Ponen a más funcionarios en el banquillo; aumentan indagatorias en su contra
 |
 |
CIUDAD DE MÉXICO.
Una vez que en el país se consideró la corrupción como un delito grave, las investigaciones penales contra funcionarios se incrementaron 65% a nivel nacional.
En diciembre, primer mes de la actual administración, se iniciaron mil 54 carpetas por delitos cometidos por servidores públicos, cifra que en mayo aumentó a mil 742 indagatorias, revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta alza representa el mayor número de investigaciones iniciadas para cualquier mes desde 2015. Además, se registró luego de que en abril se declaró la constitucionalidad de la reforma que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Récord de denuncias contra funcionarios
En mayo se iniciaron mil 742 carpetas de investigación, es decir unas 56 diarias, de acuerdo con cifras oficiales.
Ya considerada la corrupción como un delito grave, las denuncias penales contra funcionarios se han disparado 65% a nivel nacional.
En mayo pasado se iniciaron mil 742 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos. En diciembre, primer mes de la actual administración, sumaron mil 54 indagatorias, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El dato de mayo es el mayor para cualquier mes desde 2015 y representa un promedio de 56 investigaciones iniciadas al día en todo el país.
Comparativamente, la media para el periodo enero-mayo es de 48 carpetas.
El 4 de abril, el Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma al artículo 19 de la Carta Magna.
El ajuste amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos robo de hidrocarburos, feminicidio, corrupción y delitos electorales. Justo después de esta declaratoria se registra el alza en las denuncias.
Si se compara el número de indagatorias iniciadas en los primeros cinco meses de los últimos cinco años, también se observa un incremento en la incidencia, pues en 2015 fueron cuatro mil 667 carpetas, cinco mil 390 en 2016; cinco mil 959 en 2017, seis mil 503 en 2018 y siete mil 197 este año, lo que representa un aumento de 54% en un lustro.
Aunque el SESNSP no especifica cuáles son los delitos por los que se iniciaron procesos, el Código Penal Federal detalla que se les pueden imputar entre otros, el ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, uso indebido de atribuciones y facultades, intimidación, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
ALGUNOS DE LOS QUE ESTÁN EN LA MIRA
El combate contra la corrupción que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó a tres funcionarios que fueron contratados por Pemex, pues están presuntamente involucrados en contratos con universidades. Y pidió en enero pasado que fueran separados de sus cargos.
La Función Pública inició una investigación sobre los antecedentes de Miguel Ángel Lozada Aguilar, director Producción y Exploración; Héctor Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial, y Luis Galván, gerente de Operación y Control Financiero de la empresa del Estado.
En junio pasado, la Fiscalía General de la República dijo que no encontró elementos de prueba en contra de Lozada Aguilar.
También, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que en el primer trimestre del año denunció a ocho funcionarios ante el Ministerio Público (MP). Dos de ellos por el delito de contrabando; laboraban en aduanas.
En el caso del combate al huachicoleo, el general Eduardo León Trauwitz y otros militares fueron denunciados por presunta delincuencia organizada para robo de hidrocarburos, acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Un juez otorgó una suspensión provisional al militar y exsubdirector de Salvaguardia en Pemex para que no fuera detenido, pero el 22 de junio se conoció que quedaba sin efecto. Su abogado dice que está fuera del país.
Alerta en 50 consulados de México por redadas contra un millón en EU
 |
 |
La amenaza del presidente Donald Trump de comenzar las deportaciones masivas de migrantes detonó la alarma no solo de la comunidad mexicana en Estados Unidos, sino también en los 50 consulados de nuestro país; al mismo tiempo, el director de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Ken Cuccinelli, aseguró que están listos para encontrar, detener y repatriar a alrededor de un millón de indocumentados.
Desde hace un par de semanas que se anunciaron las redadas, las autoridades consulares de México han estado atentas por lo que pueda ocurrir; actualmente hay un millón 91 mil 130 migrantes en Estados Unidos con órdenes de deportación, de los cuales 14 mil 442 están detenidos, por lo que la mayoría está en riesgo de ser desterrada. De acuerdo con fuentes diplomáticas, desde el primer anuncio de Trump, los consulados comenzaron a realizar acciones preventivas entre la comunidad de nuestro país en EU para que sepa cómo actuar en caso de ser detenida.
Sin embargo, el temor de la gente por las redadas se ha convertido en un obstáculo para que la gente acuda a consultar los servicios y derechos que tienen, por ejemplo, el de los niños nacidos en Estados Unidos. Incluso se ha inhibido que realicen denuncias de delitos ante las autoridades. A través de la estrategia Conoce tus derechos, los consulados ofrecen información a los connacionales para que sepan la importancia, entre otras cosas, de registrar a sus hijos como mexicanos, a pesar de tener la nacionalidad estadunidense, ya que esto puede facilitar una reunificación familiar. Además, las representaciones diplomáticas exhorta a los mexicanos a evitar infracciones, como manejar en estado de ebriedad, para erradicar cualquier situación que los coloque en una situación de riesgo y ser deportados. De forma paralela, en algunos consulados donde ciudades santuario enfrentan legislaciones que buscan revertir su apertura a los migrantes, la sensibilización ha tenido que ir más allá de la comunidad y llegar hasta los cuerpos policíacos para evitar que las denuncias se reflejen en un aumento de la violencia.
Durante los primeros cinco meses de 2019, las autoridades migratorias de México reportaron la repatriación de 89 mil 185 connacionales desde EU, cifra ligeramente menor al mismo periodo de 2018, cuando hubo 93 mil 327. En entrevista para la cadena de Televisión CBS, Ken Cuccinelli, recordó que las redadas las llevan a cabo la Oficina de Inmigración y Control de Adunas (ICE, por sus siglas en inglés), pero que habían sido detenidas, hasta cierto punto, por un tema político en Washington DC. “Están listos para cumplir su misión, que es buscar, detener y deportar a aproximadamente un millón de personas que tienen órdenes definitivas. Ellos ya tuvieron su debido proceso y tienen órdenes de deportación finales” explicó.
El funcionario aclaró que ICE es la que define quienes serán el objetivo de las redadas, pero insistió en que hay un millón de personas que ya tienen una orden de deportación final. Actualmente hay un millón 91 mil 130 migrantes en EU que cuentan con una orden de deportación, de los cuales 14 mil 442 están detenidos y un millón 76 mil 588 se encuentran en libertad. Ese último grupo es el que está en riesgo de ser deportado por las redadas que anunció Trump y que, a pesar de retrasarse dos semanas, podrían comenzar hoy.
Así lo dijo “Empezaré a mostrar algunos de estos centros de detención de migrantes a la prensa”, dijo a periodistas en New Jersey, luego de las críticas por las condiciones precarias y de hacinamiento. Donald Trump Presidente de Estados Unidos
AMLO urge a estigmatizar la corrupción para acabarla
 |
 |
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que para terminar con la corrupción es necesario estigmatizarla, “es decir, que sea algo feo, hacerle el fuchi y guácala”, comentó durante un viaje en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Admitió que su administración halló resistencia a algunos programas, como la entrega directa de apoyos económicos; sin embargo, mantendrá el rumbo de la cuarta transformación.
“Hay algunas protestas, pero ni modo, aunque rechinen vamos a aguantar, porque estaban mal acostumbrados”, señaló.
En Chiapas, López Obrador recorrió diversas clínicas y habló sobre la corrupción que existía en el sector, principalmente en lo que respecta de medicamentos; al respecto aseguró que esta práctica desaparecerá, pues existe el presupuesto para fortalecer al sistema de salud mexicano.
El presidente reiteró que no va a desaparecer el IMSS bienestar. “Saben que hay presupuesto, lo voy a decir y que se entienda bien: ¿saben cuándo se va a acabar la corrupción? Cuando logremos estigmatizarla, es decir que sea algo feo, fuchi, guácala, porque la corrupción ya se veía como algo normal”.
Detalló que para fortalecer los programas de salud la estrategia contempla cuatro acciones: la primera es que no falten los medicamentos; insistió en el tema de monopolios, en el que tres empresas abastecían casi el 70 por ciento de las medicinas del gobierno y se pagaban sobreprecios.
La segunda medida es apoyar a especialistas con más salarios y compensación que trabajen en zonas más alejadas. “Vamos a atender que no falten especialistas, enfermeras, auxiliares, médicos, trabajadores del sector salud”.
“La tercera es mejorar la infraestructura de hospitales, pues destacó que la pasada administración dejó muchos inmuebles sin terminar. Y la última medida es regularizar la situación laboral de todos lo que trabajan para el sector salud”, indicó el Presidente.
“Estamos haciendo ajustes porque este es un cambio verdadero, es una transformación, algunos pensaron que iba a hacer más de lo mismo, que era un cambio de gobierno; no, es un cambio de régimen y estamos acabando con la corrupción y con la impunidad, y eso hace que algunos no estén del todo de acuerdo porque había una mala costumbre, pero ya llegó el tiempo que todos debemos de portarnos bien.
“Entonces, a veces rechina la apretada, pero ahí vamos. Afortunadamente se están dando los cambios sin confrontación, sin violencia. Una transformación no es cualquier cosa”, aseguró López Obrador.
$160 mil por cruzar a EU a niños migrantes
 |
 |
En el tráfico de personas hacia México, se descubrió que, por lo menos, existen dos organizaciones delictivas que se especializan en el traslado de menores de edad que buscan llegar a Estados Unidos y para lo que sus familias pagan hasta 8 mil dólares, que supuestamente incluyen el costo del viaje y de sobornos.
La localidad de Chalatenango, en El Salvador, es uno de los puntos donde inicia la cadena delictiva en Centroamérica. Ahí, los padres entregan a sus hijos a los integrantes de los grupos delictivos, quienes argumentan que al no estar acompañados los niños recibirán un trato especial en caso de ser detenidos.
En entrevista con El Heraldo de México, Raúl Benítez Manaut investigador del Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM, confirmó que esta es una forma de llevar niños de El Salvador, a Estados Unidos con la intención de que lleguen a Los Ángeles y Texas, donde existen comunidades salvadoreñas para alejarlos de la violencia de las Maras y la pobreza.
“Fui a El Salvador y en una investigación encontré que el costo que pagan los padres de los niños para mandarlos a Los Ángeles, de un pueblo llamado Chalatenango, es de 8 mil dólares, que incluye el soborno de las autoridades migratorias para poder pasar”, destacó
Hasta el 25 de junio de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera había presentado 14 denuncias y 37 bloqueos de cuentas relacionadas con tráfico de migrantes.
“La primera etapa, de Salvador a Guatemala, cuesta mil dólares, de Guatemala a la frontera con México otros 2 mil dólares, y el pago fuerte es cuando ya llegan a Estados Unidos”, aseguró Benítez Manaut.
De enero al 10 junio de este año, 52 mil niños no acompañados (en su mayoría que provienen de Centroamérica) fueron atendidos por la Oficina de Reasentamiento de Refugios (ORR) en Estados Unidos, así lo da a conocer el Instituto Migration Policy Institute, de Washington. En 2016, el instituto atendió a 59 mil 170 infantes y en 2014 a 57mil 496, cifras que podrían quedar rebasada este año. El investigador de la UNAM estimó que para el aumento en el número de menores no acompañados se debió tener la colusión de autoridades del INM.
“El que 60 mil niños hayan llegado a EU sin sus papás y que ninguna autoridad mexicana lo haya visto, significa que hay una gran corrupción y que no lo vió ni el Instituto Nacional de Migración ni las policías estatales ni las municipales ni el ejercito ni la marina, hay mucha corrupción en esto”, reiteró.
La Cámara de Diputados solicitó la unificación de integrantes de las comisiones de Asuntos Migratorios, de la Frontera Norte y Sur al órgano creado por el gobierno federal para atender con EU la crisis de personas indocumentadas, informó Julieta Vences, presidenta de la comisión de Asuntos Migratorios.
“Nuestra incorporación permitiría identificar áreas donde son necesarios más recursos o reformas legales, es importante que la visión del Legislativo esté incorporada”, explicó la diputada morenista.
Informó que, a más tardar el 15 de junio, se repondrá la reunión con Francisco Garduño, titular del INM para hablar de sus acciones. Nayeli Cortés
Por Elena Soto
Lupa a ediles: con fondo para seguridad pagan hasta fiestas
 |
 |
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), en el que se maneja una bolsa anual de 84 mil millones de pesos dirigida a las policías locales, se utilizó como “una caja chica” y existió “derroche de recursos”, detectó el Gobierno federal.
“Llegamos al extremo de descubrir que había alcaldes que pagaban sus viajes, sus fiestas y hasta eran padrinos de graduación; realmente todo lo que podían meter lo ingresaban a la cuenta del Fortamun. Se convirtió en una caja chica”, reveló a La Razón el titular del Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), David Pérez Esparza.
 |
Actualmente, dijo, el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que al menos 20 por ciento de los recursos de dicho fondo se destinen “a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública”; sin embargo, “debido a la amplitud del concepto constitucional de seguridad pública esto no necesariamente implica gasto en el crecimiento del estado de fuerza, profesionalización o equipamiento de las policías”.
“La ley es muy abierta sobre el uso de los recursos del Fortamun, entonces cualquier cosa que ellos justifiquen que tendrá impacto en seguridad la pueden hacer, y hay alcaldes que hacen parques, que organizan fiestas infantiles, que pintan paredes o lo usan para pagar su gasolina, y Hacienda los deja porque dicen que es por su seguridad”, indicó Pérez Esparza.
 |
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Alfonso Durazo, presentará hoy un Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que incluye, entre otras medidas, aumentar de 20 a 50 por ciento el gasto etiquetado para seguridad con recursos del Fortamun, con lo que pasaría de 17 mil millones de pesos a 42 mil millones.
Con el fin de evitar el desvío de recursos, se prevén modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal; “proponemos fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción”.
Pérez Esparza detalló que uno de los problemas en el desarrollo de las policías locales es el financiamiento, pues “el estado de fuerza de las policías municipales y estatales está por debajo en casi todos los casos de los estándares mínimos y las limitaciones presupuestales impiden la creación de un salario policial homologado, ofrecer un adecuado equipamiento, así como capacitación”.
Ejemplo de ello es Baja California, cuya fuerza policial es la más baja del país, con 0.3 uniformados por cada mil habitantes, cuando el estándar mínimo es de dos.
“El estado de fuerza de las policías municipales está por debajo de los estándares mínimos y las limitaciones presupuestales impiden un salario homologado, adecuado equipamiento, así como capacitación”
David Pérez
Titular del CNI
Según el documento del nuevo modelo, al que este rotativo tuvo acceso, en México existen 650 municipios sin policías locales; es decir, “cuatro por ciento de la población vive en municipios sin policías”.
CAMBIO EN PUERTa. El titular del CNI reconoció que “la Guardia Nacional no va a ser suficiente si las policías son corruptas e incapaces”, por lo cual el nuevo modelo “pretende reformular a la policía local, que son alrededor de 260 corporaciones municipales, más las 32 estatales”.
De acuerdo con el funcionario, el nuevo modelo impulsa el papel de las policías municipales y estatales en la capacidad de investigación, bajo la conducción y mando del Ministerio Público; implementar mecanismos para materializar la obligación de las policías para recibir denuncias y atender a las víctimas del delito y fortalecer su labor en materia de prevención terciaria del delito, para lo cual se requiere una ley de Justicia Cívica.
“Fortalecer la capacidad de investigación de estas policías (municipales y estatales), con la adecuada capacitación y certificación y la seguridad jurídica de una conducción y mando, adecuadamente reglamentada, permitirá fortalecer las investigaciones y disminuir la impunidad”, explicó.
También prevé digitalizar el proceso para que los policías elaboren su “informe policial homologado” y lo publiquen en tiempo real en la plataforma México, “para ello, ya se inició un periodo de prueba en 15 municipios del país”.
La estrategia busca, en el mediano plazo, que la Guardia Nacional, que opera en todo el país con 70 mil elementos, tenga el apoyo efectivo de las policías estatales y municipales “capacitadas, incorruptibles y eficaces”, para que, en el largo plazo, las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles.
“Éste será el primer esfuerzo en la historia del país que pretende explícitamente mejorar a las policías, y como segundo objetivo que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles”, afirmó.
Gobierno conserva a 423 jefes adjuntos
 |
 |
Juan Luis Ramos | El Sol de México
El gobierno federal mantiene en su estructura 423 direcciones generales adjuntas que, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, serían desocupadas antes del 31 de mayo.
“Ya no hay las direcciones generales adjuntas que se crearon, pero al por mayor en el gobierno de Felipe Calderón; o sea, creció muchísimo el aparato burocrático y sobre todo arriba”, dijo el mandatario el 25 de junio.
La plataforma Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) actualizada al 15 de junio indica que aún están activas 423 plazas de ese tipo, por las que se pagan en total 30.6 millones de pesos al mes por concepto de sueldos netos (después de impuestos).
“Se eliminarán las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que fueron creadas injustificadamente desde el gobierno de Felipe Calderón”, señaló el punto seis del memorándum de austeridad del 3 de mayo firmado por el Presidente, en el que se estableció una serie de medidas de “observancia obligatoria” para la Administración Pública Federal con el objetivo de generar ahorros.
El documento apuntó que la reestructura y el recorte de estos puestos debía darse antes del 31 de mayo y notificar a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública la devolución de las plazas.
La SFP respondió a El Sol de México que está en proceso la revisión del avance del mandato con el resto de las dependencias, aunque no dio fecha de cuándo concluirá el mismo.
Además, indicó que de las 14 plazas de Dirección General Adjunta que aún existen en su estructura, 12 fueron creadas antes del gobierno de Felipe Calderón, por lo que no están sujetas al memorándum, y la otras dos permanecen porque fueron debidamente justificadas por sus funciones para combatir la corrupción.
De las 15 dependencias, 10 respondieron a este diario para argumentar que están en proceso de eliminar tales plazas o que el proceso de reestructura concluirá con la publicación de nuevos reglamentos en el Diario Oficial de la Federación en los siguientes meses.
 |
Fuente: Nómina Transparente de la SFP / Gráfico: Luis Calderón Guerra
Gobernación y Hacienda, ambas con la mayor cantidad de direcciones de este tipo, además de Cultura, Medio Ambiente y Salud, no respondieron.
Las secretarías de Economía (SE) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) señalaron que las plazas ya existían antes de 2006 y otras se justifican porque tienen responsabilidad jurídica elemental para su funcionamiento.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asegura que ya no existen las 43 direcciones generales adjuntas que tenía en su organigrama, aunque la información en la plataforma de la SFP indique lo contrario.
La Secretaría del Bienestar, con 15 direcciones a las que paga un salario promedio de 68 mil 400 pesos, informó que terminarán de extinguirse una vez que se publique el nuevo reglamento de la dependencia, lo que prevé ocurra este mes.
La Secretaría de Energía, que cuenta con 17 plazas de este tipo, con un sueldo neto para cada una de 77 mil 482 pesos mensuales, sólo respondió que está en proceso de estructura.
La Cancillería informó que desde el 1 de julio conserva sólo 12 plazas con ese nivel (de 60 que se muestran en la Nómina Transparente), las cuales tienen un salario promedio de 70 mil pesos mensuales y que quedarán plasmadas en el nuevo reglamento interior de la dependencia debido al nivel de responsabilidad que tienen. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) respondió que de las cuatro plazas que aparecen en el portal de la SFP, dos se desocuparon recientemente y las otras desempeñan actividades sustantivas ligadas al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el reglamento interior vigente, mismo que está en proceso de reestructura.
En tanto, la Secretaría de Agricultura informó que las plazas de ese tipo con las que cuenta (ocho con un sueldo de 62 mil 500 pesos, según el portal de la SFP) fueron creadas antes del sexenio de Calderón, pero que analiza su permanencia.
Finalmente, la Secretaría de Educación Pública indicó que las 18 direcciones generales adjuntas y por las que eroga 1.3 millones de pesos al mes, fueron creadas antes del citado sexenio, por lo que no están obligados a desaparecerlas, y en caso de que se llegaran a eliminar se pondría en riesgo la operatividad de diversas áreas de la dependencia.
Despidos en alta burocracia pegan a salarios ejecutivos
 |
 |
Tres meses temiendo que la siguiente fuera ella. Imaginaba que entrarían a su oficina, con policías, y le dirían que ya no trabaja ahí. En realidad, no fue así como despidieron a la directora general adjunta de Evaluación de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Pero le avisaron de su cese apenas un día antes de que entrara en funciones y la liquidación que le ofrecieron borró 16 años de trabajo.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más de 11,000 funcionarios públicos de alto nivel han sido despedidos, de acuerdo con ID Hunt, firma de gestión de talento de ejecutivos. Con tanta fuerza de trabajo disponible, las empresas han bajado sus propuestas de salario entre 10 y 20%, sostiene Adriana Martínez Guerrero, directora general de la compañía.
Cada inicio de sexenio suele haber despidos por el reacomodo de los nuevos gobiernos. Ante eso, las empresas “son cautelosas para contratar” a directivos, comenta Martínez en entrevista. Pero ahora se conjugan otros dos elementos: una oferta “muy alta de talento” del sector público y el poco gasto de la administración federal.
Muchas empresas tenían como principal cliente al gobierno. Ahora que éste ha cerrado muchos proyectos, la Iniciativa Privada también está teniendo que reconfigurarse, explica. “Es la tormenta perfecta”.
Para Miriam, la exfuncionaria de la SFP, lo de menos son los salarios. “En la Iniciativa Privada no tengo mucho que hacer. El perfil de lo que hacía es muy específico de la administración pública”, dice. Entró a trabajar a esa dependencia hace 16 años, mediante el Servicio Profesional de Carrera.
Miriam ha pedido ocultar su verdadero nombre, pero El Economista ha confirmado su identidad y el cargo que ostentaba. Su recelo se debe a que está en un litigio contra la SFP, pues la liquidación que le pretenden pagar es sólo por dos años de trabajo.
El castigo a los salarios
La abstinencia en el gasto, el hecho de que este gobierno se diga de izquierda y, sobre todo, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, crearon desconfianza en las empresas, opina Adriana Martínez. Por ello, “han puesto pausa a las contrataciones”.
Un gerente de finanzas, por ejemplo, hace un par de años podía ganar entre 100,000 y 120,000 pesos mensuales en la iniciativa privada. Ahora aspira a un rango de entre 80,000 y 100,000, informa la especialista en colocación de ejecutivos. Los puestos más comunes, “como estos, son los más castigados”.
Miriam ganaba cerca de 70,000 pesos al mes en la SFP. Parte de las tareas que coordinaba era la evaluación de 285 instancias públicas. Con su equipo, desarrolló una metodología para saber cuáles tenían mejor desempeño y cuáles peor. De hecho, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tenían un proyecto de eliminar o fusionar varias áreas de diferentes dependencias.
Reina incertidumbre
Sebastián es otro funcionario que salió en esta administración. También él prefiere resguardar sus datos reales para evitar obstáculos en su nueva fuente de empleo. De igual manera, El Economista ha confirmado su identidad. Era director de área en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). A él sí le respetaron su antigüedad de cuatro años en el monto de liquidación.
En su opinión, es normal que en un cambio de gobierno salgan y entren nuevos funcionarios. Sin embargo, esta depuración ha sido de mayores proporciones, señala. Coincide con Miriam en que esto ha provocado la pérdida de mucho talento y experiencia, lo cual redunda en el servicio que se está dando a la población.
Cuando él fue despedido el proceso fue “terso”. Las autoridades respetaron sus derechos y su dignidad. Miriam cuenta otra historia, una de incertidumbre por ver “caer” a varios compañeros. Un director, quien estaba bajo sus órdenes, un día de enero pasado llegó a la SFP y los policías no lo dejaron pasar y le informaron que ya no trabajaba ahí. Y esa incertidumbre es también para quienes se quedan, comenta Sebastián. “No saber qué funciones van a desempeñar ahora, sentir que ahora sigues tú, da una percepción de inseguridad muy alta”.
Miriam contrató los servicios del despacho Trusan & Roma, donde han recibido 7,000 casos de funcionarios. De ellos, 3,000 son por despido y, particularmente, 1,500 habían entrado a trabajar por el Servicio Profesional de Carrera.
Los otros 4,000 litigios corresponden a quienes la 4T les redujo el salario, informa Rodolfo Martínez, socio de esa firma. El 90% de estos funcionarios han obtenido una suspensión definitiva, por lo que les tendrán que mantener el monto de lo que ganaban.
blanca.juarez@eleconomista.mx
El derecho a la salud es letra muerta en el país, admite López Obrador
 |
 |
San Cristóbal De Las Casas, Chis., El artículo cuarto constitucional, que habla sobre el derecho a la salud, es letra muerta, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al concluir su visita a siete hospitales de IMSS Bienestar en esta entidad.
En el recorrido que hizo por el Hospital Rural San Felipe Ecatepec, de este municipio, el mandatario recordó que durante mucho tiempo se apostó a la privatización de la salud, con lo que no está de acuerdo, y a hacer negocios.
El artículo cuarto establece que el pueblo tiene derecho a la salud. Y hasta ahora ese artículo es letra muerta, porque hacen falta médicos, especialistas, sobre todo en las comunidades más apartadas, marginadas. Hacen falta medicamentos, que mejoren las instalaciones en unidades médicas, en centros de salud, hospitales, admitió en un video publicado en redes sociales.
Más tarde, en su discurso planteó que para acabar con la corrupción en el país es necesario estigmatizarla, es decir, que sea algo feo, fuchi, guácala. Luego manifestó que hay quienes utilizan de pretexto la austeridad para señalar que no hay medicinas y para no atender a la población en el sector salud.
Y un día después de visitar la comunidad de Guadalupe Tepeyac, donde hizo un llamado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a no pelearse y trabajar en unidad, el mandatario publicó también en redes sociales una fotografía en la que aparece con el subcomandante Marcos (ahora Galeano), Rosario Ibarra, así como Cuauhtémoc Cárdenas y su hijo del mismo nombre, entre otros.
“Ayer (sábado) me regalaron esta foto que fue tomada en 1994 en Guadalupe Tepeyac, Las Margaritas, Chiapas. En esa ocasión el tema fue conseguir la paz. Yo sólo recuerdo que ‘una imagen vale más que mil palabras’”, escribió.
La gira de López Obrador se realizó por hospitales de las regiones Soconusco, Altos y Valles, lo que implicó un recorrido terrestre de cerca de 900 kilómetros.
En el video sobre su visita al área de neonatología del hospital rural, portando un gorro quirúrgico, bata y cubre bocas, resaltó la sensibilidad de enfermeras y médicos, después de que la doctora Claudia Chávez le explicó que ayudaban a mujeres de escasos recursos –la mayoría menores de 18 años– con hijos prematuros o con peso bajo.
Y reiteró sus críticas porque en pasadas administraciones se dedicaron a hacer negocios, a construir edificios, hospitales que dejaron sin terminar. Hay un tiradero de obras por todo el país. Vamos a atender todo esto.
En su discurso, acompañado del gabinete de salud y del gobernador Rutilio Escandón, anunció que se fortalecerá el programa denominado Centro de Atención Rural para Adolescentes (Cara), donde se trabaja en la prevención de adicciones, embarazos, sobrepeso, obesidad y violencia en el noviazgo, para atender a jóvenes con depresión y fortalecer su autoestima, cuando está por iniciar una campaña para reducir el consumo de drogas. Si no lo hacemos será muy difícil resolver el problema de la violencia.
Posteriormente, se trasladó al Hospital Rural de Venustiano Carranza, donde pidió no hacerle caso “a los que difunden rumores porque ahora, si no le dan una medicina en el Issste a un paciente, dicen: ‘Es por la austeridad, lo que ya declaró López Obrador; ya no va a haber medicinas y si no te atiendo es porque desde arriba ya no nos dan nada, ya se acabó’”. Eso es politiquería, consideró al ratificar que no desaparecerá IMSS Bienestar, sino que va a mejorar.
Una vez más el mandatario resaltó que se entregarán los recursos de manera directa a los beneficiarios. Por eso hay algunas protestas, pero ni modo, aunque rechinen vamos a aguantar porque estaban mal acostumbrados.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario