Toman vía para que les vuelvan a pagar tierras; ejidatarios de Morelos
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El grupo de ejidatarios exige que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal (SCT) salde el adeudo, pese a que éste fue liquidado en 2006. Excélsior obtuvo copia del recibo del pago.
El 18 de agosto de 2006, Alfredo Casales Díaz, entonces presidente ejidal de Jojutla, recibió un cheque bancario por un monto 590 mil pesos a cambio de la parcela.
Los ejidatarios —encabezados por el exdiputado priista Aristeo Rodríguez Barrera, líder cañero con denuncias de fraude y enriquecimiento ilícito, y por Ciro Olguín Malpica, presidente del comisariado ejidal de Jojutla, acusado de fraude— aseveran que Casales Díaz se quedó con el dinero pagado, por lo que buscan que, 13 años y cinco meses después, la SCT vuelva a pagarles por las tierras expropiadas.
Ayer, un grupo que se deslindó de Rodríguez y Olguín se reunió con Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, quien acordó analizar los adeudos a cambio de la liberación de la vía.
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DENUNCIAN FRAUDE
Integrantes del ejido Jojutla, en Morelos, bloquean desde el 12 de diciembre de 2019 la autopista Siglo XXI en demanda del pago de 9 mil metros cuadrados de terreno afectado para la construcción de ese camino en el tramo Jantetelco-Tlaltenchi.
Excélsior tiene copia del recibo del pago de ese terrero, efectuado el 18 de agosto de 2006, por un monto de 590 mil pesos; el dinero lo recibió con cheque bancario, Alfredo Casales Díaz, entonces presidente ejidal de Jojutla. Casales Díaz se quedó con el dinero pagado por el gobierno de estado de Morelos, por lo que se inició una carpeta de investigación el 29 de julio de 2016 por defraudación.
El grupo de ejidatarios que bloquean la Siglo XXI están encabezados por el exdiputado priista Aristeo Rodríguez Barrera, líder cañero con denuncias de fraude y enriquecimiento ilícito y por Ciro Olguín Malpica, presidente del comisariado ejidal de Jojutla, acusado de fraude.
Desde 2014, productores de caña de azúcar acusaron a Rodríguez de un desvío de 300 millones de pesos de la Confederación Nacional Campesina del PRI.
Mientras que a Olguín Malpica se le implica en un fraude ya que en el ejido Jojutla existe una concesión para tiradero de basura, recursos que se pagan y comentan que no se reparte entre los ejidatarios.
El grupo de Rodríguez Barrera demandó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal (SCT) el pago de siete millones de pesos, la concesión de una gasolinería sobre la autopista, un camión de volteo y dos camionetas, como pago de los nueve mil metros cuadrados, que fueron pagados hace 13 años y cinco meses, según documentos oficiales.
Las autoridades ejidales de Jojutla han declarado que en 2006 hubo un convenio de ocupación en el que, según ellos les pagaron los nueve mil metros cuadrados a un bajo precio, en un rango de entre 40 y 80 pesos el metro cuadrado.
La gente encabezada por Aristeo Rodríguez Barrera, aprovechó el bloqueo que realizaron el 19 de diciembre ejidatarios de Amacuitlapilco, Jonacatepec, Atotonilco, Huitzililla, El Salitre, San Rafael, Tlalquitenango, Tlaltizapan, Tlatenchi y Higuerón, en demanda de una reunión con el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, para el pago de tierras que fueron expropiadas para la liberación de derecho de vía en el proyecto de la autopista Siglo XXI que corre de Puebla a Guerrero.
Ayer jueves 2 de enero los, ejidatarios se reunieron finalmente con Jiménez Espriú y acordaron fechas para los pagos y se deslindaron de los bloqueos de la gente que encabeza Rodríguez y Olguín.
Las demandas por la cuales tenían bloqueada la autopista eran: cumplimiento de los convenios acordados previamente por el funcionario de la SCT (ingeniero Jesús López Ramírez); pago y regularización de las expropiaciones; pago y regularización de la pequeña propiedad, que incluye el predial de 13 años.
Pero Rodríguez Barrera, y Olguín Malpica demandaron que la SCT les pagara la parcela de nueve mil metros cuadrados conocida como infraestructura neta ejidal.
En la reunión de Rodríguez y Olguín con representantes de la SCT, que se realizó el 19 de diciembre en la que también participaron funcionarios de Operadora de Carreteras de Cuota (OCC), a los líderes se les presentaron los comprobantes de pago por la tierra.
Rodríguez y Olguín desconocieron los documentos. Mencionaron que los casi 600 mil pesos entregados a Alfredo Casales nunca fue repartido entre los ejidatarios.
EL TRAMO BLOQUEADO EN MORELOS
El tramo de la autopista Siglo XXI que está bloqueado desde el 12 de diciembre está en territorio del estado de Morelos, sobre 61.8 kilómetros. Inicia en el municipio de Jantetelco y concluye en la comunidad de Xicatlacotla, en Tlaquiltenango. La cinta asfáltica de la autopista Siglo XXI en esta parte mide 12 metros de ancho, tiene dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, uno por sentido, además de acotamientos de 2.5 metros y tiene cuatro entronques: Jantetelco, San Rafael, Jojutla y Xicatlacotla.
García Luna comparecerá hoy en corte de Nueva York
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El ex secretario de Seguridad Pública (SSP) en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, comparecerá hoy ante el juez Brian Cogan, informó la Corte del Distrito Este de Nueva York. El ex funcionario de Calderón ya se encuentra en dicha ciudad y aunque la comparecencia estaba prevista a las 11:00 horas tiempo local, el horario se modificó debido a que su defensa no está registrada en el distrito. 'El Chapo' tenía representantes en el gobierno, asegura AMLO En diciembre, Genaro García Luna fue detenido en Grapevine, Texas, al ser acusado de corrupción y estar ligado al cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. al que presuntamente brindó protección y del cual recibió millones de dólares de 2006 a 2012.
¿De qué acusan a García Luna? Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, fue detenido en Dallas, Texas, el 10 de diciembre por presuntamente estar relacionado al cártel de Sinaloa. El fiscal de Estados Unidos, Richard P. Donoghue, explicó que el ex funcionario presuntamente recibió sobornos millonarios por parte de El Chapo a cambio de protección. García Luna enfrenta tres cargos por conspiración en tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y dar falso testimonio.
En 2018, durante el juicio en contra de El Chapo, en Nueva York, Jesús El Rey Zambada, declaró que pagó sobornos de millones de dólares al ex secretario. El narcotraficante afirmó que García Luna colaboró con el narco desde 2001 cuando dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI). El juez Brian Cogan, ante el que comparecerá el ex funcionario federal, sentenció al narcotraficante Joaquín Guzmán a cadena perpetua, tras haberlo declarado culpable de ocho cargos de crimen organizado y narcotráfico.
Sedena: Sin huachicol, la edificación de Santa Lucía
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El Aeropuerto de Santa Lucía tiene una premisa a cumplir: ser una obra Cero Huachicol, es decir, que ningún camión o tráiler que traslade arena, grava, cemento o cualquier material esté moviéndose gracias a gasolina o diésel robados de los ductos de Pemex. El área del Estado de México, entre Tecámac y la propia Santa Lucía, es una de las que tiene mayores registros históricos de robo de combustible, si se consideran sus conexiones carreteras hacia Hidalgo y Querétaro.
El insumo de combustible robado para empresas transportistas es un incentivo, puesto que abarata costos de operación y aumenta márgenes de ganancia, así que el tema surgió en Santa Lucía, la megaobra del amlismo que, a diferencia de otros proyectos como el de Dos Boca o el Tren Maya, tiene el control absoluto gracias al papel central que juega el Ejército mexicano.
Los militares a cargo de la planeación y construcción del proyecto aeroportuario establecieron una medida específica para que los contratistas de la megaobra no estén comprando gasolina fuera de establecimientos oficiales y llenando los tanques de huachicol. Como requisito, deben estar dispuestos a la verificación de sus compras de combustible (diésel o gasolina).
Ese es el motivo de las protestas que los transportistas escenificaron en noviembre y diciembre pasados, confiaron fuentes de alto nivel de Sedena a Crónica, pues la asociación más grande de los traileros no había enfrentado antes medidas de esta naturaleza.
La primera reacción vino de los llamados Sindicatos Unidos para la Transformación de México (SUTM), en realidad, una unión de gremios que incluye al 80 por ciento de los transportistas del país.
La demanda original del SUTM era la posibilidad de que la contratación se les concediera en exclusiva a sus agremiados, pero el tema del huachicol apareció a finales de noviembre y, con él, una serie de bloqueos de la organización a los accesos a Santa Lucía.
Cabe recordar que la baja significativa de robo de combustible a Pemex no ha terminado con la aparición de tomas clandestinas sobre ductos de Pemex, particularmente en ramales del centro del país que van desde Guanajuato hasta alcanzar Hidalgo y Estado de México.
Poco antes de acabar 2019, en Santa Lucía quedó zanjado el tema de la verificación de la procedencia de la gasolina y la verificación a los transportistas mediante documentación de la compra legal (algo que, además deberían tener para efectos fiscales). Por ahora, al menos, Santa Lucía aparece como la primera obra que podrá contar con un certificado tácito de Cero Huachicol en su construcción.
LA RETICENCIA DE SAN LUCAS XOLOX. La decisión de verificar la ausencia de huachicol en la obra de Santa Lucía afectó también la contratación de transportistas locales de comunidades como San Lucas Xolox, el poblado más cercano a la actual base militar.
El miércoles, Crónica publicó las opiniones de transportistas locales que indicaban que Sedena, responsable de la obra, estaba pagando muy bajo a quienes se enrolaban en el transporte de materiales.
Esta tardanza, a juicio de las fuentes de Sedena, están ligadas igualmente a un hábito en la zona para aumentar márgenes de ganancia con la compra de gasolina barata robada.
Presidencia de la República estableció que parte de los contratados para la obra debían ser transportistas de las comunidades aledañas al nuevo aeropuerto. Con ello se cumpliría la premisa de irrigar recursos en el entorno de la obra y no conceder las contrataciones sólo a los empresarios más fuertes del país.
En el caso de los agremiados del SUTM, éste reúne a tal porcentaje de transportistas que realizar una obra de estas dimensiones sin ellos, resultaría imposible. Se estableció la meta de 30 por ciento de transportistas locales, sean o no del SUTM, para cumplir el mandato presidencial.
Las últimas fechas de 2019 indicaban que faltaban aún transportistas locales para lograr esa meta.
CERO HUACHICOL, CERO HUELGAS. Finalmente, la supervisión a los transportistas que estén contratados para esta megaobra podrá hacerse por el sistema de control de materiales que se ha establecido en Santa Lucía. Dentro del perímetro de la obra en sí, sólo operarán vehículos militares, en tanto que los privados llegarán hasta una zona de tránsito entre las carreteras de acceso y las de construcción.
En esa área de tránsito, la supervisión de los transportistas contratados podrá realizarse sin problema, y además, evitará que cualquier tipo de controversia con la SUTM derive en la detención de los trabajos de construcción de la pista o del área de abordaje.
Recorte de 3 mil millones de pesos, a autónomos
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Los diputados morenistas pretenden recortar el gasto insistiendo en la disminución de 50 por ciento de las perrogativas a partidos y aprobando una ley de Remuneraciones que ponga freno al salario en organismos autónomos como el INE.
Por ambos conceptos estiman ahorrar, al menos, 3 mil millones de pesos. La intención es que ambas propuestas sean aprobadas en el periodo de sesiones que comienza en febrero y concluye el 30 de abril.
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados no descarta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe una iniciativa de Ley de Remuneraciones que defina parámetros claros en la fijación de los salarios de los servidores públicos.
De hecho, el mandatario ya envió una iniciativa de reforma a los artículos 116 y 127 constitucional (que fue aprobada) que establece que, aun cuando este tipo de órganos definan sus salarios ninguno podrá superar al del Presidente.
Pese a ello, estos servidores públicos han mantenido su intención de percibir más recursos y ello quedó de manifiesto en sus proyectos de Presupuesto para 2020.
Los consejeros del INE, por ejemplo, pretendían un salario anual neto de 3 millones de pesos, cuando el del mandatario sería de 1.7 millones de pesos anuales netos.
Para concretar una Ley de Remuneraciones blindada ante amparos de integrantes de organismos autónomos, los diputados pidieron una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aprobarla.
En mayo de 2019, la corte invalidó la ley que había aprobado el Congreso por considerar que carecía de parámetros específicos para definir los salarios.
La intención original de los diputados era aprobar una iniciativa presentada por Pablo Gómez (en noviembre de 2019) antes del 15 de diciembre. Sin embargo, los legisladores solicitaron a la Corte una prórroga para atender su fallo.
Los legisladores esperan que el Presidente envíe una nueva iniciativa de Ley de Remuneraciones.
INSISTEN EN DISMINUCIÓN
Además de impulsar la austeridad vía los topes salariales, los diputados morenistas insistirán en disminuir las prerrogativas de partidos.
Los morenistas negocian con PT, PAN, PRI, PRD y PVEM la eliminación del mínimo de militantes para mantener el registro, a cambio de la disminución. Esos partidos tiene una contrapropuesta para aumentar el porcentaje de prerrogativas que se distribuyen de forma igualitaria entre todos los partidos.
El SNTE crea partido político sin Elba Esther
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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, liderado por Alfonso Cepeda, está por obtener su propio partido político. A través de la asociación Grupo Social Promotor de México y con el apoyo de la estructura del desaparecido Nueva Alianza, este nuevo partido cumplió los requisitos marcados por la ley para obtener el registro, mismos que deberá acreditar el Instituto Nacional Electoral.
Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo y dirigente nacional de Redes Sociales Progresistas, dijo que Grupo Social Promotor de México está violando la ley al utilizar a un sindicato para afiliar a ciudadanos.
“La estructura administrativa y los dirigentes oficiales del SNTE con la ayuda de una parte de la estructura de las secretarías de Educación de los estados llevaron a cabo las asambleas en los estados”, dijo González.
El artículo 2 de la Ley General de Partidos Políticos prohíbe cualquier forma de afiliación corporativa. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, hasta el 17 de diciembre Grupo Social Promotor de México tenía 325 mil 602 afiliados, y había celebrado 289 asambleas distritales. Hay que recordar que según la ley electoral, requieren de al menos 233 mil 945 militantes y 200 asambleas distritales.
Entre los organizadores de las asambleas de Grupo Social Promotor de México está Juan Gabriel Corchado Acevedo, quien hasta 2015 era secretario general de la Sección 11 del SNTE, cargo que dejó para irse de asambleista por Nueva Alianza. Además está Lucila Garfías, quien fue diputada federal por el mismo Panal.
El Sol de México buscó una postura del sindicato magisterial, pero al cierre de edición seguía sin responder la solicitud. Francisco Bravo, integrante del Comité Directivo de la Sección 9 de la CNTE, dijo que ha escuchado hablar de que el SNTE está creando su propio partido a partir de las estructuras sindicales. “Lo que puedo adelantar es que no hay ninguna sorpresa si nos volveos a encontrar con los estilos de hacer política como se hacía antes, es decir, el uso de las redes y estructuras oficiales en varios estados de la República, porque mucha de la estructura educativa está dominada por el sindicalismo charro”, dijo Bravo.
Ahora, el siguiente paso para que el SNTE obtenga su registro es el aval del Instituto Nacional Electoral, que tendrá el primer semestre de este año para acreditar que este nuevo partido cumple no sólo con las asambleas y afiliaciones, también tendrá que revisar el origen de los recursos usados por la organización política.
Sobre la revisión de los recursos usados por esta asociación, Fernando González dijo que esperarán a la determinación del INE. “Habrá que esperar a la revisión rigurosa que hará el INE sobre el origen de los recursos que utilizaron y el tipo de convocatoria para realizar las asambleas distritales. Esperamos que se aplique la ley con todo rigor a quienes aspiramos a ser partido político”, dijo el yerno de Gordillo.
Consultado por la Organización Editorial Mexicana, Manuel Fuentes, académico de la UAM, dijo que de ser comprobado que el Sindicato tiene relación con Grupo Social Promotor de México a través de materiales verificados que demuestren que prestó sus espacios y logotipos para realizar sus asambleas y/o destinó recursos, el INE tendrá la obligación de tomar cartas en el asunto, puesto que está prohibido que un sindicato participe o pretenda crear un partido político.
La primera vez que el Sindicato de maestros formó un partido fue en 2005 bajo la dirección de Elba Esther Gordillo, quien se mantuvo como su líder moral hasta 2013 cuando fue detenida acusada de desvío de recursos de la organización .
Fue en 2018 que Nueva Alianza perdió el registro de partido político nacional, aunque su entonces dirigente nacional, Luis Castro Obregón, adelantó que buscarían regresar bajo nuevas siglas. “Es el inicio de un nuevo proyecto. Cumpliremos con los requisitos", dijo en enero de 2019.
Les reabren El Mexe… ahora exigen plazas automáticas
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La Escuela Normal Rural Nacional Luis Villarreal, de la comunidad El Mexe, Hidalgo, reabrió sus puertas el pasado 19 de mayo, luego de permanecer cerrada por más de una década; sin embargo, los jóvenes no están conformes, pues dicen que la institución quedó como una de las 100 Universidades del Bienestar en un modelo que no asigna plazas automáticas.
“Estamos inconformes porque el compromiso fue reabrir la escuela como Normal Rural dentro del sistema de normales y no fue así”, declaró a La Razón el profesor Armando Díaz, quien encabeza una comisión negociadora para que dicha escuela recupere su carácter de Normal.
En entrevista, afirmó que “el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) cumplió a medias”, pues con el cambio de adscripción, los egresados tienen que concursar para obtener una plaza de maestro.
“Al no ser Normal, los estudiantes no saldrán como maestros rurales, que es lo que se requiere en nuestras comunidades, tampoco se sabe realmente de qué nivel saldrán: si preescolar, primaria o secundaria. Además que deberán concursar por alguna plaza”
Armando Díaz
Profesor
“Aquí el problema es que al no ser Normal, los estudiantes no egresan formando parte de la plantilla de maestros de la SEP. Ahora están dando sólo una licenciatura en Educación del Patrimonio Cultural y Social. Los egresados no saldrán como maestros rurales, que es lo que se requiere en nuestras comunidades, tampoco se sabe realmente de qué nivel saldrán: si preescolar, primaria o secundaria. Además que deberán concursar por alguna plaza”, manifestó el docente.
La matrícula de las Escuelas Normales, de las que egresan docentes de educación básica, va a la baja, pues pasó de 133 mil 286 estudiantes (en el ciclo escolar 2008-2009) a 90 mil en el 2018-2019. Asimismo, cuenta con 14 mil 720 “formadores de formadores”, según se establece en el documento Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, de la presente administración.
Díaz y al menos una docena de académicos inconformes han sostenido diversos encuentros con las autoridades federales, principalmente con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, y con el titular de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), Mario Chávez Campos; sin embargo, a juicio del profesor, no ha habido avances.
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“Dicen que está el proceso de cambiar la adscripción, que no ha sido fácil, que hay resistencias, y por eso nosotros estamos molestos; ya se ha aplazado mucho”, explicó.
Apenas este sábado se realizó la última reunión con el subsecretario Concheiro, en la cual los inconformes entregaron un proyecto educativo que prevé la reapertura de la escuela con sus instalaciones originales (internado) y sus áreas de servicio, como comedor, biblioteca, dormitorios, áreas deportivas y culturales, además del desarrollo de una licenciatura en educación primaria.
“Ya recibió el proyecto, dijo que van a procesarlo, a analizarlo con las autoridades, pero pues hay que esperar; hasta no ver no creer”, puntualizó.
En tanto, Armando Azpeitia, egresado de esta escuela e integrante del magisterio disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Hidalgo, recordó que, en su promesa de campaña, “López Obrador se comprometió a reabrir El Mexe como Normal, con todo y su internado”, lo cual tampoco ha ocurrido.
“La demanda para reinstalar el internado no es una necedad, es una demanda porque muchos jóvenes que quieren formarse como maestros proceden de familias de escasos recursos y de regiones distantes del país. No vamos a quitar el dedo del renglón”
Armando Azpeitia
Integrante de la CNTE Hidalgo
“Es casi un centenar de alumnos quienes toman clases. La demanda para reinstalar el internado no es una necedad, es una demanda porque muchos jóvenes que quieren formarse como maestros proceden de familias de escasos recursos y de regiones distantes del país, necesitan tener dónde pasar la noche, no vamos a quitar el dedo del renglón”, puntualizó.
Armando Díaz recordó que mañana, el Presidente López Obrador acudirá a Hidalgo, como parte de su gira por comunidades indígenas, visita que aprovecharán para intentar reunirse con él; en tanto que el próximo martes el docente asistirá, junto con otros integrantes de la CNTE, a una reunión en Palacio Nacional.
“El martes vamos con la CNTE para tratar varios temas. Se presentará un proyecto educativo ante la SEP, otros temas laborales, de salud, y ahí vamos a aprovechar para insistir en el tema de El Mexe”, declaró.
La Escuela Normal Rural Luis Villarreal de la comunidad el Mexe, municipio de Francisco I. Madero, cerró el 6 de julio de 2008, durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong como gobernador de Hidalgo.
Tras 82 años de funcionamiento, la clausura generó molestia en el alumnado, lo que derivó en marchas, bloqueo de carreteras y secuestro de autobuses para reclamar espacios. Hasta la fecha, exmaestros y exalumnos pelean por recuperar la escuela, dicen, “tal y como era”.
Récord de remesas con 32.9 mil mdd entre enero y noviembre
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En terminos comparativos, dicha suma es cercana a los 669 mil 572 millones de pesos que el gobierno federal erogará en inversión física durante 2020, que es la que se destina para maquinaria de producción.
Hasta octubre de 2019 (última cifra similar de los indicadores) las remesas fueron la principal fuente de ingresos de divisas del país, con un monto de 30 mil millones de dólares, por encima de las exportaciones de petróleo, que suman 21 mil 800 millones, y de los ingresos por turismo, que ascienden a 20 mil 100 millones.
El envío de dinero de mexicanos en el exterior entre enero y noviembre tuvo un crecimiento anual de 7.4 por ciento, dado que en el mismo periodo de 2018 sumaron 30 mil 686 millones de dólares.
A grandes rasgos, las remesas son las transferencias de dinero que un migrante efectúa a su país de origen. En el caso de México, concretamente a sus familiares, y la mayoría proviene de mexicanos que han emigrado a territorio estadunidense.
De forma anual las remesas continúan al alza y rompiendo récords, pero de forma mensual se observa una desaceleración, toda vez que en noviembre pasado la suma fue de 2 mil 898 millones de dólares, cuando en octubre fue de 3 mil 125 millones, es decir, hubo una caída mensual de 7.26 por ciento.
Desde la perspectiva de Grupo Financiero Monex, a lo largo del año las remesas han enfrentado dificultades para avanzar debido a un panorama de incertidumbre al que se han añadido las disrupciones en el mercado laboral estadunidense producidas por la huelga de General Motors, que duró del 16 de septiembre al 25 de octubre de 2019.
Este año es probable que los envíos de dinero experimenten una recuperación por la normalización en la producción automotriz estadunidense y gracias a las cifras positivas en la construcción que se han presentado en semanas recientes.
De acuerdo con el Anuario migración y remesas, elaborado por BBVA, de los 12.96 millones de migrantes mexicanos, 97.8 por ciento viajó a Estados Unidos.
En 2018, último dato disponible, las principales actividades económicas en las que se desempeñó la población migrante mexicana en Estados Unidos fueron la construcción (20.2 por ciento), manufactura (14.3), actividades profesionales y administrativas (12.6), hostelería y esparcimiento (11.6), actividades de salud y educación (10.1), y comercio (9.5 por ciento).
Las remesas no sólo son importantes para las familias, sino también para los municipios, estados y países que las reciben, ya que pueden generar cierta dependencia económica.
De acuerdo con BBVA, con cifras al cierre de 2018, con un total de 33 mil 675 millones de dólares, México ocupa el cuarto lugar mundial entre los países que reciben la mayor cantidad de remesas, superado por India (79 mil 450 millones), China (67 mil 413 millones), y Filipinas (33 mil 728 millones de dólares.
Modos de envío
El BdeM detalló que el principal canal por el que los mexicanos residentes en el extranjero enviaron dinero al país fue el electrónico, que concentra 99 por ciento. La remesa promedio durante noviembre de 2019, es decir, la cantidad que manda cada mexicano, fue de 326 dólares, ligeramente superior respecto de los 322 dólares de igual mes de 2018.
Producción petrolera de privados crecerá 70%
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Hasta ahora, la industria ha mostrado avances significativos. En el 2019 cerró con 50,000 barriles de producción y más de 2,600 millones de dólares de inversión, contraprestaciones y regalías pagadas al Estado por contratos que fueron adjudicados hace apenas cuatro años. De acuerdo con el análisis de Pulso Energético, en el 2020 la producción petrolera producto de los contratos adjudicados en las rondas y de las migraciones con socio de Pemex, verá un crecimiento importante. Por un lado, está la producción incremental de los campos Amoca-Tecoalli-Miztón (AMT), de la italiana Eni, como parte del primer contrato de la Ronda 1.2 que se licitó en el 2015. Este proyecto, que arrancó producción comercial en julio del 2019, llegará a producir 21,000 barriles diarios de crudo en el 2020. Este volumen es el doble de lo que registró la empresa en octubre del 2019.
En línea con esta misma tendencia están los otros dos contratos de la misma licitación: Hokchi e Ichalkil-Pokoch. Ambos arrancarán producción comercial en el 2020, de acuerdo con sus planes de desarrollo aprobados. En el primer caso, Hokchi Energy planea tener una producción de 5,000 barriles diarios promedio anual, mientras que Fieldwood-Petrobal espera promediar 20,000 barriles al cierre del año.
En conjunto, los tres contratos otorgados en la Ronda 1.2 podrían aportar alrededor de 45,000 barriles diarios al país, a los cuales se sumarán los cinco contratos de las asociaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) con la Iniciativa Privada, de los cuales también se espera un crecimiento importante en todas ellas. Santuario-El Golpe, Cárdenas-Mora, Ogarrio, Ébano y Miquetla aportarán 40,000 barriles diarios.
Unificación de Zama
Uno de los acontecimientos que más se esperan en el 2020 es la evolución del proceso de unificación del yacimiento Zama, que descubrió el consorcio de Talos, Sierra Oil and Gas y Premier Oil en el 2017. El yacimiento, que tiene un potencial de entre 1,400 y 2,000 millones de barriles de petróleo recuperables en el escenario más ambicioso, podría migrar a una asignación de Pemex en aguas someras del Golfo de México.
Como parte del proceso de unificación, el consorcio operador ya perforó tres pozos más dentro del área donde opera, con lo que concluyó con su programa de evaluación del área. Para confirmar si efectivamente el yacimiento es compartido y continuar con el proceso de unificación, que permitiría operarlo conjuntamente entre el consorcio y Pemex, se necesita que Pemex perfore el pozo Asab-1 en su asignación. Esto está programado para inicios del 2020.
Una vez que Asab-1 se perfore y si se confirma la migración de los hidrocarburos, entonces podrán detonarse los primeros pasos para que la Secretaría de Energía, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, determine la existencia de un yacimiento compartido y se pueda continuar con el proceso de unificación.
Exploración
Los pozos que se perforaron en el 2019, uno de los años más activos en exploración del último quinquenio, generarán para este año un volumen importante de información para procesar sobre las cuencas del país. Estos datos ayudarán a delinear una estrategia de exploración para el país. Algunos de los datos más esperados por la industria son los pozos en aguas profundas en sistemas subsalinos que se están perforando a partir de los contratos de la Ronda 1.4.
Con este volumen de actividad y considerando que la probabilidad de éxito de la industria es de 30%, una mayor cantidad de pozos perforados eleva las probabilidades de que haya éxitos geológicos y descubrimientos asociados. Es por esto que el volumen de actividad para el 2020 es buena noticia.
De acuerdo con la CNH, en el 2020 se podrían perforar, por lo menos, 34 pozos exploratorios y 91 de desarrollo. Todos ellos están ya aprobados en los planes que la comisión le aprobó a las empresas privadas.
Cabe destacar que varios de los pozos exploratorios se realizarán en aguas profundas del golfo de México, una de las zonas que han sido complejas de desarrollar por décadas y que hoy tiene una renovada actividad gracias a los 27 contratos que hoy operan en estas cuencas.
Existen 111 contratos petroleros vigentes en el país, de los cuales 29 están en etapa de producción y el resto se dedica a la exploración del subsuelo. Para el 2024 la meta de las empresas del sector privado es producir 280,000 barriles diarios de petróleo crudo.
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