Tren Maya abandera las obras insignia; le inyectan recursos
CIUDAD DE MÉXICO.
Mientras que en obras estrella como el Corredor del Istmo de Tehuantepec y la Refinería Dos Bocas el gobierno federal presenta atrasos y subejercicios, el proyecto del Tren Maya recibió una mayor inyección de recursos.
La obra ejerció tres mil 663 millones de pesos de enero a junio, casi el triple de lo aprobado para el primer semestre (mil 311 millones).
Pero mientras que en el Tren Maya y la obra del Aeropuerto de Santa Lucía se ejercieron más recursos, la ejecución del gasto para los proyectos del Corredor del Istmo de Tehuantepec y la Refinería Dos Bocas presentó retrasos.
Según cifras de la Secretaría de Hacienda, el gobierno ha gastado 26 mil 404 millones de pesos en las cuatro obras de infraestructura prioritarias de su administración durante el primer semestre del año, lo que implica un subejercicio de 42.5% respecto a lo avalado por el Congreso de la Unión para el periodo.
GOBIERNO SUBEJERCE EN OBRAS PRIORITARIAS
El gobierno federal ha ejercido 26 mil 404 millones de pesos en las cuatro obras de infraestructura prioritarias de su administración durante el primer semestre del año, lo que implica un subejercicio de 42.5% respecto a lo aprobado para igual periodo, revelan cifras de la Secretaría de Hacienda.
El retraso más notable corresponde al Corredor del Istmo de Tehuantepec, que sólo ha ejercido 25 millones 404 mil pesos de un total de mil 786 millones de pesos aprobados, lo que implica un subejercicio de 98.6 por ciento.
A esta obra le sigue el subejercicio en la Refinería Dos Bocas, pues Pemex reportó pagos por 16 mil 402 millones de pesos en enero-junio, lo que implica un menor gasto de 55.5% respecto de los 36 mil 876 millones de pesos asignados para el mismo periodo.
Los retrasos en estas dos obras superan al sobreejercicio observado en las otras dos obras insignia del gobierno federal, que son el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía.
Para el primer caso, el gobierno ejerció tres mil 663 millones de pesos durante enero-junio, casi el triple que lo que aprobaron para el primer semestre (mil 311 millones); y para el segundo caso, lo ejercido fue de seis mil 314 millones de pesos, 5.8% mayor a los 5 mil 966 millones de pesos aprobados en el periodo de referencia
AVANCES FÍSICOS
La cartera de proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda señala que, en términos físicos, los mayores avances en el Istmo de Tehuantepec los ha tenido la unidad responsable del Ferrocarril del Istmo, con un 84.85% de avance en el programa de mantenimiento de las vías férreas Chiapas y Mayab, y de 12% en las obras de la denominada “Línea Z”.
En cambio, la unidad responsable del Corredor Transístmico no reporta avances físicos ni financieros en los estudios de preinversión ni en los estudios de impacto ambiental.
Para el caso del Aeropuerto de Santa Lucía, Hacienda reporta un avance físico de 23%; y para el Tren Maya, se señala un 43.4% en la adquisición y acondicionamiento de la vía férrea Palenque y Campeche, y un 5.9% en los estudios de preinversión.
Sin embargo, el Proyecto Tren Maya, que es el que concentra la mayor parte del presupuesto de la obra, no registra avance físico alguno.
DOS BOCAS, INVERSIÓN FINANCIERA
No es posible conocer el estado del avance físico de la Refinería Dos Bocas a través del informe al segundo trimestre de la Secretaría de Hacienda, dado que, en términos contables, su gasto está siendo registrado como inversión financiera, y no como inversión física u obra pública.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el programa presupuestario de Pemex en el cual se etiquetaron los recursos para la Refinería Dos Bocas fue denominado “Compra de acciones o inversiones diversas para Pemex”, mismo que está bajo el capítulo de “inversiones financieras y otras provisiones” y el concepto “compra de títulos y valores”.
Otras características del registro contable del gasto de la Refinería Dos Bocas dentro del Ramo Pemex en 2020 es que aparece dentro de la partida específica “adquisición de acciones” y en el tipo de gasto aparece “gasto de capital diferente de obra pública”.
Desde Calderón se urdió la sangría de Etileno XXI a Pemex
Ciudad de México. En el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, funcionarios y empresarios urdieron un plan transexenal para privilegiar a una compañía privada en detrimento de la industria petroquímica nacional, lo cual ocasionó pérdidas acumuladas a Petróleos Mexicanos (Pemex), sólo entre 2016 y 2018, últimos tres años de Enrique Peña Nieto, por alrededor de 6 mil 500 millones de pesos, según documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El proyecto Etileno XXI, consorcio conformado por Brasken, filial de la brasileña Odebrecht, y la mexicana Idesa, se benefició de un contrato a largo plazo para obtener de la petrolera mexicana el suministro de gas etano a precios con descuento hasta de 30 por ciento respecto de las cotizaciones del mercado internacional. Ello, además, sin pagar los costos de importación, transporte y separación de dicho hidrocarburo.
El contrato de suministro de etano es un negocio redondo para el consorcio privado, que hoy día aún se ve beneficiado de los subsidios directos que recibe de lo que antes era Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), al importar gas natural a precios de mercado para suministrar ese hidrocarburo barato a Brasken e Idesa.
Etileno XXI, que comenzó operaciones en enero de 2016, es un clúster industrial que construyeron Brasken e Idesa en Nanchital, Veracruz, y la justificación de la obra era que se iba a relanzar la industria petroquímica nacional, objetivo desde la administración de Vicente Fox con el proyecto El Fénix.
El etano es la materia prima para la producción de etileno, el cual, a su vez, ocupa el segmento más importante de la industria petroquímica y es convertido en gran cantidad de productos finales e intermedios, como plásticos, resinas, fibras y elastómeros (todos ellos polímeros), así como solventes, recubrimientos, plastificantes y anticongelantes.
El 19 de febrero de 2010, durante la gestión del presidente Felipe Calderón, se celebró el contrato de suministro por medio del cual PGPB, ahora Pemex Transformación Industrial (Ptri), se obligaba a vender 2 millones 980 mil 220 metros cúbicos de etano por día, equivalentes a 66 mil barriles diarios, durante al menos 20 años, con un precio de descuento hasta de 30 por ciento respecto de las cotizaciones internacionales. Además, con la posibilidad de renovarlo por tres periodos adicionales de cinco años cada uno.
Desde su preparación, hasta mucho después de la firma del contrato, se reservó la información sobre las condiciones en que operaría ese acuerdo a solicitud de consorcio, que a todas luces fue desventajoso para Pemex.
En octubre de 2010, Robert Bischoff, director general de la alianza Braskem-Idesa en el proyecto Etileno XXI, afirmó que el precio del etanol era confidencial, por cuestiones de competencia, sobre todo con las empresas estadunidenses.
El directivo brasileño adujo: Hay que entender que la materia prima, el etano, es el insumo principal de la producción del polietileno, que compite en un mercado abierto, en el cual la mayoría viene de Estados Unidos.
Los principales competidores son grandes empresas estadunidenses, como Exxon Mobil. Ellos no divulgan ni hacen públicos sus costos, justificó.
Negocio ganar, ganar
La estrategia de favorecer a una compañía privada fue acompañada de sendos decretos por medio de los cuales el gobierno federal aumentó el impuesto a la importación de polietileno como medida para eliminar la competencia, por lo que Brasken e Idesa afianzaron su posición preponderante.
Las condiciones totalmente adversas para Pemex llegaron a punto tal que se incluyeron penalizaciones en caso de que no cumpliera con el suministro confiable de etano al complejo Etileno XXI, pese a que la petrolera no produce el suficiente energético para cubrir la demanda local.
El consejero independiente de Pemex Rogelio Gasca Neri, en la sesión del consejo de administración del 29 de abril de 2011, advirtió sobre la inviabilidad de ese acuerdo para Pemex, pues, dijo, no se tiene el gas suficiente y es importador neto de ese energético.
La ASF, de la Cámara de Diputados, documentó que en sólo nueve meses y 12 días (entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2016) Etileno XXI generó una pérdida de mil 935 millones de pesos.
Más adelante, en 2017, se reportaron pérdidas para Pemex por mil 707.3 millones de pesos, mientras entre 2016 y 2018 se le aplicaron penalizaciones por incumplir el suministro de etano por 2 mil 769 millones, es decir, un total, ahora para Ptri, de 6 mil 411.3 millones.
El consorcio Brasken-Idesa fue constituido en 2010 como sociedad de riesgo compartido por la brasileña, la mayor productora de resinas termoplásticas del continente, y Grupo Idesa, empresa líder en el sector petroquímico del país.
La obra significó una inversión superior a 3 mil millones de dólares, de los cuales 30 por ciento fue capital propio y el 70 restante vía deuda. Entre las instituciones que aportaron se encuentran el Banco Mundial-IFC; el Banco Interamericano de Desarrollo, Nafin y el Bancomext, de México, así como BNDES, de Brasil; SACE, de Italia; EDC, de Canadá; Bank of Tokyo-Mitsubishi; HSBC; el Banco de Desarrollo de Corea, y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
Los actores
En el contexto del establecimiento de dicho acuerdo, varios servidores públicos de los sexenios de Felipe Calderón y del priísta Enrique Peña Nieto fueron protagonistas.
Brasken es una subsidiaria de Odebrecht, acusada de sobornar a funcionarios y financiar campañas políticas a cambio de contratos en diversos países de América Latina.
Por su parte, Idesa es una compañía propiedad de la familia de Gerónimo Gutiérrez Fernández, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación en 2010.
En 2016, hasta finales de noviembre de 2017, fue director general de Pemex José Antonio González Anaya, vinculado con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Posteriormente, en el bienio 2017-2018, fue director general de la petrolera Carlos Alberto Treviño Medina.
Emilio Lozoya Austin fue consejero de OHL, constructora española, ahora Aleatica, entre 2010 y 2012. Además, director general de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016.
Luis Videgaray Caso, coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña y titular de la SHCP de diciembre de 2012 a septiembre de 2016.
Jordy Herrera Flores, secretario particular del titular de Energía, entonces encabezada por Felipe Calderón (2003-2004), y director general de PGPB en la fecha en que se celebró el contrato. Además, secretario de Energía de septiembre de 2011 a noviembre de 2012.
Felipe Calderón, presidente de México en la fecha en que se celebró el contrato de suministro. Firmó el decreto que incrementó el impuesto a la importación de polietileno para presuntamente favorecer en el mercado a Bresken-Idesa. Anteriormente, de 2003 a 2004, secretario de Energía.
Enrique Peña, mandatario de México (2012-2018), en diciembre de 2012, dos días después de que tomó posesión del cargo, ratificó el contrato de suministro a Etileno XXI.
Esos hechos son parte de la ratificación –ante la Fiscalía General de la República–, realizada el pasado 10 de agosto de 2020, de una denuncia inicialmente efectuada en junio de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República por los abogados Paulo Genaro Diez Gargari y Alfredo Figueroa Fernández por acciones probablemente constitutivas de delito.
La denuncia, presentada ante la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, describe un esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción, en la que participan empleados públicos y empresarios en perjuicio de la hacienda pública de Pemex y de la economía nacional.
Una auténtica asociación para delinquir, una conspiración de Estado para beneficiar a un particular, aseguran los denunciantes.
Fonatur invertirá 3 mil mdp en mantenimiento de centros turísticos
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que para el periodo 2021-2023 realizará una inversión total de 3 mil 135 millones de pesos para el mantenimiento de los Centros Integralmente Turísticos Planeados (CIPs) que administra, los cuales son Loreto, Los Cabos, Nayarit, Playa Espíritu, Ixtapa Zihuatanejo, Huatulco, Cancún y Marina Cozumel. El Fonatur indicó que con estos recursos se buscará que los destinos cuenten con instalaciones en adecuadas condiciones para operación, logrando así mejorar el nivel de servicios ofertados para los viajeros nacionales e internacionales. Te recomendamos: Fonatur lanza invitación para anteproyecto de estación del Tren Maya en Yucatán De acuerdo con el proyecto de inversión, Ixtapa Zihuatanejo y Huatulco serán los CIPs que tendrán el mayor desembolso de recursos, al tener una cifra mayor a los mil 490 millones de pesos. Se dio a conocer que de esta forma se intervendrá la infraestructura y equipamiento actual de estos destinos, que corresponde a obras de urbanización (drenaje pluvial, sanitario, alumbrado público y vialidades), obras de cabeza (plantas de tratamiento de aguas residuales), equipamiento urbano y turístico (áreas públicas y mobiliario urbano) y arquitectura del paisaje y diseño urbano (red de riego y áreas verdes). En el caso del CIP Cancún y Marina Cozumel la inversión que realizará Fonatur para el mantenimiento de todas las obras será de 778 millones 881 mil pesos.
WTTC llama a coordinación internacional para salvar sector turísticoMéxico, líder en agenda de turismo 2050 para América Latina Con los recursos se “permitirá reducir el deterioro de la infraestructura y el equipamiento turístico de dichos destinos, así como impulsar el crecimiento en la inversión con la que se consiga proteger el reconocimiento internacional”, señaló Fonatur. Para los destinos turísticos de Loreto y Los Cabos, el organismo gubernamental realizará una inyección de recursos por 665 millones 601 mil pesos, con los cuales se mejorará infraestructura vial, plantas de tratamiento, áreas públicas y diseño urbano, entre otros aspectos. Respecto al CIP de Nayarit y Playa Espíritu, en la cartera de Fonatur se especificó que el desembolso que hará es por 200 millones 731 mil pesos.
Bajo crecimiento del país se explica por deterioro del Estado de derecho: FMI
El deterioro de México en indicadores como eficiencia, respeto al Estado de derecho, calidad regulatoria y control de la corrupción, explican el bajo retorno de la inversión productiva hacia el crecimiento económico, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Estudiamos los diferentes componentes del crecimiento del PIB de Polonia y el de México (ambas economías emergentes) desde 1995 y el panorama es muy claro: la combinación del capital humano y productividad es un importante factor positivo en el país europeo, pero a menudo un factor negativo en el de América del Norte”.
Al interior de un documento de trabajo, titulado “Comparación de la baja convergencia de América Latina con Economías Emergentes de Europa y el Este de Asia: ¿Es culpa de la baja inversión?”, evidenciaron que los países con más capital humano y mejor gobernanza y clima de negocios suelen ser más ricos que los países donde estas variables son deficientes.
“Un capital humano elevado no basta por sí solo: nuestro análisis muestra que los países prosperan sólo cuando la gobernanza también mejora”, subrayaron.
En el documento plantean que en 25 años, México captó más inversión productiva como porcentaje del PIB que Polonia y sin embargo, el ingreso de los mexicanos ha aumentado con menos rapidez.
“Polonia creció más rápido porque sus activos de capital son más ágiles y porque cuenta con una productividad total de los factores capaz de multiplicar más rápidamente la inversión”, resaltaron.
Habilidades profesionales
Los investigadores del FMI Bas B Bakker, Manuk Ghazanchyan y Alex Ho, plantean que a largo plazo no es un mayor volumen de insumos (mano de obra y capital) lo que genera el crecimiento, sino la productividad. Es decir, cuánto puede incrementarse la producción con los mismos insumos en el mismo tiempo.
Citan por ejemplo que un titulado universitario puede ser más productivo con una computadora como herramienta de trabajo que un trabajador que apenas terminó la primaria y que utiliza la misma computadora.
Es por ello que “el aumento de la productividad depende sólo en parte del avance tecnológico”.
La limitada mejora en el capital humano, la gobernanza y el clima de negocios, ha terminado por desalentar a las nuevas inversiones, afirmaron los expertos del organismo.
“La gobernanza y un buen clima de negocios son importantes para el aumento de la productividad. En los países donde los derechos a la propiedad no están garantizados y la gobernanza es deficiente, las empresas siguen siendo pequeñas y la productividad baja. En los países bien administrados, las empresas pueden crecer en tamaño y en eficiencia”.
Para los investigadores del FMI “no es sorprendente constatar que en ambos aspectos México vaya a la zaga de Polonia. En general, lo propio ocurre con AL en comparación con los países avanzados o con las economías emergentes de Europa, lo cual contribuye a explicar por qué es relativamente más pobre”.
Y enfatizan que Chile es la excepción en América Latina, pues la gobernanza está a la altura de las economías avanzadas y es mejor que en la mayor parte de las economías emergentes de Asia.
Hay 31 extradiciones detenidas en la SCJN
Juan Pablo Reyes | El Sol de México
En los archivos de la Suprema Corte están paralizadas al menos 31 extradiciones, ya sea de narcotraficantes, defraudadores o lavadores de dinero, todos ellos a la espera de una resolución de los ministros para saber si serán o no enviados a enfrentar a la justicia de otro país.
Esto sin contar las decenas de juicios de amparo que esperan ser revisados en juzgados y tribunales federales de todo México, promovidos por personas que, en los últimos años, han sido solicitadas por diversos países para ser extraditadas.
Los casos más llamativos que siguen abiertos en la Corte son el del narcotraficante y prófugo de la justicia, Rafael Caro Quintero o el promovido por el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández. La extradición de este último fue solicitada por el gobierno de Estados Unidos desde octubre de 2017, la petición fue aceptada por nuestro país en marzo de 2018 sin embargo, a casi tres años de la petición inicial, la SCJN tendrá la última palabra, pero no antes de que acabe el año. El pasado 7 de agosto un tribunal federal envió a la Corte el amparo promovido por Hernández en contra de la orden de extradición para ser enviado a Estados Unidos y juzgado por lavado de dinero.
Para los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo de Tamaulipas, en su demanda de amparo, Hernández Flores argumentó temas de constitucionalidad de las normas de extradición que, por su importancia, solamente le corresponde resolver a la Corte.
Si finalmente la SCJN rechaza el amparo, con base en el procedimiento de la Ley de Extradición Internacional, el exmandatario estatal podría ser enviado a Estados Unidos y procesado por los cargos de defraudación bancaria y asociación ilícita para lavar dinero.
Un caso inédito por su rapidez para concretarse fue el de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien el 18 de enero de 2017 la Suprema Corte le rechazó atraer dos amparos contra su extradición a Estados Unidos. Esa misma tarde un tribunal federal fue notificado de la decisión y al día siguiente el líder del Cártel de Sinaloa fue extraditado a Estados Unidos donde ya fue sentenciado a cadena perpetua.
En diversas sentencias, la Suprema Corte apunta fallas en los procesos de extradición y considera necesario marcar pautas para respetarlos y aclarar que el ejercicio del derecho a la defensa de los extraditables no puede ser coartado y en todo momento debe ser respetado por la autoridad.
La ley establece que una vez que existe un juicio de amparo la Secretaría de Relaciones Exteriores no puede finalizar el proceso de extradición y notificar al Estado requirente el acuerdo que la concede, porque eso prácticamente significaría su ejecución de la extradición, lo que resultaría en la violación de diversos derechos del extraditable.
Por tanto, la Cancillería está obligada a esperar a que se resuelva el juicio para que, en caso de que se otorgue el amparo, se cumpla la sentencia a favor del extraditable. Solamente en caso de que sea rechazado, la SRE podrá notificar al país que la pidió y ordenará la entrega del acusado.
Un caso que muestra la tardanza en este tipo de procesos es el de José Antonio Torres Marrufo, El Jaguar, quien fuera el principal operador y jefe de sicarios del Chapo Guzmán en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Él logró paralizar durante siete años la orden de extradición a los Estados Unidos girada en su contra.
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