Empresas perciben baja en actos de corrupción
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) del INEGI, en 2020 el 71.5 por ciento de las unidades económicas en el país consideró que los actos de corrupción eran frecuentes, cifra inferior al 82.2 por ciento de 2016.
Los datos indican que el número de empresas que percibieron muy frecuentes y frecuentes los actos de corrupción fueron 2.9 millones en 2020, en comparación con los 3.7 millones de 2016.
En general, el costo de estos actos de corrupción representaron un total de 887.2 millones de pesos durante el año pasado. Es decir, que por unidad económica, el costo promedio por actos de corrupción fue de 7 mil 419 pesos.
“Esta reducción de la corrupción tiene que ver, por un lado, al incremento de la confianza de las empresas con los diferentes tipos de gobierno federal, estatal y municipal; y eso se vio reflejado en la frecuencia de actos de corrupción”, aseveró Ricardo Alvarado Andalón, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
El experto agregó que hay otros factores que pudieron influir en la reducción de la corrupción como “la pandemia y el avance tecnológico, los trámites que hicieron las empresas a través de Internet aumentaron, disminuyendo la posibilidad de corromper algún trámite dado que no se vio involucrado un funcionario público que puedo haber cometido una acción de corrupción”.
“Sí hay una disminución en cuanto a la percepción de la corrupción, pero los datos siguen siendo muy altos. El mayor problema son los trámites, que son percibidos como un freno para las empresas y muchas veces tienen que recurrir a participar en estos sistemas de corrupción para agilizar el papeleo”, dijo Pablo Montes, coordinador de anticorrupción para Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Sobre el nivel de confianza de las empresas en distintas instituciones, la peor percepción fue hacia la policía, donde el 65.3 por ciento percibió algo o mucha desconfianza; le siguieron los partidos políticos, con 60.8 por ciento y el Ministerio Público, con 47.7 por ciento.
Sin embargo, aumentó la confianza en general, en todas las instituciones: en la policía aumentó de 32.1 a 34.2 por ciento, entre 2016 y 2020; en los partidos políticos subió de 19.5 a 34 por ciento, y en la Cámara de Diputados subió de 20.4 a 46.3.
En el gobierno federal el aumento fue de 26.4 a 62.3 por ciento, y en los institutos electorales la cifra se elevó de 41.2 a 64.5; también destaco el alza en los gobiernos municipales, de 41.0 a 61.1 por ciento.
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Corrupción (Especial)
Aumentan costos regulatorios
De acuerdo con la ENCRIGE, el gasto promedio de las unidades económicas por cargas administrativas se incrementó entre 2016 y 2020 al pasar de 58 mil 19 a 95 mil 760 pesos.
A nivel nacional, el costo por el cumplimiento de las regulaciones sumó 238.9 mil millones de pesos, equivalente a 1 por ciento del PIB.
En el caso de las microempresas el costo fue de 33 mil 956 pesos en promedio, cifra que se elevó a 287 mil pesos para las pequeñas empresas, un millón 33 mil para las medianas y 2.3 millones para las grandes.
El 28.2 por ciento de las empresas señaló que el marco regulatorio representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios.
No obstante, de acuerdo con los resultados de la encuesta, se redujo el porcentaje de unidades económicas con una opinión desfavorable sobre la evolución de las cargas administrativas, al pasar de 50.9 por ciento en 2016 a 45.7 en 2020.
“La buena noticia de esta encuesta es que en efecto la percepción de las empresas mejoró en términos de una opinión. Pero desafortunadamente se han vuelto más caras las cargas administrativas”, apuntó Manuel Guadarrama Coordinador de finanzas de IMCO.
“En este sentido, si no se realizan estos trámites se hace una carga en materia de competitividad y de materia económica, es decir, se genera la informalidad, riesgos de corrupción y externalidades negativas”, expuso el experto.
Según la encuesta del INEGI, el mayor problema para la operación de las empresas es la inseguridad, con 58.1 por ciento de respuestas. Le siguen la falta de apoyos del gobierno (37.1); el aumento en los precios de los insumos (32.9), la economía de la entidad (32.5) y el acceso al financiamiento (15.5).
Piden incluir en regreso a aulas pruebas de Covid
Los expertos consideran que además de las nueve intervenciones de salud, limpieza e higiene para poder regresar a clases presenciales que ha ordenado la SEP en la guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante Covid-19, debe haber otras nueve acciones como el uso de pruebas diagnósticas en alumnos, maestros y personal educativo, una buena vigilancia epidemiológica y poner en marcha protocolos de respuesta inmediata en caso de brotes, como ocurre en otros países.
También que todos los adultos estén vacunados, el uso obligatorio,
universal y correcto de cubrebocas, mantener distanciamiento físico y
evitar aglomeraciones, implementar la ventilación y que la autoridad de
salud decida en cada caso, a partir de criterios técnicos y no
políticos, si se cumplen las condiciones establecidas.
Antonio Luévanos Velázquez, infectólogo pediatra y expresidente de la Asociación de Infectología Pediátrica, señaló que las acciones planteadas por la SEP son buenas, porque son medidas de higiene y sana distancia que han demostrado efectividad; sin embargo, a estas sumaría la vigilancia epidemiológica a través de la práctica de pruebas para detectar Covid-19 en niños y maestros.
“Una parte importante es vigilar todo tipo de sintomatología que pueda
tener una persona en un centro educativo, sea alumno, docente o personal
administrativo, y por supuesto descartar que no tenga la enfermedad.
Otra recomendación que sería estupendo que se implementara, es que si
bien es cierto no se pueden pedir pruebas cada 10 días a los niños para
que regresen a la escuela, por lo menos el que tuviera síntomas
sugestivos de la enfermedad se pudiera realizar la prueba y una vez
estando negativa regrese a la escuela”, detalló.
Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, expuso que las autoridades deben hacer públicos los protocolos de regreso a clases presenciales, más allá de las nueve intervenciones, y capacitar al personal para que sepa cómo actuar en caso de contagios.
“Claro que los niños deben regresar a las aulas, porque ha sido perjudicial la educación a distancia, pero tampoco los pueden mandar a clases de forma arbitraria, se deben presentar a cabalidad los pasos que se seguirán en caso de un brote, si se cerrarán los planteles educativos en su totalidad o sólo el grupo donde hubo el contagio, es decir, si no hay capacitación, parece que es una decisión tomada a la ligera”, dijo.
Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado de influenza en México explicó que el regreso a clases presenciales es necesario, pero se debe hacer cuando pase el pico epidémico por la tercera ola de Covid-19.
“El regreso debe ser de manera paulatina, no en pleno pico de la tercera
ola, aunque empiecen a reportarse descensos en contagios,
hospitalizaciones y defunciones, es algo incipiente y sería arriesgado
para los alumnos. Lo que se podría hacer es que el personal que ya tiene
la vacuna acuda a los planteles y se evalúen las condiciones de las
escuelas para planear mejor el regreso a clases, de acuerdo con las
condiciones de cada institución académica”, subrayó.
Países en donde se aplican protocolos
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han implementado una estrategia operativa para escuelas de kínder a doceavo grado en la que se incluye la aplicación de pruebas diagnósticas para un retorno a clases más seguro.
Para un retorno seguro a las aulas se consideran cuatro puntos clave: seguir de manera estricta las medidas de prevención; uso universal y correcto de mascarillas y la práctica del distanciamiento físico; todas las escuelas deberán implementar estrategias de prevención y priorizar el uso obligatorio de cubrebocas, y las pruebas de detección para identificar a personas con infección.
En América Latina, países como Argentina y Chile recomiendan realizar pruebas de PCR sólo cuando hay sintomatología de Covid-19 y como complemento de las medidas de higiene y sana distancia, en tanto que Colombia aconseja aplicar pruebas diagnósticas de manera esporádica para detectar y vigilar la posible propagación del virus.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortó a los gobiernos de Europa a reabrir los centros educativos, pero recomendó aplicar pruebas PCR de detección Covid-19 en los niños para agilizar el regreso seguro a clases presenciales.
Además, países como Italia, Francia, Alemania y Reino Unido mantuvieron
las aulas ventiladas, procuraron la sana distancia entre profesores,
estudiantes y padres de familia, y establecieron sistemas híbridos para
volver a las aulas de forma gradual.
Avance en los estados
Los preparativos para el regreso a clases presenciales en la educación básica del país avanza a diferentes velocidades. Pese a la oposición de algunas autoridades y secciones del sindicato de maestros, hasta ayer sólo Michoacán se mantenía en la negativa de reanudar las actividades.
En cinco estados: Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz el regreso será sólo en algunos municipios y dependerá de la situación epidemiológica y de recursos de cada comunidad
En los 24 restantes, sin contar a la Ciudad de México y el Estados de México, las autoridades estatales anuncian retornos híbridos y voluntarios, es decir, las clases serán con algunos alumnos presentes en los salones y otros a distancia. Los gobiernos están dejando a padres de familia la última palabra para decidir. Sin embargo, en todos los casos hay opiniones divididas, voces que resaltan la urgencia de terminar con el aislamiento de los niños y otras que marcan la falta de recursos para que las escuelas garanticen un retorno seguro.
También se cuestiona si el pico de la tercera ola de contagios por Covid-19 es el mejor momento para regresar, en especial cuando se registran cada vez más casos de menores enfermos y que no tienen acceso a la vacuna.
En Michoacán, el gobierno estatal descartó un retorno a las escuelas por considerar que no hay condiciones debido a la tercera ola de la pandemia, pero también enfrenta un conflicto laboral con la Sección 18 de la CNTE.
En Hidalgo, Chiapas y Guerrero, sólo retornará en municipios con condiciones para realizar clases presenciales; en Chiapas se abrirán 10 mil planteles y en Veracruz se pospone el regreso por las afectaciones del huracán Grace.
El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, informó ayer que regresarán a clases presenciales sólo 447 escuelas privadas y 2 mil 86 públicas de educación inicial, bajo “estrictos protocolos sanitarios” y en un esquema escalonado. En el resto, más de 80% de los centros educativos públicos, no se llegó a un acuerdo con los padres de familia o con las autoridades comunitarias.
Los que se alistan
En el resto del país, los preparativos de las escuelas avanzan. En Coahuila, el lunes pasado arrancó el ciclo escolar 2021-2022. En Guanajuato se han realizado jornadas de limpieza de planteles, en las que participan padres de familia. Nuevo León presentó el jueves un esquema consensuado con las comunidades escolares, y Tamaulipas difundió un protocolo de retorno a las aulas que establece grupos escalonados.
Sinaloa ha dicho que no todas las escuelas serán abiertas. En Nayarit vuelven a clases presenciales excepto en los municipios más poblados como Tepic y Bahía de Banderas.
Colima se reserva el derecho de posponer el retorno en cualquier momento, y Zacatecas decidirá esta semana qué escuelas tienen condiciones para recibir a alumnos.
*Con información de corresponsales nacionales.
Morena alista megabancada; la oposición prende alertas para imperdilo
Pretende crear una sola fracción con el PT y el PVEM en la Cámara de Diputados para retener las presidencias de la Jucopo y de la Mesa Directiva
En la 65 Legislatura, Morena buscará conformar una megabancada junto al PT y el Partido Verde para controlar la Mesa Directiva y retomar la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.
Ignacio Mier, coordinador de Morena para la próxima Legislatura, prevé inscribir a la coalición Juntos Hacemos Historia como un solo grupo parlamentario de 278 integrantes, para alcanzar 55% de las diputaciones, poder controlar ambos órganos de gobierno y evitar que lo haga la oposición.
“Tenemos la opción que nos da la ley de integrar el grupo parlamentario, que no es una alianza electoral, es una alianza legislativa. No solamente de echarle montón al grupo mayoritario, tiene una connotación eminentemente legislativa, política, trascendental para transformar a México; siempre hay la posibilidad de registrar a la coalición como un grupo parlamentario”, sostuvo.
En tanto, Rubén Moreira y Jorge Romero, coordinadores del PRI y el PAN, respectivamente, advirtieron que no permitirán que Morena pretenda controlar los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.
Romero dijo que podrían sumar a MC para impedir que el bloque oficialista tenga mayoría absoluta.
Morena también busca quedarse con el control de los Congreso en Hidalgo y Durango, según iniciativas del propio partido.
Morena apuesta por una megabancada...
Pretende conformar una coalición legislativa con PT y PVEM para encabezar la Mesa Directiva y la Jucopo durante tres años.
El coordinador de los diputados de Morena para la LXV Legislatura, Ignacio Mier Velazco, adelantó que su bancada buscará, junto con el PT y el Partido Verde, conformar una megabancada que les permita apoderarse de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.
A unos días de que arranque la nueva Legislatura, inició la pelea por el control de los órganos de gobierno en la Cámara de Diputados, con el anuncio del también presidente de la Junta de Coordinación Política.
Ignacio Mier informó, al finalizar la inauguración de la Plenaria de Diputados de Morena, que buscarán inscribir la coalición Juntos Hacemos Historia como un solo grupo parlamentario que corresponde a 278 diputados, es decir, le permitiría tener 55% del pleno, lo que se requiere para encabezar la Jucopo y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
“Nuestra coalición la integramos los tres partidos. Tenemos cerca de 280 diputados y tenemos la opción que nos da la ley de integrar el grupo parlamentario que no es una alianza electoral, es una alianza legislativa, es una coalición legislativa, no solamente de echarle montón al grupo mayoritario, tiene una connotación eminentemente legislativa, política, trascendental para transformar a México y siempre hay la posibilidad de registrar a la coalición como un grupo parlamentario”, adelantó.
El líder de los morenistas en San Lázaro explicó que como grupo parlamentario tienen 198 diputados, mientras que toda la coalición Va por México (PAN, PRD, PRI) tiene 202 diputados. Con esos números, la oposición representa 40% de la Cámara y Morena 39.8 por ciento.
“Todos ellos juntos valen lo mismo que vale Morena, de entrada, no habría la posibilidad de que con 40% estén solicitando tener la coordinación del órgano de gobierno”, expresó.
Los próximos coordinadores parlamentarios del PRI, Rubén Moreira, y del PAN, Jorge Romero, advirtieron que no permitirán que Morena nuevamente pretenda “agandallarse” los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados y le recordaron que no tiene las dos terceras partes de los votos para encabezar la Mesa Directiva, además de que provocaría una parálisis legislativa.
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, pidió que reine la prudencia en Morena, porque sería una mayoría ficticia. El líder de los priistas advirtió que su facción parlamentaria se quedaría tres años con la Mesa de Decanos al frente de la Cámara de Diputados si la mayoría parlamentaria insiste en atropellar los derechos de las minorías en San Lázaro.
“Pero, además, somos muy claros, si no se respetan los derechos que otros tenemos, pues nos quedaremos los tres años con la Mesa de Decanos, porque para tener la Mesa Directiva se requieren tener las dos terceras partes y ellos no las tienen”, agregó. “Sería inusual que ellos trataran de quedarse con algo que no les corresponde. La respuesta sería de nosotros, que no habría Mesa Directiva”.
El coordinador de los diputados electos del PAN, Jorge Romero, advirtió que si no permiten la rotación los partidos en la Jucopo, como marca la Ley, al no contar con la mayoría absoluta, harán uso de la coalición Va por México e invitarán a Movimiento Ciudadano a sumarse para impedir esta ficción numérica.
“Lo que sí les puedo asegurar es que no venimos en un plan ‘suavecito’ de que pretendan ellos hacer estas cosas, si es que formalmente pretenden aterrizarlas tal cual, y nosotros no tener ninguna reacción, ya tenemos nuestros instrumentos, ustedes saben cuáles son para hacer que se cumpla la Ley”, anunció.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, indicó que 50% de la población no votó por Morena, por lo que deben tener cuidado al ejercer su mayoría. El emecista sostuvo que a Morena se les acabó el día de campo en San Lázaro y recordó que hay lineamientos que evitan la sobrerrepresentación.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados, la presidencia de la Junta de Coordinación Política se rolará entre los tres grupos parlamentarios con más diputados y sólo cuando una bancada tenga la mayoría absoluta, es decir 251 integrantes, la presidirá durante toda la Legislatura. Para elegir al presidente de la Mesa Directiva se requieren las dos terceras partes de los legisladores presentes en el pleno.
Acusa Mier: INE es burocrático, obeso, costosísimo y plenipotenciario
Habla con La Razón sobre reforma electoral, revocación...
Líder de Morena en San Lázaro ve en el instituto “aversión por lo guinda”; con reforma se retomará “esencia ciudadanizada”, dice; Niega fallas en operación para lograr un extraordinario y legislar revocación; señala falta de pericia del senador Ramírez Aguilar; estamos más que unidos, dice sobre el PT; perfilan Morena, PVEM y los petistas megabancada para quedarse con la Jucopo
El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la reforma electoral que promoverá la 4T acabará con el sistema de cuotas y “moches” que dieron al Instituto Nacional Electoral (INE) un rol metaconstitucional para quitar candidaturas y convertirlo en área jurisdiccional y fiscalizadora.
En entrevista con La Razón, Mier Velazco, quien repetirá como diputado federal, además de que se mantendrá como líder de la bancada guinda en el recinto legislativo de San Lázaro, rechazó que los consejeros electorales deban ser vistos como si fueran una deidad o seres impolutos.
El legislador por Puebla consideró que el logro de haber integrado en 1995 un instituto electoral ciudadanizado fue dilapidado, para dejar “un ente burocrático, partidizado, costosísimo, obeso, plenipotenciario, además de atentatorio del federalismo”.
La Razón (LR): ¿Cuáles son los saldos de no haber aprobado la revocación de mandato?
Ignacio Mier Velazco (IMV): Bueno, el saldo es que hoy no tenemos una ley secundaria, pero también no se le permitió al INE dar un “sabadazo” con los lineamientos, los cuales van más allá de sus atribuciones constitucionales, y desnuda una verdad: por más que quisieron vestir bien la mentira, afloró el contubernio entre el “prianperredé” con el INE; eso es maniqueo y de risa que los consejeros hayan querido justificarlo con criterios para la elaboración de su presupuesto.
LR: ¿Falló la operación política para sacar adelante la revocación de mandato?
IMV: No, no hubo fallo en la operación política, lo que sucedió fue que hubo un problema de interpretación del procedimiento en dos ocasiones, eso alargó el proceso del 7 de julio hasta el 19 de agosto, al final hubo los 24 votos; es un problema grave que sienta un precedente para el Congreso mexicano.
LR: En este contubernio que dice entre la oposición y el INE, entonces ¿también fue parte el presidente del Senado, Eduardo Ramírez?
IMV: Yo creo que pudo haber faltado pericia quizás, por eso hablo del procedimiento, dejémosle en que hubo falta de pericia en la que pudo haber sido al revés para debatir contra la oposición, y no contra su bancada, contra los suyos.
LR: Rubén Moreira, coordinador del PRI, ya mandó un guiño hacia el tema de la revocación.
IMV: Él expresó que tenemos que legislar, porque estamos en falta, está bien, por lo que pido que legislemos, que lo debatamos y que se vote por ser nuestra responsabilidad, sin permitir que el INE cubra nuestras faltas, de lo contrario, los consejeros seguirán asumiendo atribuciones que no tienen, amparados en que los diputados y senadores no queremos legislar y sí, hay legisladores de la oposición que van a cobrar hasta el 31 de agosto, pero por sus divisiones internas dejaron el “paquete” a los que van a llegar.
LR: La oposición dice estar a favor de la revocación de mandato, pero subraya que el problema es la pregunta de la consulta, ¿van a modificarla?
IMV: Hay que debatirla. Dicen que la prueba máxima en cualquier proceso son las preguntas afirmativas, entonces a partir de eso yo creo que podemos construir la pregunta si ese fuera el caso.
Con miopía y esas fijaciones no se puede garantizar el pleno desarrollo de la democracia en México. Toda esa conquista democrática que se dio entre 1995 y el 2000 la dilapidaron y se convirtió en un ente burocrático partidizado, costosísimo, obeso y plenipotenciario, atentatorio del federalismo
El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier VelazcoLR: ¿Qué papel juega aquí el INE? Los consejeros ya tienen un documento con los lineamientos
IMV: (La oposición) lleva años dando un rol al INE metaconstitucional, es un órgano administrativo, no legislativo, fiscalizan, ya se convirtieron en un área jurisdiccional, quitan candidaturas, utilizan criterios inconstitucionales, desproporcionados, y los cambian sin mayor razón, de acuerdo a sus intereses. Lo que vieron en el caso de Michoacán y de Guerrero no lo vieron en otros estados, tienen una fijación cromática con aversión por lo guinda y son proclives a los tonos del cielo, de la bandera y el sol.
LR: Usted ha señalado “miopía” en el INE…
IMV: Sí. Con miopía y esas fijaciones no se puede garantizar el pleno desarrollo de la democracia en México, es una traba, toda esa conquista democrática que se dio entre 1995 y el 2000 la dilapidaron y se convirtió en un ente burocrático partidizado, costosísimo, obeso y plenipotenciario, atentatorio del federalismo, reduciendo a la nada a los estados, a los Organismos Públicos Locales Electorales. Hicieron un organismo funcional para protegerse entre ellos.
LR: Y ahora, finalmente pues uno de sus temas prioritarios es la reforma electoral.
IMV: Una reforma política electoral es necesaria para México. Nosotros no tenemos fijaciones con nadie, en especial por ninguno de los integrantes del instituto; sí tenemos una fijación por la legitimidad de los procesos electorales, por quitar cualquier vestigio que provoque fraudes electorales, la compra de votos, criterios parciales; he escuchado comentarios como si fuesen una deidad, los impolutos, bueno, ¡eso no es cierto!
LR: Ahora Morena también ha puesto la mira en los magistrados por los casos de Campeche y Michoacán
IMV: Sí, otra vez, nada más. Oye, todo salió perfecto en Nuevo León, no hubo ningún problema, ahí todos son buenos, bien portados, buenos muchachos, y ¡ah!, también en Querétaro somos bien portados, y ¡ah!, también en Chihuahua todo estuvo perfecto, entonces nada más de un lado, Michoacán, Campeche, ¿y los demás?, entonces, ¿qué es eso?
LR: ¿Es consigna?
IMV: Es más que eso, es lawfare, es la guerra jurídica, mediática. Es una estrategia de un alcance mayor, es ir contra una persona, denostarla y señalarla: “¡quémenlo en leña verde!”, como ocurrió con el magistrado presidente, José Luis Vargas, pero, ¿los demás no son iguales?, ¿no?, ¿quién de ellos puede lanzar la primera piedra? Ninguno, es esta suerte de entrego uno, y ya nos volvimos buenos los demás, y de verdad no se debe pensar que estamos en contra de instituciones, eso sería lo más fácil, porque no estamos declarando su extinción, queremos fortalecerlos… legislemos, debatamos.
LR: Se ha señalado que tanto a consejeros y magistrados los ponen los partidos de acuerdo a un sistema de cuotas, ¿cuál es su propuesta para cambiar esto?
IMV: Es buscar, consultar, porque acá en la Cámara de Diputados surgió todo eso, aquí se empezó a pervertir con los moches y el Ramo (General) 23 y el presupuesto, no como un instrumento para redistribuir el ingreso, sino para consolidar la partidocracia y un modelo de negocios en que convirtieron al Estado mexicano. Aquí, el Ramo 23 y sus más de 45 mil millones de pesos al año con uso discrecional para legisladores, gobiernos, instituciones, acá inició un proceso de desmantelamiento del Estado mexicano, entonces acá debe darse el proceso de transformación de las leyes.
LR: Sobre el tema de los aliados, ¿se empañó la relación con el PT por el desafuero del diputado Mauricio Toledo?
IMV: No. Con el PT hay una relación que no es de una agenda electoral, es una coalición legislativa, claro, en la independencia de cada partido en algunos detalles habrá discrepancias, pero en lo sustantivo, en la transformación del país tenemos la misma agenda, fue la plataforma que registramos, sería una incongruencia no hacerlo; hay temas en los que al interior también del propio grupo no hay coincidencia en plenitud, pero de lo sustantivo, lo toral para la transformación, es que estamos más que unidos y así vamos para lo que viene.
Fracasa Joe Biden en eliminar el Quédate en México
El presidente estadunidense Joe Biden, que ha buscado desde que asumió el cargo en enero revertir muchas de las políticas de inmigración de línea dura de Donald Trump, hizo retroceder el programa de Protocolos de Protección al Migrante.
El juez de distrito de Estados Unidos, Matthew Kacsmaryk, dictaminó a principios de este mes que la administración de Biden no proporcionó una razón adecuada para deshacerse de la política y que sus procedimientos con respecto a los solicitantes de asilo que ingresan al país eran ilegales.
La decisión del tribunal hizo referencia a su fallo de 2020 que frustró el intento de Trump de poner fin a un programa presentado por el ex presidente Barack Obama que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes, especialmente de los llamados dreamers, que ingresaron sin documentos migratorios a Estados Unidos cuando eran niños.
Biden, que ha buscado desde que asumió el cargo en enero revertir muchas de las políticas de inmigración de línea dura de Trump, hizo retroceder el programa PPM. Texas y Misuri, liderados por los republicanos, desafiaron la decisión del presidente demócrata.
El actual gobierno recurrió a la Suprema Corte después de que el magistrado Kacsmaryk dictaminó que la política de Trump tendría que ser restablecida y la Corte de Apelaciones del quinto circuito, con sede en Nueva Orleáns, denegó el 19 de agosto la solicitud del gobierno de una demora.
La decisión sostiene que la administración de Biden debe implementar el MPP de “buena fe”, lo que deja al gobierno cierta discreción sobre cómo seguir adelante.
Demócratas y defensores de migrantes criticaron el programa al señalar que la política sometía a los indocumentados –principalmente los llegados de Centroamérica– a condiciones peligrosas en las ciudades fronterizas mexicanas.
La administración de Trump argumentó que había una “crisis de seguridad y humanitaria” a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México al negarse a permitir que los migrantes que buscan asilo, debido al temor de persecución en sus países de origen, ingresen a Estados Unidos antes de las audiencias ante los jueces de inmigración.
Omar Jadwat, abogado de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU), argumentó que el gobierno de Biden debe “tomar todas las medidas disponibles para poner fin por completo a este programa ilegal, incluso terminando con una explicación más completa”.
La jurista Lindsay Toczylowski, defensora de migrantes y opositora a Quédate en México, afirmó que el fallo revitaliza una política que ha convertido la vida en una “pesadilla real”. Los arrestos de migrantes atrapados cruzando la frontera sur de Estados Unidos han alcanzado máximos de 20 años en los meses recientes, un hecho que los republicanos culpan a la revocación de Biden del MPP y otras políticas de inmigración de Trump.
La administración de Biden ha dejado en vigor una orden separada de la era Trump que permite a las autoridades fronterizas de Estados Unidos debido a la crisis de salud pública por la pandemia de Covid-19, expulsar rápidamente a los migrantes atrapados en la frontera sin darles la oportunidad de buscar asilo en los Estados Unidos.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, manifestó que el fallo reducirá el número récord de migrantes que ingresan por la frontera sur. Los cruces alcanzaron su máximo nivel en 20 años bajo el gobierno de Biden, con otro mes récord en julio, cuando se produjeron alrededor de 212 mil detenciones de migrantes, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Citan a Carlos Treviño para hoy en Almoloya
Carlos Treviño, ex director de Pemex, fue citado hoy en el penal federal de Almoloya, al ser señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Autoridades ministeriales confirmaron que esta acusación se deriva de la denuncia ante el Ministerio Público de la Federación que hizo Emilio Lozoya el 11 de agosto de 2020, según la cual Treviño recibió un soborno de 4 millones de pesos.
Este miércoles, el Ministerio Público de la Federación buscará imputarle los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Se señalan las 14:30 horas del 25 de agosto de 2021 para la audiencia inicial de formulación de imputación”, que se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez en el Estado de México, señala el citatorio emitido por un juez federal.
De acuerdo con el documento, al que MILENIO tuvo acceso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda es la parte ofendida en los ilícitos que se le imputan al funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Esta audiencia se desarrollará por videoconferencia, aunque la autoridad jurisdiccional dio la posibilidad de comparecer de manera presencial.
El citatorio para la audiencia de este miércoles está fechado el 20 de agosto de 2021, aunque hasta ayer por la tarde le fue entregado al ex director de Pemex, confirmaron autoridades federales.
En su denuncia, Lozoya señala: “En una reunión en febrero 2013, en mi casa en Lomas de Bezares, Luis Weyll me comentó que Braskem al parecer había entregado sobornos en los años 2010 y 2012 durante la administración de Felipe Calderón para la suscripción y aprobación del contrato Etileno XXI. Mencionó que quien al parecer habían ayudado a operar dicho contrato en administración panista fueron Carlos Treviño Medina, José Antonio González Anaya y otros ejecutivos de Pemex, de la Secretaría de Hacienda, así como Ernesto Cordero y José Antonio Meade en su calidad de titular de la Sener.
“Recuerdo escuchar que le entregó dinero tanto a Carlos Treviño Medina como a Ernesto Cordero, a través de uno de sus operadores al cual apodaban El Conejo, sin tener conocimiento de a quién se referían”.
Funcionarios de la FGR abundaron que Treviño como director de Pemex, habría recibido un soborno de 4 millones de pesos.
Prórroga
Un juez federal determinará el próximo viernes si a Emilio Lozoya una prórroga de 30 días más para suspender el procedimiento en el caso Agronitrogenados, ya que busca conseguir un acuerdo reparatorio para evitar la cárcel, revelaron funcionarios judiciales.
Indicaron que Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, convocó a las partes para celebrar una audiencia.
Además,
a finales del presente mes, otro juez de control resolverá si otorga al
ex funcionario 90 días más para el cierre de la investigación
complementaria en el caso de Odebrecht.
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