Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Arropan a jóvenes contra las adicciones; plan de prevención, atención y rehabilitación

CIUDAD DE MÉXICO.

Una atención integral que priorice el bienestar de los jóvenes es la apuesta de la nueva campaña oficial contra las adicciones.

La estrategia Juntos por la Paz no sólo incluye mensajes en medios sobre los riesgos de consumir drogas, sino también una convocatoria para que el gobierno y la sociedad trabajen en la recuperación de espacios públicos para la realización de actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas.

Bajo los ejes salud, educación, bienestar, cultura y comunicación, diversas dependencias coordinarán acciones para prevenir adicciones, atenderlas y brindar opciones de rehabilitación física y emocional.

Una de las medidas es la conformación de clubes que escucharán las inquietudes de los jóvenes, les brindarán información sobre adicciones y opciones culturales, educativas y deportivas para alejarlos de las drogas.

Además, los maestros contarán con guías para orientar a los estudiantes. También hay acciones para impulsar la práctica de deportes y actividades que fomenten la inclusión de los jóvenes en la economía.

Nunca más se les dará la espalda. Los abrazaremos y protegeremos para que no se sientan solos, no tengan vacíos y no tomen el camino de las conductas antisociales”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar la estrategia.

JUNTOS POR LA PAZ VA AL RESCATE DE JÓVENES

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la campaña Juntos por la Paz, que busca proteger a niños y jóvenes de las adicciones.

La campaña de la Presidencia de la República busca motivar a los jóvenes de México con valores a fin de que se alejen de las drogas e inicia con la participación de todos los medios de comunicación, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, entre otras instituciones.

López Obrador pidió a los jóvenes no apostar a la felicidad efímera, al lujo barato, ya que eso no es lo más importante en la vida, lo más importante es estar bien con uno mismo y con el prójimo.

Para que no tomen el camino de las conductas antisociales, para no dejarlos solos y que los enganchen y terminen formando parte de la delincuencia de las bandas, que no se confundan, que no apuesten a la felicidad efímera, al lujo barato, la ropa de marca, los carros último modelo, las alhajas, eso no”, detalló el Presidente.

La campaña Juntos por la Paz consiste en la creación de todo un sistema de información para los jóvenes y de atención en módulos para alejarlos de la drogadicción, como se ve en uno de los spots presentados.

Estamos creando una red de clubes para construir la paz, nuestro símbolo es la sombrilla porque representa protección, atención.

Donde veas una sombrilla verde, ahí te van a atender, escucharán lo que piensas, sientes, te van a brindar ayuda, así como información sobre prevención y tratamiento de adicciones, te ofrecerán opciones culturales, educativas, deportivas, en tu localidad”, refiere el spot.

Añadió que su gobierno trabaja para atender las causas de la violencia, entre ellas la desigualdad y el abandono de los jóvenes.

Le tengo mucha confianza a los jóvenes de México y van a tener siempre un lugar especial, nunca más se les dará la espalda, los vamos a abrazar, a proteger para que no se sientan solos, que no tengan vacíos, para que no tomen el camino de las conductas antisociales”, expresó el mandatario federal en conferencia de prensa.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que es una estrategia nacional de prevención de adicciones con énfasis en niños, niñas y juventudes y con un enfoque de género.

El vocero Jesús Ramírez dijo que “estamos convocando a los padres de familia, maestros, trabajadores sociales, médicos y a toda la sociedad, a los artistas, los creativos, para sumarse a este esfuerzo de recuperar la capacidad que tengamos para decidir sobre nuestra propia vida y transmitir a los jóvenes esta posibilidad.”

Corte admite recursos del ‘ombudsman’ contra la Guardia Nacional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó analizar la constitucionalidad de las leyes de la Guardia Nacional y la general del Sistema Nacional de Seguridad, promulgadas en mayo pasado y que normarán la labor de los 150 mil elementos que integrarán la corporación, debido a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) las impugnó por considerar que contienen omisiones que pueden ser violatorias de garantías. En las acciones de inconstitucionalidad que promovió se establece que los legisladores que promulgaron estas legislaciones incurrieron en serias omisiones, puesto que no se incluyeron reglas suficientes para regular la nueva institución policiaca. 

De acuerdo con el organismo nacional, la base jurídica que regulará la actuación de los elementos “es demasiado general, no específica”, por lo que en los hechos su aplicación puede traducirse en violaciones a los derechos humanos durante las tareas de seguridad pública que realizarán los militares, marinos y policías federales que la conforman. 

 En los documentos que el 26 de junio pasado entregó el ombdusman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que en estas leyes no se contemplan algunos criterios para el actuar de los cuerpos de seguridad, que sí están plasmados en la Constitución, por lo que debieron ser reguladas por los legisladores. Con estos argumentos promovió la acción de inconstitucionalidad 62/2019 contra las leyes de la Guardia Nacional, y la 66/2019 contra la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, que tienen fallas de origen en el Senado. 

Ayer, a partir de los planteamientos que presentó la CNDH, en la lista de notificaciones de la Corte se informó que uno de los ministros aceptó a trámite las controversias constitucionales para analizar la legalidad de las normas impugnadas. Como establece la ley, la decisión de la Corte de admitir de estos recursos será notificada al Ejecutivo federal, así como a las cámaras de Diputados y Senadores, que están obligados a rendir un informe en un plazo de 15 días hábiles después de que surta efecto el aviso legal del acuerdo. Para analizar la legalidad, la SCJN pidió al Poder Ejecutivo federal que le remita “un ejemplar del Diario Oficial de la Federación en el que se publicó en decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional”. 

Requirió a los integrantes de ambas cámaras “entregar copia certificada de todos los antecedentes legislativos de la norma general impugnada, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes del órgano legislativo, y los diarios de debates”. Los abogados de la CNDH también presentaron el 26 de junio pasado otras dos acciones de inconstitucionalidad, para que los ministros del alto tribunal invaliden algunos artículos de la Ley nacional sobre uso de la fuerza y de ley nacional del registro de detenciones, aunque en estos casos la Corte aún no decide si los analizará. 

González Pérez explicó que el recurso contra la Guardia busca dar mayor certeza posible a los agentes y a la población, porque hay aspectos dubitativos en la ley y pueden dar pauta a cuestiones discrecionales. “Reconocemos que hay un avance importante en esas leyes, lo que tenemos que buscar es la mayor certeza. Observamos circunstancias que establecen los artículos constitucionales que no fueron regulados en las leyes. 

No estamos impugnando la totalidad de las leyes”, indicó. El ombudsman dijo que la ley de la Guardia establece la participación en auxilio, pero no quedan claros los alcances; por ejemplo, en apoyo a migración. CLAVES APROBACIÓN El 21 de mayo pasado, con 429 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de la Guardia Nacional y entró en vigor el 27 por decreto. FACULTADES Otorga facultades de salvaguardar la vida de las personas, investigar delitos, hacer detenciones, operaciones encubiertas e intervenir comunicaciones.

 ANULACIÓN En la acción de inconstitucionalidad 62/2019, la CNDH demandó anular el estatuto “en su integridad por omisiones legislativas relativas en ejercicio obligatorio”.

Se dividen policías; unos van por su liquidación

Cansados de reuniones entre sus representantes y funcionarios sin llegar a propuestas que los satisfagan, un par de centenares de policías federales rebeldes se han mantenido en el Centro de Mando de Iztapalapa, Contel, y piden ser indemnizados como punto básico de sus exigencias. La petición aborda la salida laboral que el gobierno ya ha abierto, pues instruyó a Hacienda y a la Secretaría del Trabajo a establecer mesas para dar la salida vía liquidación, aunque también se les mandó el mensaje a los inconformes de que el gobierno federal no quiere que se queden sin empleo.

Las primeras muestras de división interna entre los federales rebeldes se dieron desde hace un par de días, pero ahora es evidente que hay quienes quieren mantener sus prestaciones al saltar a la Guardia y hay otro sector que está buscando recibir la mejor liquidación posible. Los federales representantes ante las autoridades sufren continuamente por esta situación, ya que las solicitudes de destitución aparecen cotidianamente.

Una parte de los federales rebeldes han pedido dejar claro que no se trata de una liquidación en sí, (es decir, que se les paguen los adeudos y partes proporcionales de sus prestaciones), sino que se trate de una indemnización por la desaparición de su fuente de trabajo, la Policía Federal.

Los enviados a las reuniones sostenidas con autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre ellos Luis Ojeda, mencionaron que en los próximos días se iba a realizar una especie de feria del empleo en las instalaciones del Contel y aseguro que “las autoridades no quieren que ningún integrante de la Policía Federal pierda su trabajo, lo que piden las autoridades es que lejos de que los inconformes opten por ser liquidados.Tomen como mejor opción enlistarse en otra dependencia del gobierno de las opciones dadas”. 

Entre las divisiones de la corporación ofrecidas a los inconformes están: Áreas de Protección Federal, Aduanas, Migración, Unidad Antisecuestros, Unidad de Búsqueda, Medidas Cautelares, Sistema Nacional de Seguridad Pública o Sistema Penitenciario.

El vocero de los agentes indicó que la demanda de pasar a la Guardia con todas las prestaciones que tenían en PF es inviable y que era mejor pensar en las opciones para integrarse a otra área de seguridad. La división al interior del grupo de inconformes se hizo patente al escuchar esto e incluso hubo quien pidió remover al grupo de representantes que habían traído estas noticias.

Alternativamente, el gobierno federal ofrece que quienes no pasaron los exámenes de ingreso a la Guardia Nacional o que no deseen pertenecer a ella, pueden pedir su incorporación a cualquiera de las áreas regionales, científicas, antidrogas, de investigación e inteligencia. Son las áreas que se incorporarán tardíamente a la Guardia, en diciembre a más tardar, según un cronograma al que Crónica tuvo acceso.

En las mesas de negociación, siempre según los voceros de los federales rebeldes, se ofreció girar instrucciones a los mandos militares de la Guardia para que los policías sean tratados de manera imparcial, y que las condiciones laborales sean las mismas para los exmiembros de la Policía Federal que para los militares.

De igual forma, se instalarán 32 mesas de trabajo, una por estado, para que los elementos en el interior del país puedan solicitar la información detallada de los avances en las negociaciones.

Piden que a quienes se integren a las distintas dependencias de gobierno se les ofrezca el respeto a su antigüedad, servicio social, sus prestaciones y su plaza permanente y que se les respete el salario que se les da actualmente como elementos de la Policía Federal.

Sin embargo, dijeron que las propuestas del gobierno son muy similares a las que ya se les habían hecho, por lo que mantendrán las reuniones para exigir que se les dé, de ser el caso, un retiro digno en el que no exigen una liquidación sino una indemnización.

Comen con $48 al día mujeres en refugio

El gobierno federal designa sólo 48.5 pesos diarios para atender a cada una de las 25 mil mujeres que se encuentran en los refugios contra la violencia, cuando el costo real es de 800 pesos por cada una al día, de acuerdo con información de la Red Nacional de Refugios (RNR).

El lunes, el gobierno asignó una partida de 293 millones 804 mil 62 pesos para cubrir por ocho meses de servicios en estos centros, sin embargo, la cantidad resulta insuficiente.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR) reconoció que una mujer o niño atendidos en los refugios y centros tiene un costo de 800 pesos al día, con lo que se cubren las tres comidas diarias y dos colaciones que reciben, más la nutrióloga que requieren para equilibrar su dieta.

Esto significa que cada una de las personas atendidas requiere, en ocho meses 193 mil 600 pesos, por lo que el presupuesto otorgado queda muy por debajo del necesario para la atención completa.

Sin embargo, si hablamos de los 293 millones 804 mil 62 pesos, divididos entre las 25 mil personas que requieren atención, entonces el monto es de 11 mil 752.1 pesos lo que se estaría otorgando por persona en ese periodo.

Es decir, para cubrir la atención completa de una persona durante un año, bajo el cálculo de Figueroa, se necesitan 193 mil 600, por lo que faltarían 181 mil 847.9 pesos.

“El tema de violencia para las mujeres no son suficientes los recursos porque requieren una atención especializada y recibir cirugías, tratamientos médicos, y al hacer un cálculo, no hay recursos suficientes para reparar las secuelas de la violencia, pero si haremos una optimización de este recurso”, afirmó.

También explicó que en los 45 refugios y 24 centros de atención externo (espacios temporales que ofrece servicios de protección, alojamiento y atención, a mujeres, sus hijas e hijos que viven en situación de violencia familiar o de género extrema), requieren para su funcionamiento entre tres y seis millones de pesos anuales, dependiendo la región en la que se encuentren, la capacidad instalada que tenga, y el personal autorizado.

Reconoció que en los seis meses que no recibieron recursos dejaron de dar atención, dos refugios y dos centros de atención externos, ubicados en Guanajuato y Puebla, respectivamente, y en otros se afectaron algunos servicios.

“Hasta hoy se atiende de la misma manera con la misma calidad a las mujeres, pero con limitaciones. En lugar de dar cuatro terapias, se pueden dar dos terapias en las terapias; en lugar de dar cinco talleres de autogestión económica, solamente das uno. Pero la atención médica, psicológica y jurídica se sigue dando con compromiso”.

Reconoció que año cada año trabajan así, con recursos insuficientes, sin embargo, lo que ha distinguido a esta de la anterior administración es el retraso de seis meses en liberar el presupuesto.

“Los anteriores gobiernos y este han demostrado que las mujeres no somos prioridad en su agenda política, y realmente se priorizan procesos burocráticos y administrativos más allá de los derechos humanos”.

Por su parte, Sofía Granados, subdirectora de información de la Secretaría de Salud, aseguró que en esta administración no se redujo el presupuesto a los refugios, sólo se postergó el pago seis meses.

Por Elena Soto

Arranca Gobierno liquidación de la PF; rebeldes negocian

En los avances de la mesa de diálogo entre autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y policías federales que se rehúsan a adherirse a la Guardia Nacional, representantes del Gobierno federal instaron a los uniformados a enlistarse a alguna de las opciones para seguir laborando en vez de pedir liquidación.

Dichas opciones son Protección Federal, Aduanas, Migración, Unidad Antisecuestros, Unidad de Búsquedas, Medidas Cautelares, Sistema Nacional de Seguridad Pública o Sistema Penitenciario, las cuales se ofrecerán en la oficina de transición, donde se ofrecerá información de carácter jurídico.

Dichas mesas fueron instaladas para liquidar en un plazo de 18 meses a la Policía Federal e integrarla a la Guardia.

Ayer, autoridades federales indicaron que respetarán salarios, antigüedad y prestaciones sociales. Sin embargo, dejaron en claro que el bono de operatividad se cancela, pues no es una prestación.

En el tercer día de protestas en el que federales mantienen tomado el Centro de Mando y Control en Iztapalapa, los elementos de la Policía Federal (PF) dijeron que las propuestas son muy similares a las que ya les habían hecho, por ello exigieron en la mesa de trabajo una indemnización y no una liquidación.

En entrevista con La Razón, el abogado y presidente de la organización Ciudadanos Uniformados, Iván Chávez, informó que “el fondo del conflicto es que en el acuerdo del 28 de junio, emitido por el Presidente de la República, no se plasmó que los agentes iban a seguir con sus mismas prestaciones; ése es el meollo del asunto”.

Dijo que hasta el momento la incertidumbre jurídica es la que tiene a los elementos en la protesta dentro de las instalaciones; además, aseguró que la manifestación ya está divida entre los que quieren entrar a la Guardia Nacional y los que quieren su liquidación en términos de una indemnización. “Que se les paguen 20 días de salario por año de servicio, más sus 12 años de prima de antigüedad, más el finiquito que en derecho corresponda. En renuncia voluntaria sólo tienen derecho a finiquito”.

Aseveró que los agentes que quieran continuar deben entrar a un proceso de evaluaciones y, en caso de reprobar, tienen que adherirse a una de las opciones que brinda el Gobierno federal.

“Ellos piden pasar a esas opciones con sus prestaciones y con el bono de riesgo de nueve mil pesos al mes; el cual ya se quitó”.

En un recorrido por las instalaciones de la PF en Iztapalapa se pudo comprobar que sí hay división entre los elementos, debido a que los representantes pidieron que no se hable con nadie externo para que no haya filtraciones. “Pues nos dijeron que ya no digamos nada porque los representantes son los únicos autorizados, aunque ellos mismos no especifican si habrá solución, ni si hay aumento; no hay certeza”, explicó Armando “N”, quien lleva siete años en la corporación y dos días acampando en la explanada del lugar.

“Yo ni siquiera pasé el examen de la Guardia Nacional, porque estoy gordo y tengo 47 años. Si me voy a otra corporación no sé qué vaya a pasar después de los 18 meses en que se concluye el proceso. No sé si me bajan el sueldo o me corran después”, dijo el comandante Olmos, con 12 años de servicio.

Además, los elementos aseguraron que los compañeros que ya se encuentran en la GN han sido maltratados, humillados y señalados por los militares, ya que, dicen, buscan hartarlos para que abandonen la institución.

El Dato: El Presidente acusó que en las protestas había “mano negra”, pues dijo que había injerencia de exfuncionarios, lo que los uniformados negaron.

“Se dice que los quieren reventar porque se burlan de ellos, les dicen que no hay lujos, hoteles o comida como a lo que están acostumbrados, además de que se burlan porque les dicen que acá se duerme en el suelo y se come lo que hay”, acotó Pedro “N”, quien sólo espera su indemnización para regresarse a Veracruz, de donde es originario.

Félix, Alfredo y Cornelio dijeron que aún no saben en qué van a trabajar en el futuro, pero aseguraron que en la PF ya no hay futuro.

“De hambre no nos vamos a morir; aparte, nos costó estudiar la licenciatura para terminar trabajando, con todo respeto, con elementos que tienen menos grado de estudios”, coincidieron.

Tras no llegar a ningún acuerdo, los elementos de la PF y las autoridades pactaron retomar las conversaciones hoy a las 10:30 de la mañana.

Piden nombre y cargo de efectivos en protestas

La Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), solicitó a través de un oficio los nombres y cargos de los agentes federales que participaron en las movilizaciones por la transferencia a la Guardia Nacional.

En el documento firmado el 4 de julio por el director general, Enrique Ortiz Torres, se pide de “manera pormenorizada” a los encargados de despacho y coordinadores estatales de la División de Seguridad Regional, “que si el personal adscrito participó o participa en las manifestaciones en diversos puntos de la Ciudad de México o estados”, informen quiénes fueron.

Además, pidió una relación de todo el personal que haya faltado los días 3 y 4 de julio, señalando nombre y cargo. Así como de quienes hayan abandonado su comisión o área de trabajo durante ese periodo.

Y adelantó que revisará “si derivado de las manifestaciones surgió un incidente relacionado con vehículos, instalaciones o bienes de la institución del que se desprenda algún daño o perjuicio”. 

Ejército repartirá los libros de texto; se utilizará red de Diconsa

Alejandro Suárez, Gabriela Jiménez y Rafael Ramírez | El sol de México

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) dispondrá de las redes de distribución de Seguridad Alimentario Mexicana (Segalmex), antes Diconsa, y de la Secretaría de la Defensa Nacional para repartir los libros que le faltan, aseguró Miguel Antonio Meza Estrada, titular del organismo. Y explicó que sólo han distribuido 60 de 174 millones de libros que deben estar disponibles en las escuelas a partir del 26 de agosto.

El Sol de México publicó ayer que los estados preparan estrategias didácticas para enfrentar el retraso, como en Guanajuato, donde trabajan en una guía electrónica con los programas de estudio oficiales.

“Está bien, creo que son decisiones oportunas que se están tomando en un momento difícil”, dijo Meza Estrada, quien incluso pidió que en caso de que al arranque del ciclo escolar alguna escuela no tenga libros, haga la denuncia a alguno de los diarios de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

La distribución va lenta en comparación con otros años. Hasta ayer había un avance de 38 por ciento, cuando en el mismo periodo 2018, los almacenes de los estados tenían más del 70 por ciento de los paquetes.

Explicó que el gobierno federal es el encargado de producir alrededor de 135 millones de libros correspondientes a preescolar y primaria, mientras que el resto (los de secundaria) los compran a editoriales privadas.

“Tenemos 60 millones de libros en impresión, vamos a comprar alrededor de 40 millones de libros de secundaria”, dijo sobre los ejemplares pendientes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es “muy probable” que se entreguen los libros de texto antes de que inicie el ciclo escolar 2019-2020, luego de que en algunos estados los delegados de educación revelaron su preocupación de que no llegarán a tiempo los materiales de estudio.

“Espérense porque todavía falta tiempo y el gobierno es eficiente, porque pues sí, encontramos un elefante echado, reumático y mañoso, pero ya lo pusimos de pie y ya lo empezamos a empujar.

Es muy probable que estén los libros a tiempo”, afirmó el mandatario. López Obrador le quitó la palabra al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma: “Yo le contesto” a El Sol de México .

La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal (Morena), consideró el libro de texto escolar es un apoyo importante, “pero no es la única herramienta a partir de la cual los maestros fundamenten todos sus trabajos, ni tampoco los niños”.

Y destacó que si no llegan los libros no significa que los docentes “no puedan trabajar”.

Piña Bernal garantizó que las leyes secundarias a los ajustes en la reforma educativa que impulsó este gobierno estarán listas antes de iniciar el próximo ciclo escolar.

Revelan lista oficial de libros de secundaria para el ciclo escolar 2019-2020

“Vamos muy bien, vamos recibiendo propuestas de profesores, de organizaciones, de alumnos, de padres de familia; hemos estado durante esta semana, la Comisión de Educación, reuniéndonos con diferentes actores”

Recordó que se tuvieron tres audiencias públicas, una en la Camara del Senado y otra en la de Diputados y adelantó en entrevista con este diario que se tendrá una segunda etapa de audiencias para formular el borrador de las iniciativas que integren todos los puntos de vista.

Giran orden de captura contra Emilio Lozoya y tres de sus familiares

Un juez federal con sede en la Ciudad de México libró una orden de captura en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, tres de sus familiares y de una empresaria de bienes raíces: Marielle Helene Eckes (esposa), Gilda Margarita Austin (madre), Gilda Susana Lozoya (hermana) y Nelly Maritza Aguilera Concha.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el libramiento de este mandamiento judicial, pero no informó los delitos imputados, aunque específicó que se relacionan con las investigaciones por la presunta entrega de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya, para que los beneficiara con contratos.

Tras darse a conocer el libramiento de las órdenes de captura, la defensa de Emilio Lozoya presentó una solicitud de amparo antes jueces federales para que informen al ex funcionario de los delitos que se le imputan a él y a su familiares y pueda tener acceso al expediente que judicializó la FGR.

El abogado Javier Coello Trejo informó que el recurso se presentó sólo en favor de Emilio Lozoya a fin de tener acceso al expediente y conocer las disputaciones una vez que el Ministerio Publico de la Federación rinda su informe justificado.

Mandos de la FGR señalaron que es posible que se haya obtenido la orden de captura por delincuencia organizada, delito que no permitiría la libertad bajo fianza.

La Fiscalía se anota acierto

Lo anterior, con base en lo señalado por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, el pasado 6 de mayo, quien al cumplir 100 días al frente la institución ministerial, señaló: Este caso, tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza, lo inició la Procuraduría General de la República en 2017 y, hasta la fecha, no había dado resultado; razón por la cual la fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en información reciente, y en un plazo de 60 días, se habrá de empezar a judicializar bajo la premisa de una maquinación delictiva en la que pueda aplicarse la normatividad por delincuencia organizada.

Emilio Lozoya Austin ya tiene dos órdenes de captura y ficha roja con la Interpol.Foto Roberto García Ortiz

Con anterioridad, se ordenó la aprehensión del ex funcionario por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dinero que habría obtenido con la compra que hizo Pemex de la empresa Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México, compañía que fue adquirida con un sobreprecio de más de 200 millones de pesos.

Ayer, la FGR dio a conocer que solicitó la colaboración de la Interpol y por ello se emitió la correspondiente ficha roja para que policías de 180 naciones colaboren en la localización y detención de Lozoya Austin, sus familiares y la empresaria inmobiliaria.

La fiscalía indicó que este caso inició en enero de 2017 durante dos años no obtuvo judicialización, hoy se han logrado las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados.

De acuerdo con información de la FGR, en el último año se concretó la entrega de información financiera de instituciones bancarias con sede en Suiza y hace dos meses se llevaron a cabo interrogatorios a integrantes de la empresa Odebrecht que estuvieron relacionados con la presunta entrega de 13 millones de dólares a Lozoya Austin, y con ello se fortaleció la carpeta de investigación. Este asunto ha sido uno de los casos de corrupción de mayor impacto internacional, ya que funcionarios de al menos 12 naciones recibieron sobornos para beneficiar a la petrolera brasileña. En México es la primera imputación que las autoridades realizan de manera penal en el tema.

A Helene Eckes, esposa de Lozoya Austin, también se le investiga por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita provenientes de sobornos relacionados con la compra de Agro Nitrogenados. En cuanto a Gilda Susana existe otro mandamiento judicial en su contra por lavado de dinero, vinculado con Agro Nitrogenados.