Tercera ola pega a jóvenes sin acceso a salud; contagios aumentaron 55% en 10 días
La tercera ola de covid-19, reconocida por las autoridades de Salud, ha impactado en mayor medida a las personas de 18 a 39 años. Este grupo poblacional no sólo enfrenta mayor número de contagios actualmente, sino que, en muchos casos, tiene que hacerlo con recursos limitados, debido a la falta de ingresos y servicios de salud.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 22.9% de la población joven no tiene acceso a servicios de salud. Ello convierte un contagio de coronavirus en todo un reto económico, debido a que es de los sectores más afectados por el cierre de empresas o ajustes en el interior de éstas para enfrentar la crisis económica causada por la pandemia.
Ante ello, el acceso a la seguridad social debe garantizarse como una estrategia de salud, considera Verónica Montes de Oca, investigadora de la UNAM.
Tercera ola golpea a jóvenes en seguridad médica
El sector de entre 18 y 39 años, además de enfermar de covid-19 vive con carencia de acceso a servicios de salud, aunado a la pérdida de ingresos por la crisis sanitaria; ante el alza de contagios, la población también tiene un panorama difícil económicamente.
Además de ser los más afectados por la tercera ola de covid-19 que repunta en México, los jóvenes de 18 a 39 años deben enfrentar la enfermedad, en muchos casos, sin empleo o seguridad social.
El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 del Coneval, presentado en febrero, destaca que en 2018, 67.2% de jóvenes no tenía acceso a la seguridad social, es decir, a una afore o subsistencia ante eventualidades, presentando una brecha de aproximadamente 10 puntos porcentuales con respecto a la población adulta.
El informe indica que 22.9% de ellos presentó carencia de acceso a servicios de salud como al IMSS, ISSSTE o Insabi, lo cual, aunado a la pérdida de ingresos por el confinamiento podría agravar la situación de pobreza de los jóvenes, al ser de los sectores más afectados por el cierre de empresas o ajustes en el interior de éstas para enfrentar la crisis económica.
Esto significa que, si este sector no puede acceder a servicios de salud o incluso a un seguro de gastos médicos mayores por falta de empleo, o a pesar de tener un trabajo fijo no tienen seguridad social, les será difícil afrontar económicamente enfermarse de covid-19.
De acuerdo con la actualización de la Encovid-19, reportada el pasado 15 de junio, el gasto para pagar medicamentos, atención médica, oxígeno u otros insumos para atender a los enfermos de coronavirus representó un desembolso importante ya que, 45% gastó entre mil y 10 mil pesos; 36% gastó más de 10 mil pesos; 14% gastó menos de mil pesos; y sólo 5% de los hogares no tuvo gasto alguno.
Panorama actual
Un dato que ilustra la tercera ola de covid-19 en México es que, en los primeros 10 días de julio se registraron 55% más contagios a nivel nacional, en comparación con los 10 días inmediatos anteriores.
Datos de la Secretaría de Salud, del 1 al 10 de julio sumaron 67 mil 452 casos, un promedio de 6 mil 745 al día, incluyendo los tres días consecutivos en los cuales se registraron más de 9 mil contagios; un pico no visto desde febrero pasado.
Del 20 al 30 de junio, se registraron 43 mil 564 contagios, para un promedio de 4 mil 365 diarios.
Por lo anterior, es tan importante la seguridad social como la estrategia de salud y empleo digno “porque en cualquier momento podríamos estar nuevamente en una situación como la crisis sanitaria y la población debe tener atención inmediata”, indica la investigadora Verónica Montes de Oca Zavala, de la UNAM, en el marco del Día Mundial de la Población que se celebra el 11 de julio.
En este contexto, reitera la importancia de reformular cómo cuidar la salud desde etapas tempranas, luego de la pandemia que se ha prolongado por más de un año.
“Hoy tenemos mayor conciencia de llevar una vida saludable, de fortalecer el sistema inmunológico y demás condiciones que no se dan de manera automática, sino a través de políticas públicas, sociales, educativas y culturales integradas, que permitan velar por el bienestar de la gente”, considera la especialista.
Cabe destacar que al inicio de la pandemia y durante la segunda oleada, los jóvenes no eran la principal población con afectaciones severas por covid-19.
Sin embargo, el avance del semáforo epidemiológico verde y amarillo en el país, el avance gradual en el proceso de vacunación, la reapertura económica y la disminución de restricciones en la movilidad, ha demostrado que este sector se ubica en un momento vulnerable.
El pasado 7 de julio, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell en reunión virtual con titulares de gobiernos estatales, organizada por la Secretaría de Gobernación aseguró que, entre el 1 de enero y el 16 de junio, los casos graves de hospitalización disminuyeron de 25% a 14% en personas mayores entre 60 y 69 años. En contraste, la proporción subió de 7% a 17%, de 30 a 39 años.
El subsecretario aceptó que el país se encuentra en una tercera ola por esta enfermedad.
Admitió que en este repunte se modificó el desplazamiento de edad de las personas afectadas por el virus, lo que no significa que se volvió más agresiva en los jóvenes, sino que la virulencia se redujo en adultos mayores, debido a que cuentan con el esquema completo de vacunación.
Destacó que aunque la inmunización surte efectos, las acciones inmediatas día con día son fundamentales para reducir los casos graves y sobre todo los decesos.
Covid-19 llegó a su vida y a sus bolsillos
Lía Aguirre y Paola González, ambas de 29 años, padecieron covid en los meses más álgidos por contagios. La pandemia pegó a su salud, pero también al bolsillo de su familia, a pesar de tener empleo, éste no les proveía de seguridad social.
Paola enfermó los primeros días de octubre de 2020, entre la incertidumbre de la enfermedad y del gasto que enfrentaría, sobrellevó al covid aislada en un cuarto de su casa.
Pese a que lleva 9 años trabajando, no ha tenido la fortuna de cotizar para el seguro social y frente a este panorama sólo recibió el apoyo de su familia para solventar los gastos.
Solo requirió tratamiento y reposo, el covid no le presentó complicaciones, pero aun así, desembolsó más de 10 mil pesos, entre pruebas para detectar el virus, medicamentos, tomografías de tórax y un concentrador de oxígeno.
Luego de dos meses en casa, regresó a trabajar y a seguir los cuidados para no volver a contagiarse, porque a pesar de contar con los anticuerpos que la enfermedad deja, la posibilidad sigue latente.
Para Lía, la situación fue diferente, padeció covid-19 a finales de diciembre, cuando inició la segunda ola y la ocupación hospitalaria era alta.
No sólo eso, meses atrás perdió su seguridad social tras la crisis económica del confinamiento. Aunque parecía que la edad y no padecer comorbilidades serían una ventaja para no agravar por la enfermedad, el virus afectó más su organismo que requirió ser atendida de emergencia en un hospital privado. En esa recaída permaneció menos de 24 horas y desembolsó más de 17 mil pesos para análisis de sangre, pruebas covid, de laboratorio y medicinar, sin contar los honorarios del médico.
Testigos estrella de Emilio Lozoya lo desdicen... siempre no tienen pruebas
A casi un año de que fuera extraditado a México, Emilio Lozoya no ha cumplido lo prometido a la Fiscalía General de la República (FGR) para terminar de demostrar las acusaciones de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Esto se debe a reveses que ha sufrido el ex director de Pemex en este tiempo; el último fue de dos de sus testigos estrella, quienes negaron los señalamientos de Lozoya.
Se trata de Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fuera secretario particular de Lozoya, y Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe del Departamento Administrativo en la Dirección de Pemex.
En su denuncia realizada en agosto de 2020, Lozoya ofreció “presentar” al Ministerio Público de la Federación a Arteaga Santoyo y Olascoaga Rodríguez para que “el primero aportara los recibos que se firmaban para la entrega de los recursos mencionados, y el segundo, un video en el que se apreciará el momento exacto de una de las entregas de dinero al enlace de (Partido) Acción Nacional”.
Pero en entrevistas a las que tuvo acceso MILENIO y que son parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada por la denuncia de Lozoya, tanto Rodrigo Arteaga como Francisco Olascoaga negaron los dichos del ex director de Pemex.
Arteaga Santoyo rechazó tener “recibos de entrega de dinero firmados por Rafael Jesús Caraveo Opengo”; mientras que Olascoaga Rodríguez negó contar con un video de entrega de dinero a este mismo personaje.
En agosto de 2020 se filtró parte de este video en el que se ve a Caraveo y a Guillermo Gutiérrez Badillo, colaboradores de los ex senadores panistas Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez, recibiendo fajos de dinero de presuntos sobornos para aprobar la reforma energética.
En sus entrevistas ministeriales, Lozoya reveló que este video fue grabado por Francisco Olascoaga; mientras que Caraveo declaró que dicho encuentro se llevó a cabo el 6 de agosto de 2014 y que Olascoaga Rodríguez le entregó el dinero.
Sin embargo, Francisco Olascoaga
declaró que respecto a la reforma energética, no le “tocó participar de
ninguna manera en las gestiones o actividades relacionadas, pues esa no
era mi función”.
“Tampoco tuve interacción alguna con las personas que desde fuera de Pemex participaban en las actividades de la promoción de la reforma, o sea, no tuve trato ni con senadores, ni con empresarios, ni con diputados o cualquier otra persona que estuviera metida en la reforma (energética), ni siquiera como acompañante del director general”, declaró el pasado 25 de enero.
Por su parte, Rodrigo Santoyo negó que, en su carácter de secretario particular de Lozoya, tuviera conocimiento de que el ex presidente Peña Nieto y Luis Videgaray instruyeron al ex director de Pemex “entregar dinero en efectivo a legisladores” entre 2013 a 2014.
Este par de entrevistas fueron presentadas en el caso del ex senador Lavalle, quien hasta el momento es el único con acusación formal de la FGR en la denuncia de Lozoya.
FGR asegura que testigos de Lozoya fueron "amenazados"
Sin embargo, la Fiscalía las desestimó debido a que no las llevaron a cabo agentes de la FGR, sino abogados particulares, y es que tanto Rodrigo Santoyo como Francisco Olascoaga promovieron incidentes de impugnación para no comparecer ante el Ministerio Público de la Federación.
“…puede obedecer a que en un inicio ambas personas se encontraban en la disposición de acudir como testigos ante esta Fiscalía y corroborar los hechos denunciados por Emilio Ricardo Lozoya Austin, siendo que posteriormente, probablemente al advertir las posibles consecuencias que tendrían, por declarar en los hechos en los que se vieron involucrados, atendiendo al poder político, social y económico que tienen todas las personas denunciadas por Emilio Ricardo Lozoya Austin, decidieron adoptar una conducta reticente, concretándose a responder de manera negativa a las preguntas inducidas.
“…Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo, guardan vínculos con el grupo que participó en el hecho delictivo del que existe la presunción de que ya fueron coaccionados, inducidos o amenazados, para no corroborar el esquema manifestado por Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien al presentar su denuncia y solicitar el criterio de oportunidad, es natural que se ha enfrentado con todo ese grupo, lo que lleva a considerar que podría encontrarse aislado, por virtud de haber realizado manifestaciones de todos ellos, por lo que la imparcialidad en las declaraciones de Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo, está afectada”, según consta en el oficio UIL-B-CGI-083/2021 al que MILENIO tuvo acceso.
May: planes sociales han permitido sortear la pandemia
Ciudad de México. Los programas sociales que instrumentó el gobierno al inicio del sexenio “permitieron que mucha gente sobreviviera” e incluso pudiera salir adelante durante los largos meses de la pandemia por Covid-19, asegura el titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez.
“Si hubiésemos estado en el régimen anterior, habríamos tenido problemas sociales muy fuertes”, considera.
En una de las escasas entrevistas que concede el funcionario, May Rodríguez habla con La Jornada y subraya también que la pensión para adultos mayores superará el próximo año 10 millones de beneficiarios con un monto individual de 6 mil pesos bimestrales al final del sexenio. Pero no duda: este derecho constitucional es viable a largo plazo porque las políticas de austeridad y de combate a la corrupción aportarán los recursos suficientes para sostenerlo.
De ese modo, para May Rodríguez la estrategia de dispersar recursos en efectivo entre los grupos vulnerables busca respaldar a quienes nunca han sido sujetos de crédito, lo cual los ha ayudado a sortear los efectos de la pandemia de Covid-19 y reactivar el consumo “desde abajo”.
Admite que es probable un crecimiento de los índices de pobreza para 2020, debido a la contingencia sanitaria, pero ahí mismo expresa su cautela respecto a los indicadores: “No tenemos mucha confianza” en el diagnóstico que en breve dará a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En sintonía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario ubica como uno de los programas más importantes para la actual administración el de las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por su significado para la subsistencia de quienes se encuentran en condiciones de precariedad, sobre todo alimentos y medicinas.
“De entrada, la pensión les permite estar por encima del salario mínimo con un ingreso fijo que aumentará de manera gradual: en 2022 incrementará 20 por ciento y así seguirá hasta que en 2024 se llegue a 6 mil pesos bimestrales”, puntualiza.
–¿Cómo se mantendrá su viabilidad en el largo plazo?
–Una, con el plan de austeridad. Quitar el costo que tenían los altos funcionarios para el pueblo ha permitido liberar recursos importantes. Dos, con el combate a la corrupción. Además, hoy el gasto de operación de los programas sociales es de 4 por ciento, cuando antes llegó a ser de 20 y hasta 30 por ciento.
Para el gobierno federal, “la idea es que Petróleos Mexicanos (Pemex) financie el desarrollo del país, que el Tren Maya produzca ingresos también a través del turismo, y lo se está haciendo ahorita es una inversión que detone el desarrollo y se atiendan las causas generadoras de la desigualdad”.
Aglomeraciones
–En ese escenario, ¿por qué las aglomeraciones para tramitar la pensión de los días recientes?
–Estimábamos que a partir de julio se reanudarían los trámites para el padrón, pero eso no quedó claro, no se difundió. Y como ya se había informado que por la veda electoral no se podría incorporar a más personas, al otro día de la elección ya teníamos a los adultos mayores en todas las delegaciones de los estados.
May Rodríguez indica entonces que esta semana reiniciarán las actividades de registro para obtener la Tarjeta del Bienestar para Adultos Mayores en unos 8 mil centros integradores de las alcaldías capitalinas y municipios del país.
Asimismo, asegura que la reciente salida de Gabriel García Hernández como coordinador de los superdelegados no modificará de forma importante la operación de los programas sociales federales. Éstos, sostiene, no parten de una visión gubernamental de resolver los problemas de la población mediante la repartición de dinero, sino de respaldar sobre todo a los sectores precarizados.
“El tema es que los pobres nunca han sido sujetos de crédito. La economía se puede ver con una distribución más justa de la riqueza, y entonces ves cómo el comercio se empieza a mover desde abajo, que la gente tiene dinero para el consumo y para mejorar sus condiciones de vida”, subraya.
El secretario de Bienestar indica que desaparecer programas sociales de sexenios anteriores obedeció a que “había mucha corrupción y simulación. Era necesario terminar con ellos.
“Fue quitar algo que ya no funcionaba y que de origen estaba corrupto. Ya no se podían rescatar y fue la decisión más acertada.”
–¿Qué espera de las cifras de pobreza en 2020 que el Coneval dará a conocer pronto?
–Para medir la pobreza, el gasto de Coneval es muy alto, porque todas las evaluaciones las subcontrata, las maquila. No las hacen ellos. Si a mí me lo preguntas, yo le pasaría la función del Coneval al Inegi, que también evalúa la pobreza y otros indicadores. La verdad es que no tenemos mucha confianza en lo que emite el Coneval.
–¿Pero sí esperan un repunte en la pobreza por la pandemia?
–Puede ser que aumente. Apenas estamos recuperándonos. Perdimos la actividad económica y fueron meses bastante complicados, pero la gente sobrevivió por los programas sociales.
Mañaneras de AMLO, bajo la lupa del Tribunal Electoral por posibles infracciones
De acuerdo con fuentes judiciales electorales, la totalidad de las mañaneras en periodo electoral fueron materia de denuncia por una supuesta intromisión en el proceso.
Esta situación es revisada por la sala regional para determinar exactamente cuántas son las quejas y en cuáles procede una infracción y en cuáles no.
Hasta el momento, la sala que preside el magistrado Rubén Lara Patrón ha dado salida a 11 impugnaciones en contra de las conferencias matutinas del Mandatario federal, en las cuales se señaló que el Titular del Ejecutivo federal cometió actos de propaganda gubernamental en un periodo en el que estaba prohibida y que incluso pudo haber cometido actos de campaña.
Son cuatro los casos en los que la sala declaró existencia de alguna infracción.
Una de las primeras acusaciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como su coordinador de Comunicación Social y Vocería del gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, fue por la exposición que se hizo del documento denominado Rescatemos a México, atribuido supuestamente al Bloque Opositor Amplio (BOA), ello durante la conferencia de prensa matutina del 9 de junio de 2020, previo al inicio del proceso electoral.
La denuncia fue presentada por el PAN y otras instancias, las cuales acusaron promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, violación al principio de imparcialidad, así como calumnia. El sentido de la resolución fue que se declaró inexistentes las infracciones atribuidas al Presidente de la República, así como al vocero Ramírez Cuevas.
“Se determinó que el documento denunciado carece de elementos que conduzcan a considerar que se trata de propaganda gubernamental, dado que no se da a conocer alguna acción de gobierno, avances o desarrollo económico ni beneficios o compromisos cumplidos por parte de la autoridad con la ciudadanía”, se detalló en la sentencia.
Por esta respuesta, el PAN y el PRD se inconformaron e impugnaron la resolución de la Sala Regional Especializada ante la Sala Superior del tribunal.
El argumento fue que se vulneraron los principios de congruencia y exhaustividad al no determinar el alcance de las conferencias matutinas y el contenido del documento identificado de BOA.
La Sala Regional Especializada fue creada con la finalidad de que un órgano jurisdiccional determine, en el marco de un proceso electoral, la existencia o no de vulneración a las reglas de acceso a los medios de comunicación social; compra o adquisición indebida de tiempos en radio y televisión; difusión de propaganda calumniosa; actos anticipados de precampaña y campaña electoral; promoción personalizada de servidores públicos; incumplimiento a las normas que regulan la propaganda gubernamental; violación a las reglas de ubicación física de propaganda político electoral o en medios impresos, así como el ejercicio del derecho de réplica.
Otro de los temas que la regional especializada trató fue, ya en periodo de campañas, lo referente al Informe del Presidente de la República al Pueblo de México, el cual fue controvertido por el PAN, pues consideró que, de manera reiterada, se difundieron acciones y logros de gobierno, además de buscar posicionar al partido Morena.
La sala aprobó inexistencia de las infracciones atribuidas a López Obrador y Morena.
Las resoluciones de la Sala Regional Especializada pueden ser impugnadas ante la Sala Superior del TEPJF, la cual —de manera inapelable— puede revocar sentencias. Por ejemplo, así sucedió con el caso de la denuncia que se presentó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por el evento denominado Primeros 100 días del Tercer Año de Gobierno, en el que se presumió la existencia de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y vulneración a las reglas para la presentación de informe de labores. De nuevo, la sala determinó inexistentes las infracciones denunciadas.
El PRD impugnó alegando que la regional especializada infringió los principios de congruencia y exhaustividad. La Sala Superior del TEPJF revocó la sentencia y determinó que el evento sí constituyó propaganda gubernamental personalizada.
Otra denuncia conocida fue la que se presentó contra López Obrador, por la presunta transgresión a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda local de Nuevo León, ello porque en las conferencias matutinas en Palacio Nacional hizo referencias al proceso electoral en ese estado. La sala determinó la existencia de las infracciones.
Lo que ha ocurrido, cuando se reconocen las infracciones, es que la sala regional hace llamados al Presidente de la República para que se utilicen de manera adecuada los recursos públicos a su alcance, además de que se ha vinculado a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería para que modifique las publicaciones de las conferencias matutinas del Jefe del Ejecutivo.
En ese sentido, también se ha pedido que las sentencias sean dadas a conocer en las redes sociales del gobierno federal.
La Sala Regional Especializada del TEPJF todavía se encuentra revisando sendas quejas contra Andrés Manuel López Obrador.
Saturación de hospitales Covid casi se triplica en sólo dos meses
En menos de dos meses, 165% más nosocomios sin cupo
Pasan de 23 a 61 los nosocomios sin cupo; problema ya se ve en 21 entidades, la ZMVM ya tiene 20 al máximo
Tras el aumento de contagios por la tercera ola de la pandemia de Covid-19 en México, el número de hospitales saturados pasó de 23 a 61 en menos de dos meses; es decir, 165 por ciento más. Además, el número de personas hospitalizadas aumentó 73.4 por ciento desde mediados de mayo, de acuerdo con una revisión de los datos de la Red IRAG realizada por La Razón.
El 18 de mayo se registró la cifra de ocupación hospitalaria más baja del año con sólo dos mil 549 pacientes ingresados por la enfermedad; sin embargo, esta cifra subió a cuatro mil 420, al corte del 9 de julio.
Las unidades médicas con 100 por ciento de ocupación se ubican en 21 de las 32 entidades del país, siendo la Zona Metropolitana del Valle de México la más afectada, con 20 hospitales al máximo de su capacidad.
Algunos de estos son el Hospital de Especialidades de La Raza y el General de Tláhuac, en la Ciudad de México, así como el Hospital General de Toluca, en el Estado de México.
En total, hay 93 hospitales Covid con una ocupación por encima de 70 por ciento; es decir, en alerta por el número de ingresos.
En contraste, el 18 de mayo —el punto más bajo de hospitalizaciones en 2021—, las autoridades reportaron 28 unidades en esta situación, apenas un 3.1 por ciento de los 886 hospitales habilitados a nivel nacional para atender la pandemia.
En la tercera ola, los contagios se han reflejado con mayor frecuencia en personas menores de 50 años, incluso adolescentes, comentó a este diario Sofía “N”, enfermera originaria de Sinaloa.
La enfermera, quien ha atendido pacientes Covid desde abril del año pasado, relató que desde hace dos semanas comenzaron a tener entre uno y dos ingresos al día. “Llegaban muy mal, directo a intubarse”, indicó.
“Les hacíamos pruebas rápidas, aunque nos salían negativas; pero si les realizabas una tomografía tenían totalmente destruidos los pulmones”, detalló.
Sofía expresó su preocupación por las nuevas variantes, ya que la enfermedad está atacando a personas que antes no presentaban cuadros graves. “Ya estábamos asimilando cómo se comportaba el Covid, en quiénes, va a ser muy duro”, lamentó. Como ella, decenas de trabajadores de la salud han advertido que en las últimas semanas se han habilitado nuevamente las áreas Covid que habían cerrado tras la baja de contagios.
Es el caso del hospital provisional del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la capital del país, cuyo cierre estaba programado para el 15 de julio, pero ante el aumento de contagios se aplazó su operación hasta el 18 de agosto.
Desde mediados de mayo y hasta finales de junio, se ha mantenido una tendencia a la alza de casos de Covid-19 a nivel nacional. Los rebrotes en Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco están en el punto más crítico de toda su epidemia, superando las cifras de las primeras olas de contagios.
Un ejemplo es Baja California Sur, que reportó seis unidades médicas con más de 70 por ciento de ocupación hospitalaria. Otro caso es el de Quintana Roo, donde el Hospital General de Zona 3 en Cancún, su principal zona turística, está saturado. Dos meses antes, la unidad médica aún tenía un 20 por ciento de su capacidad disponible.
Después de la crisis sanitaria vivida en el país entre diciembre y enero, como consecuencia de las fiestas decembrinas y la temporada invernal, los contagios comenzaron a disminuir hasta llegar a un mínimo de 14 mil 699 casos estimados entre el 9 y el 15 de mayo.
En cambio, durante la semana 25 del año, que abarca del 20 al 26 de junio, se reportaron 32 mil 583 contagios estimados en una semana, según la última actualización de la Dirección General de Epidemiología (DGE). Esta cifra es similar a los 32 mil 546 casos reportados a finales de mayo de 2020, cuando la primera ola que azotó al país estaba en ascenso, pero aún no llegaba a su punto más alto.
Las repercusiones de la tercera ola de la pandemia también se reflejaron con un ligero repunte de las defunciones, que desde finales de enero sumaron 20 semanas consecutivas a la baja.
Entre el 6 al 12 de junio se registraron 591 muertes por la enfermedad. Dos semanas después, entre el 20 al 26, la cifra fatal subió a 674 decesos, de acuerdo con la DGE.
Nuevos casos. La Secretaría de Salud reportó ayer tres mil 779 nuevos casos de Covid-19, para un total de dos millones 590 mil 500 contagios confirmados desde el inicio de la epidemia. Además, se agregaron 62 muertes, con lo que el acumulado subió a 234 mil 969.
Hasta el último corte disponible, del 10 de julio a las 21:00 horas, se contabilizaban 336 mil 300 más dosis de vacunas anti-Covid aplicadas, respecto al día anterior, con lo que suman ya 50 millones 698 mil 518 desde el inicio de la estrategia. Con éstas, han sido inoculadas 35 millones 287 mil 821 personas, 59 por ciento con esquema completo.
La ‘suerte petrolera’ le sonríe a la 4T y tendría 175 mil mdp extras
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El precio promedio del crudo mexicano en el año es de 60.47 dólares el barril, contra los 42.1 dólares contemplados en el presupuesto para 2021.
Si el precio del petróleo se mantiene elevado y llega a promediar en el año 62.3 dólares, con un tipo de cambio promedio de 20 pesos y una plataforma de exportación de 1.3 millones de barriles diarios, las finanzas públicas registrarían ingresos excedentes por 175 mil millones de pesos, estimó Ernesto O’Farril, presidente de Bursamétrica. Detalló que se podrían tener ingresos por la exportación de crudo de 585 mil millones de pesos y esto permitiría alcanzar un diferencial de 175 mil millones de pesos adicionales.
Adrián García, coordinador del área de Ingresos e Impuestos, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), destacó que la cotización del barril de petróleo de exportación está alrededor de los 70 dólares, muy por encima de los 42 dólares estimados en el Paquete Económico y del precio ajustado de 55 dólares en los PreCriterios de 2022. “De mantenerse elevado el precio se obtendrían ingresos por exportación por encima de lo presupuestado”, recalcó.
Lucia Cárdenas, directora de Estudios Económicos de Citibanamex, coincidió en señalar que el país está lejos de vivir una bonanza petrolera, toda vez que los ingresos fiscales petroleros del país de los primeros cinco meses del año fueron 31 mil 817 millones de pesos menores a lo programado. Esto se explica en gran medida por una menor plataforma de producción y de exportación.
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Afectan mayores subsidios
Los expertos debaten sobre qué es lo que conviene más al país; unos señalan que al ser importadores netos en la balanza petrolera conviene un precio bajo del petróleo, y otros afirman que a para las finanzas públicas conviene un precio alto, ya que el fisco percibe más por la exportación, comparado con el gasto adicional por el subsidio de IEPS.
O’Farrill advirtió que el país no debe caer en una falsa percepción de que ya vamos a administrar la abundancia, puesto que las finanzas públicas enfrentarán una mayor presión de gasto por el IEPS de gasolinas, además de que se redujo la tasa del derecho de utilidad compartida a Pemex en 10 por ciento más, para dejarla en 40 por ciento, lo que significa menores ingresos públicos.
Adrián García expuso que desde el estricto punto de vista de las finanzas públicas, en el balance, los mayores precios del petróleo de exportación son positivos, porque son mayores los ingresos, aun restando lo que se pierde por el IEPS.
O’Farril opinó lo contrario: “el mayor ingreso por la exportación de petróleo ‘se lo come’ la disminución en captación de IEPS (al aumentar el subsidio gubernamental para estabilizar el precio de la gasolina), así como el flujo que se requiere para importar gasolina y gas”.
El informe de Finanzas Públicas de Hacienda detalló que los ingresos por IEPS de enero a mayo de 2021 fueron menores a lo programado en 21 mil 889 millones de pesos, lo que confirmaría la teoría de que no conviene un alto precio del petróleo.
El pasado viernes Hacienda subió el subsidio al IEPS en gasolinas y diésel. Para la presente semana en el caso de la Magna sube a 54.54 por ciento del impuesto, y por cada litro de Premium el subsidio al IEPS sube a 31.42 por ciento, y estos estímulos son los más altos en el año.
O’Farril
añadió que un problema estriba en que importamos un 70 u 80 por ciento
de las gasolinas. “Lo increíble es que llevamos décadas comprando
coberturas petroleras, pero no compramos coberturas para gasolinas ni
gas y el gas”. Dijo que al subir el precio de lo que se importa se baja
el gravamen de IEPS para que los precios no suban tanto.
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