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| El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, rinde informe a 100 días de la creación de la institución. Foto Pablo Ramos |
Dennis A. García
La Fiscalía General de la República (FGR) heredó una institución –antes PGR- con rezagos de hasta 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación, 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas; con una anarquía en la estructura administrativa que utilizaba la flota aérea de forma irracional, compras millonarias de aeronaves y drones sin justificar las necesidades y beneficios.
Al hacer un balance de los primeros cien días, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero sostuvo que la entonces Procuraduría General de la República y el ministerio público federal estuvieron vinculados a un modelo de procuración de justicia fundamentalmente al servicio de los intereses del poder, periodo en el que encubrieron delitos.
“Esta situación se fue agravando en la última parte del siglo pasado y a principios de éste, cuando la Institución se convirtió en un verdadero verdugo de sus enemigos políticos, mientras encubría en forma permanente a los cómplices del poder; lo cual llevó al país a un grado de intolerancia”, enfatizó.
Durante la presentación del diagnóstico, Gertz Manero informó que se encontró un rezago de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación; no había un control de las denuncias o querellas presentadas, ni en la integración de las mismas; incluso, había agentes del ministerio público que tenían hasta mil casos y otros agentes sin ningún caso.
Al no tener un control sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones, “generó grandes atrasos y rezagos en la atención de denuncias y en la determinación de investigaciones; llegando a un promedio de integración de los casos superior a un año”.
“No existía ningún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo que generó un rezago por parte de la Policía Federal Ministerial, de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación. Para el caso de los Servicios Periciales, el rezago en la emisión de dictámenes era de más de 3 mil”, explicó.
Se encontró que contaban con 4mil elementos policiacos en activo, de los que 800 estaban destinados para servicios de protección a funcionarios, exfuncionarios y políticos.
En cuanto a la estructura administrativa, se tenía un número desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía, no había ningún control del gasto corriente autorizado y un descontrol en el uso de la flota terrestre de 4mil vehículos, entre ellos blindados para el uso de altos funcionarios.
“Se encontraron compras multimillonarias de aeronaves, sin justificar su necesidad, ni su costo-beneficio; y las cuales se adquirieron a precios evidentemente inflados y con un propósito injustificado. Entre 2013 y 2015, se realizó una inversión de más de mil millones de pesos, en la adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de aeronaves no tripuladas, mediante adjudicación directa, sin contar con un estudio de necesidades y de costos competitivos, ni un informe de resultados que pueda demostrar su utilidad en judicializaciones concretas”, indicó.
Por otra parte, la PGR adquirió en octubre de 2013 un avión Bombardier Challenger 605 transcontinental, con un precio que ascendió a 19.5 millones de dólares, mientras que el precio real de comercialización señalado en los sistemas de valuación internacionales era de 15.5 millones de dólares.
La Jornada
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