Indagan crimen organizado en Odebrecht; fiscal presentará caso a juez federal
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CIUDAD DE MÉXICO.
En un plazo no mayor a 60 días, el caso Odebrecht será presentado ante un juez federal bajo la premisa de que existió delincuencia organizada.
De acuerdo con Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, el caso, cuya investigación inició en enero de 2017, no ha presentado resultado alguno.
“Razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento con base en la información recopilada recientemente”, explicó.
“En un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada”.
Uno de los principales involucrados en las indagatorias es el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien se ha visto beneficiado con amparos por violaciones al principio de legalidad y seguridad jurídica en que incurrió la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
En conferencia de prensa, Gertz Manero dijo que se seguirán respetando los acuerdos realizados por México para no involucrar a ciudadanos brasileños que han colaborado en el caso.
Nuestro país ya firmó un acuerdo con la Procuraduría de Brasil para concederle inmunidad legal a los directivos de Odebrecht, por lo que se adquirió el compromiso de no presentar imputaciones penales contra ellos.
Los Datos
A finales de 2018, la Secretaría de la Función Pública dejó insubsistente la inhabilitación por cuatro años para participar en contrataciones públicas a la constructora Odebrecht.
Quedan otros cuatro expedientes abiertos en los que se ha decretado la inhabilitación por dos años.
Los integrantes del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la CDMX ampararon a Odebrecht por “vicios de fondo” en el procedimiento.
“Hubo en Odebrecht maquinación criminal”
Gertz Manero dice que se ha tenido que reponer el procedimiento con base en información recién obtenida.
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero anunció que en un plazo no mayor a 60 días presentará finalmente el expediente del caso Odebrecht ante un juez federal bajo la premisa de que existió delincuencia organizada.
En conferencia de prensa, Gertz Manero también reconoció que durante las indagatorias y su judicialización se respetarán los acuerdos realizados por nuestro país para no involucrar a ciudadanos brasileños que han colaborado en el caso.
Y es que nuestro país ya firmó un acuerdo con la Procuraduría de Brasil para concederle inmunidad legal a los directivos de Odebrecht por lo que se adquirió el compromiso de no presentar imputaciones penales contra estas personas.
“En este caso tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza, lo inició la Procuraduría General de la República desde enero de 2017 y, hasta la fecha, no había dado resultado alguno, razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente.
“En un plazo que no debe pasar de 60 días se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada”, señaló.
Apenas a finales de 2018, para cumplir la sentencia de amparo de un tribunal federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dejó insubsistente la inhabilitación por cuatro años para participar en contrataciones públicas a la constructora Odebrecht, contenida en el expediente PTRI-S-005/2017.
Sin embargo, aún quedan otros cuatro expedientes abiertos en los que se ha decretado la inhabilitación por al menos dos años y los cuales actualmente están en litigio en diversos juzgados y tribunales federales de la Ciudad de México.
Vicios de fondo
Y es que los integrantes del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México decidieron amparar a Odebrecht por “vicios de fondo” en el procedimiento administrativo que violaron, en perjuicio de la constructora, los derechos de legalidad y seguridad jurídica del artículo 14 de la Constitución.
Uno de los principales involucrados en las indagatorias es el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien en numerosas ocasiones se ha visto beneficiado por la justicia, mediante la concesión de amparos por violaciones al principio de legalidad y seguridad jurídica en que incurrió la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Implicaciones
Según la investigación del caso, Odebrecht estuvo ligada con sobornos por al menos 10 millones de dólares en México, entre 2010 y 2014.
En 2014, Odebrecht ganó la licitación de Pemex, a través de su filial Tag Pipelines, el tramo dos del colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones, donde presuntamente sobornó a funcionarios.
En 2011 se contrató para la construcción del Complejo Petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, donde se implicó a autoridades locales.
Hace unos días se dio a conocer una nueva triangulación de dinero de la constructora brasileña Odebrecht, por más de seis millones de dólares, que habría llegado a México entre los años 2009 y 2011.
ADVIERTEN DELITO DE ESTADO
De acuerdo con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dentro del caso de la llamada estafa maestra se consideró imperativo reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en lo que calificó como un posible delito de Estado.
Para el titular de la FGR este asunto debió de haberse investigado sobre la premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público.
“Los elementos aportados así lo indican; razón por la cual es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de Estado, encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más; razón por la cual se procederá de inmediato a investigar”, puntualizó.
Hasta el momento se han obtenido cinco vinculaciones a proceso y se encuentran pendientes otros procesos.
Juan Pablo Reyes
TIENE REZAGO DE 300 MIL
La Fiscalía General de la República (FGR) heredó un rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver, aseguró su titular, Alejandro Gertz Manero.
Al presentar un informe general de sus primeros 100 días al frente de la institución, detalló una serie de irregularidades y anomalías, que podrían derivar en delitos, en temas como la compra de vehículos terrestres y aéreos, así como la renta de edificios.
Además del rezago heredado, el promedio general de eficiencia terminal favorable en sentencias definitivas judicializadas no alcanzaba más del cinco por ciento.
Por parte de la policía ministerial se heredó un rezago de más de 20 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación.
Notimex
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AMLO busca que Trump financie la Guardia con Iniciativa Mérida
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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador solicitará a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reorientar por completo el gasto de la iniciativa Mérida para financiar la construcción y consolidación de la Guardia Nacional, reveló el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.
En entrevista con MILENIO, Durazo aseguró que la iniciativa, en su forma actual, representa una visión "militar" con la que el gobierno de López Obrador no está de acuerdo, por lo que tiene que modificarse para reflejar la nueva realidad política de México. “Nuestro planteamiento está en destinar los esfuerzos de Iniciativa Mérida bien al desarrollo regional o bien al crecimiento y consolidación de la Guardia Nacional", dijo el funcionario federal. Desde la creación de la iniciativa en 2007, Washington ha invertido más de 3 mil millones de dólares en programas bilaterales de seguridad, desde transferencia de equipo y entrenamiento, hasta financiamiento a organizaciones de la sociedad civil. Aunque no dio detalles sobre cómo se redirigirían los fondos de la iniciativa a tareas de desarrollo o la Guardia Nacional —el Congreso estadunidense tendría que autorizarlo— Durazo confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya comunicó la petición a Washington y que el Departamento de Estado norteamericano ha manifestado "apoyar nuestras propuestas".
Sin embargo, luego de que el Presidente asegurara el pasado 23 de abril que en México "no queremos ya el Plan Mérida", Durazo precisó que se quiere mantener el programa creado durante las presidencias de George W. Bush y Felipe Calderón, pero bajo un nuevo enfoque.
“No queremos un Plan Mérida marcado históricamente por un apoyo de carácter militar, queremos una iniciativa reorientada a la promoción del desarrollo de determinadas regiones y a fortalecer algunas capacidades de la Guardia Nacional, particularmente de carácter presupuestal”, sostuvo. Por otro lado, aun cuando México aceptaría fondos de la iniciativa Mérida para la consolidación de la Guardia Nacional, Durazo rechazó que sea necesario adiestramiento por parte del Pentágono. Destacó que la disminución de 93 por ciento la capacitación por parte del gobierno estadunidense a los soldados mexicanos desde que comenzó el gobierno de Trump —como reveló este diario en su edición del 25 de abril pasado—, se debe a que no es un tema indispensable para la actual administración.
Durazo dijo que la asistencia que pueda fortalecer a México siempre será “bienvenida y no estamos cerrados a recibirla”, pero en el caso de la capacitación a los militares, las secretarías de Defensa y Marina, así como la Policía Federal “tienen capacidad suficiente para atender a la Guardia Nacional”.
Instalaciones locales Durazo dijo que las instalaciones están ya listas en su mayoría, pues en este tema han recibido la cooperación absoluta de los gobiernos estatales que han donado terrenos, adicional a que la Sedena, la Marina y la Policía Federal se incorporará a la Guardia Nacional con el total de sus haberes. Señaló que de las 250 coordinaciones regionales, solo se deberán construir 81 desde cero y estima que estén listas en tres años. Para la iniciar la construcción de estas instalaciones y para el pago de nómina, la Secretaría de Seguridad entregó a la de Hacienda una propuesta presupuestal de 20 mil millones de pesos al año, que ya fue avalada. Por lo pronto, explicó que luego de que la Guardia Nacional iniciara operaciones en Veracruz hace una semana, en todo el país ya están desplegados 61 mil elementos en 51 regiones:
35 mil policías militares, ocho mil navales y en una primera etapa 18 mil elementos de la Policía Federal. En este último caso, se duplicarán en año y medio una vez que concluyan los procesos administrativos de la transición. El objetivo, adelantó, es tener al final del sexenio 150 mil elementos en todo México con base en el promedio de elementos que estima la ONU. Durazo fue claro en advertir que el sueldo para los nuevos elementos no busca competir con lo que puede ofrecer el crimen organizado, pues dijo que este gobierno apuesta en el interés por servir al pueblo, la lealtad a la patria y la honestidad.
Detalló que el personal que ya está en las calles “va a tomar” 584 horas de capacitación “sobre el nuevo sistema de justicia penal, derechos humanos y uso de la fuerza”; mientras que aquellos de nuevo ingreso recibirán cursos por 984 horas. Instalarán en Oaxaca cuatro bases. Buscan mitigar violencia que viene de Veracruz El general de la octava Región Militar, Alfonso Duarte Mujica, anunció que en Oaxaca se instalarán cuatro bases de la Guardia Nacional y adelantó que la primera resguardará la zona limítrofe con Veracruz y estará conformada por elementos de fuerzas especiales.
El mando dijo que los cuarteles de la Guardia Nacional se ubicarán, el segundo, en la región de la Cuenca del Papaloapan, en Tuxtpec; un tercero en San Pedro Mixtepec, en la zona Costera, y el último en el valle Central, en la zona de Tlacolula de Matamoros y en la región del Itsmo de Tehuantepec, en el municipio de Juchitán de Zaragoza. El mando indicó que la presencia de la Guardia Nacional en Oaxaca permitirá cerrar filas contra el crimen organizado, principalmente ante la amenaza que se ha reportado en la zona de Veracruz.
El caso Odebrecht se llevará ante tribunales en 60 días: FGR
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Al cumplir sus primeros 100 días como fiscal general de la República y tras un silencio de tres meses sobre las acciones emprendidas por la dependencia a su cargo, este lunes Alejandro Gertz Manero comunicó que dos de los casos más emblemáticos bajo la lupa de la justicia del país, como son Odebrecht y la Estafa Maestra, se judicializarán ante tribunales como procesos de delincuencia organizada y delito de Estado, respectivamente.
Gertz Manero dijo que sobre el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que extendió sus tentáculos de sobornos en América Latina y que alcanzó a México, confirmó que en un plazo no mayor de 60 días se llevará ante tribunal el proceso con un enfoque judicial y no político, y se hará bajo la premisa de que “fue una maquinación delictiva”.
Destacó que el caso Odebrecht es tan grave para la imagen de México y para su respetabilidad, que por ello se tuvo que reponer en buena parte ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente, toda vez que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que inició la investigación en 2017, no aportó ningún resultado.
El abogado de la nación se refirió al caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y principal implicado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por 10.5 millones de dólares.
El titular de la FGR también aseguró que todo implicado será llevado ante la justicia sin importar su jerarquía.
La empresa Odebrecht confesó a fines del 2016 en una Corte de Estados Unidos que pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir contratos de obras públicas entre 2010 y 2014.
PATRIMONIO. Sobre la Estafa Maestra, dijo que ésta causó daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 800 millones de pesos, y debió investigarse como delito de Estado, ya que el desvío de recursos no pudo ser sólo de 23 casos personales y aislados.
El fiscal recordó que el caso lo inició la exPGR en octubre de 2015 en donde acumuló 21 investigaciones independientes relacionadas con funcionarios de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social; dos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y otras de dirigentes de universidades públicas, asunto en el que hay cinco vinculaciones a proceso; dos audiencias pendientes y cuatro carpetas de investigación pendientes.
INDAGATORIA. “La FGR está reestructurando toda la investigación de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones cuantificó un daño a la nación con saqueos desde el poder público, desde la perspectiva de delincuencia organizada y que posiblemente fue encubierto todo por el Estado y que no pudo ser producto de sólo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros”, dijo el funcionario.
Asimismo, indicó que se llamará a declarar ante el Ministerio Público a quien sea necesario. De acuerdo con la FGR, 11 dependencias del gobierno federal de la pasada administración otorgaron contratos ilegales a 186 empresas, muchas de ellas fantasma, a través de universidades públicas que se encargaron de la subcontratación de servicios.
Por abuso, congelan licencia de parquímetros
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La expansión del negocio de parquímetros en la CDMX está suspendida.
Actualmente, cinco empresas (Soluciones Urbanas Modernas, Mojo Real Estate, Soluciones Pagomet, Proyectos Estratégicos de Estacionamientos y Parquímetros y Operadora de Estacionamientos Bicentenario) se llevan 70 por ciento de los cobros que hacen en alcancías y aplicaciones digitales.
El ingreso de 30 por ciento restante que corresponde a las arcas públicas para mejoras en las colonias donde operan, no está actualizado.
En su sistema de datos abiertos, el gobierno local reporta que en los primeros tres meses de 2019 se realizaron 41 mil 56 transacciones de cobro para ingresar 18.4 millones de pesos, de los cuales 12.8 millones serán para las empresas y 5.6 para la administración local.
En la página de la Secretaria de Movilidad (Semovi), los datos más actuales corresponden a abril de 2018, donde hubo ingresos totales por 139.4 millones. Las empresas –que operan seis polígonos– se quedaron con 97.5 millones de pesos y 41.8 a las arcas locales.
El gobierno capitalino heredó 17 concesiones más para la explotación de nuevas zonas de estacionamiento en vía pública.
Sin embargo, las autoridades suspendieron su puesta en operación. Primero deberán concluir el estudio sobre factibilidad, beneficios a la ciudad y modelo de negocio que se deberá aplicar, pues el actual no convence a los vecinos.
En entrevista, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, expuso que se revisarán esos convenios, pues de entrada se cambió el modelo de Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) a concesión.
Los esquemas de contraprestación, precisó, son ventajosos a las empresas y no para la Ciudad.
“Originalmente no eran concesiones eran PATR y la administración pasada, sin mucha información, las convirtió en concesiones a 10 años.
“Estamos haciendo la revisión jurídica de cómo se otrogaron y en este momento no se está implementando, digamos, esas 17 que se dieron, hasta que terminemos esa revisión”, dijo.
Lajous aclaró que sólo siguen vigentes las cinco que operan.
“Estamos a punto de montar el micrositio para que la gente pueda ver su aplicación”.
La promesa a los vecinos en cuyas colonias se aplican los parquímetros, recordó, es que los recursos se verán reflejados en sus calles.
Embajador de Honduras: flujo migratorio “no es tan abrumador”
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El embajador de Honduras en México, Alden Rivera Montes, afirmó que el aumento de migrantes de esa nación en nuestro país “no es tan abrumador”, y atribuyó esa idea a un asunto de percepción y a la agenda política de Estados Unidos.
“Estamos hablando de un crecimiento de entre 10 y 15 por ciento. Esto se dio porque hemos tenido mayor visibilidad del fenómeno, porque se cambió la forma de cómo se movían, partiendo de una movilidad de pequeños grupos, que eran trasladados por coyotes, a una masiva, a través de caravanas”, afirmó.
En entrevista con La Razón, rechazó los señalamientos del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, quien afirmó que “los países del Triángulo del Norte, en específico Honduras, no han hecho su trabajo de desarrollar sus naciones para evitar la migración”, principalmente de infantes, lo cual, dijo, es una información no precisa, porque su nación sí ha atendido el tema.
“Tenemos una evolución de los flujos migratorios. Eran de hombres, pero ahora 70 por ciento (lo conforman) familias. Lo reconocemos porque hay mucha presencia de menores, pero eso de que no les estamos prestando atención tendríamos que rebatirlo, ya que sí se hacen esfuerzos enormes para recomponer nuestras instituciones”, enfatizó.
De acuerdo con el embajador, uno de los factores por los que los hondureños dejan su país es la violencia; sin embargo, señaló que en los últimos cinco años ésta ha disminuido.
“Teníamos una tasa de 86 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, hoy esa tasa está en 42. Hemos reducido 50 por ciento la problemática y, sin embargo, el fenómeno sigue presente”, explicó.
En opinión del diplomático “la violencia es un factor y no podemos cerrar los ojos”, pero ya no es el detonante principal para que los ciudadanos migren de Honduras; ahora son los salarios hasta cinco veces mejor pagados en Estados Unidos y el reencuentro de familias, de quienes lograron establecerse allá.
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“Hay una brecha de salarios. En Honduras son 400 dólares al mes y en Estados Unidos ganan hasta dos mil; esa brecha es la que detona la migración en el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras)”, precis, al tiempo que reconoció que la falta de oportunidades también se suma a la lista.
Asimismo, el embajador agregó que se trabaja en el desarrollo de Centro-américa, vía el plan de la Alianza para la Prosperidad, que busca atacar las causas estructurales de la migración y en el cual cada nación invierte anualmente dos mil 500 millones de dólares; mientras que México impulsa un plan de desarrollo integral con el fin de crear una zona de prosperidad y de vinculación.
Al respecto, acotó: “Debemos reconocer que está por entrar un nuevo gobierno en El Salvador y habrá elecciones en Guatemala, por eso es necesario un compás de espera para comenzar a definir acciones, porque requiere de largo tiempo y ya no se puede lograr con los gobiernos actuales, pues ya no se les daría continuidad”.
También aseguró que los principales abusos a migrantes en territorio mexicano son los secuestros, la trata y hasta la venta de órganos, mismos que están relacionados con bandas del crimen organizado que operan en México, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Rivera Montes admitió que se requiere “la coordinación entre todos los países para terminar el problema, pues hay una conexión directa entre la Mara y los cárteles mexicanos”.
Cifras oficiales del INM ubican a Honduras como el país que más migrantes aporta al flujo de indocumentados en México.
El Dato: Ayer, la oficina migratoria de Tapachula, Chiapas, reinició servicio luego de un cierre temporal ocasionado por un choque entre migrantes y agentes.
Segob comparte experiencias con Portugal
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, y el Alto Comisionado para las Migraciones de Portugal, Pedro Calado, acordaron compartir experiencias sobre buenas prácticas en migración y derechos humanos.
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La encargada de la política interior del país agradeció la disposición del Alto Comisionado de visitar México y compartir su agenda.Olga Sánchez Cordero con Pedro Calado, ayer. Foto: Cuartoscuro
De esta manerase estableció una jornada de labores de dos días, en la que integrantes de distintas dependencias del Gobierno de México realizarían reuniones con la representación portuguesa y, posteriormente con organizaciones civiles, instituciones académicas y agencias internacionales.
Al respecto, Sánchez Cordero indicó que el objetivo es buscar las áreas que pueden ser replicadas y confió en que los futuros intercambios serán sumamente productivos.
En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, negó persecución migrante y reiteró que el Gobierno de México rechaza la criminalización y discriminación de quienes buscan una mejor vida.
Cae la confianza del consumidor
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Mario alavez | El Sol de México
La confianza del consumidor acumuló en abril su segundo mes a la baja, después de que entre diciembre y febrero marcó máximos históricos, de la mano del inicio de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Aunque el resultado es menor al de marzo, se ubica muy por encima del dato de abril del año pasado
Según la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, los mexicanos son menos optimistas sobre la situación actual de la economía nacional en comparación con la de abril de 2018, y de las posibilidades que tienen los miembros de su familia para comprar muebles, electrodomésticos o televisiones.
La baja en la certeza ocurre en un entorno en el que organismos nacionales e internacionales redujeron las expectativas de crecimiento económico.
El Banco de México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Secretaría de Hacienda prevén un crecimiento económico de 1.6 por ciento en 2019, lejos del cuatro por ciento promedio prometido por el Presidente.
En una editorial, el diario británico Financial Times, advirtió que “la búsqueda autocrática de regeneración de López Obrador corre el riesgo de provocar un deterioro institucional y económico”.
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Fuente: Inegi y Banco de México
“Su imagen de ser un hombre austero del pueblo ha sido un cambio bienvenido. Él ha introducido planes dignos, tales como pensiones más altas y un vasto programa de aprendizaje para jóvenes desempleados. A pesar de los costos, Wall Street ha estado satisfecho con su promesa de mantener el presupuesto equilibrado y las deudas bajas, como sucedió cuando fue alcalde de la Ciudad de México de 2000 a 2005. Sin embargo, éstas son evaluaciones a corto plazo”, detalló el rotativo.
MOODY’S PREVÉ DIFICULTADES
La desaceleración de la economía complicará la agenda política de la administración de López Obrador, pues habrá menos ingresos para concretar sus proyectos económicos, advirtió Moody’s.
El 30 de abril, el Inegi detalló que en el primer trimestre del año la economía creció 0.2 por ciento anual, mientras que al comparar el resultado del periodo eneromarzo con el de octubre-diciembre del año pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0.2 por ciento.
En un comunicado, la agencia señaló que “el débil crecimiento dio lugar a ingresos por debajo de lo presupuestado en enero y febrero, y en respuesta el gobierno recortó los gastos presupuestados”.
“En ese caso, al gobierno le resultaría más difícil cumplir con los objetivos presupuestarios, lo que haría más desafiante preservar su compromiso con la responsabilidad fiscal más allá de 2020, ya que busca equilibrar los objetivos de política económica, que incluye el apoyo financiero continuo a Pemex, una mayor cobertura de programas sociales y un mayor gasto en proyectos de infraestructura, incluida la nueva refinería”, detalla Moody’s.
La calificadora reconoció que las cuentas fiscales son manejables para el periodo 2019-2020, aunque eventualmente la falta de ingresos "generará tensiones”.
MALA RACHA
El mercado bursátil mexicano también fue lastimado por los datos del PIB, pues acumula 10 sesiones consecutivas en terreno negativo en las que el Índice de Precios y Cotizaciones perdió mil 409 puntos, es decir, una caída de 3.09 por ciento.
De acuerdo con Citibanamex, los resultados del primer trimestre de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores estuvieron por debajo de las expectativas. Julio Zamora, estratega en Citi para México, señaló que las débiles utilidades de las empresas ya estaban descontadas por los inversionistas, ante la “lenta actividad económica” del primer trimestre.
En el I Trim, pago de intereses se equipara a la inversión
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En el primer trimestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se gastó casi la misma cantidad en la inversión física (que sirve para crear infraestructura o mantenimiento de la misma) que lo que se destinó en el costo financiero de la deuda (pago de comisiones, interés y amortizaciones).
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto en inversión física fue por 140,954 millones de pesos; mientras que al servicio de la deuda se destinaron 138,831 millones de pesos, es decir, apenas una diferencia de 2,123 millones de pesos.
El gasto en la inversión física registró una reducción de 13.1%; en tanto el costo financiero de la deuda creció 6.1%, con respecto a lo reportado en los primeros tres meses del 2018.
José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), explicó que el crecimiento en el costo financiero de la deuda es resultado de la inercia del elevado endeudamiento que se alcanzó en los dos últimos sexenios.
“La nueva administración tiene que hacer frente a estos compromisos que le son heredados. Anteriormente vimos que el gasto en el servicio de la deuda sobrepasó a la inversión física, pero ahorita están equiparándose”.
Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico de Monterrey, expuso que también influyó el incremento de las tasas de interés que se observaron en el 2018 por parte del Banco de México. “Este incremento ha hecho que el monto del costo financiero no baje”.
A su parecer, no es una buena señal que se esté destinando la misma cantidad al pago de intereses de la deuda que a un rubro que te ayuda a generar crecimiento y productividad.
Menor crecimiento detuvo la inversión
Los expertos coincidieron en que el menor crecimiento en la economía mexicana durante el primer trimestre (-0.2%, respecto al trimestre anterior) limitó los ingresos presupuestarios del gobierno federal, por lo que se destinaron menores recursos a la inversión física.
“Las restricciones en la inversión como al gasto programable se deben a la menor recaudación fiscal que se tuvo en el primer trimestre, la cual fue menor a lo programado, y si a esto sumas el entorno económico externo e interno, implica que el gobierno tuviera más cautela con sus gastos”, dijo De la Cruz.
En el primer trimestre los ingresos tributarios fueron por 857,996.4 millones de pesos. Si bien presentaron un crecimiento de 5.1%, con respecto al 2018, fue un monto menor a lo proyectado, que eran 861,467.2 millones de pesos.
Tenorio consideró que los recursos a la inversión pública están siendo muy castigados por la actual administración, a pesar de que ha indicado que se reforzará el gasto en infraestructura.
“Lo cierto es hay mucha obra pública inconclusa en casi todos los estados. Hay muchos subejercicios, y ello se hace para poder destinar más recursos a los programas asistenciales”.
Para Tenorio es difícil pensar que la inversión pública llegue a representar 5% del Producto Interno Bruto (PIB) como se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo, pues hasta el momento no se ha inaugurado nueva infraestructura y sólo se habla de dos proyectos: Tren Maya y el Istmo de Tehuantepec.
El que menos pierde
El único sector que presentó un incremento en su gasto de inversión física fue el energético, pues creció 18.2%, en términos reales y respecto del primer trimestre del 2018, con lo que erogó un total de 72,408 millones de pesos. Dicho monto representa 51% del gasto total que se hizo en la inversión física, de acuerdo con datos de Hacienda.
El sector de abastecimiento, agua potable y alcantarillado tuvo la mayor reducción en la inversión física con 84.7%, su gasto en dicho rubro pasó de 808.2 millones de pesos a 129.1 millones de pesos.
Lo mismo se observó en el sector de comunicaciones y transportes, ya que tuvo una disminución de 77.9%, al pasar de 13,918 millones de pesos a 3,206 millones de pesos.
En educación, la reducción también fue drástica, pues se ejercieron 152.2 millones de pesos, 68.9% menos a lo que se observó en el primer trimestre del 2018, cuando se ejercieron 473 millones de pesos.
valores@eleconomista.mx
La PGR estuvo al servicio del poder y encubrió delitos: Gertz Manero
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Al hacer un balance de los primeros meses del actual gobierno, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, sostuvo que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público Federal estuvieron vinculados a un modelo de procuración de justicia al servicio de los intereses del poder en el que se encubrieron delitos.
Esta situación se fue agravando en la última parte del siglo pasado y a principios de éste, cuando la institución se convirtió en un verdadero verdugo de sus enemigos políticos, mientras encubría en forma permanente a los cómplices del poder, lo cual llevó al país a un grado de intolerancia, enfatizó.
Destacó que recibieron una institución con rezagos hasta de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación; 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas; con una anarquía en la estructura administrativa que utilizaba la flota aérea de forma irracional, compras millonarias de aeronaves y drones sin justificar las necesidades y beneficios.
Durante la presentación del diagnóstico, Gertz Manero informó que no había un control de las denuncias o querellas interpuestas, ni en la integración de las mismas; incluso, había agentes del Ministerio Público que tenían hasta mil casos y otros agentes ninguno.
Al no tener un control sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones, generó grandes atrasos y rezagos en la atención de denuncias y en la determinación de investigaciones, llegando a un promedio de integración de los casos superior a un año.
Carecían de un sistema efectivo con el que se pudiera comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo que generó un rezago por parte de la Policía Federal Ministerial hasta llegar a tener 28 mil mandamientos ministeriales sin ejecutar. Para el caso de los servicios periciales, el rezago en la emisión de dictámenes era de más de 3 mil.
Se encontró que contaban con 4 mil elementos policiacos en activo, de los que 800 estaban destinados para servicios de protección a funcionarios, ex funcionarios y políticos.
En cuanto a la estructura administrativa, se tenía un número desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía, no había ningún control del gasto corriente autorizado y un descontrol en el uso de la flota terrestre de 4 mil vehículos, entre ellos blindados para el uso de altos funcionarios.
“Se encontraron compras multimillonarias de aeronaves, sin justificar su necesidad ni su costo-beneficio, las cuales se adquirieron a precios evidentemente inflados y con un propósito injustificado.
Entre 2013 y 2015 se realizó una inversión de más de mil millones de pesos en la adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de aeronaves no tripuladas, mediante adjudicación directa, sin contar con un estudio de necesidades y de costos competitivos, ni un informe de resultados que pueda demostrar su utilidad en judicializaciones concretas, indicó.
Por otra parte, la PGR adquirió en octubre de 2013 un avión Bombardier Challenger 605 Transcontinental, con un precio que ascendió a 19.5 millones de dólares, cuando su precio real de comercialización era de 15.5 millones.
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