pese a las voces en contra de la oposición, e incluso de morenistas como Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velasco, adelantó que esta mañana la Comisión de Justicia aprobará el dictamen y por la tarde se votará en el pleno. No habrá Parlamento Abierto, como se había solicitado.
Mier explicó que la reforma debe ser aprobada antes del 30 de abril, pero como ese día concluye el periodo ordinario, no habría tiempo para continuar con los trámites legales correspondientes. Los coordinadores del PAN y PRD insistieron en que es inconstitucional ampliar la presidencia de la Corte.
Félix culpa a Morena de tumbarle candidatura
Félix Salgado culpó a su partido político, Morena, por no presentar el informe de gastos de precampaña a la gubernatura de Guerrero y que provocó que el Instituto Nacional Electoral (INE) le retirara su candidatura.
En la impugnación de dicho acuerdo del Consejo general del INE, de la cual MILENIO tiene copia, el senador con licencia incluso reveló que el pasado 9 de enero presentó dicho informe de gastos de precampaña a Morena y el 22 de marzo, más de dos meses después, el partido lo entregó al organismo electoral.
“Queda evidenciado que Morena no dio la oportunidad de que el suscrito pudiera presentar informe, además de que reconoce que no propició las condiciones al suscrito para poder rendirlo, lo que deja patente que la responsabilidad es única y exclusiva de dicho instituto político.
“Además, se reitera, son los partidos quienes deberán presentar los informes de precampaña para cada uno de los precandidatos registrados para cada tipo de precampaña especificando el origen y monto de los ingresos, así como de los gastos registrados, hecho que aconteció para el suscrito, pues en calidad de aspirante a la candidatura del estado de Guerrero, presenté ante el partido Morena el informe que la responsable ha dejado de valorar porque sostiene que el partido presentó dicho informe en fecha 22 de marzo y ya no fue posible valorar, pero insisto, la responsabilidad de presentarlo fue del partido , toda vez que el impugnante no tuvo acceso al sistema de fiscalización”.
En el escrito de 128 páginas, Salgado argumentó en reiteradas ocasiones la responsabilidad del partido que dirige Mario Delgado por la omisión de no entregar al INE el informe de gastos de precampaña, y se remitió al artículo 79 de la Ley General de Partidos, por lo que insistió en lo desproporcionado de la sanción al retirarle la candidatura.
“Si un precandidato no entrega su informe de gastos puede deberse a distintos factores que le impidan realizarlo, unos pueden deberse exclusivamente a la voluntad del precandidato, pero otros válidamente pueden deberse a causas ajenas a éste imputables al partido, como acontece en el caso.
“Debe concluirse que esa aparente conducta infractora, no se encuadró la hipótesis normativa por faltar el elemento esencial de voluntariedad, no debe perderse de vista que desde el momento en que lo entregué al partido, la responsabilidad de hacerlo llegar al Instituto Nacional Electoral fue del partido político Morena, pues como lo he sostenido, el suscrito nunca tuvo acceso al sistema de fiscalización y por ende fue material y jurídicamente imposible entregarlo a la responsable, máxime que tampoco me fue requerido por la Unidad Técnica de Fiscalización como queda demostrado”.
Mañaneras
Luego de que el INE ordenó a Presidencia bajar de redes sociales la mañanera del viernes pasado por mostrar resultados de programas sociales,Andrés Manuel López Obrador advirtió que si esto se vuelve una actividad cotidiana “sería un golpe de Estado técnico”.
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, afirmó que va a cuidar que no se hable de temas partidistas y asuntos relacionados con la elección para respetar la veda, pero pidió a los reporteros que no le pregunten “cosas comprometedoras” para no violar la ley, pues de lo contrario tendrá que responder.
“Es mi derecho de manifestación, es mi libertad y eso está por encima de cualquier otra disposición de cualquier reglamento. No, imagínense, sería un golpe de Estado técnico. Qué les molesta más a los del partido conservador, el que podemos informar en las mañaneras”, expresó.
El mandatario señaló que existe un “partido conservador” que se unió con la finalidad de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para eliminar la política social y controlar el presupuesto para repartir moches, como se hacía en gobiernos anteriores.
En este sentido, justificó sus declaraciones al señalar que solo está informando lo que está sucediendo en el país y además de que se afecta la institución presidencial y, ante eso, “no me puedo quedar callado”.
“El propósito es la Cámara de Diputados, porque les incomoda muchísimo, sobre todo, la política social, les genera mucho coraje el que se ayude a los jóvenes, se dé pensión a los adultos mayores, el que se den las becas a los estudiantes de familias humildes; les molesta, aunque parezca increíble, atención médica y medicamentos gratuitos.
“Cuando se planteó una reforma constitucional, sus representantes en la Cámara votaron contra la pensión, no estoy inventando nada, contra la pensión a niños con discapacidad, contra becas, contra la salud pública y gratuita. Ellos quisieran manejar el presupuesto”, señaló.
En "fast track", ampliación de mandato de Zaldívar
La minuta fue recibida formalmente ayer en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y fue turnada a las comisiones de Justicia para dictamen, y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión; sin embargo, no habrá sesión de estos órganos legislativos y se debatirá, y, en su caso, aprobará en el pleno este mismo miércoles.
A propuesta de Morena, es decir, de Pablo Gómez y del coordinador de este grupo mayoritario, Ignacio Mier Velazco, se acordó en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados llevar el tema al pleno, pese al voto en contra del PAN, PRI, PRD y MC.
En entrevista, Mier Velazco describió que esta reforma, que tiene impacto en siete leyes y que tiene que ver con la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene que ser aprobada antes de que concluyan los seis meses de que fue publicada la reforma inicial.
Ese plazo vence el próximo 30 de abril y si se le diera espacio a las comisiones para circular el dictamen y llevar su proceso legislativo normal, “no daría tiempo”. De tal manera que, aseguró, “le vamos a obviar los trámites y lo vamos a estar subiendo al pleno el día de mañana [hoy]”.
Mier Velazco aceptó que en el interior de Morena tienen diferencia de criterios en esta minuta y están definiendo la posición que tendrán este miércoles como grupo parlamentario.
“No a las siete leyes que integran la Ley Orgánica, sino específicamente a lo que se refiere este transitorio, que es el que ha generado mayor polémica”.
Adelantó que desde su punto de vista este artículo transitorio es legal, pues no significa una reelección, sino una ampliación de la presidencia del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para que garantice el cumplimiento de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Comentó que tuvo una conversación telefónica y muy rápida con el mismo Zaldívar Lelo de Larrea, y quedaron en ampliar puntos de vista antes de que se apruebe la minuta.
A su vez, el diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo aseveró que esta iniciativa, desmesurada e inconstitucional, “está muerta” y calificó el dictamen del Senado como “un albazo incitado en las entrañas de un grupo con intereses perversos al interior de nuestro movimiento”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el expresidente de la Cámara de Diputados aseguró que la propuesta que toca la presidencia de Zaldívar no tiene el apoyo de la mayoría de la bancada de Morena en San Lázaro y de los legis- ladores de oposición, por lo que “no pasará” y hay altas posibilidades de que no se cite al pleno, ya que lo mejor es que ni siquiera se discuta, “que es una salida más decorosa, a que pierda”.
Sin embargo, de acuerdo con versiones recabadas al interior de la Jucopo, los legisladores de la Cuarta Transformación afirmaron que hay un amplio consenso en todos los grupos parlamentarios sobre la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que lo único que ha generado polémica es la ampliación de la presidencia de Zaldívar Lelo de Larrea, por lo que dejarán que sea la votación en el pleno la que defina si pasa o no.
El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que todos están a favor de una reforma al Poder Judicial: “Es una institución que hay que consolidar, pero así no; son siete leyes y quieren obviarse todos los trámites de las siete leyes, y eso no beneficia a la Suprema Corte y por supuesto que tampoco al Poder Judicial”. Reiteró su petición a Zaldívar Lelo de Larrea para que se pronuncie, primero, por dignidad personal; segundo, por dignidad ética; tercero, por dignidad legal y, cuarto, por dignidad institucional.
“No es posible en una ley secundaria prorrogar un mandato constitucional de persona alguna en este país”, dijo.
La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, llamó a los diputados de la mayoría a no renunciar a sus responsabilidades sólo para cumplir una instrucción presidencial y, por el contrario, a asumirlas para revisar exhaustivamente una reforma de tal trascendencia, con la independencia de un Poder del Estado.
Quedó lista la reforma al 'outsourcing' para que sea promulgada
En caso de que los empresarios incumplan, las sanciones son severas, ya que la subcontratación se equipara con defraudación fiscal, delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa.
Ciudad de México. Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado aprobó ayer, sin cambios, la minuta que regula la práctica conocida como outsourcing y la turnó al Ejecutivo federal para su promulgación.
“Es una reforma de trascendencia histórica”, un paso fundamental para corregir el rumbo, reivindicar los derechos fundamentales que se arrebataron a unos 8 millones de trabajadores y frenar una evasión cercana a 500 mil millones de pesos al año, expuso ante el pleno el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia.
Votaron a favor 118, cero en contra y dos abstenciones
La reforma, aprobada con 118 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, es la más importante del gobierno del presidente López Obrador en materia laboral, ya que además de llevar justicia a los trabajadores, permitirá generar mayores recursos para financiar los programas de desarrollo y de crecimiento de México, aseguró.
Una treintena de oradores, la mayoría de Morena, celebraron también la reforma a ocho ordenamientos que prohíben expresamente el outsourcing, tanto en el sector privado como en el público, excepto en el caso de servicios y trabajos especializados y da un plazo de un año al gobierno federal y tres meses a las empresas privadas con subcontratación ilegal para regularizar su situación, una vez promulgada la nueva norma.
En caso de que los empresarios incumplan la legislación las sanciones son severas, ya que el outsourcing se equipara con defraudación fiscal, delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa. Las firmas deberán registrar en la nómina central a sus trabajadores, darlos de alta al Seguro Social con sus salarios reales y pagarles todas las prestaciones, incluido el reparto de utilidades hasta por tres meses.
Ya era hora de que el Congreso interviniera, expuso el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien detalló que la reforma es un acto de justicia para los trabajadores, fortalece el empleo y elimina las prácticas abusivas, sin afectar los esquemas de producción de los esquemas de producción de las empresas.
Igualmente, el senador Martí Batres resaltó que la reforma es parte de las reivindicaciones del gobierno del presidente López Obrador para los trabajadores, a los que las administraciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) explotaron y privaron de sus derechos.
“Le vamos a corregir la plana a aquellos legisladores neoliberales que en 2012 le partieron la madre a los trabajadores”, señaló el también morenista Casimiro Méndez, en referencia a la reforma laboral que prácticamente legalizó el outsourcing.
Defraudación al IMSS por hasta $50 mil millones
Otro senador de Morena, Germán Martínez Cázares, expuso que se acabará la subcontratación con la que se defraudó al IMSS , hasta por 50 mil millones de pesos al año, cifra necesaria para comprar fármacos y pagar al personal médico durante la pandemia.
La senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu destacó que se estableciera “la responsabilidad solidaria por parte de las personas que subcontraten servicios con una contratista que incumpla con las obligaciones con sus trabajadores”.
Su compañera Beatriz Paredes expuso que la reforma alude a ¿cómo evitar que se hurte a los trabajadores lo que su derecho le da de seguridad social? ¿Cómo evitar que a centenares de jóvenes ilusionados por tener un empleo se les escatimara su derecho a organizarse? Y consideró que debe ahora abordarse la problemática de los jornaleros agrícolas, para que no se vuelva a dar ningún tipo de sobrexplotación en el campo mexicano.
El PAN votó a favor, pero Gustavo Madero adelantó que pedirían que, al igual que en el caso de entidades gubernamentales, los empresarios tuvieran plazo de un año y no de tres meses para regularizarse. La panista Kenia López Rabadán lo presentó luego como reserva, al igual que el Partido de la Revolución Democrática, pero fue rechazado por la mayoría de Morena y aliados.
La reforma, que modifica la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social, del Infonavit, entre otras, es resultado de dos años de lucha, de enfrentar “campañas en contra desde afuera, y a veces hasta de adentro”, que trataron de frenar esa regulación del outsourcing, que ahora es una realidad, concluyó el senador Gómez Urrutia, por segunda vez en tribuna.
Covid-19 en CDMX: Gatell insiste en alza; nada indica eso, ataja Sheinbaum
Sólo considera un factor, los casos
Subsecretario de Salud pide tener cuidado porque puede ser difícil un control epidémico por la densidad de la población; la Jefa de Gobierno de la ciudad rechaza que haya evidencias de alerta; destaca baja de positividad y de hospitalizaciones
No ha habido repunte (de Covid-19) en la ciudad hasta ahora, no hay nada que nos pueda indicar eso”, respondió ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum al señalamiento que hizo el zar de la pandemia en México, Hugo López-Gatell, quien desde el lunes afirmó que, junto a otras nueve entidades, la CDMX está en peligro de una tercera ola de contagios.
Lo que sí aumentó, explicó la mandataria capitalina, es el número de pruebas, en las que, por cierto, la positividad (porcentaje de casos positivos por cada 100 pruebas) cayó a 8 por ciento, ya debajo del margen de 10 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como señal del buen control de la crisis sanitaria.
“Ayer justo hablaba con el subsecretario Hugo López-Gatell, para explicarle que en la Ciudad de México habíamos aumentado el número de pruebas, y que con ello aumentaba el número absoluto, pero que no había indicadores en términos de ingresos y hospitalizaciones”, agregó la Jefa de Gobierno, quien desplegó una serie de argumentos sustentados en cifras oficiales que descartan que, al menos por el momento, no hay indicios de la temida tercera oleada de la pandemia.
“Siguen disminuyendo las hospitalizaciones, estamos ya por debajo del número de camas ocupadas que tuvimos en octubre, la menor hospitalización desde el inicio de la pandemia”, declaró.
Sheinbaum también recordó que la estrategia adoptada por su administración para contener la pandemia fue fundamental para que la crisis sanitaria esté bajo control en la capital.
“Creemos que este llamado que hicimos (a la ciudadanía) a hacerse las pruebas, atenderse y todo esto que tenemos de atención con el kit médico, el apoyo domiciliario, el apoyo médico y también la prehospitalización, los triages, etcétera, nos apoyan para que no haya aumentado más (la crisis)”.
El pasado 19 de abril, José Luis Alomía, director de Epidemiología del Gobierno de México, uno de los funcionarios que colabora con el subsecretario Hugo López-Gatell, manifestó su preocupación por el aumento de casos de Covid en 10 entidades, incluida la Ciudad de México.
López-Gatell, dijo que “cuando nos referíamos antes de Semana Santa al riesgo de una tercera ola, nos referíamos a esta situación, en que después de 11 semanas en que la epidemia bajó, bajó, bajó… con menos casos, menos hospitalizaciones, menos personas enfermas, hoy vemos que en estas 10 entidades federativas ha cambiado la situación”.
También señaló que “todavía no es muy importante el cambio, en términos de la cantidad de personas que están enfermando, pero ciertamente en vez de reducirse, está aumentando, y ésa es la advertencia que queremos hacer”.
Ayer, en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell precisó que en la CDMX “tenemos una situación mixta, habían subido las hospitalizaciones en los últimos tres días; sin embargo, llevamos ya dos días en donde bajaron, pero de todos modos hay que tener especial cuidado, sobre todo porque es la zona más densamente poblada del país y eso hace que a veces el control epidémico sea un poquito más difícil”.
No es la primera vez que hay una discordancia entre el Gobierno local y el federal en torno a la contingencia. Hace un año, en abril de 2020, López-Gatell Ramírez afirmó que el uso de cubrebocas no garantizaba una protección útil contra el SARS-CoV2; en junio, el Gobierno de la CDMX anunció, con base en demostraciones científicas, que el recubrimiento facial era clave para prevenir contagios.
En julio, el subsecretario sugirió que, por las condiciones de contagios, la capital debía regresar a semáforo rojo; sin embargo, la administración local optó por mantener el naranja varias semanas más.
En diciembre pasado, la Jefa de Gobierno aseguró que su administración estaba comprometida con la transparencia en torno a la pandemia, al grado que en CDMX “se publican más datos que los que revela el Gobierno federal”.
Ya este año, en los primeros días de enero, ante la polémica sobre las vacaciones que tomó López-Gatell en Huatulco, la Jefa de Gobierno señaló que “no es momento de descansar” cuando el país y la capital padecían de la segunda ola de contagios. En ese momento, Sheinbaum dijo que los funcionarios debían estar concentrados en la respuesta a la crisis.
Punto final a reforma de subcontratación
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El pleno de la Cámara alta aprobó el martes, con 118 votos a favor y solo dos abstenciones, el dictamen que tiene como objetivo eliminar las prácticas que dañan los derechos laborales, así como evitar la evasión de impuestos, la defraudación fiscal y la evasión en el pago de cuotas patronales al IMSS y al Infonavit.
“Es un paso trascendental para lograr que la evasión fiscal se controle, reduzca y elimine, porque hasta hoy, y son las cifras que se han estimado y calculado, son entre 300 y 500 mil millones de pesos por año que se han evadido a través de este sistema de simulación laboral, de facturas falsas y de la falta de una transparencia financiera”, aseveró el presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, al presentar el dictamen.
De acuerdo con el líder de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, la reforma será “un parteaguas” en regulación de subcontratación porque garantizará derechos laborales.
El morenista Germán Martínez y exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), celebró la aprobación, ya que, destacó, beneficiará al IMSS, el cual pierde 50 mil millones de pesos al año.
El paquete de reformas comprendió cambios a las leyes del Trabajo, del Infonavit, el Código Fiscal, la ley del ISR, del IVA y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como del Apartado B del artículo 123 de la Constitución.
De acuerdo con el priista Manuel Añorve, alrededor de 5 millones de trabajadores laboran bajo este esquema, lo cual significa que no tienen todas las prestaciones laborales como aguinaldo, bonos y premios.
“Es indignante saber que aún existen personas que defienden este modelo esclavizante que afecta, de acuerdo con el Inegi, a 4.5 millones de mexicanos y mexicanas, que representan el 17.1 por ciento del personal ocupado en el país”, afirmó la morenista Blanca Piña, quien consideró que se debe eliminar definitivamente el outsourcing.
El legislador sin partido Emilio Álvarez Icaza consideró, no obstante, que hay pendientes, como el separar el derecho a la salud del trabajo, ya que –consideró– el derecho a la salud debe ser un principio universal.
La reforma establece que las empresas no podrán contratar trabajadores bajo el esquema de outsourcing para realizar tareas permanentes o esenciales, sino únicamente en casos de trabajos especializados y efímeros, que no formen parte de las labores esenciales y permanentes de la compañía.
De acuerdo con el dictamen, quien realice subcontratación, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación, sin contar con registro correspondiente, se le podrá imponer una multa de hasta 4.4 millones de pesos.
Además, se establece que el patrón que no permita la inspección y vigilancia de las autoridades será acreedor de una multa de entre 22 mil y 448 mil pesos.
Las empresas tendrán tres meses para incorporar a sus trabajadores que están subcontratados como empleados permanentes.
De acuerdo con la nueva normatividad, la administración pública federal tendrá prohibido subcontratar personal, con excepción de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público.
El Gobierno de López Obrador ha compensado una caída en los ingresos fiscales provocada por la recesión del año pasado con fuertes medidas contra la evasión. El proyecto de ley de subcontratación es el último esfuerzo de su Gobierno por desafiar a la élite empresarial del país y permitirá a su partido pregonar los avances para los trabajadores antes de las elecciones parlamentarias y locales de este año.
Expertos advierten dificultades para empresas
Entre complicaciones y dudas por los “vacíos legales”, confusión por la nueva fórmula para el Reparto de Utilidades y con el reloj encima, será como las empresas implementarán durante los siguientes cuatro meses la reforma que regula el outsourcing, advirtieron expertos consultados por El Financiero.
Coincidieron en que en el sector privado había una conciencia sobre ir hacia la eliminación del outsourcing abusivo, sin embargo, hay un malestar con relación a las “formas” en que el Gobierno federal se aproximó a la reforma, pues eligió el camino “complicado” de interpretar varios de los ajustes a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y otras seis leyes que se reformaron.
Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), celebró en su cuenta de Twitter que, “con la aprobación en el Senado de la reforma en materia de subcontratación u outsourcing concluye un esfuerzo colectivo para acabar con la simulación laboral e inicia una nueva etapa de regularización y reivindicación en favor del #TrabajoDigno”.
Tras la aprobación de la reforma, Jorge Sales Boyoli, presidente del Comité de Capital Humano del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), estimó que a partir de este miércoles las empresas comenzarán a evaluar la transferencia de personal e, incluso, la presentación de amparos, pero también vendrán cuestionamientos a las autoridades sobre dudas de la implementación.
“Faltó empatar tiempos jurídicos con los fiscales, laborales y penales. Veremos mucha confusión y mucha presión a la autoridad administrativa para que nos dé su versión o interpretación de varios de los vacíos legislativos que quedaron en esta reforma, ahí es donde va a estar la presión”, indicó.
Carlos de Buen, director del Bufete de Buen, sostuvo que la reforma que se hizo a la LFT para adicionar una nueva fórmula para el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) resulta confusa, ya que lo lógico es que la reforma entrara en vigor para efectos de subcontratación, pero que para las utilidades su vigencia fuera en 2022 para efectos fiscales.
“No hay una norma clara que permita resolver esos temas. El mayor tache de esta reforma se lo pondría a la PTU. Las empresas tendrán tres meses para regularizarse y eso preocupa en términos de las Utilidades porque no se sabe si vamos a dividir el ejercicio fiscal en dos, no veo cómo. Va a ser un lío por no hacer las cosas correctamente y eso es imputable al Gobierno federal como a legisladores”, expuso.
El abogado laboral Ángel de la Vega dijo que el proyecto de ley dejaba muchos detalles para ser resueltos por las autoridades laborales, lo que aumenta las incertidumbres con respecto a su implementación.
Los tiempos, un gran desafío
En tanto, Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), estimó que los tiempos para cumplir con las nuevas obligaciones de la reforma de subcontratación serán un desafío para las empresas trasnacionales y las Pymes, como también para las autoridades gubernamentales en su agilidad al desahogo de trámites burocráticos y la eficacia de su estrategia de información.
Indicó que la conformación del Padrón Nacional de Empresas de Subcontratación enfrenta el reto del poco tiempo, sobre todo para empresas globales que tienen que tomar decisiones a distancia.
“Se ve difícil sobre todo para empresas globales, también aquí por cuestiones de la pandemia hacer fusiones o escisiones de empresas se tiene que presentar en el Registro Público de la Propiedad y ahí hay grandes rezagos, se están tardando mucho en los registros y mientras no tengas hecho el registro de una fusión o una escisión, no surte efectos y no puedes hacer los trámites ante las autoridades. Hay muchas cosas para las que están cortos los tiempos”, apuntó.
Yllanes dijo que también entre las Pymes la mayoría no cuentan con las capacidades de organización para actuar a cambios inmediatos.
Dijo que de la STPS se requiere un esfuerzo de comunicación, transmitir el mensaje claro y sencillo sobre las nuevas obligaciones y su cumplimiento, y el otro esfuerzo que el gobierno debe hacer es el de facilitador de todos los procesos.
Los expertos coincidieron en que la STPS requerirá un esfuerzo de comunicación para transmitir el mensaje claro y sencillo sobre las nuevas obligaciones para las empresas contratantes y contratistas, así como un esfuerzo para facilitar a las empresas todos los procesos.
En tanto, Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup Latinoamérica, dijo en un comunicado que en la medida en que el país genere empleo formal y se reduzca la informalidad, habrá mayor bienestar.
“Una ley por sí sola no logra estos objetivos, por lo que se necesitará de una colaboración activa entre el sector público y empresarial para alcanzarlos. Los efectos de la reforma los veremos con el tiempo, y solo así se podrá demostrar que la flexibilidad es indispensable para sostener una economía dinámica y en recuperación con más empleos en la formalidad”, sostuvo.
Con información de Zenyazen Flores, Leticia Hernández, Eduardo Ortega y Bloomberg.
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