Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Desarme de niños en Guerrero, pactan gobierno y comunitarios

Los niños en Guerrero han depuesto las armas... por ahora. Además de dejar las escopetas, los 19 menores, de entre ocho y 14 años, también detuvieron sus entrenamientos en técnicas de combate al narcotráfico que a diario realizaban por las tardes. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pueblos Fundadores, reveló que esto fue una petición del gobierno del estado. “El jueves nos reunimos con DIF Guerrero y se nos pidió que ya no siguiéramos preparando a los niños. 

Nos comprometimos a ya no hacerlo pero que cumplan las 29 demandas, pero si no las cumplen volvemos a hacer otro ruido”, detalló Bernardino Sánchez, coordinador de esta policía comunitaria. Entre estas demandas, dirigidas tanto al gobierno federal como estatal, el grupo de autodefensas pidió la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la región para que lo avale. También exigen que sean canceladas las 66 órdenes de aprehensión que pesan sobre algunos de sus integrantes y que sean liberados compañeros presos. Otra de las demandas es que se garantice la educación a los niños de las 16 comunidades de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera que conforman la CRAC. De regreso a la escuela En Rincón de Chautla, después de varias semanas, una veintena de niños de primaria se descubrió el rostro, volvió a utilizar su uniforme y regresó a las aulas. También este lunes los menores volvieron a utilizar la cancha de básquetbol para jugar y no para ser entrenados como ocurrió en las últimas semanas. 

“No los preparamos para sicarios, se están preparando para defender a su familia, a su mamá, a su hermanito y al pueblo”, aseveró David Sánchez, coordinador regional de la CRAC. Abundó que las comunidades dieron un plazo de ocho días para que el gobierno de la entidad demuestre voluntad para cumplir con sus demandas. “Nosotros también mostramos la voluntad de que sí hemos quitado el bloqueo y de que no vamos a entrenar a los niños”, expresó. Este jueves se tiene programada una reunión con Mercedes Calvo, presidenta del Patronato DIF Guerrero, en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, para revisar los avances de las demandas. Ayahualtempa fue la última comunidad donde decidieron armar niños, tras la ejecución de 10 músicos, integrantes de la CRAC, ocurrida el pasado 17 de enero en Chilapa. 

“Esta es la segunda etapa de entrenamiento”, explicó Sánchez, quien detalló que la primera ocurrió en Rincón de Chautla, donde comenzaron a armar a los niños tras el ataque del 27 de enero del año pasado, perpetrado por el grupo criminal de Los Ardillos. “La balacera duró hora y media”, recordó el coordinador regional de la CRAC. Desde entonces, en el poblado hay barricadas en distintos puntos de la comunidad, incluso en árboles, así como una cadena en la entrada para evitar el paso de cualquier vehículo sospechoso. También en las inmediaciones, los carteles oficiales con los nombres de las localidades están acompañados de leyendas hechas con aerosol advirtiendo que se trata de “territorio CRAC”. “Es un derecho para ellos” Para los coordinadores de esta policía comunitaria de la Montaña baja de Guerrero es una obligación para ellos y un derecho para sus niños. 

“Para nosotros, como pueblos indígenas, de acuerdo con nuestros usos y costumbres, es un derecho enseñar a nuestros hijos a que se sepan defender, porque si no les enseñamos, al rato nos matan. ¿Quién les va a enseñar y quién los va a defender? ¿Los va a defender el gobierno? Ya vimos que no. ¿Los va a defender derechos humanos? Menos. “Los niños tienen derecho a que se defiendan en lo futuro, porque si nosotros decimos que no se van a preparar pues también les quitamos ese derecho. Es una obligación para que ellos tengan ese mismo derecho de que se defiendan”, subrayó el coordinador regional de la CRAC. Los propios niños reconocen el gusto por ser entrenados para defenderse del crimen organizado. “Nos enseñan cómo utilizar armas”, reveló Isaac, de 11 años, —¿Te gusta? —Sí. —¿Qué les ponían a hacer? —Una vez nos fuimos arrastrando a pura cancha hasta poder salir de ella.

 Asesinan a dos menores en Cocula Los cadáveres de dos menores de edad fueron encontrados en el interior de un auto compacto cerca de la comunidad de Tomás Gómez, municipio de Cocula, Guerrero. De acuerdo con información policial, las víctimas son Alexis “N”, de 14 años, y su hermana Maribel, de 11, quienes se ganaban la vida vendiendo tacos a la orilla de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano.

En riesgo, futuro del INE”: Lorenzo Córdova

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, pidió que los cuatro nuevos consejeros electorales que elegirá la Cámara de Diputados no se conviertan en “correas de transmisión”.

Ojalá no se asuman como correas de transmisión. Eso ya ha pasado. Vemos casos en los que, casi sin empacho, alguien se asume como si estuviera representando intereses de parte y yo creo que eso va en contra de lo que son los principios constitucionales de independiencia, autonomía, de objetividad”, indicó en entrevista con Salvador García Soto para el El Heraldo TV.

Añadió que el riesgo de partidizar la selección de consejeros electorales es que el árbitro electoral vuelva a ser un problema y no dé certeza a quienes contienden en una elección.

“Apostemos por la designación por amplio consenso. No por posturas facciosas, hoy lo electoral ya no es un problema. Sería volver a poner en la mesa de discusión al árbitro y yo creo que no es necesario”, puntualizó.

Si los diputados eligen por cuotas partidistas y no por perfiles, previó, se repetirá el fenómeno de 2003.

Algunos de los consejeros seleccionados en esa ocasión, incluido Luis Carlos Ugalde, entonces presidente del IFE, fueron removidos años después y enfrentaron una crisis de credibilidad en el marco de la elección presidencial de 2006.

Si eso prevalece ocurrirá lo mismo que se acusó en 2003. No por los nombres, sino por el procesamiento de la decisión”, dijo.

CRITICA INTROMISIÓN

Lorenzo Córdova también acusó a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval de entrometerse en asuntos de un órgano autónomo, al utilizar su cuenta de Twitter para criticar la reelección de Edmundo Jacobo como secretario Ejecutivo del INE.

“De mí no ha recibido más que respeto y deferencias”, dijo Córdova.

Consideró que la decisión de anticipar la reelección de Jacobo fue una muestra de autonomía.

“Les molesta un INE autónomo. Han apostado a un intento de control político”, opinó el presidente del INE.

Y minar la autonomía, agregó, va en contra de una de las banderas de izquierda.

Se les olvida que fue este Instituto Electoral el que organizó la elección de 2018″, puntualizó.

Rechazó que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté detrás de los ataques contra la autonomía del instituto, porque “ha desactivado” intentos anteriores de lastimar al órgano electoral.

Empresarios: prohibir todo el outsourcing llevaría a quiebras

A unas horas de que arranque en el Senado el Parlamento Abierto para analizar el dictamen en materia de ­outsourcing, dirigentes sindicales y empresarios, incluso internacionales, desfilan por la Cámara alta para externarle su preocupación y pedirle al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que no se prohíba la subcontratación, pues ello se traduciría en un quebranto definitivo para las empresas en México que trabajan bajo ese esquema.

Monreal, por su parte, asegura a los empresarios preocupados que será modificado el dictamen inicial (obra de Napito Gómez Urrutia, el heredero del liderazgo sindical minero convertido en legislador), y que si bien se actuará con responsabilidad, “sin excesos ni radicalismos”. También advirtió que sí se regulará esa práctica pues muchas empresas han abusado y evadido al fisco cantidades millonarias, además de afectar a los trabajadores en sus derechos.

El zacatecano dijo que se buscará perfeccionar más esta ley para definir muy bien el concepto de outsourcing y los alcances del mismo en la subcontratación de trabajadores.​

​“No se va a afectar el empleo, pero sí se tiene que regular y se tiene que evitar el abuso del uso de la subcontratación, outsourcing, que ha ocurrido ahora”.​

​“No hay duda de que hay quienes están cumpliendo con la ley, pero también hay quienes han abusado y han hecho de esta figura jurídica del outsourcing una mina de negocios particulares, personales, evadiendo al fisco y lastimando al trabajador”, estableció.

Este lunes tocó el turno a empresarios de la comunidad judía en México, quienes se reunieron con Monreal a quien le solicitaron no prohibir el outsourcing en el país y le advirtieron que sería lamentable que se aprobara en los términos en que se le dio “luz verde” en la comisión que preside el senador, Napoleón Gómez Urrutia.

“Ellos están dispuestos a que se regule, pero que si se aprueba tal y como está sería muy lamentable, como un quebranto para las empresas que han estado trabajando con la subcontratación y que han actuado con la ley.​ ​No se les puede considerar igual que a todos, dicen ellos”, reveló Monreal tras la reunión.

Una de las mayores preocupaciones entre los empresarios es el asunto de que se catalogue esa práctica como delincuencia organizada, lo que se traduce en prisión para quien lo practique.

Sin embargo, Monreal explicó que nada está decidido y será el Pleno del Senado quien determine si hay modificaciones o no al dictamen aprobado.

“El Pleno es el que va a determinar si se aprueba como está o se modifica, porque ése es el propósito del Parlamento Abierto. No tendría sentido que los escuchemos y que finalmente aprobemos lo que ya está aprobado”, estableció​.

​El dictamen está aprobado por la mayoría en la Comisión, pero ese dictamen puede ser modificado en el Pleno, no tiene ninguna dificultad, recordó.

​Esta semana se activa el Parlamento Abierto donde, con la participación de todos los sectores implicados, se analizarán los alcances del dictamen sobre outsourcing, que plantea entre otras cosas equiparar a delincuencia organizada esta práctica.

Es por ello que a lo largo de estos últimos días, empresarios y dirigentes sindicales han buscado a Monreal para cabildear algunas modificaciones a ese documento.

“Me han buscado grupos de empresarios, pero también dirigentes sindicales, sindicatos nacionales, empresas que quieren opinar e incluso tienen propuestas de modificación al dictamen que se propuso.”, detalló.

Los dirigentes del Consejo mexicano de Negocios (CMN), Coparmex, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se han reunido por separado con Monreal desde diciembre para solicitarle modificaciones al mencionado dictamen sobre outsourcing.

Monreal dijo que todos serán escuchados y el Senado tendrá la responsabilidad de ponderar, moderar y encabezar un proyecto que sea benéfico para el país, que no afecte el empleo, pero que tampoco perjudique la economía nacional mediante la evasión fiscal, por lo cual se buscará regular esta práctica a detalle.

El presidente de la comisión del Trabajo en el Senado, Napoleón Gómez Urrutia, aclaró que el llamado outsourcing no desaparecerá como tal, sino que se regulará en la legislación reglamentaria para evitar que las empresas simulen que no existe una relación laboral para evadir el pago de impuestos y sus contribuciones al Seguro Social, lo cual afecta a más de 8 millones de trabajadores en el país y genera pérdidas estimadas en 500 mil millones de pesos a nivel nacional .

​La iniciativa que se aprobó en diciembre pasado en comisiones del Senado, considera actos simulados la mayoría de los esquemas actuales de outsourcing y los equipara con delincuencia organizada cuando implican evasión de impuestos, por lo cual plantea prisión a quien incurra en estos actos.

Asimismo, obliga a los patrones a reponer a los trabajadores, de manera retroactiva y simultánea, el pago de utilidades correspondientes a todo el tiempo en el que hayan estado subcontratados.

Además, los contratantes podrán convenir un plazo de seis meses para cubrir los pagos, sin importar la cantidad de trabajadores que se deban indemnizar.

Entre los puntos principales que serán analizados bajo dicho sistema, se considera el de establecer la obligación de pagar de manera retroactiva las utilidades que no se hayan cubierto desde que fue contratado el empleado por este tipo de contratación.

De igual manera, se establece que la Secretaría del Trabajo, en coordinación con el IMSS, Infonavit, así como el SAT, llevarán a cabo las inspecciones preventivas, ordinarias y extraordinarias, para comprobar que la persona contratista cumple con las obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes.

MILES DE EMPLEOS EN RIESGO. A principios de año, el sector empresarial de México advirtió al Senado de la República que esta iniciativa de Gómez Urrutia para eliminar el outsourcing pondría en riesgo miles de empleos, desalentaría la inversión y sería inconstitucional.

El CCE, que preside Carlos Salazar, recordó que hace algunos meses se realizó un Parlamento Abierto, pero la iniciativa mencionada aún no se había presentado y al final las conclusiones de este ejercicio no fueron tomadas en cuenta por los senadores.

Por ello, el CCE pidió que se haga un debate profundo y sin simulaciones sobre el tema, pues recordó el riesgo de que si procede en sus término esta ley de outsourcing, en vez de beneficiar a los trabajadores, éstos saldrán afectados.

“Miles de empresas mexicanas y extranjeras que operan en México lo utilizan, y cientos de empresas dedicadas a la subcontratación lo hacen de manera legal, dándole beneficios a los trabajadores incluso por encima de la ley. Pero la iniciativa equipara la subcontratación legal con la ilegal o abusiva, prácticamente eliminando cualquier posibilidad de subcontratar de manera legal. En vez de beneficiarlos, terminará afectando a los propios trabajadores”, alerta.

Del Cártel de Sinaloa, mayor número de extraditados en este Gobierno

 

Al menos ocho presuntos narcotraficantes entregados en extradición durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a Estados Unidos, son señalados de pertenecer al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con nuevos datos brindados por la Fiscalía General de la República (FGR) y un análisis realizado por La Razón, basado en una revisión hemerográfica.

La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, entregó a 39 presuntos narcos para que sean enjuiciados en el país del norte. De este universo, 26 supuestamente pertenecían a alguna organización criminal; mientras que de los otros 13 no se especificó si operaban para algún grupo delictivo.

Así, de los 26 contabilizados, ocho pertenecían, presuntamente, al Cártel de Sinaloa; seis, al Cártel de Juárez; cinco, a la organización de los Beltrán Leyva y tres, a los Zetas.

Mientras que los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Tijuana, Familia Michoacana y Laredo tuvieron una baja, entregada las autoridades estadounidenses.

Entre los extraditados se encuentra José Sánchez Villalobos, El Señor de los Túneles, señalado como el operador financiero del cártel que lideró Joaquín El Chapo Guzmán, y quien fue responsable de los narcotúneles de esa organización en Tijuana, Baja California.

Otro de los extraditados fue Mario Hidalgo Argüello, El Nariz, hombre clave para la captura de Guzmán Loera, en 2014, pues brindó información a las autoridades sobre los escondites del capo.

Para la agencia antidrogas de Estados Unidos, el CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas y de rápido crecimiento en ese país y en México; sin embargo, en lo que va del actual sexenio sólo se ha entregado a un integrante de este grupo.

Se trata de Jesús Contreras Arceo, El Canasto, detenido a mediados de 2018 en Querétaro, señalado de trasiego de drogas y lavado de dinero, y quien ahora se enfrentará a una corte federal en Carolina del Norte.

De hecho, esta organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, aumentó en un 75 por ciento su presencia en el territorio nacional, al pasar de 22 a 24 entidades en 2019, según revela el último reporte anual de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El lunes pasado, este rotativo publicó que durante los primeros siete meses de gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, México pausó casi por completo las extradiciones de presuntos criminales a EU; sin embargo, a partir de julio de 2019, las extradiciones retomaron el ritmo que tenían en sexenios pasados.

A esto se suma una supuesta estrategia para combatir a los cárteles de la droga ejecutada por México, pero presuntamente empujada desde la Casa Blanca, en la que también se contempla un aumento a las extradiciones hacia el país vecino, según publicó el diario estadounidense The Wall Street Journal.

El dato: Joaquín Guzmán fue extraditado a EU en enero de 2017, donde fue condenado a cadena perpetua por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, lavado de dinero y homicidio.

…Y en San Lázaro urgen a agilizar procesos

Legisladores en San Lázaro coincidieron en que México debe continuar con la política de extradición de personas hacia Estados Unidos, toda vez que se debe cumplir con los tratados internacionales y porque, dicen, es mejor que los delincuentes sean procesados en Estados Unidos, ya que en México el sistema judicial es endeble y se deja en libertad a criminales de alto perfil.

“Lo mejor que nos puede pasar es que México envíe extraditables a Estados Unidos y no se queden acá, ya que pueden salir en cualquier momento. La relación entre ambos países sí abona, pero el objetivo es que se agarren y se extraditen”, opinó el panista Alfonso Robledo.

Cynthia López Castro, del PRI, se pronunció a favor de que el ritmo de extradiciones continúe avanzando, debido a que “en México cada vez es más corrupto el sistema de justicia, lo que es un llamado de atención para las autoridades mexicanas.

“Hay mucho riesgo de que los dejen libres y sigan delinquiendo. Lamentablemente el sistema de México está totalmente corrompido y tenemos que recurrir a Estados Unidos para que los encierren”, puntualizó la diputada.

Directores tapaban acoso en la UNAM: Tribunal

Directores y secretarios de los planteles que conforman a la Universidad Nacional Autónoma de México han evitado que las denuncias por violencia de género lleguen hasta la máxima autoridad, lo que ocasionó los paros de las alumnas universitarias.

"Lejos de que se reuniera el director de la escuela, el subdirector o los secretarios para apoyar a las víctimas, se hacían uno para evitar que prosperara la denuncia", acusó Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario, pues los propios encargados de los planteles se volvieron cómplices de los maestros acosadores.

Desde el 18 de octubre del año pasado se presentó el primer paro estudiantil por una violación en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y hasta la fecha se han sumado hasta 15 planteles, mientras algunos recobran las actividades, otros se mantienen en paro como la Prepa 9 y la Facultad de Filosofía y Letras. Esto para Betancourt se debe a que algunas autoridades de la UNAM prefirieron ocultar el problema.

En entrevista con El Sol de México, aclaró que en las oficinas jurídicas de las Preparatorias, CCH y Facultades se quedaban las denuncias y nunca llegaban al Tribunal sino al contrario, a toda costa evitaban que llegaran hasta la máxima autoridad.

Una de las peticiones de las mujeres organizadas para agrupar los distintos paros es que se reformen los artículos 95, 98 y 99 del estatus general de la UNAM para que la violencia de género se convierta en una falta grave, y esta petición se definirá el próximo miércoles en la sesión del Consejo universitario.

Betancourt adelantó que ya está en la bitácora del Consejo Universitario esta votación y consideró que debe ser no solamente falta grave la violencia de género sino causa de expulsión definitiva de la universidad a quien la cometa. “Estoy seguro que tendrán gran beneplácito, el próximo miércoles el Consejo Universitario sesiona ese planteamiento, obligadamente se hará en este día".

Desde los paros mencionados, informó que se han resuelto 270 denuncias sólo en el transcurso de dos meses, es decir desde finales de diciembre, enero y lo que va de febrero, en todos los casos se condenaron a los acosadores, tanto maestros como alumnos.

Dijo que en algunas escuelas, pero sin mencionar nombres, "eran demasiado generosos y no aceptaban el castigo de esta magnitud y hacían una expulsión de un año, año y medio y teníamos que estarnos jaloneándonos siempre para llegar a la sanción.

Expuso que el Tribunal no dejará de sancionar por lo que espera que las estudiantes les tengan confianza, pues por ejemplo ya se van incorporar dos juristas mujeres, esto a petición de las FES Aragón y FES Acatlán, y pidió a los mujeres paristas a seguir luchando hasta lograrlo y que sean escuchadas.

"Estamos en un proceso intenso de trabajo que evidentemente ayudará para crear confianza, eso es lo que tenemos que lamentar, la falta de confianza de quienes en un momento sufrieron agresiones, decepciones y una serie de presiones de todo tipo para que los acosadores no sean sancionados y eso es lo que lamentable ocasionó que ante la desesperación se fueran a paros, se encapucharan siendo todo este entendido y razonado porque de alguna manera que se haya abandonado tanto tiempo el tema pues tuvo que haber una reacción violenta y es lo que estamos padeciendo", reiteró.

A continuación la entrevista:

Una de las denuncias de las jóvenes es que a pesar que van y denuncian al Tribunal ustedes tapan a los maestros…

No, mire, le voy a precisar en donde está su queja. No es el Tribunal, es en el ámbito del jurídico, cada escuela, cada Facultad tiene una oficina jurídica con un delegado jurídico que depende de la oficina del abogado general, nada tiene que ver el Tribunal, ahí está la queja de ellas, que van a la oficina jurídica de su escuela y no solamente no les apoyan sino las amenazan, y algo más grave, las tratan de disuadir siempre: “Para qué sigues, date cuenta que el maestro fulano es importante, ya me prometió que no te va a volver a invitar café, ya me prometió que no va a estar incomodándote con sus invitaciones sistemáticas para pasear, no, ya es un hecho”.

Y esa actitud irresponsable en las oficinas jurídicas fue lo que ha ocasionado toda esta protesta, porque además esas oficinas jurídicas, muchas veces -no pretendo acusar en forma concreta- tenían complicidades con las autoridades escolares, o sea, lejos de que se reuniera el director de esa escuela, el subdirector o los secretarios para apoyar a las víctimas se hacían uno para evitar que prosperara la denuncia y eso hace que las muchachas ahora oculten el rostro, porque dicen “fui a denunciar y no me hicieron caso” pero esa es la queja de ellas, no con el Tribunal, el Tribunal por sistema ha sancionado y no tiene nada que ver con el trato de acosadores por el contrario, para evitar que llegaran al Tribunal, razón por la cual precisamente se hacían cómplices y ahí querían manejarlo todo de forma misteriosa en las escuelas y eso es lo que ha causado todo este conflicto, el conflicto llegó a estos extremos porque no se atendió a tiempo, esa es una realidad.

¿Entonces aquí el Tribunal solamente entra hasta que llega la alumna?

Cuando llega el expediente, pero es lo que no llegaba, se quedaba en el jurídico, en la escuela y ahí hacían de las suyas, yo lo denuncié a principios de diciembre que ocasioné un conflicto porque denuncié que los directores… imagínese usted para que vea cosas claras… Un director de una escuela que tiene parada su escuela hace tres meses necesariamente es que no funciona o que no cuenta con el apoyo de su comunidad o que es un irresponsable, entonces, de ese fenómeno no entiendo porque todavía se mantiene en el cargo, ya demostraron ineficacia deben de irse, eso lo sostuve en diciembre y lo sigo sosteniendo porque yo estoy de acuerdo en un paro para decir pero si ya van semanas y semanas, entonces quiere decir que los directivos no están a la altura de lo que reclaman en esa escuela y deben de irse.

El Tribunal Universitario está integrado por dos personas fijas, que es el decano del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y López Betancourt como presidente pero las oficinas jurídicas lo integran maestros de Consejos Técnicos de cada escuela, y es aquí donde se echan al cesto de la basura las denuncias.

¿Qué tipo de sanciones han aplicado de diciembre a enero?

Se han aplicado 100 expulsiones definitivas de maestros, alumnos y trabajadores, en otros casos han sido sanciones temporales y también se han hecho llamadas de atención cuando realmente no hay elementos probatorios.

Solamente de estas sanciones una llegó a la Fiscalía General de Justicia, ¿por qué?

El Tribunal Universitario no tiene nada que ver con el ámbito estrictamente delictivo, nosotros vemos el relacionado exclusivamente con el comportamiento y las sanciones universitarias, a lo que más podemos llegar nosotros es a la expulsión.

Claro que coadyuvamos con la Fiscalía cuando nos piden apoyo para mandar un expediente, pero no vemos delitos, esto responde al ámbito judicial.

Y en forma sistemática se les orienta a la denunciante que el acoso sexual es un delito serio y deben hacerlo en el Ministerio Público, y en algunas casos se les da apoyo legal, aunque ellas son las deciden. Pero nosotros no podemos tocar el tema delictivo sólo lo puede hacer la Fiscalía.

¿Entonces la denunciante debe ir tanto a la Fiscalía como al Tribunal Universitario?

Si hace una denuncia en la Fiscalía debe seguir, y además hacer otra en el Tribunal, tiene que ser por cuerda separada, y se debe manejar un principio que es la secrecía, o sea, tener con mucho cuidado el nombre de la víctima para que evite cualquier presión que puedan hacerle en situación que presione para que no continúe con su denuncia.

¿Qué es lo que cambiará respecto a las sanciones que ya han aplicado si se aprueba que la violencia de género sea una falta grave?

Sería Fast track (vía rápida) ya no tendríamos que entrar en un proceso de discusión y de evaluación, demostrada la violencia de género inmediatamente la sanción correspondiente sin entrar a una discusión que a veces puede ser agria o innecesaria aquí ya es automático, eso es lo que yo veo como favorable.

¿De no aprobarse esta reforma qué mensaje le enviaría a las mujeres?

Yo le puedo garantizar sin que esté de mi parte la totalidad, pero yo le puedo garantizar que se aprobará en sus términos esta petición porque estamos convencidos que es correcta porque el rector mismo, yo he platicado con él, que está convencido que es lo correcto y yo estoy cierto que no va a ser nada fácil que así sea.

En caso de que no sea aprobada la reforma, yo pienso que eso es lo correcto no me da miedo decirlo porque al fin y al cabo no lo obtiene uno por la vía formal tiene uno que exigirlo y aquí hacen bien ellas en exigirlo, creo que están en el camino correcto.

Preocupante, el aumento de 137% en feminicidios, asegura Gertz Manero

El feminicidio en México se disparó de manera preocupante, al aumentar 137 por ciento en los cinco años recientes, esto es cuatro veces más que el homicidio, que se incrementó 35 por ciento, y ese es un crecimiento desmesurado, reconoció el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal insistió en que su propuesta no es suprimir el tipo penal, como señalaron diputadas de Morena primero, y de otros partidos después, sino que esté suficientemente claro como para perseguirlo.

Respecto de si su propuesta implica dejar de lado la política pública de persecución del feminicidio y unificarlo con los homicidios dolosos, agregó: El feminicidio es una forma de quitar la vida a alguien. El género es el homicidio, la especie es el parricidio, el filicidio, el feminicidio, cuyas víctimas tienen que estar más protegidas. ¿Por qué? Porque son grupos vulnerables. ¿Está claro? Qué bueno.

López Obrador resaltó incluso que las versiones difundidas sobre la intención del fiscal es exactamente lo opuesto, y agregó que su gobierno protegerá a las víctimas y de manera especial a la población vulnerable, a niños, a mujeres, a adultos, y que este es un gobierno que procura la justicia. No vamos a hacer nunca nada en contra de los derechos de los mexicanos, nunca.

El 29 de enero pasado, Gertz Manero –quien la tarde de este martes volverá a reunirse con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados– afirmó ante la bancada de Morena que el tipo penal de feminicidio representa un obstáculo para investigar y perseguir ese crimen.

Lo más sencillo

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el fiscal general dijo que a los legisladores de Morena les explicó que se requiere una reforma para hacerlo más sencillo, para proteger a las víctimas.

Incluso señaló que para combatir ese delito primero se visualizó un problema muy grave, luego determinar que se ataca a un grupo muy delicado de seres humanos a quienes se debe proteger. Sin embargo, “el delito no está, de acuerdo con nuestro punto de vista, lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios sí. Todo es de lógica elemental.

El funcionario federal acusó que su postura se tergiversó y que a partir de ahí se inició una campaña en su contra. No obstante, reconoció que diputadas feministas de Morena le hicieron ver que el alcance de su propuesta no les quedó clara.

Afirmó que la FGR sí observa un problema no visibilizado por ningún grupo; nosotros sí sacamos a la luz una situación que nos llamó enormemente la atención, que hubiera un grupo que no tiene una capacidad para defenderse al que lo hubieran victimizado cuatro veces más que al otro.

También, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la postura de la fiscalía se manipuló en los medios y cuando se le comentó que la información sobre cómo lo abordó Gertz Manero con los diputados surgió de Morena, expresó: haya salido de donde haya salido, pero le dieron vuelo.

Luego ofreció disculpas por señalar que sí es importante el feminicidio, pero ya estoy viendo cómo esa va a ser la nota, el feminicidio. Y no, porque fue una manipulación.

Padrón de contribuyentes creció 7.9% en el 2019

En el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el padrón de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró su menor crecimiento desde el 2012, de acuerdo con los datos publicados por la dependencia.

El 2019 cerró con un total de 77.4 millones de contribuyentes, lo que significó un incremento anual de 7.9% respecto al cierre del 2018, cuando en el padrón se registraron un total de 71.7 millones de personas físicas y morales, esto es un crecimiento de 11% respecto al año previo.

En el 2016, el 2015 y el 2014, los crecimientos del padrón de contribuyentes fueron de 10.1, 11.4 y 11.1, respectivamente, todos por arriba de dos dígitos, en tanto que en el 2013 el crecimiento fue de 8.3 por ciento.

De esta manera, en el primer año del nuevo gobierno se adhirieron poco más de 5.6 millones de pagadores de impuestos al padrón de la autoridad fiscal, que hoy en día está a cargo de Raquel Buenrostro.

Si bien se registró un incremento en los contribuyentes, este dato fue la menor alza desde el 2012, cuando el padrón creció sólo 4.0 por ciento.

Con el registro suspendido

Por otro lado, el fisco informó que al cierre del año pasado hay 7.6 millones de contribuyentes cuyo registro en el padrón está suspendido, es decir, al no presentar actividad económica en los últimos dos años consecutivos o, más bien, no presenta las declaraciones a las que está obligado, el SAT procede a una suspensión de su RFC, por lo que ya no pueden emitir facturas u obtener un certificado de sello digital. El contribuyente puede acercarse a la autoridad fiscal para que su RFC sea activado nuevamente.

El número de contribuyentes cuyo registro en el padrón fue cancelado sumó 1.1 millones. La cancelación del RFC se da por defunción, o bien por liquidación de la sucesión, personas físicas que hayan aceptado el cargo de representante legal de la sucesión (albacea).

Informalidad limita crecimiento

El menor ritmo de crecimiento del padrón de contribuyentes, explicaron expertos en el tema, tiene que ver con que el gobierno aún no ha logrado reducir el nivel de informalidad de los mexicanos, así como el registro —en años pasados— dentro del padrón de empresas que simulan operaciones.

En el primer caso, Manuel Toledo, socio de Proactive Tax & Legal, explicó que el gobierno aún no ha logrado hacer atractiva la formalidad para los contribuyentes, es decir, que ellos vean los beneficios que obtienen al tramitar su RFC y convertirse en formales.

“No ha habido una promoción fuerte por parte de la autoridad para invitar a más contribuyentes a inscribirse al SAT. A este gobierno aún le falta dar incentivos para que las personas se animen a inscribirse y, de esta manera, cumplan con sus obligaciones fiscales”, agregó.

En agosto pasado, el SAT presentó el programa Súmate en la Ciudad de México, el cual busca atraer a los contribuyentes a la formalidad. Este programa ya existe desde el 2006 y ha estado en diferentes ciudades del país. Con este programa, el SAT recorrerá las calles para invitar a todos esos negocios informales a sumarse al padrón y darles asesoría personalizada para que puedan adherirse al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), el cual les da ciertas facilidades e incentivos a los contribuyentes.

En el primer año de inscripción al RIF el contribuyente no está obligado a pagar el Impuesto sobre la Renta. A partir del segundo año el incentivo baja a 90%, en el tercero a 80% y así sucesivamente hasta llegar a 10% en el décimo año de su aplicación.

Por su parte Ariana Martínez, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, indicó que en años pasado varias empresas se registraban en el padrón sin realizar, tal cual, operaciones, es decir, emitían facturas falsas. Esto, explicó, ya ha disminuido gracias a las medidas que ha tomado la autoridad contra este tipo de empresas.

Añadió que, ante las modificaciones fiscales vigentes para este año, prevé que el padrón de contribuyentes incremente. “Creemos que con las diferentes modificaciones que se dan sí podemos ver que hay personas que se están acercando al SAT para inscribirse en el padrón”.

Tanto Buenrostro como Ríos-Farjat han hecho énfasis en la importancia de aumentar el padrón de contribuyentes.