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| Se encuentran alojados 630 migrantes extracontinentales en la Estación Migratoria Siglo XXI; al exterior, 412 esperan su ingreso para iniciar el trámite. Foto: Cuartoscuro |
La presencia de al menos cuatro caravanas en Chiapas, en espera de regularizar su situación o que avanzan sin documentos por la entidad, elevó las tensiones luego de que el edil de Huixtla, José Luis Laparra Calderón, declarara que el municipio se encuentra en contingencia por la llegada de un grupo de tres mil 200 personas e instruyera a la comunidad a cerrar comercios.
Esta reacción provocó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos abriera una queja en contra de la autoridad municipal, a la que señala por haber dispuesto patrullas para impedir el paso del grupo.
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El INM asegura que todos serán recibidos y atendidos para revisar y regularizar su situación dentro del país.
Éste contabilizó a cinco mil 874 extranjeros, procedentes de Centroamérica, África y el Caribe, en la entidad divididos en cuatro grupos y aseguró que a todos se les atiende para regularizar su estancia en Tapachula, Mapastepec y Huixtla.
En Mapastepec, el INM asegura que atiende en un albergue a mil 632 que solicitaron su tarjeta de visitante regional, la cual, de acuerdo con la normatividad, les permite permanecer en el sureste por cinco años y obtener un empleo, sin la posibilidad de trasladarse a otros estados.
Al segundo grupo lo integran 630 personas y se encuentra en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula; principalmente son africanos que buscan refugio. Un tercer grupo, de 412 personas, se encuentra afuera del lugar, en espera de ingresar para iniciar el trámite.
Un contingente más, de tres mil 200 personas, principalmente centroamericanos, que se dirige a Huixtla, podrá comenzar su papeleo en la localidad a partir de este miércoles, aseguró el INM.
Éste contabilizó a cinco mil 874 extranjeros, procedentes de Centroamérica, África y el Caribe, en la entidad divididos en cuatro grupos y aseguró que a todos se les atiende para regularizar su estancia en Tapachula, Mapastepec y Huixtla.
En Mapastepec, el INM asegura que atiende en un albergue a mil 632 que solicitaron su tarjeta de visitante regional, la cual, de acuerdo con la normatividad, les permite permanecer en el sureste por cinco años y obtener un empleo, sin la posibilidad de trasladarse a otros estados.
Al segundo grupo lo integran 630 personas y se encuentra en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula; principalmente son africanos que buscan refugio. Un tercer grupo, de 412 personas, se encuentra afuera del lugar, en espera de ingresar para iniciar el trámite.
Un contingente más, de tres mil 200 personas, principalmente centroamericanos, que se dirige a Huixtla, podrá comenzar su papeleo en la localidad a partir de este miércoles, aseguró el INM.
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Este último grupo ingresó de manera violenta el pasado viernes y en su trayecto al norte se ha ido engrosando. Respecto a éste, las autoridades federales señalan que “serán recibidos y atendidos”. Se encuentran en un campamento instalado por el INM en proceso de regularización; una vez que se les otorgue la tarjeta de visitante regional con permiso laboral podrán emplearse.
Las cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob) contrastan con las de la CNDH, que hablan de la presencia de ocho mil 800 migrantes distribuidos así: dos grupos en Mapastepec, uno con mil 700 dentro de una unidad deportiva y otro en un terreno aledaño, con mil 500.
En Tapachula, en la estación Siglo XXI reportó dos mil personas, pero no advirtió conteo afuera. En el parque central del municipio registró dos mil, mientras que en el Puente Internacional Rodolfo Robles señaló que había mil 600 migrantes.
Por la tarde, el INM abrió un albergue temporal donde atenderá a mil 500 personas en Tapachula, en respuesta al cierre de la Estación Migratoria Siglo XXI.
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El fiscal general de EU, William P. Barr, ordenó ayer a los jueces de inmigración no permitir que los migrantes que han sido detenidos por autoridades migratorias y solicitan asilo en EU obtengan libertad bajo fianza.
Con esta orden, miles podrían permanecer en la cárcel por tiempo indefinido, mientras esperan la resolución de sus solicitudes. Dicho mandato entraría en vigor en 90 días.
La decisión no afectará a los menores sin acompañantes, debido a un acuerdo judicial que indica que el gobierno no puede detener a los niños más de 20 días.
Con esto se busca cumplir la promesa del presidente Donald Trump de poner fin a la “captura y liberación” de migrantes y desalentar que los indocumentados busquen asilo.
Judy Rabinovitz, subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles, manifestó que se trata de una solución “obscena”.
Con información de Frida Sánchez
La Razón
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