Plantean reforma que fortalece a CFE; iniciativa preferente del Ejecutivo
El presidente López Obrador propone modificar la Ley de la Industria Eléctrica para acabar con la simulación de precios y subsidios otorgados a generadores privados
La reforma propuesta por el Presidente no es constitucional, por lo que no requiere la mayoría en las cámaras del Congreso, pero sí debe ser prioridad en la agenda legislativa durante este periodo.
CIUDAD DE MÉXICO.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa preferente al Congreso de la Unión para modificar la Ley de la Industria Eléctrica, dar prioridad a la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y acabar con los que se consideran privilegios para los generadores privados.
Con la propuesta, presentada en el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y turnada a la Cámara de Diputados, el jefe del Ejecutivo federal busca facultar a la CFE para que pueda revisar la legalidad y rentabilidad de los contratos de generación y compraventa de energía eléctrica que se suscriben con productores independientes.
Al tratarse de una modificación legal, y no constitucional, la reforma que plantea el Presidente tiene posibilidades de salir adelante sin necesidad de los votos de los diputados de oposición, ya que para su aprobación solamente se requiere de mayoría simple.
Envía reforma para industria eléctrica
El Ejecutivo federal mandó su propuesta para modificar la legislación de este sector; fue turnada a San Lázaro.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa preferente en el inicio del periodo legislativo para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de incorporar los lineamientos de la nueva política energética, eliminando lo que se considera han sido privilegios de los generadores privados.
Los cambios propuestos en el sistema del despacho de las energías, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), buscan que a la red de distribución de energía deberá subirse, en primer lugar, la producida en hidroeléctricas; en segundo, la generada en otras plantas de la CFE; en tercero, la energía eólica y solar de particulares y, al final, la energía de ciclo combinado de empresas privadas.
La reforma, que fue turnada a la Cámara de Diputados, le daría a la CFE la facultad de revisar la legalidad y la rentabilidad para el gobierno federal de los llamados Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con los productores independientes de energía bajo la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Una vez aprobada la reforma, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dispondrán de seis meses para realizar las modificaciones necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de energía eléctrica.
Los cambios al mecanismo de despacho de las centrales eléctricas son el propósito de la iniciativa, en la que se enfatiza que el servicio eléctrico es de interés público.
Se le busca dar legalidad a los pronunciamientos, memorándums e instrucciones presidenciales de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y del titular de la CFE, Manuel Bartlett, para que tanto los órganos reguladores como el Cenace cambien las prioridades en el despacho de este recurso.
La reforma propuesta por el Presidente no es de carácter constitucional, ya que las iniciativas preferentes se limitan a cambios de leyes generales.
Consecuentemente, las modificaciones que deberán tener prioridad en las cámaras del Congreso, en el actual periodo de sesiones, podrán salir adelante sin necesidad de los votos de la oposición, pues sólo se requiere mayoría simple para concretarlas.
La reforma también busca garantizar un sistema tarifario de precios confiable, que únicamente serán actualizados con la inflación.
Red de distribución
De acuerdo con los cambios propuestos por el titular el Ejecutivo federal, éste sería el esquema para subir la energía a la red:
1. Energía producida en las hidroeléctricas.
2. Energía generada en otras plantas de la CFE.
3. Energía eólica y solar de particulares.
4. Energía de ciclo combinado de empresas privadas.
Turismo como ramo esencial, pide el propio Torruco a la 4T
Ante la crisis por la pandemia de covid-19, la Secretaría de Turismo (Sectur) envió una solicitud a las secretarías de Economía y de Salud para que el sector que representa sea considerado como una actividad “esencial”.
En videoconferencia, el titular de Sectur, Miguel Torruco, informó que ayer mandó la petición a Tatiana Clouthier, de Economía, y a Jorge Alcocer, de Salud.
Señaló que esta solicitud está sustentada en la importancia de la industria turística para el país, ya que representa 172 mil millones de dólares anuales en ingresos (viajeros nacionales y extranjeros) y una generación de 10 millones de empleos directos e indirectos.
De considerarse al turismo una actividad esencial, no tendrá problemas de cierre de actividades pese a que una entidad se encuentre en semáforo rojo epidemiológico.
Comentó también sobre los avances en la digitalización de la entrada de viajeros en los aeropuertos, destacando que en las próximas semanas se decidirá que software es el que se utilizará para esta acción y así iniciar con un programa piloto de 10 terminales, que representa más de 70 por ciento de los ingresos de viajeros.
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) calificó como radical y desafortunada la medida del gobierno canadiense de cancelar todos sus vuelos a México y el Caribe, ante la pandemia.
“Estas medidas radicales perjudican la colaboración internacional y dañan más a un sector que contribuye con uno de cada diez empleos en el mundo”, indicó el organismo empresarial que siempre se ha pronunciado contra las cuarentenas.
Cifras de la Sectur indican que la medida impuesta por Canadá representará una disminución de 791 mil turistas de esa nación y una baja de 782 millones de dólares en gasto.
Al respecto, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) destacó que la suspensión de vuelos es un duro golpe económico para el sector y empresas mexicanas relacionadas en sus cadenas de valor e hizo el llamado para que en aeropuertos y establecimientos turísticos mexicanos se apliquen las medidas y protocolos, y se certifique el cumplimiento de las normas sanitarias, pues de no ser más estrictos se corre el riesgo de que otros países imiten la decisión de Canadá.
En tanto, la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), consideró que el turismo es una actividad esencial, por lo que está a favor de mantener los esfuerzos que permitan su reactivación segura y responsable teniendo como prioridad el cuidado de la salud.
Las defunciones en México por covid-19 se incrementaron 52 por ciento durante enero, en comparación con los fallecimientos de diciembre.
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud federal, en diciembre se reportaron 19 mil 868 decesos a causa del SARS-CoV-2, mientras que en enero se registraron 30 mil 110 nuevas defunciones
La diferencia en el numero de vidas pérdidas (10 mil 242) representa un incremento de 52 por ciento entre los decesos ocurridos en diciembre y los de enero.
El pasado 21 de enero fue el día en el que se reportaron más contagios y defunciones desde que inició la pandemia, con un total de 22 mil 339 nuevos casos positivos y mil 803 decesos.
De acuerdo con los datos oficiales de la Dirección General de Epidemiología (DGE), de las 30 mil 110 muertes reportadas a lo largo del primer mes de 2021, 26 mil 977 efectivamente ocurrieron durante enero. El resto, 3 mil 133, están distribuidas en 2020.
Con un día de diferencia entre la ocurrencia y el reporte, los datos de la DGE identifican al 20 de enero como la fecha en que más personas perdieron la vida a causa de la enfermedad, con un total de mil 87 decesos.
De las 26 mil 977 defunciones ocurridas efectivamente en enero, 34 por ciento (es decir, 9 mil 327 decesos) se concentró en Ciudad de México (4 mil 666) y el Estado de México (4 mil 661).
Otras de las entidades más afectadas fueron Jalisco (con 2 mil 231 fallecimientos), Guanajuato (mil 795), Nuevo León (mil 179), Hidalgo (mil 112), Puebla (mil 66) y Baja California (mil 21).
Actualmente, entidades como Jalisco, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Ciudad de México y Estado de México se mantienen en semáforo rojo debido al incremento de casos positivos.
En México se han aplicado 675 mil 202 dosis a trabajadores de la salud, incluyendo maestros, de un total de 766 mil 350 recibidas de Pfizer, informó Hugo López- Gatell, subsecretario de Salud; lo que se significa que ya se utilizó 58 por ciento del último embarque que llegó el pasado 19 de enero.
En total 614 mil 689 personas han recibido la primera dosis y 43 mil 455 la segunda, dijo tras referir que México recibirá 1 millón 600 mil a 2 millones dosis de vacunas de AstraZeneca a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud, en el primer trimestre del año, posiblemente en febrero.
En cuanto a docentes, 17 mil 958 se han inmunizado con la primera dosis en Campeche.
Se
están reservando 6 mi 940 dosis, que se encuentran en el Instituto
Nacional de Cancerología. Solo se han desperdiciado 992 vacunas.
En el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México comenzaron a operar módulos privados de tomas de muestras de detección de covid-19 para que los viajeros obtengan el certificado que les permitirá ingresar a Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa y Países Bajos.
En tanto, la Clínica del Viajero de la UNAM aún se encuentra a la espera de que le otorguen espacios para instalar sus módulos para efectuar las pruebas rápidas antígenas y de PCR exigidas por ciertos países.
Reforma de AMLO pone por delante producción de CFE
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa, de carácter preferente, de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, para dar prioridad al despacho de energía que produce el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al final a la generada por empresas privadas.
El Ejecutivo propone dar marcha atrás a los aspectos centrales de la reforma energética en materia eléctrica aprobada en el sexenio pasado, cuando “se otorgó plena cobertura legal a la política neoliberal o neoporfirista de privatización de las empresas públicas para despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.
En ese sentido, en la iniciativa –que debe ser aprobada por la Cámara de Diputados en un plazo de 30 días– plantea revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes, “que han causado un gran daño al patrimonio de CFE”.
También, eliminar la obligatoriedad de compra de energía mediante subastas, y obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autofinanciamiento, que desvirtuaron su objetivo inicial.
En la exposición de motivos se cuestiona que, con la reforma energética en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que se aprobó mediante “sobornos entregados a legisladores”, se aprovechó para proteger los permisos y contratos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, importación y exportación, además de que las bases de mercado definieron el despacho prioritario sobre las centrales eléctricas de CFE.
Con ello se autorizó “un programa de despacho fijo, creando un mercado paralelo y subsidiario para las centrales eléctricas privadas”.
En contraste, la reforma propone sustituir el actual despacho económico por el de entrega física de las centrales eléctricas, con lo cual se espera garantizar el servicio prioritario de CFE ante otros participantes de la industria, así como superar la relegación intencionada de las centrales de la comisión frente a los entes privados.
De esta manera, el orden de entrada se dará a partir de cuatro etapas: primero, el despacho de la energía producida por las hidroeléctricas de CFE.
Enseguida, la energía generada nuclear, geotérmica, de ciclo combinado y de termoeléctricas de CFE. En esta etapa se despacharán posteriormente las centrales de ciclos combinados de productores independientes de energía amparadas por contratos suscritos en los términos de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
En tercer lugar, la energía eólica o solar producida por particulares. Finalmente, se despacharán las centrales eléctricas de ciclos combinados propiedad de particulares y el resto de los generadores de otras tecnologías.
“Con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad”, señala el mandatario.
La iniciativa presidencial resalta que los contratos financieros diseñados por el gobierno de Peña Nieto dieron prioridad a los precios de energía y la capacidad, pero no obligan a la entrega física de energía, lo cual pone en riesgo y vulnerabilidad financiera a CFE, que está obligada a asumir la pérdida por no despacho de electricidad, aun cuando los costos unitarios de seis centrales son menores a los de las privadas.
Además, que los contratos fijaron criterios de despacho a modo y beneficio del sector privado, por encima del interés público. “Aun con un contrato financiero de precios de energía y capacidad, no garantiza, en lo absoluto, el despacho físico de centrales de generación con un costo por kilovatio-hora menor”.
En su proyecto, el Presidente cuestiona que el gobierno de Peña Nieto “otorgó plena cobertura legal a la política neoliberal que impuso un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.
Incluso afirma que para justificar la reforma, se alteró la realidad, pues se argumentó entonces que las modificaciones se traducirían “en la llegada masiva de inversiones extranjeras, en más producción de petróleo, gas y electricidad, y en mejores precios de estos energéticos para beneficio de los consumidores y el desarrollo del país”.
En realidad, lamenta, todo se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos, transitando al apoderamiento privado del mercado eléctrico.
Vacuna Sputnik V tiene una eficacia de 91.6%, reporta The Lancet
Los resultados preliminares de la eficacia de la vacuna Sputnik V, publicados en "The Lancet", se basan en el análisis de los datos de casi 20 mil participantes, de los cuales tres cuartas partes recibieron la vacuna y una cuarta parte un placebo.
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EFE.
Un análisis provisional de los datos del ensayo en fase III de la vacuna contra la COVID-19 de Rusia (Sputnik V) sugiere que un régimen de dos dosis ofrece una eficacia del 91.6% contra la enfermedad sintomática; una protección que en mayores de 60 años es muy parecida y se eleva al 91.8%.
Los resultados preliminares, publicados en "The Lancet", se basan en el análisis de los datos de casi 20 mil participantes, de los cuales tres cuartas partes recibieron la vacuna y una cuarta parte un placebo.
El ensayo incluyó a 2.144 participantes mayores de 60 años y la eficacia de la vacuna fue del 91,8% en este grupo: la vacuna fue bien tolerada y los datos de seguridad de 1.369 de estos adultos mayores revelaron que los efectos adversos más comunes fueron los síntomas gripales y la reacción local.
Estos coinciden con la mayoría de los efectos adversos notificados en los otros grupos, que en general fueron también leves; los graves (los que requirieron ingreso hospitalario) fueron escasos tanto en el grupo de placebo (0,4%) como en el de la vacuna (0,2%).
Ninguno, dicen los autores, se consideró asociado a la vacunación; se notificaron cuatro muertes en el ensayo, ninguna de las cuales se consideró relacionada con la vacuna.
En un comentario asociado a esta investigación, Ian Jones, de la Universidad de Reading, y Polly Roy, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (que no participaron en el estudio), afirman: el desarrollo de la vacuna Sputnik V ha sido criticado por "una premura impropia, atajos o falta de transparencia", pero el resultado que aquí se presenta "es claro y se demuestra el principio científico de la vacunación".
"Esto significa que otra vacuna puede unirse ahora a la lucha para reducir la incidencia de la covid-19", asegura.
La Gam-COVID-Vac o Sputnik V es una vacuna de dos partes que incluye dos vectores de adenovirus -rAd26-S y rAd5-S- que han sido modificados para expresar la proteína S del SARS-CoV-2.
Los adenovirus también están debilitados para que no puedan replicarse en las células humanas y no puedan causar la enfermedad.
Esta técnica se ha utilizado anteriormente y su seguridad se ha confirmado en varios estudios clínicos, recuerda la revista en una nota.
En este ensayo, los participantes recibieron una dosis de rAd26-S, seguida de una dosis de refuerzo de rAd5-S 21 días después.
Según sus responsables, el uso de un vector de adenovirus diferente para la vacunación de refuerzo puede ayudar a crear una respuesta inmunitaria más potente, ya que minimiza el riesgo de que el sistema inmunitario desarrolle resistencia al vector inicial.
"Nuestro análisis provisional del ensayo aleatorio y controlado en fase III ha demostrado una gran eficacia, inmunogenicidad y un buen perfil de tolerabilidad en participantes de 18 años o más", afirma Inna V Dolzhikova, del Centro Nacional Gamaleya de Investigación en Epidemiología y Microbiología (Rusia).
A los 21 días de recibir la primera dosis (el día de la dosis 2), se confirmaron 16 casos de covid-19 sintomático en el grupo de la vacuna (0,1%) y 62 casos (1,3%) en el grupo del placebo, lo que equivale a una eficacia del 91,6%, resume el estudio.
La vacuna indujo una sólida respuesta humoral (respuesta de anticuerpos) y una respuesta inmunitaria celular (respuesta de células T) con datos de 342 y 44 participantes, respectivamente.
Este análisis de eficacia sólo incluye los casos sintomáticos, por lo que se necesitan más investigaciones para comprender la eficacia de la vacuna en los asintomáticos.
Además, la media de seguimiento fue de 48 días desde la primera dosis, por lo que el estudio no puede evaluar la duración completa de la protección.
Como parte de sus análisis secundarios, los autores exploraron la eficacia contra la covid-19 moderada o grave. A los 21 días de la primera dosis, no hubo ningún caso de covid-19 moderado o grave en el grupo de la vacuna y 20 casos en el grupo del placebo, lo que equivale a una eficacia del 100 % contra la covid-19 moderada o grave.
Aunque el estudio no se diseñó para evaluar la eficacia de un régimen de dosis única, los resultados apuntan a la aparición temprana de un efecto parcialmente protector entre los 16 y 18 días después de la inmunización con una dosis única; el equipo recibió recientemente la aprobación para investigar la eficacia de una única dosis.
Los autores señalan, además, la necesidad de realizar más investigaciones para estudiar la vacuna en adolescentes y niños y en mujeres embarazadas. El ensayo está en curso y pretende incluir a un total de 40.000 participantes.
La vacuna rusa ha sido autorizada además de en Rusia en otros 14 países, entre ellos Hungría, Argelia, Serbia, Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Turkmenistán, Bielorrusia, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Y se han interesado por ella República Checa, México y Sri Lanka.
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El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, que da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cambia condiciones a los productores privados.
La iniciativa contempla llevar la “Nueva Política Energética” del actual Gobierno a la ley; con lo que las hidroeléctricas de la CFE irán por delante en la alimentación del Sistema Eléctrico Nacional. En segundo lugar está lo que se generen en otras plantas de la CFE; en tercero, la energía eólica o solar de particulares y, al final, la de ciclo combinado de empresas privadas.
En caso de que ser aprobada la iniciativa en sus términos, el Gobierno podrá revisar la legalidad y rentabilidad de los contratos suscritos con productores privados, y garantizará que los permisos se encuentren sujetos a los criterios de planeación emitidos por la Secretaría de Energía.
Además, instruye al diseño de un nuevo contrato de entrega física de energía y capacidad para compañías privadas.
“Las reformas en materia energética que diseñaron el modelo de mercado eléctrico en México dieron lugar a contratos de cobertura eléctrica que establecen con prelación los precios de energía y capacidad. Sin embargo, estos contratos financieros, al no comprometer la entrega física de energía y capacidad, ponen en riesgo y vulnerabilidad financiera a las entidades que lo celebran”, indicó el Ejecutivo en la exposición de motivos.
Agregó que la política energética actual forma parte del régimen neoliberal que privó en México por más de tres décadas, y que impuso un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares “y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.
Con
la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un
mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios
otorgados a participantes privados por la CFE, así como con años de
saqueo
“En el Gobierno anterior se otorgó plena cobertura legal a esta política con la llamada reforma energética, consistente en modificaciones constitucionales y legales a base de sobornos entregados a legisladores mediante el engaño mediático a la población”, indicó.
El Ejecutivo federal también argumentó que la promesa con dicha reforma fue la llegada masiva de inversiones extranjeras, pero que en realidad se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos.
“Con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping (práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio para eliminar a la competencia y apoderarse del mercado) y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes del mercado”, agregó.
Al ser preferente, los diputados deberán tramitar la iniciativa en un plazo máximo de 31 días naturales. Si al término de este plazo no se hubiera discutido, ni votado, entonces deberá ser el primer asunto en abordarse en la siguiente sesión del Pleno y de ser aprobado, será turnado al Senado, que deberá procesarla también en 31 días.
De acuerdo a los tiempos legislativos, en San Lázaro deberá aprobarse antes del 17 de marzo, y de pasar ese mismo día a la cámara alta, la fecha fatal es el 28 de abril.
- El dato: La tarifa de generación es de mil 660 pesos por cada megavatio-hora; mientras que los privados en las subastas eléctricas eran de 381 pesos, aproximadamente.
Proponen dar ventaja a CFE en el mercado
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una 'iniciativa preferente' de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual garantizaría un sistema tarifario donde los precios se actualicen en razón de la inflación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una “iniciativa preferente” de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
Víctor Chávez Jessika Becerra
En el arranque del último periodo ordinario de sesiones, el Ejecutivo federal utilizó esta figura constitucional para dar preferencia a esta propuesta y dar trámite inmediato al análisis, discusión, dictamen y votación de su propuesta de reformas.
La iniciativa —que reforma el artículo 3º de la Ley de la Industria Eléctrica y turnada a la Cámara de Diputados— tiene como propósito, entre otras acciones, “garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que únicamente serán actualizados en razón de la inflación. Ello, al proponer modificar el orden de la prioridad del despacho, mediante la operación de las centrales eléctricas en el actual Contrato Legado de la CFE, y con el diseño de un nuevo Contrato de entrega física de energía y capacidad a la red”.
Añade que “con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados de la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes de mercado”.
En entrevista radiofónica, Rocío Nahle, secretaria de Energía, aseguró que la primera condición para despachar electricidad serán las hidroeléctricas de la CFE, posteriormente se despacharán todos los ciclos combinados de esa firma, después se despachará la energía eólica y solar, al final se permitirá despachar a las compañías privadas.
Claudio Rodríguez-Galán, socio de la Práctica de Energía de Thompson & Knight, expuso que la iniciativa afecta los derechos y los intereses de las empresas privadas que participan en la industria eléctrica, porque se enfoca en fortalecer a la CFE, lo cual resulta monopólico y contraviene los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
“El único efecto de la iniciativa es el descrédito y la desconfianza de los inversionistas. Estos cambios no benefician, y perjudican los cambios que se habían dado anteriormente para proteger y promocionar las energías limpias y renovables. Es una iniciativa monopólica, inconstitucional y contraria a los tratados internacionales de los que México es parte”, señaló el experto.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) afirmó que la propuesta es un “retroceso para el sector eléctrico”, y que tendrá repercusiones negativas sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores mexicanos.
“El gobierno quiere dar condiciones favorables a CFE, y eso va a dañar a los consumidores porque no se utilizarán las fuentes más baratas, y se dañará al medio ambiente”, sostuvo Paolo Salerno, socio de Salerno y Asociados.
En tanto, Israel Hurtado, abogado especialista en Energía y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE), dijo que la iniciativa fortalece un monopolio, lo cual podría acarrear controversias, arbitrajes y amparos, dado que en algunos puntos puede ser considerada inconstitucional.
César Hernández, exsubsecretario de Electricidad, comentó en Twitter que la iniciativa discriminaría en el despacho eléctrico a favor de la generación fósil de CFE y en contra de la generación limpia, lo cual generaría conflicto con la Constitución y tratados, pues se afectarían derechos adquiridos y expectativas legítimas de inversionistas.
Los inversionistas y las empresas que puedan verse afectadas por la iniciativa preferente de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, pueden buscar el diálogo con los legisladores antes de que se apruebe la iniciativa, lo que evitaría que entren en litigios que tardan en resolverse más de 10 años.
José Jorge Martínez, socio de Psiquepol, y Francisco Jiménez Ruiz, director de Saint Joseph Stratego, comentaron que han tenido acercamientos con empresas del sector para elaborar una propuesta basada en la iniciativa de reformas que presentó López Obrador.
“La intención es crear y cabildear una propuesta emanada de la iniciativa privada y presentarla en la Cámara de Diputados con base en la propuesta del presidente y con elementos de la iniciativa privada. Esto va a ahorrar litigios largos”, señaló Jiménez.
Por otra parte, se impulsará el uso de techos solares como parte de la transición energética hacia el uso de tecnologías limpias, según el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico para el periodo 2020-2034 de la Secretaría de Energía.
Así, la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía y el Fideicomiso para Ahorro de Energía Eléctrica desarrollan programas en los sectores sociales y productivos, para que el beneficio económico y ambiental se refleje en usuarios y no solo en un sector comercial.
“La generación distribuida en áreas rurales, casa habitación, micro y pequeñas empresas o comercios es una excelente opción para caminar rumbo a la transición energética con sentido social”, manifestó la Secretaría de Energía en el documento.
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