Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

EU caza a migrantes con escaneo facial; tecnología de reconocimiento

CIUDAD DE MÉXICO.

El análisis de huellas dactilares ha dejado de ser el principal medio por el cual el gobierno de Estados Unidos identifica a criminales o migrantes ilegales.

Esto, debido a que desde 2011 empezó a perfeccionar la llamada Identificación de Próxima Generación (NGI, por sus siglas en inglés), que se basa en reconocimiento facial y algoritmos de Inteligencia Artificial.

De acuerdo con un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EU sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial y sus aplicaciones, el FBI y el Departamento de Justicia incrementan su base de datos para este fin gracias a cámaras de video, escaneo de licencias de conducir, pasaportes y otros documentos.

El informe, del que Excélsior tiene copia, destaca que en esta “cruzada por la seguridad” participan desarrolladoras de aplicaciones como FaceApp, las cuales ayudan a entrenar a las inteligencias artificiales usadas en este proyecto.

Destaca que, para mejorar la identificación de posibles infractores, el FBI usa fuentes de datos externos que contienen fotografías, teniendo acceso a alrededor de 641 millones de imágenes de gente en el mundo.

RECONOCIMIENTO FACIAL, TECNOLOGÍA CAZAMIGRANTES

Un informe de recomendación de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos sobre el uso de la Tecnología de Reconocimiento Facial y sus aplicaciones, en poder de Excélsior, muestran cómo el FBI y el Departamento de Justicia de EU (DOJ) están trabajando desde 2011 en crear una base de datos para identificar a criminales y migrantes ilegales, gracias al uso de tecnologías en cámaras de video, escaneo de licencias de conducir, pasaportes y otros documentos.

También a esta “cruzada por la seguridad” se suman algunas empresas desarrolladoras de aplicaciones para redes sociales que hacen que los usuarios suban sus fotos para verse viejos, como otro género y hasta cómo eras de pequeño, o apps para citas, a los que llaman “socios externos”, los cuales ayudan a entrenar a las inteligencias artificiales que se usan en este proyecto federal.

Según la declaración de Gretta L. Goodwin, directora de Seguridad Nacional y Justicia en el informe, durante décadas, el análisis de huellas dactilares fue el biométrico más utilizado en Estados Unidos para identificar criminales o inmigrantes ilegales, y vincularlos con cualquier antecedente penal anterior. “Sin embargo, a partir de 2010 el FBI comenzó el reemplazarla con lo que se conoce actualmente como la Identificación de Próxima Generación (NGI, por sus siglas en inglés), que se basa en Reconocimiento Facial y algoritmos de Inteligencia Artificial.”

En el documento también se señala que, para mejorar la identificación de los posibles infractores, el FBI y el DOJ usa fuentes de datos externos que contienen fotografías disponibles en diversos repositorios, teniendo acceso a alrededor de 641 millones de imágenes de gente en el mundo.

Especialistas aseguran que estos repositorios son aplicaciones de empresas que hacen que el usuario suba sus fotos a la red para realizar juegos como “age challenge” o “cómo te verías de hombre o mujer”, cuyos datos recopilados son vendidos al gobierno o a empresas de Inteligencia Artificial, para incrementar sus bases de reconocimiento facial, o entrenar a sus algoritmos y evitar menos errores en la identificación.

De hecho, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, una de las recomendaciones que le hace al FBI, es que de momento no puede usar este tipo de reconocimiento facial por no ser ciento por ciento efectivo aún para identificar correctamente a un criminal o inmigrante ilegal, pues la eficiencia que se tiene de avance en los últimos nueve años es de sólo 85 por ciento, lo que atenta contra la libertad y privacidad de los pobladores de Estados Unidos.

MÁS INVOLUCRADOS

Diversas empresas que desarrollan apps o nuevas herramientas de reconocimiento facial han estado recopilando millones de rostros de personas, muchas veces con su consentimiento implícito al descargar aplicaciones en sus equipos como FaceApp, pues no leen los términos y condiciones de usar esta app.

Para Adriana García, directora general de Symantec en México, las bases de datos se construyen con imágenes de redes sociales, sitios web de fotografías, servicios de citas y hasta cámaras de reconocimiento facial en muchas zonas de Estados Unidos y otras naciones que ya cuentan con la tecnología.

No es nada que no sepamos. Ellos (Estados Unidos) pueden tomar imágenes de cámaras y de repositorios, por el bien del país y crear sus bases de datos para reconocimiento facial. Hoy en día, nuestro rostro es nuestra identidad, y lamentablemente muchas de estas apps que recopilan nuestras caras no son ilegales, pues la gente, al no leer los contratos, ofrece sus datos gratuitamente para mil usos. Es un tema de no ser éticos, más que ilegales”, explica García.

Las recopilaciones faciales están siendo impulsadas por la contienda para crear sistemas de reconocimiento facial de avanzada. Esta tecnología aprende a identificar a la gente analizando tantas imágenes digitales como sea posible mediante “redes neuronales”, las cuales son sistemas matemáticos complejos que requieren grandes cantidades de datos para generar el reconocimiento por patrones.

Gigantes de la tecnología como Facebook y Google han amasado los conjuntos de datos faciales más grandes, los cuales no distribuyen por supuestos acuerdos internos. Sin embargo, otras compañías y universidades han compartido de manera generalizada sus colecciones de imágenes con investigadores, gobiernos y empresas privadas en Australia, China, India, Singapur, Estados Unidos y Suiza para entrenar sistemas de IA.

A principios de julio se dio a conocer que funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han minado bases de datos de licencias de conducir de estados como Washington, utilizando tecnología de reconocimiento facial y analizando millones de fotos de automovilistas sin su conocimiento.

El FBI, tal cual como reporta el informe de la Oficina de Rendición de Cuentas de EU, también lleva casi una década usando ese tipo de sistemas para comparar las licencias de conducir y las fotografías de visas con los rostros de presuntos delincuentes o inmigrantes ilegales, principalmente provenientes de México y países de Centro y Sudamérica.

El problema, acusan activistas de esta nación, es que no hay una supervisión de los conjuntos de datos, aún en las dependencias.

Concluyes que estas prácticas son invasivas y te das cuenta de que esas empresas y agencias federales no respetan la privacidad”, comentó Liz O’Sullivan, quien supervisó una de estas bases de datos en la empresa emergente de inteligencia artificial Clarifai, y quien, según The New York Times, abandonó en enero la empresa en protesta contra ese tipo de prácticas.

En el informe se aclara que de 2011 y hasta mayo de 2016, el FBI y el DOJ recolectaron fotos y videos y la información se mantuvo oculta sin una explicación de lo que se hacía con el reconocimiento facial y cómo fue utilizado, lo que conllevó al llamado de atención.

Condenado ‘El Chapo’, ahora van tras sus ‘millones’

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y agencias estadunidenses rastrean los movimientos bancarios relacionados con Joaquín El Chapo Guzmán, el ex líder del cártel de Sinaloa a quien ayer la justicia de Estados Unidos sentenció a cadena perpetua, la cual cumple ya desde anoche en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. 

Las finanzas del capo sinaloense, de 62 años, recibirán otro golpe con la orden del gobierno estadunidense de recuperar 12 mil 600 millones de dólares por los beneficios que obtuvo gracias al narcotráfico. El día que el juez Brian Cogan puso fin a un proceso que duró dos años y medio desde que El Chapo fue extraditado en enero de 2017, el titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó que también se siguen los movimientos bancarios de sus allegados y posibles integrantes del cártel que lideraba. 

 “Estamos trabajando de forma coordinada con la embajada de EU y las agencias estadunidenses en todos los casos relacionados del señor (Guzmán Loera), estamos en proceso de recepción y análisis de la información con la que se cuenta”, explicó. A su llegada a Palacio Nacional, Nieto dijo que una de las líneas de investigación de la UIF es el combate al narcotráfico, “particularmente con la corrupción que este ilícito está generando en poderes judiciales”. LA SENTENCIA El capítulo de uno de los fugitivos más buscados de EU se cerró este miércoles, cuando El Chapo fue sentenciado a cadena perpetua, tras haber sido declarado culpable de ocho cargos de crimen organizado y narcotráfico, a los que se sumaron 30 años por portación de arma y 240 meses de cárcel por lavado de dinero. 

Al leer la sentencia, el juez Cogan dijo que hubo “montañas de evidencia” que condenaban al ex líder criminal y aseguró que durante el juicio atestiguó “las características criminales más terribles de toda mi vida como juez”. De manera apresurada, Cogan dijo: “Ordeno que al acusado le sean decomisados 12.6 mil millones de dólares”; esta cifra coincide con la propuesta por su superior, el fiscal de Distrito Richard P. Donahue, el pasado 5 de julio. 

La condena impuesta al sinaloense fue celebrada por la justicia de EU, cuyos representantes prometieron seguir luchando contra las drogas y lanzaron una fuerte amenaza a aquellos que quieran ocupar el lugar de capo. Donoghue consideró la sentencia “significativa y bien merecida”, ya que Guzmán “nunca volverá a envenenar las fronteras, haciendo que millones de vidas se pierdan debido a la violencia y adicción por las drogas”, mientras que el fiscal general asistente, Brian Benczkowski, advirtió a los criminales: “Si metes cientos de miles de toneladas de cocaína y otras drogas en nuestro país, te encontraremos, extraditaremos y te procesaremos”.

 “FUE UN ESPECTÁCULO” Antes de escuchar el veredicto, Guzmán Loera tomó la palabra durante 15 minutos, tiempo en el que acusó en español que fue sometido a un trato “cruel e inhumano” durante sus 30 meses de confinamiento en EU, mientras que su defensa consideró que su juicio fue un “espectáculo”. A su salida de la Corte, los abogados defensores adelantaron que apelarán la sentencia y calificaron el proceso de espectáculo, debido a los "problemas significativos que nunca he visto en 28 años". Jeffrey Lichtman ironizó sobre la multa millonaria que se le ha impuesto a su cliente y dijo que es "una ficción, es parte del espectáculo" y acusó que la Corte únicamente tomó en cuenta la evidencia aportada por el gobierno estadunidense y que cinco miembros del jurado violaron la ley. 

En México, el abogado José Luis González Meza envió una carta al presidente de EU, en la que insiste que su cliente fue entregado "ilegalmente" al país vecino y que se han violado sus derechos humanos y leyes de este país al mantenerle preso. Pese a que la defensa pidió que el líder criminal pasara dos meses más en el Centro Correccional de Manhattan, la noche de ayer fue trasladado en avión a la prisión ADX Supermax Florence, según Lichtman. La también conocida como Alcatraz de las Rocosas está construida toda de cemento, incluida la cama, y aloja a poco más de 370 reclusos, quienes pasan 23 horas diarias dentro de sus celdas. El Chapo se encontraba recluido, desde 2017, en el Centro Correccional Metropolitano, ubicado en Manhattan. 

Y ADEMÁS YA LE HACÍAN OTRO TÚNEL EN ALMOLOYA Tras su segunda recaptura, el 8 de enero de 2016, y una vez que fue confinado nuevamente en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, de donde se había fugado seis meses antes, El Chapo Guzmán ya tenía su “plan B” para evadir una vez más la reclusión. En declaraciones a Notimex, Eduardo Guerrero Durán, asesor penitenciario de Nuevo León, reveló que incluso el segundo túnel que mandó hacer el narcotraficante fue detectado en la periferia del penal federal del Altiplano. 

AMLO prepara reforma para blindar Ley de Remuneraciones contra amparos

“Cómo es eso de que me amparo y ya no me quitan mi sueldo”, cuestiona el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno federal contempla ya una nueva reforma constitucional para garantizar que ningún servidor público en el país supere en salario al Presidente de la República.

El planteamiento fue acordado el martes en una reunión del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, con Mario Delgado y Ricardo Monreal, coordinadores de Morena en las cámaras de Diputados y Senadores. El mandatario les pidió no “aburguesarse”.

La necesidad de modificar la Constitución se ha derivado de “chicanadas o interpretaciones torcidas” usadas por altos funcionarios, en especial del Poder Judicial de la Federación (PJF), para burlar las disposiciones en la materia y, mediante amparos, conservar sus sueldos desmesurados.

Se está a la espera de una evaluación técnica sobre qué cantidades se están cobrando y las artimañas empleadas para este fin.

“En un país como el nuestro, el que gana 600 mil pesos mensuales es un corrupto, no se necesita presentar pruebas. Y no es pelearnos con nadie, es ventilar las cosas aquí, todo lo que afecta. ¿Cómo es eso de que: ‘me amparo y ya no me quitan mi sueldo’?”, señaló AMLO.

En septiembre del año pasado el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para solventar una omisión legislativa de más de ocho años en torno a la aplicación del artículo 127 constitucional, el cual refiere: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su cargo, mayor a la establecida para el Presidente de la República”.

Sin embargo, según el tabasqueño, en el Poder Judicial de la Federaciçon le están queriendo dar la vuelta a la ley: “Desde mi punto de vista es muy claro lo que establece el artículo 127, pero si no es así y están utilizando recovecos para conceder amparos y de esta manera enmendar la plana, legislar, que no es función del Poder Judicial, entonces, reforma constitucional”.

El artículo 127 de la Carta Magna y el sexto de la Ley de Remuneraciones, consideran una excepción cuando el funcionario ­desempeña “un trabajo de alta especialización…, y exige para su desempeño una experiencia determinada”.

La petición del Presidente a los legisladores fue: “Que se haga valer la Constitución, y si se está abusando de esta mala interpretación, volver a enviar una iniciativa para reformarla y ser más precisos. Ése es el compromiso que hicimos… La plática de ayer fue para que no nos estemos entumiendo, que no nos estemos aburguesando, nada de conservadurismo ni de política fresa o fifí”.

El gobierno, reveló, realiza ya “una evaluación para ver cómo están quedando las cosas, cuánto están cobrando”. Y pidió, incluso, la intervención de estudiosos de la Constitución:

“Que no vayan a decir que es por la fuerza (el PJF). No, es que estamos viendo que no tienen materia. Me gustaría que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM emitiera una recomendación sobre si es clara la Constitución o hay márgenes para interpretarla de otra manera y haya funcionarios que ganen más que el Presidente”.

Descartó una disolución de la Suprema Corte de Justicia, como lo hizo el expresidente Zedillo en 1995.

—¿No fue un error que Morena enviara una minuta que todos decían era anacrónica y sería debatida en tribunales? –se le preguntó.

—No, eso es excusa. Pero vamos a suponer, aceptando sin conceder, que haya sido eso: lo vamos a corregir, va la nueva reforma.

—Los ministros nombrados ya en la 4T: Juan Luis González Alcántara y Jazmín Esquivel, ganan también 300 mil pesos…

—Por eso se tiene que atender el asunto en general, para todos. No son reformas con destinatarios, es poner orden en esto.

Apoyan con $5 mil al mes a migrantes centroamericanos

Migrantes procedentes de Centroamérica, refugiados en el Albergue Hermanos en el Camino de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, participarán en un plan piloto que implementará el gobierno federal a través del programa de Emergencia Social de la Secretaría de Bienestar Social, donde se prevé que cada extranjero reciba cinco mil 500 pesos mensuales como apoyo.

El sacerdote fundador de este albergue, Alejandro Solalinde, explicó que el proyecto contempla realizar una capacitación laboral a cada una de las personas que se inscriban en el programa y que hayan entrado de manera legal al país, para que puedan recibir estos beneficios.

Solalinde Guerra, explicó que ninguna persona del albergue manejará los recursos, ya que éstos serán administrados directamente por el gobierno federal.

“Nosotros, como parte del albergue, únicamente nos sumaremos a las actividades, porque creemos que esto viene a ayudar a nuestros hermanos centroamericanos”.

La Secretaría de Bienestar explicó a El Heraldo de México que dicho programa piloto es una extensión de Sembrando Vida, mismo que ya se aplica en estados como Chiapas.

Para este caso se prevé que tenga una duración de tres meses, es decir, que cada migrante podrá recibir un apoyo hasta de 16 mil 500 pesos, aunque los beneficiados deberán rentar un espacio para vivir después de recibir el primer pago, para que puedan continuar estando dentro del proyecto.

La dependencia informó que para este caso se realizan dos censos de los migrantes que se desean incorporar al Programa de Emergencia Social mientras esperan su regularización migratoria, a fin de que puedan tener un ingreso económico.

En el segundo censo, explicó la dependencia, se identificará el número y necesidades específicas de cada albergue. El objetivo es contar con insumos suficientes para cubrir las condiciones de seguridad e higiene para los migrantes.

Además, el equipo de la Secretaría de Bienestar tiene acercamientos con los presidentes municipales de la región fronteriza con Guatemala, a fin de que puedan abrir espacios laborales para personas migrantes.

Hermanos en el Camino es el albergue oaxaqueño pionero que se vinculará a la aplicación de este programa, con uno de los centros de ayuda a migrantes con 12 años de recibir hasta mil 200 extranjeros (en su mayoría centroamericanos) por día.

Por José Luis López y Elena Soto

EU condena a El Chapo a cárcel hasta la muerte

Lanzando al aire besos para despedirse de su esposa, y en medio de acusaciones de que no recibió un juicio justo, Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión por una decena de delitos por la Corte Este de Brooklyn, del Distrito de Nueva York, Estados Unidos, por lo que el exlíder del Cártel de Sinaloa terminará sus días con un limitado contacto con otras personas.

Quien fuera el “Enemigo público número uno de Chicago” hasta su captura en 2016, será enviado a una cárcel de máxima seguridad, y se espera que sea el Centro Penitenciario y Administrativo de Máxima Seguridad en Florence, Colorado, conocido como ADX Supermax o el “Alcatraz de Colorado”, donde no ha habido escape alguno desde su apertura en 1994.

En esta prisión están recluidos terroristas como Zacarias Moussaoui, conspirador de los atentados del 11 de septiembre de 2011, y Dzhokhar Tsarnaev, quien puso una bomba en la maratón de Boston.

En este lugar, donde pasaría el resto de sus días encerrado 23 horas al día en una celda de 3.6 por 2.1 metros, sin derecho a visitas ni a realizar llamadas telefónicas, y que además están insonorizadas para evitar el contacto entre reos, se han suicidado al menos seis presos, quienes se colgaron con sus sábanas.

Al llegar a la sala del juzgado de Brooklyn el capo buscó con la mirada a su esposa Emma Coronel. Al verla sentada entre el público, le mandó un beso y se tocó el corazón, aunque ella apenas lo miró.

Tras los aproximadamente 50 minutos de audiencia, se despidió nuevamente enviándole besos. Posiblemente será la la última vez que Guzmán Loera vea a la exreina de belleza, quien tras el veredicto se marchó rodeada por sus abogados y policías, y abordó una camioneta sin ofrecer declaraciones.

En una carta que leyó en la Corte, El Chapo agradeció a sus familiares y abogados, se quejó del trato que recibió en la prisión federal de Manhattan, donde su estancia fue una “tortura psicológica, emocional y mental las 24 horas del día. Lo más inhumano que he pasado. Ha sido una total falta de respeto a mi dignidad humana”.

Denunció que bebe agua “no higiénica” todos los días, que no puede ver la luz del sol y que le duelen la garganta, los oídos y la cabeza debido al aire contaminado que respira, además de no poder recibir la visita de su esposa o abrazar a sus hijas cuando lo visitan en su celda.

En su intervención de 13 minutos, el capo de 62 años de edad acusó al juez Brian Cogan de no haberle dado un juicio justo, pues no investigó exhaustivamente las denuncias de mala conducta de los jurados: “Se me quitó la oportunidad de ser juzgado sólo por la evidencia presentada”.

Y añadió: “Dado que el gobierno de Estados Unidos me enviará a una prisión donde nunca se volverá a escuchar mi nombre, aprovecho esta oportunidad para decir que aquí no había justicia. Quedó en evidencia que Estados Unidos no es mejor a otros países corruptos que ustedes no respetan”.

Al hacer uso de la palabra, el juez Cogan destacó que es posible que Guzmán sea “un buen padre y tenga otros atributos”, pero su “abrumador lado malvado” es muy fuerte.

Finalmente, el capo fue sentenciado a cadena perpetua por nueve cargos de conspiración internacional para producir, importar y distribuir cocaína y otras drogas, así como por lavado de dinero; y por el décimo, uso de armas de fuego, se sumaron otros 30 años.

Además, el juez ordenó como reparación el pago de 12 mil 600 millones de dólares de ganancias mal habidas, la suma que supuestamente ganó El Chapo dirigiendo el Cartel de Sinaloa.

Al concluir la audiencia, el abogado del capo mexicano, Jeffrey Lichtman, adelantó que impugnará la sentencia, ya que Guzmán Loera fue “víctima” de un montaje por parte de otros narcotraficantes que fueron testigos del gobierno, con el objetivo de reducir sus propias sentencias.

“No vengo a decir que Guzmán Loera es un santo, pero solo pedíamos un juicio justo (…) los miembros del jurado mintieron al juez y eso no fue tomado en cuenta”, señaló el litigante.

El Dato: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que trabaja de manera coordinada con EU para detectar posibles operaciones vinculadas a El Chapo.

En el desarrollo del denominado “Juicio del Siglo”, los fiscales presentaron evidencia para demostrar la culpabilidad del capo en los cargos más graves, como el envío de cientos de toneladas de droga de México a Estados Unidos, causar la muerte de personas con el fin de mantener a salvo sus rutas de tráfico y a su persona, así como lavado de dinero, uso de armas y participación en empresas criminales.

Las fugas de El Chapo (quien en su momento fue uno de los más buscados por la DEA) de los penales de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en 2001, y del Altiplano, en el Estado de México, en 2015, contribuyeron a su fama, hasta que fue capturado en 2016 y extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

Pemex censura riesgos para refinería Dos Bocas

Luis Carriles y Juan Luis Ramos | El Sol de México

Petróleos Mexicanos (Pemex) ocultó en la versión pública de su Plan de Negocios 12 factores de riesgo que podrían afectar la construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco.

Una versión sin censura del documento consultada por El Sol de México señala que podrían ajustarse tanto el costo, calculado en 166 mil millones de pesos (ocho mil millones de dólares), como el plazo para terminar la construcción, planeado para mediados de 2022.

El documento considera también que aun con la incorporación de la refinería Dos Bocas en ese año al sistema nacional de refinación, el país no será autosuficiente en cuanto a gasolina, como lo había previsto el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En el año 2023, la participación de la gasolina producida por Pemex en el abasto del mercado nacional (se prevé) alcance casi el 70 por ciento de la demanda esperada", precisa. Es decir, el país continuará importando 30 por ciento.

El calendario establece que una vez que inicie operaciones, en el segundo semestre de 2022 procesará 27 mil barriles diarios de crudo. Para el siguiente ejercicio ese volumen aumentará a 320 mil y que así continúe al menos hasta 2030.

Documento completo / Foto: Especial

En materia de riesgos, la petrolera estatal identifica 12 factores que podrían impactar en la construcción de la planta como desviaciones de costo y tiempo de ejecución de proyectos, retrasos en la contratación de desarrolladores o ajustes en el precio de materias primas y productos.

La deficiencia de los entregables de ingeniería (diseños, planos, etc), colocación de pedidos de compra de equipos críticos fuera de tiempo y riesgos de ejecución por distintos eventos como el desempeño de los contratistas, la disponibilidad de equipos y materiales, o las condiciones climáticas, son otros riesgos a considerar.

Asimismo, el documento advierte que puede haber falta de sincronía con las obras de infraestructura externa que no estará a cargo de Pemex, entre la cual hay obras a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Pemex Logística.

El texto difundido por Pemex bloqueó algunos fragmentos, con el argumento de que contienen secretos comerciales. / Foto: Especial

Para el que será uno de los proyectos estratégicos, el gobierno federal llevará a cabo aportaciones de capital a Pemex por 50 mil millones de pesos en este año; 41 mil millones en 2020; 38 mil millones en 2021 y 37 mil millones en 2022.

El costo total será de 166 mil millones de pesos, según el plan. La obra será coordinada por Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía (Sener), una decisión tomada por el Presidente luego de que en mayo se declaró desierta la licitación a la que se invitó a cuatro consorcios.

Las empresas invitadas calculaban costos y plazos de ejecución mayores a los estimados por el gobierno federal.

Según el Plan de Negocios quinquenal, la obra se realizará en tres fases, la primera será de adecuación del sitio, posteriormente se licitarán seis paquetes que conforman la construcción de la refinería y, finalmente, la realización de obra externa, que se llevará a cabo en conjunto por distintas dependencias federales.

Gobierno buscará que evasores de impuestos paguen rescate de Pemex

Para compensar el faltante de ingresos que tendrán las finanzas públicas como efecto del apoyo fiscal que se le dará a Petróleos Mexicanos (Pemex), el gobierno federal continuará fortaleciendo la estrategia contra evasión de impuestos, con el fin de obtener mayores ingresos tributarios, indica el Plan de Negocios de Pemex.

“El combate a la elusión y la evasión por parte de la autoridad tributaria permitirá compensar los recursos que dejen de percibirse por la implementación de las medidas que beneficien a Pemex”.

Menciona que a partir de este año se estableció una medida en la que se le dio un beneficio fiscal a la petrolera por 30,000 millones de pesos, es decir, es el mismo monto que dejó de percibir el gobierno en sus arcas.

“El objetivo es que el gobierno apoye a Pemex los primeros tres años de la administración para recuperar la producción de petróleo, y, en la segunda mitad, Pemex sea quien apoye al gobierno federal para financiar el desarrollo y el crecimiento económico del país”.

En su Plan de Negocios, indica que Pemex, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos evalúen la migración al régimen de contratos de algunas asignaciones, con el fin de adaptar los términos fiscales para campos con condiciones específicas.

La idea es que se pueda reducir la carga fiscal del impuesto sobre Derecho a la Utilidad Compartida (DUC), el cual pasará de 65% que se tiene en 2019 a 58% en 2020 y a 54% en 2021. Con ello, el costo fiscal sería de 128,000 millones de pesos.

Se abusó de ingresos petroleros

Arturo Herrera, quien fue nombrado como secretario de Hacienda, consideró que una de las principales causas por las que México no se esforzó en recaudar más, es porque se tenían muchos ingresos petroleros.

Comentó que hace algunos años, 8% del Producto Interno Bruto (PIB) provenía de los ingresos petroleros, que, a valor presente, equivale a casi 1 billón de pesos.

“Eso se convirtió en un arma de doble filo, porque si bien fue un privilegio para un país tener estos recursos, por el otro lado se fueron descuidando las capacidades tributarias como país”, dijo el martes pasado cuando compareció en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Recordó que, en la medida en que el complejo de Cantarell se fue agotando, es decir, se redujo la producción petrolera, el país fue teniendo mayores presiones fiscales.

Herrera indicó que la recaudación tributaria en México representa 13% del PIB, lo cual está muy por debajo del promedio de Latinoamérica que es de 17%; “Nicaragua, que tiene un nivel de desarrollo inferior al de nosotros, recauda 16% del PIB”.

Por ello, remarcó que desde la SHCP se están enfocando en que en los primeros tres años se cierren las brechas de la evasión y elusión de impuestos y que el SAT cobre mejor. En la segunda mitad del sexenio, se analizará más a fondo una reforma fiscal.

Los 11 objetivos estratégicos del Plan de Negocios de Pemex:

1. Fortalecer la situación financiera de la empresa

2. Acelerar la incorporación de reservas para asegurar la sostenibilidad de la empresa

3. Incrementar la producción de hidrocarburos

4. Adecuar y modernizar la infraestructura de producción

5. Aumentar la confiabilidad y seguridad de las operaciones

6. Proveer de servicios de coordinación y soporte al negocio de manera eficiente y oportuna

7. Crecer la producción de combustibles y petroquímicos

8. Reforzar la comercialización y contribuir a garantizar el abasto de productos de manera eficiente y oportuna

9. Fortalecer las competencias para incrementar la eficiencia de las actividades operativas y administrativas

10. Impulsar el enfoque de responsabilidad social, minimizar el impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética

11. Asegurar la integridad física de las instalaciones y sistemas de información

Dará tiempo para ver desempeño

Moody’s descarta cambios este año en nota de Pemex

Moody’s esperará hasta principios del año próximo antes de dirigir una acción de calificación sobre las notas del soberano y de Petróleos Mexicanos (Pemex), afirma Mauro Leos, director asociado para América Latina de la agencia calificadora.

Pese a reconocer que el gobierno y Pemex se quedaron cortos en sus estimaciones sobre los recursos que necesita la petrolera para reconstituir reservas y recuperar la producción en el mediano plazo, afirma que no cambia de forma radical el perfil fiscal de las finanzas públicas.

“Es difícil pensar que sólo por ese motivo, por el apoyo del sector púbico al Plan de Negocios de Pemex, cambie el perfil fiscal del gobierno mexicano (...) Queremos ver cómo se desenvuelve la economía y como se van resolviendo las presiones en Pemex”, explica a El Economista.

Desde Nueva York, detalla que “grosso modo lo que plantea el gobierno en el Plan de Negocios es que el apoyo del sector público a Pemex será equivalente a 8,000 millones de dólares. Y la estimación de Moody’s es que se requieren 13,000 millones para cumplir incluso con la estabilización de reservas”.

La diferencia en cuanto a lo que plantea el gobierno y la estimación de Moody’s es de unos 5,000 millones de dólares anuales, esto es cerca de medio punto del PIB. Este diferencial en el cálculo de los requerimientos no genera una presión importante para la evaluación, consigna. Y comenta que están próximos a sostener conversaciones con técnicos de Pemex y del sector público para precisar y aclarar las dudas que sí están surgiendo del análisis del Plan de Negocios.

Objetivos fiscales

El analista de Moody’s sostiene el pronóstico de crecimiento para México en 1.2% con una marginal aceleración para 2010, que llevaría a un avance de 1.5 por ciento.

Dice que si el desempeño de la actividad económica se debilita más de lo previsto, sí sería motivo de una revisión del perfil de crédito soberano, que actualmente se mantiene cuatro niveles arriba del grado de inversión en “A3 con perspectiva Negativa”.

Sin embargo, acota que también se evalúa la situación fiscal del soberano y “podría estar mejor a lo planteado, lo que permitiría que el superávit primario sea de 1 por ciento”. (Con información de Yolanda Morales)

elizabeth.albarran@eleconomista.mx

Cadena perpetua a El Chapo Guzmán

Nueva York. Joaquín El ChapoGuzmán Loera fue sentenciando ayer por un juez federal en Brooklyn a una condena de cadena perpetua más 30 años y la confiscación de 12 mil 666 millones 191 mil 704 dólares por delitos relacionados con el tráfico de drogas en Estados Unidos.

El juez federal Brian Cogan, del Tribunal Federal del Distrito Este con sede en Brooklyn, Nueva York, afirmó que conforme a los estatutos federales estaba obligado a sentenciar al acusado por un mínimo de cadena perpetua. Al señalar la demostración de una maldad abrumadora tan severa en el juicio en torno a los 10 cargos mayores y una cordillera (montaña) de evidencia en el caso, el juez Cogan concluyó con una sentencia total de cadena perpetua y 30 años adicionales.

El Chapo, con nuevo bigote y vestido con un traje entre gris y verde olivo, no mostró gran emoción al escuchar la sentencia. Pocos minutos después, como había hecho una y otra vez durante la sesión final de su juicio, volteó a ver a su esposa, Emma Coronel –posiblemente por última vez–, sentada entre el público y con la mano levantada para despedirse. Guzmán se tocó el corazón, le envío un beso e inmediatamente después desapareció detrás de una puerta de salida escoltado por alguaciles.

Poco antes de que el juez Cogan anunciara su sentencia, y por primera vez en los más de tres meses que duró el juicio, El Chapo Guzmán aceptó declarar ante el tribunal. Con voz a veces titubeante, pero clara, decidió atacar la imparcialidad de su juicio y criticar la decisión del juez de no anular el proceso cuando se divulgó que el jurado había violado las reglas del mismo.

Aquí no hubo justicia, afirmó al leer su declaración escrita, traducida al inglés por un intérprete. Luego de agradecer el apoyo de su esposa, su madre y otros familiares, lo cual, sostuvo, lo ayudó a soportar una tortura durante los últimos 30 meses, detalló que las condiciones de su confinamiento –su aislamiento, la calidad el aire, su privación de la luz solar, la prohibición de poder abrazar a sus hijas y no tener visitas de su esposa– es lo más inhumano que pasado en mi vida y una falta de que se respete mi dignidad humana.

Suponía, agregó, que gozaría de un juicio justo en Estados Unidos, pero lo que pasó fue lo opuesto.

Guzmán Loera indicó que al divulgarse versiones de que el jurado no cumplió con las órdenes del juez y hasta le mintió, usted decidió hacer nada, ya que eso implicaría posiblemente un nuevo juicio. Acusó: quedó claro que Estados Unidos no es mejor que cualquier otro país de los que ustedes no respetan.

Uno de sus abogados defensores, Jeffrey Lichtman, argumentó que el proceso estaba manchado por las versiones de que el jurado no obedeció las órdenes del juez de cómo comportarse durante el juicio, sobre todo evitar ver noticias del proceso, y por ello el tipo de juicio que “él no podría haber obtenido en México… no llegó a cumplir con esas expectativas”.

El equipo defensor declaró ayer que Guzmán Loera apelará del veredicto y la condena, debido a que hubo irregularidades y causas en su juicio suficientes para presentar un argumento ante un tribunal de apelaciones en un intento final por anular el proceso. William Purpura, otro de los abogados de El Chapo,comentó a periodistas que hay posibilidades que esto proceda, pero no muchas: Ciento por ciento de este tipo de casos se apelan, pero 99 por ciento es rechazado.

El equipo de fiscales del gobierno que trabajó el caso estaba visiblemente feliz. En sus argumentos en apoyo de la sentencia afirmaron que la justicia fue servida aquí.

La sesión final del juicio, que duró aproximadamente una hora, incluyó el testimonio en apoyo de la condena de El Chapo de una víctima. Andrea Vélez, asistente de un socio y capo colombiano del acusado, que después se convirtió en informante de la Oficina Federal de Investigaciones, se presentó para ofrecer detalles de su vida cuando trabajó para el capo y, con lágrimas mientras hablaba y veía fijamente hacia al acusado, afirmó: Vengo aquí como milagro de Dios, porque el señor Guzmán intentó matarme. Explicó cómo casi fue asesinada en dos ocasiones. Pero El Chapo casi no le prestó atención, volteando a ver hacia su esposa, poco interesado en Vélez.

Así concluyó un proceso judicial que duró tres meses y acabó con un veredicto de culpable en febrero y con la sesión de ayer, bajo extensas medidas de seguridad visibles e invisibles: detectores de bombas, policías vestidos de paramilitares, alguaciles federales especializados y traslados del detenido en convoy bajo observación de helicópteros.

Se presentaron más de 50 testigos que ofrecieron incontables acusaciones de corrupción de presidentes, jefes de policía, jueces y funcionarios mexicanos de los más altos niveles, así como los nexos, guerras y traiciones entre cárteles y entre familiares, compadres y amantes.

Pero más que nada, para las autoridades y varios medios de comunicación estadunidenses fue un magno espectáculo sobre los peligros emanados de México y su culminación fue festejada por las autoridades como uno de los mayores trofeos históricos de la guerra de Washington contra las drogas.

“El largo camino que llevó a El Chapo Guzmán desde las montañas de Sinaloa hasta el tribunal fue pavimentado con muerte, drogas y destrucción, pero acabó hoy (ayer) con justicia”, afirmó Miran Benckoswski, jefe de la división criminal del Departamento de Justicia en conferencia de prensa con reporteros al concluir la sesión.

Esta sentencia demuestra al mundo que no importa qué tan protegido y poderoso seas, la DEA se asegurará de que enfrentes la justicia, agregó el director en funciones de la Agencia Antidrogas Estadunidense, Utam Dhilon.

Nunca más podrá envenenar nuestro país o ganar millones mientras vidas inocentes son perdidas, afirmó el fiscal de Estados Unidos para el distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, quien señaló que aunque este final no resuelve todo el dolor y la destrucción que provocó el cártel de Sinaloa en el pasado, advirtió que el mismo destino espera a los que tomen su lugar.

A pesar del autoelogio por este triunfo en la guerra antinarcóticos para Estados Unidos, no hay registro de ningún impacto sobre el flujo de drogas ilícitas en Estados Unidos desde que El Chapo fue extraditado y encarcelado en este país en enero de 2017, y antes en México.