Dan permisos a huachicolero
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| Foto: REFORMA |
REFORMA / Redacción
Cd. de México
Aunque es investigado por la PGR como operador de una red de robo de combustible a Pemex y actualmente está detenido en España, el Gobierno federal otorgó a Juan Manuel Muñoz Luévano, "El Mono Muñoz", permisos y concesiones para transportar y vender gasolina.
El 16 de marzo del 2017, un año después de ser detenido en España acusado de lavar dinero para Los Zetas y ser requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le otorgó la autorización para operar una gasolinera en un ejido de Saltillo.
"Este permiso autoriza a Juan Manuel Muñoz Luévano para expender gasolina Magna, Premium y Diésel en la estación de servicio ubicada en Carretera Zacatecas-Saltillo No. 20915, La Encantada, en Saltillo, Coahuila.
" D e c o n f o r m i d a d con la Resolución Núm. RES/406/2017, emitida por la Comisión Reguladora de Energía el 16 de marzo del 2017", establece el texto firmado por Ingrid Gallo Montero, actual Secretaria Ejecutiva de la CRE.
En enero del 2016, dos meses antes de su detención en España, ese mismo organismo le otorgó una concesión a 30 años para transportar combustibles en la región Laguna de Coahuila y Durango, considerado un punto rojo en robo de combustibles.
"Este permiso definitivo de transporte por autotanque de gasolina y diésel autoriza a Juan Manuel Muñoz Luévano para realizar la actividad transporte de conformidad con la Resolución Núm. RES/010/2016 emitida por esta Comisión Reguladora de Energía el 14 de enero del 2016", dice el documento firmado por Luis Alonso Marcos González de Alba, entonces Secretario Ejecutivo del organismo.
La autorización permite a Muñoz Luévano movilizar combustible en la zona de Mapimí, entre Durango y Torreón, así como en los municipios de San Pedro, Matamoros y Viesca, en Coahuila, área catalogada por la PGR y la SEIDO como de alta incidencia de robo de combustible en ductos de Pemex.
Dos meses después de esta autorización, el 18 de marzo del 2016, Muñoz Luévano fue detenido en España, a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que pretende enjuiciarlo por lavado y narcotráfico.
Tras su detención en España, "El Mono Muñoz" ha sido relacionado con políticos como los ex Gobernadores Humberto y Rubén Moreira, y el actual Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aunque ellos han negado las versiones que han trascendido a través de medios españoles.
Separación del Senado cuesta 400 mdp; pago de aseguradora
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| Petición. Empleados exigieron una explicación puntual sobre la situación de su Seguro de Separación Individualizado, pues la mayoría desea retirar esos fondos, sin necesidad de renunciar al Senado. Foto: Sunny Quintero/Archivo |
Leticia Robles de la Rosa
CIUDAD DE MÉXICO.
La aseguradora MetLife erogó 400 millones de pesos por concepto del Seguro de Separación Individualizado de los dos mil 40 empleados del Senado que renunciaron o fueron despedidos.
De acuerdo con información obtenida por Excélsior, las personas que aún conservan relación laboral no pueden retirar su dinero.
Esto se debe a las condiciones del contrato que establece que el recurso sólo puede ser entregado si el trabajador fallece, se incapacita totalmente, renuncia o es despedido.
Los empleados protestaron el viernes pasado para exigir el recurso ante la aplicación del plan de austeridad, que representó una pérdida de 75% de ingresos extraordinarios.
Tras una reunión con los ejecutivos de MetLife y autoridades del Senado, la aseguradora ofreció la posibilidad de retirar 50% del recurso en seis meses, luego de la firma de un convenio modificatorio del contrato.
Paga seguro 400 mdp por bajas en el Senado
La baja de los dos mil 40 empleados del Senado que renunciaron o fueron despedidos en los últimos meses significó a la aseguradora MetLife una erogación de 400 millones de pesos, por concepto del Seguro de Separación Individualizado, informaron sus ejecutivos al grupo de empleados del Senado que el viernes exigieron claridad en esa prestación, luego de que el Senado canceló su aportación.
De acuerdo con la información proporcionada a Excélsior por los empleados del Senado, entre secretarios técnicos, mandos y especialistas que el viernes lograron un encuentro privado con el secretario general de Servicios Administrativos, Roberto Figueroa; Enrique Limón Garduño, secretario general de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como con los ejecutivos de MetLife, la aseguradora desea que los trabajadores mantengan su membresía con ellos para tener el ahorro.
Sin embargo, si los empleados desean suspender sus aportaciones, en tanto no se aclara la situación, tendrán que enviar un escrito a Recursos Humanos para que dejen de descontarles.
El viernes hubo una protesta inédita en el Senado, porque poco más de 150 empleados, entre secretarios técnicos, integrantes del Servicio Técnico de Carrera, mandos medios y operativos de confianza, exigieron una explicación puntual sobre la situación de su Seguro de Separación Individualizada, pues la mayoría desea retirar esos fondos, sin necesidad de renunciar al Senado.
El deseo de retirar su dinero se originó por la cancelación de los bonos de productividad y de complemento del aguinaldo decidido por el pleno del Senado, lo que significó la pérdida del 75% de ingresos extraordinarios de los trabajadores, principalmente en el mes de diciembre; el boquete generado por la cancelación de esos bonos —uno que iba a ser entregado al final de este octubre y otro en diciembre—, ha llevado a los empleados a exigir a la aseguradora la entrega de su dinero.
La explicación que les dieron fue que ese dinero sólo se puede retirar si el trabajador fallece, renuncia, es despedido o se incapacita totalmente, pero como los trabajadores desean el dinero, dado que el Senado ya no pondrá la parte que le correspondía, los ejecutivos de la aseguradora les informaron que pueden retirar 50% en seis meses, luego de la firma del convenio modificatorio del contrato, pero implicará la reducción a la mitad de su tasa de interés.
Otra opción es que el dinero se pueda retirar, también 50% al finalizar la LXIV Legislatura y el 50% restante al finalizar la LXV Legislatura; es decir, en los años 2021 y 2024, respectivamente.
El relato compartido con Excélsior establece que ante la inquietud de qué pasará con su dinero si todos deciden renunciar al mismo tiempo, los ejecutivos de la aseguradora les garantizaron la entrega total de los fondos.
Vales absorben 40% de gasto en contratos
La adquisición de vales de despensa y tarjetas electrónicas de gasolina consumieron dos de cada cinco pesos que el Senado erogó en contratos durante 57 meses, pues sumaron un total de 263 millones 701 mil 572.34 pesos, lo que equivale a 40% de los 652 millones 550 mil 816.67 pesos que implicaron la firma de 170 contratos, desde abril del 2015 hasta diciembre del año pasado.
Del total de 170 contratos, 87 fueron por licitación pública y 83 por invitación directa a al menos tres proveedores.
De acuerdo con el Informe de Licitaciones que el Senado muestra como parte de sus obligaciones de transparencia, en ese periodo los contratos por seguros de gastos médicos mayores implicaron una erogación de 54 millones 838 mil 484.08 pesos.
La relación de todos los contratos, que se puede consultar en la página web del Senado, deja ver que en enero del 2016 se firmaron cuatro contratos por un monto, cada uno, de 39 millones 334 mil 300 pesos y uno más por cinco millones 384 mil 78 pesos.40, lo que hizo un total para ese año de 162 millones 721 mil 278.4 pesos.
Para el 2017 el Senado firmó un contrato por 45 millones 104 mil 954.75.19 pesos; otro por 45 millones 140 mil 859.19 pesos y dos más de cinco mil 367 mil 240 pesos cada uno, lo que implicó una erogación para ese año de 100 millones 980 mil 302.94 pesos.
Así, en total, el gasto por la compra de vales de gasolina y de despensa fue de 263 millones 701 mil 572.34 pesos.
Como parte de las medidas de austeridad que se aplican en el Senado, a partir del 1 de septiembre, los vales de despensa y de gasolina ya no se entregan a los empleados del Senado; sólo a los de base, sindicalizados o no.
Otra prestación que quedó cancelada fue la del Seguro de Gastos Médicos Mayores. La relación de contratos sólo permite localizar dos erogaciones al respecto. Una hecha en el año 2015 por 16 millones 568 mil 828.08 pesos y una más por 38 millones 269 mil 656 pesos en el 2017, lo que hace un total de 54 millones 838 mil 484.08 pesos.
La cancelación de esta prestación implicó un ahorro para el Senado de 6.4 millones de pesos.
-Leticia Robles de la Rosa
De 33 mil mdp en 10 años, el saqueo al erario en Veracruz
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| Entre 2014 y 2017, irregularidades de munícipes de todos los partidos por más de 102 millones de pesos; los gobernantes del PRI encabezan la lista http://www.milenio.com/politica/33-mil-mdp-10-anos-saqueo-erario-veracruz |
Rafael Montes
El 12 de octubre de 2016, a 48 días de que concluyera su mandato, Javier Duarte solicitó licencia a su cargo como gobernador de Veracruz. Había dicho que no lo haría, pero huyó del estado en un helicóptero, en medio de acusaciones por múltiples actos de corrupción y por haber saqueado las arcas del gobierno estatal.
Para desgracia de los veracruzanos, el desfalco al erario no acabó ahí.
Al año siguiente, los presidentes municipales, que desde 2014 coincidieron con Duarte en el poder, vivieron el último año en sus cargos trianuales, y de acuerdo con auditorias del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), la mayoría de ellos presuntamente también estafó y desvió millonarios recursos.
En 2017, que fue año de comicios municipales, 153 de los 212 alcaldes que concluyeron su gestión cometieron tal cantidad de anomalías con el dinero de sus presupuestos, que hoy están obligados a explicar dónde quedaron más de mil 102 millones de pesos de recursos públicos estatales.
Varios ayuntamientos permanecen con escasísimos fondos. Los nuevos presidentes municipales han encontrado, durante este 2018, incontables anomalías financieras.
No es algo nuevo en Veracruz. Al parecer hay un patrón de irregularidades en la entidad, tanto a escala estatal como municipal: entre 2007 y 2017, el Orfis ha presentado 158 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado contra alcaldes, funcionarios y ex funcionarios —estatales y municipales— que resulten responsables por un presunto daño al erario, calculado a septiembre de 2018, por más de 33 mil 21 millones de pesos de recursos del estado, sin contar perjuicios a fondos federales.
En cuanto a la gestión 2014-2017 ningún partido salió limpio: de los 153 alcaldes señalados, 71 son de PRI, 29 de PAN, 22 de PRD, 12 de Alternativa Veracruzana, 12 de Movimiento Ciudadano, 4 de PT y 3 del todavía existente en Veracruz Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Esa cifra de presuntos quebrantos municipales —los mil 102 millones— equivale a 25 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud del gobierno federal para su programa de atención a personas con discapacidad.
Se presume que ese dinero se desvió de las arcas a través del pago de sobrecostos en obras públicas o proyectos que no se ejecutaron o concluyeron, pagos sin comprobantes o con recibos falsos, o simplemente dejar de pagar a proveedores e incluso a autoridades de gobierno para usar el dinero con otros fines (es decir, desviar recursos), según las observaciones hechas por el Orfis en su Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2017, dado a conocer el pasado 1 de octubre.
También se presume que parte de ese dinero pudo haber sido mal utilizado para pagar adquisiciones de bienes y servicios que fueron contratados de manera irregular, fundamentalmente sin licitaciones de por medio.
Igualmente hay indicios, en otros casos, de que los recursos pudieron haber salido de las arcas municipales sin dejar un respaldo documental que explique en qué se utilizaron. Esto es, que algunos alcaldes simplemente desaparecieron el dinero sin dejar rastro alguno.
Aunque por ley los ex ediles y ex funcionarios todavía tienen oportunidad de solventar dichas observaciones y presentar documentación que justifique el uso de esos recursos o devolver el dinero, nunca antes los alcaldes de Veracruz habían tenido que aclarar el destino de tanto dinero público.
El único antecedente similar fue el de la Cuenta Pública de 2009, cuando se determinó un monto inicial por aclarar de mil 89 millones de pesos en 151 municipios.
En esta ocasión se abren varios periodos de aclaraciones. El primero vence a finales de octubre.
Daño histórico
De acuerdo con los datos del Orfis, se trata de una cifra histórica de presunto daño patrimonial a escala municipal por solventar, en una entidad en la que cada ayuntamiento recibe un promedio de 101 millones de pesos de aportaciones anuales desde el gobierno del estado, según el presupuesto aprobado para 2018.
Para dimensionar el presunto uso indebido de recursos, los mil 102 millones de pesos equivalen a poco más del doble del presupuesto federal de 2018 del programa 3x1 para Migrantes, o del de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, de la Secretaría de Salud.
La cantidad es cinco veces superior al presupuesto que tiene la Secretaría de la Función Pública en 2018 para inhibir y sancionar prácticas de corrupción.
Parece que hubo un patrón en estos alcaldes contemporáneos de Duarte: tan solo de 2016 a 2017, la cifra de presunto daño presupuestal se elevó 53 por ciento.
Patrón de desfalcos
El probable saqueo de las arcas municipales en el último año de los alcaldes duartistas y no duartistas no es nuevo. Es solo la cereza del pastel.
Se trata del resultado de un proceso de desfalco progresivo que han protagonizado los municipios de la entidad, de manera paralela a los saqueos de las instituciones estatales de los últimos años, y que ha logrado ser documentado desde 2007 por el Orfis en las revisiones a las cuentas públicas.
De las 158 denuncias penales que ha presentado el Orfis entre 2007 y 2017 ante la Fiscalía General del Estado contra funcionarios y ex funcionarios veracruzanos por el presunto desvío de más de 33 mil 21 millones de pesos, 63 por ciento (100 casos) son desfalcos a arcas municipales por un daño probable de más de 843 millones de pesos.
El resto, por saqueos en dependencias del gobierno del estado, pues solo a partir de 2015 se comenzaron a presentar denuncias por casos de presuntos desvíos en instituciones del gobierno estatal.
Es el caso de la cifra señalada en 2009, de mil 89 millones de pesos. En esa ocasión, los funcionarios responsables lograron solventar gran parte de las irregularidades, pero aun así, el Orfis presentó 33 denuncias penales por un posible desfalco de 252 millones 492 mil pesos, el monto más alto hasta ahora, solo en municipios, de los que nunca se demostró su aplicación o devolución.
En contraste, llama la atención lo que ocurrió en la Cuenta Pública 2014, año de comienzo de administraciones municipales: el Orfis detectó en su primera revisión un probable desfalco por más de 116 millones de pesos en 46 municipios; sin embargo, en el periodo de solventación, los funcionarios municipales aclararon hasta el último peso señalado. Para el Orfis, ese año no existió ningún daño patrimonial y por lo tanto no presentó ni una sola denuncia penal.
Coatzacoalcos, en la cima
En el informe de la Cuenta Pública 2017, el municipio de Coatzacoalcos (entonces gobernado por Joaquín Caballero Rosiñol, del PRI) encabeza la lista, al presumirse un daño patrimonial de 142 millones 277 mil 111 pesos por donativos sin soporte documental, bienes y vehículos que se compraron y no se sumaron al inventario municipal, contrataciones sin documentación que las respalde, obras sin entregar o mal hechas, anticipos a contratistas por obras que no se hicieron y bajas de bienes sin justificación.
Además dejó una amplia lista de deudas a proveedores y de pensiones no pagadas a ex trabajadores.
Le siguen Acayucan (entonces gobernado por Marco Antonio Martínez Amador, de Alternativa Veracruzana), con 66 millones 200 mil 371 pesos; San Andrés Tuxtla (por Manuel Rosendo Pelayo, de PRI), con 56 millones 397 mil 250 pesos, y Emiliano Zapata (por Daniel Olmos García, de PRD) con 50 millones 294 mil 80 pesos, como los municipios con un mayor monto de probable daño.
En 2017, Cosamaloapan no apareció en la lista de municipios con presunto daño patrimonial, porque, al dejar el cargo, la ahora ex alcaldesa Adriana Maass y su equipo aparentemente destruyeron o hurtaron la documentación de su administración y no participaron en el proceso de entrega-recepción del ayuntamiento a su sucesor.
En ese municipio de 60 mil habitantes los desfalcos tienen historia. En 2015 y 2016, el Orfis presentó denuncias penales contra ex funcionarios de ese ayuntamiento por posibles saqueos de más de 5 millones y de casi 89 millones de pesos, respectivamente.
En tanto, el municipio de San Andrés Tuxtla también destaca por reincidir. En 2017 ocupó el tercer lugar de la lista con el presunto daño patrimonial más alto de la Cuenta Pública, con más de 56 millones de pesos, pero ya existe una denuncia penal desde la Cuenta Pública del 2016 por un presunto desfalco de más de 16 millones 664 mil pesos.
Robado, 8% del gas LP consumido en el país
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En 2007, durante la administración de Felipe Calderón, surgió el delito de robo de gas licuado de petróleo (LP) mediante una toma clandestina en ductos de Pemex en Veracruz.
Hoy, este cáncer se ha extendido a 10 entidades federativas del país en forma paralela al robo de gasolinas, afectando a Puebla, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Tabasco, Veracruz y Jalisco, en donde, al cierre de 2017 se registraron 166 tomas clandestinas para extraer este tipo de hidrocarburo.
Al 31 de agosto de 2018, las perforaciones ilegales de gas LP suman 137, y al ritmo que llevan podrían superar las 200 al cierre de este año, provocando pérdidas por más de 12 mil millones de pesos anuales.
De acuerdo con información de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex, obtenida por EL UNIVERSAL, entre 2007 y agosto de este año se han reportado 953 tomas clandestinas de gas LP. (166 en el sexenio de Felipe Calderón y 787 en el de Enrique Peña Nieto, un incremento de 374% entre una y otra administración).
Ocho de cada 10 se han perpetrado en el presente gobierno federal.
Esto indica que entre el robo de gasolinas, calculado por el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño, en 30 mil millones de pesos y el robo de gas LP, las pérdidas por estos dos delitos suman 42 mil millones de pesos anuales.
La firma EnergeA, encargada del Estudio para Analizar la Problemática de Seguridad Física en las Instalaciones del Sector Hidrocarburos, sostiene que hasta 2017, la base de datos sobre robo de combustibles se centraba en el delito de extracción de gasolinas y diésel, y aún no consideraba el impacto del robo de gas LP y otros productos.
Empresas distribuidoras de gas LP han señalado que cada mes se registra el robo de 58 mil toneladas de este carburante, lo que equivale a pérdidas por mil 102 millones de pesos.
El daño económico se reparte entre Pemex, que debe absorber 770 millones de pesos, y las distribuidoras otros 330 millones mensuales.
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Luis Landeros Martínez y Jaime Ayala, presidentes de estas asociaciones consideran que el robo de gas LP, ya sea por tomas a los ductos de Pemex o hurto de vehículos a distribuidores, ha dejado pérdidas de casi 8 mil millones de pesos en los primeros ocho meses del año.
Delito ubicado. El mercado negro, de acuerdo con reportes de Pemex y empresas distribuidoras se concentra en Estado de México, que aglutina 40% de las tomas clandestinas de gas LP, y en donde se usan desde pipas robadas a distribuidores hasta hechizas y distribuidores “piratas”.
Estos delincuentes suelen vender el gas en las zonas en donde realizan la extracción ilegal, pues su venta se torna incosteable y riesgosa si la llevan a grandes distancias, exponiéndose a ser interceptados, señalan reportes de la Procuraduría General de la República.
La segunda entidad con el mercado negro en ascenso, por el número de tomas clandestinas, es Puebla, que concentra 34% y le sigue Querétaro, con 9.4%.
Sobre los municipios afectados y el daño a Pemex y al país, la petrolera determinó la reserva parcial de los datos por cinco años, al considerar que “la información guarda relación con las estrategias para combatir el robo de hidrocarburos”.
AMLO recibirá ‘blindaje fiscal’ de 327 mil mdp
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El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tendrá al arranque de su sexenio una bolsa de más de 327 mil millones de pesos en fondos de estabilización para “blindar” los ingresos presupuestarios, en caso que estos sufran disminuciones respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos.
Esta cifra, que equivale a 1.5 por ciento del PIB y 13% de los ingresos presupuestarios observados a junio de este año
El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) reportó un saldo de 252 mil 525 millones de pesos a junio de 2018, mientras que el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) registró un saldo de 74 mil 860 millones de pesos, de acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El saldo total de ambos fondos es de 327 mil 385 millones de pesos, cantidad que equivale a 1.5 por ciento del PIB y 13 por ciento de los ingresos presupuestarios observados a junio de este año.
Al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, en 2012, el saldo conjunto del FEIP y del FEIEF sumó 30 mil 922 millones de pesos.
Hacienda indicó que el FEIP, el fondo con mayor saldo en 2018 podrá utilizarse ante la disminución de ingresos petroleros, así como de cara a una menor recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que no tengan finalidad específico, con el fin de propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos.
El panorama económico que tendrá López Obrador en 2019 presenta como posibles factores de riesgo un menor dinamismo ante políticas proteccionistas globales, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos y medidas similares en otras naciones y los efectos de la reforma fiscal de ese país.
Ven diferente aplicación
Maritza Rosales, exinvestigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado, señaló que de materializarse esos riesgos, podría ser afectado el desempeño económico y la estabilidad financiera del país, sin embargo, los fondos son instrumentos que pueden hacer frente a la turbulencia en caso de que los ajustes al gasto público no fueran suficientes.
En el caso del FEIP, la experta explicó que ha tenido como destino principal la contratación de las coberturas petroleras y, particularmente, en 2002, 2009, 2015 y 2016, transfirió recursos al gobierno federal para compensar caídas en los ingresos públicos, derivadas de menores precios del petróleo y plataformas de exportación bajas con relación a lo pronosticado.
“Se pueden usar para solventar lo que se necesite, la ley no pone limitaciones, es decir, si se cayeran los ingresos y el gobierno tiene que pagar nómina de maestros o de trabajadores de salud, pues de ahí se pueden tomar recursos para cubrir la caída de ingresos del gobierno federal”, apuntó Rosales, autora del análisis ‘Fondos para enfrentar los riesgos económicos de México en 2018’.
Luis Foncerrada, exdirector general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), indicó que los fondos de estabilización sólo deberían usarse ante la caída de los ingresos por el precio del petróleo o una recesión, “esos dos factores justificarían el uso de los fondos, pero no se deberían utilizar para complementar la falta de recursos por un exceso de gasto público”.
Por otra parte, Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), expuso que los fondos son para tratar contingencias por el lado de los ingresos, es decir, si se planeó mal el gasto público no se podrían tocar los fondos de estabilización, pero si se tiene algún choque por el lado de los ingresos petroleros, sí.
“Si el gobierno pronosticó mal sus gastos, no pueden usar esos fondos, pero si se sobreestimaron ingresos y por alguna razón no se cumplieron, hay cierto margen y a partir de una banda, entran los fondos”, anotó.
Captor de El Chapo pide que la PF sea encabezada por un policía de carrera
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Nicolás González Perrín, el comisario de la Policía Federal que, junto con sus elementos, se anotó la recaptura de El Chapo Guzmán en 2016, señala que la siguiente administración no debe uniformar a un profesionista connotado o a un externo para convertirlo en comisionado nacional de la corporación, que debe optar por elegir de entre aquellos que han hecho carrera en la institución, los que empezaron como cadetes y hoy están capacitados para ese cargo.
Autor de Para Hacer posible lo imposible, libro en el que narra, entre otros, “la hecatombe” que ha significado que los policías mexicanos arriesguen la vida por 4 mil pesos de sueldo y estén bajo un régimen de contratación en el que pueden ser despedidos sin posibilidad de reinstalación, aclara desde un principio que opina a título personal y no a nombre de la institución. Señala que la estrategia equivocada de los últimos diez años llevó a que “en mis épocas, y no soy tan viejo, los niños inventaban que su papa era policía porque representaba al fuerte y justo, mientras ahora el hijo de un policía responde que su papá hace otra cosa por temor a la reacción”.
La redignificación del trabajo policial pasa, añade, por los sueldos que deben ser revisados para recortar arriba y dar más abajo, y por la aspiración de ascender hasta al cargo más alto de su corporación: “Una de las grandes aspiraciones para los cadetes es que puede aspirara a ser jefe de su policía, y retomo al resto de países de América Latina y Estados Unidos. Cuando yo entré a la Policía de Caminos, ésa era la aspiración y no había cadete que no la tuviera”.
—¿Hoy, en las policías del país, nos alcanzan en número y capacidad los policías de carrera, los que vienen desde cadetes, para integrarlos a los puestos de mando?
—Hablando de la federación, sí; de los estados y municipios, no. Los dos últimos (órdenes de gobierno) no han tenido capacitación adecuada, no han creado cuadros de mando, no tienen servicio de carrera. Les falta la parte doctrinal, generar mandos.
—Y para la Policía Federal, ¿el próximo presidente puede elegir de esta forma, entre el personal que inicio desde abajo?
—Sí y tiene varias y buenas opciones, de carrera, sin duda. No sólo opciones, sino buenas opciones y no sólo para Comisionado General, que es el mayor mando operativo, arriba de él ya son puestos políticos. Para Comisionado General y los siete jefes de división (Seguridad Regional, Gendarmería, Fuerzas Federales, Inteligencia, Investigación, Antidrogas y Policía Científica) hay suficiente personal (de carrera) para hacer un buen cuadro de mando con conocimiento y que esté probado en el terreno. Sí hay opciones.
Hay suficientes elementos. No se ha aprovechado el capital humano, los siete jefes divisionales, el propio comisionado, son gente que no traía una trayectoria de seguridad pública dentro de Policía Federal, probablemente trabajaron en estados, pero sin carrera dentro de la institución.
Somos el único país del mundo en el que los jefes de las dependencias de seguridad no son sus policías, es algo totalmente increíble. Un ejemplo muy claro para verlo: La U.S. Customs and Border Protection, CBP, puso hace un año a un exagente del FBI como jefe de la patrulla fronteriza; era una gente con una trayectoria impresionante en FBI y lo nombran jefe de la Border, de los verdes, y se dieron cuenta que no tenía las tablas para comandar la institución porque no la conocía. Y era una gente reconocida, preparada, pero para su institución. Fue una estrategia fallida, reconocieron y lo cambiaron para optar por alguien de CBP.
No hacer esto nos ha mermado mucho como país y como sistema de seguridad. Ni modo que el mundo esté mal y nosotros somos la excepción, por querer innovar, lo hacemos de manera no muy bien pensada en términos estratégicos. Hay que innovar con bases sólidas, la seguridad pública ya está descrita y estudiada, necesitamos agarrar las grandes prácticas y tropicalizarlas a nuestras necesidades.
—¿Cuál es el riesgo de no tomar estas decisiones?
—Ya nos dimos cuenta, y si no lo hemos hecho estamos condenados a seguir fracasando, que no podemos ocupar profesionistas que se conviertan en policías, ocupemos policías que se conviertan en profesionales de la seguridad pública. Puedes agarrar a alguien con primaria si tiene la vocación y la voluntad de servir y lo vas puliendo: le das la secundaria, le das la prepa, una licenciatura y posgrados. Obviamente si empiezas cuando ya tiene prepa, lo tienes más fácil, pero ocupas policías profesionales más que profesionistas que se conviertan en policías.
Al final del día es un tema de doctrina, es un tema de pasión y eso genera cosas positivas, como narro en Para Hacer posible lo imposible.
—Un punto es éste, ¿qué otros resultarían vitales para la próxima administración?
—Está relativamente fácil, fortalecemos institucionales y realmente diseñamos estrategias de coordinación, no como ahora que es simulada, hacemos coordinación palpable entre federación, estados y premiando a municipios, se va de la mano con los estados hasta los municipios.
Además lo que hemos tenido es que las grandes esferas son premiados con sueldazos y la gente de abajo está mal. Ahora que se habla de una reestructuración en sueldos, estaría ideal que se premie hacia abajo; sí, que quiten arriba, pero que se vea un impacto abajo. El que gana 4 quincenales, que gane 7, con eso ya estás dando incrementos que apenas le van a permitir vivir.
Para llegar al idea, necesitamos avanzar poco a poquito, fortalecer las instituciones, dar y premiar a los policías, hacerlos sentir que son parte de algo importante, que tengan orgullo institucional y proyecto de vida, incluido que puedan llegar a ser jefe de la policía, sea municipal, estatal o federal.
—¿Por qué se cometieron los errores que señala en la década anterior?
—Yo creo que los tomadores de decisión desconocían la problemática real de las instituciones y se iban con la falsa percepción, sólo lectura de textos, del problema de seguridad. No eran expertos ni conocían de fondo la problemática de los elementos policiales. Y salen después con modificaciones ridículas como la del Artículo 123 y resulta que ahora el policía, el perito y el MP, aun si un juez ordena una reinstalación luego de un despido, no tienen chamba ya. Ni en donde estaba ni en ninguna otra institución de seguridad. Imagínense qué certeza puede tener, son leyes generadoras de corrupción, al final del día una persona sabe que gane o no gane el juicio laboral lo van a correr y lo único que se provoca es que cuando se le nombra en el puesto sea como si se le dijese ‘tienes 6 meses para robar lo más que puedas porque al final del día te van a correr y no vas a tener chamba en ningún otro lado, cuando lo único que sabes hacer es tema de seguridad y en eso nunca vas a volver a trabajar’.
La gran estrategia hoy es depurar personal y dar cifras estratosféricas, ‘vamos a depurar a 10 mil elementos’, ¡perfecto! y me pregunto cuál es el impacto de correr a diez mil personas, si bajó la incidencia de corrupción al interior de la institución, si subió positivamente la percepción ciudadana, qué estadísticas tenemos… nos damos cuenta de que no hay nada.
Es dinámica y política generadora de corrupción. Lo contrario a lo que se pretendía.
AMLO advierte veto a empresas que suban costos o "tiren" obras
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| AMLO, ayer, con los gobernadores entrante y saliente de Tabasco. Foto: Daniel Aguilar |
La Razón Online -
El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en la próxima administración sólo ganarán licitaciones las empresas que se sujeten por ley a cumplir con la fecha pactada de entrega de obra, de lo contrario no podrán participar en nuevos concursos.
“Las empresas que tengan obras tiradas, es decir, que hayan dejado obras en proceso que no hayan cumplido, no van a poder participar en las licitaciones de proyectos”, dijo en Villahermosa, Tabasco, tras reunirse con el gobernador Arturo Núñez y el gobernador electo, Adán Augusto López.
Indicó que para lograr lo anterior promoverá una reforma a la Ley de Obras Públicas, de tal manera que se evite que los contratos se conviertan en un “robo encubierto”.
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Puso de ejemplo el tren México Toluca —concesionado a las empresas ICA y OHL— que inició con un costo de 30 mil millones de pesos y va a terminar costando 60 mil. Por ello, recordó que se está haciendo una revisión de todas las obras que han quedado inconclusas en el país, para detectar cuáles han sido incumplidas.
“Estamos haciendo una revisión de todas las obras en proceso, todas las obras están sometidas a revisión; sólo en hospitales puedo decir que son cerca de 70 tirados, es un cementerio de obras inconclusas; por eso haremos esta ley para que nadie deje obras sin terminar”, aseveró el tabasqueño.
Cuestionado sobre si las empresas que participan en la obra del tren México-Toluca ya no podrán participar en obras durante su gobierno, López Obrador dijo: “esas empresas no han cumplido, no van a poder participar en obras porque no han actuado con responsabilidad; en las bases de las licitaciones se va a establecer que queremos que cumplan”.
Aseguró que ejemplos como el del Tren México-Toluca hay muchos: “otro de ellos son las dos autopistas o vías rápidas de Oaxaca. Una de Oaxaca al Istmo, otra de Oaxaca a Puerto Escondido; llevan más de 10 años, han cambiado no sé cuántas empresas, han aumentado considerablemente el costo original y están las obras iguales”.
El dato: Se estima que el pasaje del Tren Interurbano México-Toluca tenga un costo aproximado de 80 pesos y opere desde 2019.
El Presidente electo reiteró que en su administración no habrá más corrupción en licitación de obras y asignación de contratos: “todo esto va a cambiar. Ha habido muchas irregularidades en empresas que reciben contratos y no cumplen, o dejan tiradas las obras y son marrulleros profesionales, porque entablan denuncias y se van hasta tribunales internacionales. Por eso vamos a cuidar mucho a quién se convoca”.
Finalmente, López Obrador dijo que las empresas sí podrán solicitar aumentos al costo de las obras que realizan, “pero no el doble o más, como se hace actualmente”. Aunque no definió el porcentaje que estará permitido, explicó que: “eso lo van a ver los técnicos, pero va a ser algo razonado; no un asalto, no un robo encubierto”.
Al término de la conferencia, López Obrador ofreció un mitin donde se comprometió a integrar a 80 mil 732 jóvenes tabasqueños al programa Construyendo su Futuro, así como otorgar 7 mil 500 becas a universitarios y 106 mil becas a estudiantes de nivel medio superior.
Diputados van contra fondo de “moches”
El COORDINADOR de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, afirmó que el gran reto de la Cámara baja en la discusión del Paquete Fiscal 2019 será terminar con los “moches”; agregó que tendrán que acabar con aquellos proyectos “sin ninguna planeación que terminan en el caño de la corrupción”.
Consideró que el Ramo 23 debe desaparecer, pues la poca claridad en los recursos que a éste se destinan ha desprestigiado a la Cámara de Diputados.
Asimismo, señaló que los diputados federales trabajarán para que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 contenga ya la austeridad republicana y las prioridades sociales por las que la gente votó el pasado 1 de julio.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que durante el gobierno de López Obrador se mantendrá la estabilidad macroeconómica, se detendrá el excesivo endeudamiento y los gasolinazos, además de que no aumentarán los impuestos.
Finalmente, explicó que en la presente Legislatura, la Cámara de Diputados ha trabajado en demandas de la sociedad, como la Ley de Remuneraciones o la iniciativa sobre austeridad republicana.
Consejo Fiscal ayudaría a fortalecer transparencia: FMI
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Es necesario que el nuevo gobierno aproveche su capital político
Entre el 2001 y el 2015 se crearon 30 organismos independientes para supervisar la política fiscal; envían una señal de disciplina.
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Yolanda Morales y Luis Miguel González
Bali, Id. Sería muy buena idea que la próxima administración de México introduzca algo nuevo, que garantice transparencia fiscal, aprovechando su capital político, concuerdan funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Cualquier análisis que el país pueda hacer, desde el Legislativo o desde la Iniciativa Privada, que ayude a fortalecer la política fiscal, será bien recibido y seguramente compensado”, comentó Robert Rennhack, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
Con él concuerda Abdel Senhad, director adjunto de Asuntos Fiscales en el FMI, quien precisa a El Economista que “una evaluación independiente de la situación fiscal de México emitiría una señal de disciplina a las autoridades y al presupuesto en sí.
Desde Bali, que ha sido sede de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, consideran que la llegada de una administración con amplio capital político, como la de Andrés Manuel López Obrador, genera un entorno propicio para transparentar el manejo de las cuentas fiscales.
También en Indonesia, pero desde las Reuniones Anuales del Instituto de Finanzas Internacionales, el vicepresidente de Shanghai Development Research Foundation, Yide Qiao, explica que este tipo de entes apoyan la disciplina y siempre son puntos a favor para los inversionistas.
Indica también que este tipo de organismos ayudan a despolitizar los procesos de discusión sobre las metas que se quieren lograr, como reducir la deuda o el déficit fiscal.
La experiencia internacional demuestra que otros países, que ya cuentan con consejos de este tipo, favorecen la promoción de la responsabilidad fiscal.
Experiencia internacional
Existen consejos fiscales en varios países del mundo, como Perú, Italia, España, Chile, Francia, Finlandia y Serbia.
Al interior del reporte “Fortaleciendo la credibilidad fiscal postcrisis”, se informa que a partir del 2001 y hasta el 2015, se crearon 30 consejos fiscales, y 25 de ellos desde el 2009.
Ahí enfatizan que existe una correlación entre la aparición de los órganos fiscales y la crisis de las finanzas públicas que ocasionaron que diversos países adoptaron medidas de este tipo para reducir la crisis financiera global.
Son los países de la Unión Europea, los que tienen la más larga tradición en este tipo de prácticas, como el establecimiento de mecanismos de corrección fiscal y la aplicación correcta de la regla fiscal.
Austria cuenta con dos órganos independientes: el Instituto Austriaco de Investigación Económica, que propicia previsiones económicas, y el Comité de Deuda Pública, que lleva a cabo un análisis de las finanzas públicas y de las recomendaciones sobre cuestiones de política fiscal.
Reitera la OACI que Texcoco es la mejor opción para el NAIM
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La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) envió una carta al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para reiterar que siguen siendo válidas las conclusiones del estudio que realizó en 2013 para determinar que Texcoco es la opción más adecuada para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), informó el Colegio de Pilotos.
La misiva enviada a López Obrador está firmada por Melvin Cintrón, director regional para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la OACI, en la cual afirma que un estudio específico debería gestionarse por medio de la Dirección de Cooperación Técnica en Montreal, sede de esta organización, para considerar la operación conjunta de la base aérea de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) que determine la viabilidad técnica en el espacio aéreo, señaló Santiago López Cadena, vicepresidente del colegio.
El documento, titulado Proyecto MEX/13/801 fue elaborado por la Dirección de Cooperación Técnica de la OACI en noviembre de 2013, explicó el Colegio de Pilotos mediante un comunicado de prensa. No tuvo por objetivo, precisó, presentar un análisis de alternativas de solución al problema aeroportuario del valle de México, sino más bien responder las preguntas sobre la idoneidad de Texcoco.
Por esa razón, subrayó, la opción de Santa Lucía no fue estudiada como una alternativa de complementariedad al AICM como aeropuerto civil, sino en razón de su interacción con el resto de los aeropuertos del área terminal de México como base aérea militar.
En todo caso, el nuevo gobierno puede solicitar a la OACI un nuevo estudio al respecto, pero el cual costará dinero y tiempo para asegurar que el gobierno tenga información que pueda resistir cualquier escrutinio necesario para tales decisiones tan críticas.
El Colegio de Pilotos calificó de buena noticia tal información, porque para decidir dónde se ubicará el nuevo aeropuerto se debe contar con toda la argumentación que dé certidumbre a los operadores aéreos.
Reinstalan a maestros reprobados
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| Los profesores evaluados con la reforma educativa que tuvieron malas calificaciones darán clasesReinstalan a maestros reprobados. Gráfico Daniel Razo. / Heraldo de México |
Nayeli Cortés
Alrededor de mil maestros cesados como consecuencia de la evaluación educativa serán reinstalados, pues, la reforma que impulsará Morena y Andrés Manuel López Obrador, contempla el establecimiento de convenios con la SEP para lograrlo, aseguró Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación de San Lázaro.
Al 2 de agosto de 2018, de 101 mil 695 docentes y directivos evaluados en educación básica y media superior, 9.9 por ciento obtuvieron un resultado insuficiente; 28.4 por ciento, suficiente; 44.4 por ciento bueno; 17.1 por ciento, destacado y 0.2 por ciento, excelente, de acuerdo con el sexto Informe de Gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto.
“Estamos hablando de mil maestros. Tengo un listado de 800 completo, pero hay estados (que faltan de sumar), que nos han buscado para darnos el número de compañeros en esta situación”, indicó la diputada Piña en entrevista con El Heraldo de México.
La reincorporación, explicó, se realizará en coordinación con la SEP: “Será un trabajo conjunto con el próximo secretario de Educación, con el Legislativo que se tengan que hacer porque, finalmente, los maestros despedidos y cesados son producto de una Reforma Educativa que lastimó sus derechos laborales”.
Cada caso, explicó, será analizado según sus particularidades, pero en todos los casos donde la evaluación haya sido el motivo del despido, los docentes regresarán frente a sus grupos.
La diputada también aclaró que los maestros sí quieren ser evaluados, pero en un afán de mejorar no para ser despedidos. Los reinstalados, así como los alrededor de 1.5 millones de maestros en activo pasarán por ese proceso. Por ello, agregó, el nuevo modelo de evaluación será determinado, ahora sí, tomando en cuenta sus opiniones.
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“La evaluación tiene que ser un proceso de retroalimentación y de capacitación. Creemos que en cualquier proceso de índole social, la evaluación es indispensable y ningún docente de este país se niega a ser evaluado. Lo que no puede pasar es que sea motivo para despedir a los maestros. Más bien, debe servir para ir mejorando todo el sistema educativo”, consideró.REINSTALAN A MAESTROS REPROBADOS. GRÁFICO DANIEL RAZO. / HERALDO DE MÉXICO
Agregó que la reforma educativa que impulsará el gobierno de López Obrador definirá con claridad el tipo de alumno que, al egresar de las aulas, tendrá las capacidades suficientes para ayudar en la atención de los problemas del país.
Esa definición impactará en el tipo de modelo de evaluación magisterial. Además de eso, la reforma educativa atenderá problemas de infraestructura educativa y replanteará el proceso de formación de docentes.
“El sistema educativo nacional está en crisis en todos los ámbitos”, indicó.
Luego de que el Presidente electo informara que será la Federación la única responsable de pagar los salarios de los maestros, la presidenta de la Comisión de Educación aclaró que las reformas para hacerlo realidad no pasarán por afectar a los sindicatos.
Es decir, aunque la nómina se pague con recursos federales, si hay sindicatos magisteriales creados en los estados estos serán respetados.
“Será independiente, habrá respeto total a los sindicatos”, concluyó.
