viernes, 21 de septiembre de 2018

Propone que salario recupere su poder.



Gustavo de Hoyos planteó, durante su presentación en el foro "La patria que queremos", consolidar el modelo de zonas económicas especiales, a fin de mejorar la economía del País. Foto: Velia De La Cruz

Alfredo González

Monterrey, México

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), planteó la urgencia de una política de largo plazo para resarcir el poder adquisitivo de los salarios.

"La falta de una política salarial de largo plazo, en lo que ha derivado es que hoy estamos en los niveles más bajos de remuneración, sólo por encima de Venezuela y Nicaragua", dijo.

En su exposición, al participar en el foro "La Patria que Queremos", mencionó tres retos: mejorar la economía, fortalecer el Estado de derecho y mejorar la gestión gubernamental.

Para mejorar la economía planteó consolidar el modelo de zonas económicas especiales, a fin de cerrar brechas de desarrollo entre regiones; una política educativa para la excelencia, la innovación y la productividad, y elevar el bienestar social.

Señaló que, de acuerdo con un estudio denominado DataCoparmex, los indicadores económicos ubican al empleo formal en apenas 43.4 por ciento, en donde destaca Nuevo León con un 64.4 por ciento.

Sin embargo, de los empleos formales de la entidad sólo 65.3 por ciento paga salarios por encima de la línea de bienestar, cuando a nivel nacional el promedio es superior, 69.7 por ciento, y en entidades como Nayarit alcanza un 85 por ciento.

De Hoyos estimó que el segundo reto será fortalecer el Estado de derecho, lo que implica mayor seguridad.

Indicó que a nivel nacional, 50.8 por ciento de los empresarios ha sido víctima de la delincuencia, mientras Nuevo León tiene el lugar 12, con 48.7 por ciento.

Fortalecer el Estado de derecho, dijo, implicará una persecución efectiva de delitos; un combate real a la corrupción; reorganizar el modelo de seguridad y ofrecer más capacitación a los policías.

"Requerimos de una Fiscalía General de la República autónoma, mejores sueldos y seguridad social para los policías", planteó.

Reforma

El combate a la corrupción a un año del SNA.


Leonor Ortiz Monasterio 

¿Sabes quién es Marcos Even Torres? Es el fiscal especializado en el combate a la corrupción de Veracruz. Sí, el mismo Veracruz de los escándalos de corrupción, el del exgobernador Javier Duarte y sus 90 propiedades. Un estado con una urgente necesidad de atacar la corrupción tiene al fin un fiscal especializado desde el 24 de julio. Sin embargo, vale la pena detenerse en conocer cómo fue nombrado este fiscal. Resulta que en Veracruz el artículo 67 de la constitución local dice que se tiene que abrir una convocatoria pública para elegir al fiscal y que Marcos Even Torres quedó en la terna que fue votada en el congreso el pasado 24 de julio. De acuerdo con la constitución veracruzana el fiscal anticorrupción tiene que ser votado por mayoría calificada (dos terceras partes de los 50 diputados) para que ser nombrado, pero Marcos Even Torres logró únicamente 27 votos. Aún así, tras varias volteretas en el congreso, mediante un dictamen que, dicho sea de paso, no está disponible en internet, Torres fue nombrado el nuevo fiscal anticorrupción. 

Ahora, ¿esto por qué te debería de importar a ti? Primero, porque es probablemente un nombramiento inconstitucional y a modo. Segundo, porque el fiscal anticorrupción de Veracruz, así como el de todas las otras entidades, es una parte esencial de un gran entramado que se llama Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ilustración: David Peón

El Sistema Nacional Anticorrupción es una propuesta sin precedente en el mundo para el combate a la corrupción, cuyo elemento clave es la coordinación. La apuesta hecha hace tres años, con la reforma constitucional, fue mantener a las instituciones ya existentes del Estado mexicano para combatir la corrupción y hacer que trabajen juntas, en lugar de crear una agencia anticorrupción. Así, forman parte de este sistema el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). A estos órganos se les suma una representación de la ciudadanía, mediante un consejo integrado por cinco ciudadanos: el Consejo de Participación Ciudadana. 

A las instituciones mencionadas se agregan 32 sistemas estatales anticorrupción, uno en cada entidad federativa, conformados de manera similar que el nacional.

A más de un año de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la “Ley 3 de 3”, es importante hacer una revisión de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción para reconocer los avances logrados y subrayar los pendientes en cada entidad y a nivel federal. Más allá de descalificar el esfuerzo que se ha hecho, o la falta de avance en últimos meses, podemos aprovechar este momento para retomar los temas pendientes y darle el impulso que necesita. 

A más de un año de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, aún faltan aspectos cruciales:

• Nombramiento de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
• Propuesta y ratificación de un Fiscal Anticorrupción nacional
• Instalación de la Plataforma Digital Nacional, incluida en la reforma del SNA
• Ratificación de la Política Nacional Anticorrupción

El CPC del Sistema Nacional Anticorrupción ya definió una ruta para elaborar la Política Nacional Anticorrupción, la cual definirá un diagnóstico que distinga entre causas, síntomas y consecuencias, y establecerá las prioridades y las herramientas del gobierno para combatir la corrupción. Como parte de esta ruta, fue planteada una consulta ciudadana en línea en la que es posible participar aquí.
Nombramientos

Los nombramientos son probablemente las piezas más urgentes. En específico, el fiscal anticorrupción a nivel nacional es uno de los puntos clave. De su nombramiento depende que entren en vigor las reformas al Código Penal Federal que especifican los nuevos delitos de corrupción. A este se le suman 6 fiscales anticorrupción a nivel local que no han sido nombrados y que urgen de igual manera. 

Ahora, los sistemas estatales anticorrupción son mucho más que un fiscal y aún quedan muchos lugares que llenar. Para la puesta en marcha de los sistemas estatales anticorrupción es indispensable tomar al menos cuatro pasos:

1. Que el Congreso estatal nombre una Comisión de Selección, integrada por residentes de la entidad y provenientes preferentemente de la sociedad civil organizada o la academía. 

2. Que este Consejo de Selección perfile a un grupo de cinco personas para conformar el Comité de Participación Ciudadana.

3. Que el CPC sea instalado. 

4. Que el CPC apruebe la designación del Secretario Técnico, quien es el director de la Secretaría Ejecutiva, el cuerpo burocrático del que echará mano el sistema anticorrupción para hacer estudios, realizar mediciones y presentar recomendaciones. 

Al revisar el avance de las entidades, vemos que 28 de las 32 entidades han designado un Comité de Selección. Están pendientes Campeche, Chiapas y la Ciudad de México. Tlaxcala merece una mención especial: su legislación prevé que sean los diputados locales directamente los que nombren a los integrantes del CPC. Además, 26 entidades ya cuentan con los nombramientos de los CPC. Además, de estas entidades, 18 ya han designado un Secretario Técnico.

Leyes de los Sistemas Estatales Anticorrupción

Queda entonces por revisar qué se ha hecho en términos de legislación. Para cada sistema anticorrupción local, era necesario hacer una reforma a la constitución del estado y publicar siete leyes secundarias. Todas las reformas constitucionales ya fueron hechas; Chihuahua fue el último estado en publicar la suya el 30 de agosto de 2017. 

Las leyes secundarias, sin embargo, son otra historia. Varios estados todavía tienen camino que andar; no hay homogeneidad en la reforma de las leyes locales. En promedio, cada estado ha realizado 6.5 reformas y 21 entidades han hecho las 7 reformas necesarias. Las entidades más atrasadas son Nuevo León, con 3 de las 7 leyes modificadas; Chihuahua, con 4, y Guanajuato, con 5. Las reformas al Código Penal han sido las menos atendidas por los congresos locales: aún están pendientes en 6 estados.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó hoy el micrositio https://comovasna.contralacorrupcion.mx/. En él queremos mostrar, de manera clara, sencilla y accesible los avances y pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. En el micrositio puedes interactuar con tres diferentes mapas y obtener fichas por cada entidad federativa para conocer el avance de cada una. 

Para vivir en un país sin corrupción, necesitamos entrar todas y todos en la discusión. Creemos que este sitio puede aportar información para hacerlo. 

Leonor Ortíz Monasterio

Investigadora en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Maestra en políticas públicas (Universidad de Chicago) e internacionalista (ITAM).

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