jueves, 21 de febrero de 2019

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.

Desmilitarizan la Guardia Nacional; se alcanzó consenso en el Senado


El gobierno federal, Morena y el bloque opositor acordaron anoche que el mando administrativo y operativo de la nueva corporación sea civil

Foto: Cuartoscuro / Archivo

Leticia Robles de la Rosa

CIUDAD DE MÉXICO.

Todas las fuerzas políticas del Senado y el gobierno federal acordaron, los últimos minutos de ayer, desmilitarizar la Guardia Nacional, por lo que desaparecen la propuesta de una Junta de Jefes de Estado Mayor militar y la sustituyen por una Coordinación Interinstitucional.

La Guardia Nacional se integrará, así, por las policías Militar, Naval y Federal, así como por nuevos elementos de próximo reclutamiento, pero tendrá un mando civil, tanto administrativo como operativo, obligado a coordinarse con los jefes militares y navales, en función de las necesidades operativas del nuevo cuerpo de seguridad.

De igual forma confirmaron la decisión de que los militares sólo estén en auxilio de seguridad durante un máximo de cinco años, amén de que el bloque opositor integrado por el PAN, PRI, MC y PRD aceptaron que los delitos cometidos por elementos de la Guardia serán juzgados por tribunales militares en caso de que se trate de marinos o soldados, pero si son elementos de policía federal serán sometidos a sanciones de carácter civil.

Después de 12 horas de negociación, en la que además de integrantes de la Consejería Jurídica y la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se incorporaron por unos momentos representantes del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de los senadores de Morena, informó que sólo eran dos los temas que todavía no concluían en la negociación.

El primero es la redacción definitiva de la coordinación de mando de la Guardia Nacional, pero ya es un acuerdo la desaparición de la Junta de Jefes de Estado Mayor; y el segundo es un artículo transitorio referente a la homologación de las leyes que aplicarán a la Guardia en tanto no existan las disposiciones reglamentarias que le correspondan.

Aunque Monreal se mostró precavido en torno al éxito de la negociación, informó que el avance es significativo; de hecho, la Mesa Redactora comenzó a trabajar desde las 18:00 horas y no concluirá hasta que quede completamente listo el documento que se entregará a la Mesa Directiva.

Ricardo Monreal confirmó que se fijó la temporalidad de cinco años para el auxilio de los militares en labores de seguridad pública y se incorporaron “los pedimentos que organismos internacionales exigen para la temporalidad”.

Esos pedimentos se refieren a que el mando de las corporaciones de seguridad pública tiene que ser forzosamente civil; que se tiene que profesionalizar a los cuerpos policiacos; una Ley para el uso legítimo de la fuerza y la existencia de un Registro Nacional de Detenidos, para evitar su desaparición.



Va consulta en Morelos pesea asesinato de líder opositor




Ataque. Samir Flores fue baleado en la entrada de su casa ayer por la mañana; el crimen “apunta más” a la delincuencia organizada que al proyecto de la CFE, señala el fiscal estatal. 
Pobladores de Amilcingo siguen el féretro del activista. (Reuters)
David Monroy y Jannet López

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Samir Flores, líder opositor a la termoeléctrica de Morelos, pero advirtió que la consulta sobre la continuidad del proyecto, que se llevará a cabo este fin de semana, no se pospone.

“Lamento mucho lo del asesinato de un dirigente en Morelos, opositor a la termoeléctrica; es un crimen vil, cobarde… la consulta la tenemos que continuar, porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea.

“Ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla, porque no sabemos también con qué intención se cometió este horrendo crimen; a lo mejor, entre las posibilidades, era afectar la realización de la consulta”, dijo.

Y es que Samir Flores, uno de los principales líderes opositores a la termoeléctrica de Huexca y el gasoducto de Amilcingo, fue asesinado la madrugada de ayer en la puerta de su domicilio en el poblado indígena de Amilcingo, en el municipio de Temoac.

El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, indicó que, de acuerdo con los “indicios objetivos” con los que cuenta el ministerio público, el homicidio está más cercano al tema de la delincuencia organizada que a una acción vinculada con su lucha contra el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Precisamente es el modus operandi de la delincuencia organizada... lo digo por el calibre de las armas, encontramos indicios balísticos de calibre de arma corta, de 38 súper, y tenemos conocimiento de la existencia de una cartulina con un mensaje.

“Entonces, la investigación apunta más bien a un tema de delincuencia organizada y no tenemos ningún dato convincente de que tenga que ver con el tema de la termoeléctrica", destacó en conferencia.

El comisionado estatal de Seguridad, José Ortiz Guarneros, detalló que Flores fue asesinado con disparos de arma de fuego cerca de las seis de la madrugada, luego de que los presuntos responsables llamaron a la puerta; la madre de la víctima fue quien abrió y, tras avisar a su hijo, presenció cuando le dispararon.

Pese a recibir al menos dos tiros en la cabeza, el activista fue trasladado con vida al municipio de Jantetelco, para ser internado en el hospital de la localidad; sin embargo, llegó muerto, destacó el funcionario.

Samir Flores, de 36 años, era uno de los más influyentes líderes de la región oriente de Morelos, así como un importante activo social para las comunidades que luchan contra la termoeléctrica de Huexca y se opusieron a la introducción del gasoducto en Amilcingo, infraestructuras que conforman el Proyecto Integral Morelos.

En tanto, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua exigió a López Obrador suspender de forma definitiva la consulta preparada el 23 y 24 de febrero, en la que nueve municipios de Tlaxcala, 15 de Puebla y ocho de Morelos definirán si continúan las obras paradas desde 2007, ante la falta de conclusión en los últimos 100 metros.

Los dirigentes del grupo exigieron al gobierno resolver de forma inmediata el homicidio. Jaime Domínguez Pérez, otro de los líderes, responsabilizó del asesinato a Teresa Castellanos y a sus hijos, a quienes acusó de tener “grupos de choque”.

Indicó que si antes le había pedido a López Obrador que suspender la consulta debido a que es un proceso amañado, las circunstancias que derivan del homicidio de Flores recrudecen el ambiente, continuarán con la división de los pueblos y pueden agravar la situación el próximo fin de semana.

LA CNDH, POR REEVALUACIÓN

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, llamó al gobierno federal a “ponderar y reflexionar” si existen las condiciones para efectuar la consulta tras el asesinato del líder opositor.

Condenó el homicidio y solicitó a los gobiernos federal y estatal implementar medidas cautelares para salvaguardar las vidas, la integridad de familiares y compañeros de lucha del dirigente muerto y una investigación.

También pidió establecer mesas de diálogo y negociación para revisar la conveniencia de realizar la consulta. Recordó que el pasado martes opositores a la obra alertaron de “un clima de hostilidad en las comunidades por la existencia de grupos antagónicos o provocadores”.

En tanto, Morena en el Senado demandó a la Fiscalía General de la República una pronta investigación que llegue hasta las últimas consecuencias para aclarar el asesinato de Samir Flores y evitar que se enrarezca el clima político en el estado ante la consulta ciudadana.

CAMBIO DE PARECER...
DIFERENTES POSTURAS DEL MANDATARIO FEDERAL SOBRE LA OBRA

NO
2014
“Quiero expresarles que vamos a defender con todo a los pueblos, que no queremos ese gasoducto, esa termoeléctrica, y tampoco las minas, que nada más van a destruir el territorio”


2019
“Imagínense dejar abandonada una planta de 25 mil millones de pesos para generar energía. Vamos a buscar un acuerdo, voy a hacer una propuesta a los municipios por donde pasan el ducto y la planta”

Con información de: Francisco Mejía, Silvia Arellano y Angélica Mercado.

Sin licitación abierta, el 99.65% de la obra carretera



MÉTODO. El monto de inversión asignado a esa infraestructura es de $2,273 millones para empresas “invitadas”. MOLESTIA. La CMIC certifica, sin fundamento legal, qué constructora sí y cuál no compite; las grandes, excluidas.

Arturo Ramos Ortiz

Las licitaciones en obras ­carreteras no están de moda en la IV Transformación, pues el 99.65 por ciento de los 2 mil 273 millones de pesos inyectados en este sector en los primeros meses de la administración se entregarán a empresas invitadas, es decir, en procesos sin licitación pública.

De 399 contratos procesados, sólo uno se asignó a través de un concurso público abierto.

La única justificación gubernamental, extraoficial, es que se intenta dotar de contratos a un mayor número de empresas locales y regionales, en lugar de que los grandes constructores del país o las trasnacionales acaparen las obras.

No obstante, empresarios del ramo señalan que los procedimientos están dando un poder excesivo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que se ha colocado, sin fundamento legal de por medio, como el certificador de las empresas que pueden ser invitadas por el gobierno federal. Esta organización representa a una quinta parte de los constructores del país.

El procedimiento de “invitación” consiste en que los funcionarios a cargo del contrato seleccionen a tres o más empresas y que sólo ellas puedan competir por la obra de construcción, mantenimiento o mejoramiento de las vías de comunicación. Este procedimiento, al igual que la adjudicación directa (se elige directamente a una empresa para realizar la obra) debería ser excepcional y con justificaciones de fondo, pero de acuerdo con los datos oficiales de Compranet (Función Pública) consultados por Crónica, son la regla en los primeros meses de la actual administración federal.

Según el nuevo vocabulario gubernamental, al proceso de invitación a cuando menos tres empresas se le ha denominado “licitación restringida”, un término que no existe en las leyes mexicanas. El término de “licitación restringida” apareció en el lenguaje de los funcionarios amlistas a raíz del anuncio de que los contratos de la megarrefinería de Dos Bocas serían asignados sin licitación pública.

A la luz de la Ley de Obras y Servicios Asociados, la adjudicación directa y la invitación a empresas tiene el mismo rango: una excepción que debe estar fundamentada con alguna razón de peso y con esa lógica hizo su promesa el ahora titular de la SCT.

En el caso de las carreteras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 22 delegaciones estatales de esta dependencia encabezaron procesos de contratación en los que, eludiendo la licitación, se invitó sólo a un grupo de empresas.

Se trata principalmente de obras de conservación rutinaria y de reconstrucciones en buena parte del territorio nacional, lo que incluye carreteras y caminos secundarios. Las conservaciones rutinarias de infraestructura generaron 163 contratos. Sólo los trabajos de la carretera entre Nayarit y Sinaloa estuvieron sujetos a licitación, los demás, aunque similares, fueron asignados a empresas invitadas por la delegación estatal ­correspondiente.

El método de invitación para asignar los contratos parece haber tenido una buena intención (aunque no se ha hecho explícito por parte del gobierno federal): ante un eventual acaparamiento de contratos por las constructoras de mayor capital en el país, se pensó que podía invitarse a empresas de carácter local o regional para diferentes tipos de trabajos. Con esta tesis, una constructora pequeña o media de Sinaloa, por ejemplo, estaría así en mayor posibilidad de conseguir contratos en la entidad.

Al respecto, Francisco Gallo, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, advierte que se está materializando un temor que comenzó a hacerse presente el año pasado: las invitaciones están llegando sólo a miembros de la Cámara de la Industria de la Construcción, la que en la práctica está funcionando como instancia de certificación. “Los empresarios tenemos derechos constitucionales para agremiarnos con las organizaciones que mejor nos parezca, no existe una sola organización, existimos otras”, señaló.

Asimismo refirió que “no entendemos el término certificación y tampoco que una cámara avale las designaciones para obras, además de que no existe en la legislación de obra pública mexicana ninguna obligatoriedad de ser parte de una Cámara, se contradice incluso con la Ley de Obra Pública”, señala Gallo.

En el mismo tenor y sobre lo que está pasando en el arranque de la administración, señala que no ve buenas perspectivas para los pequeños y medianos empresarios que él encabeza: “Si ya está destinado el 76 por ciento de la obra del programa anual (carretero)…”

“Nosotros proponemos que se eliminen las adjudicaciones directas y las invitaciones, que haya sólo licitación”, señaló al destacar que solicitaron oficialmente, en dos ocasiones, reuniones con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, sin obtener respuesta positiva.

Desde la etapa de transición, Jiménez Espriú había asegurado que trataría de limitar las adjudicaciones directas, que “sean completamente excepcionales, que todo sea por licitación”.

Con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jiménez Espriú tuvo reuniones e incluso cuando habló de terminar con la corrupción en la entrega de contratos involucró a esta organización en los procesos de verificación de la honestidad del proceder gubernamental.

Gallo está de acuerdo en que el objetivo de eliminar la corrupción era indispensable: “los moches” o comisiones ilegales a funcionarios eran lo que decidía finalmente quién construía una carretera en los sexenios anteriores, pero utilizar la invitación a empresas, a su juicio, va en contra del objetivo: “Aunque no se desee, existe la duda de si (estos contratos) se los están dando a sus amigos, y en este caso se la están otorgando a una organización que no representa ni el 20 por ciento del empresariado (del sector) en el país)”.



Morena saca al PRI votos para la Guardia




Pactan mantener 5 años al ejército en las calles; hoy se vota en Pleno del senadoEl coordinador de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo ayer varias reuniones, una de ellas con el diputado de Zacatecas, Omar Carrera, con quien habló sobre los recursos para el Fondo Minero. FOTO: CUARTOSCURO.COM

IVÁN RAMÍREZ Y RICARDO ORTIZ

Mientras el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, continúa negociando con el bloque opositor —integrado por el PRI, PAN, PRD y MC—, esa bancada ya amarró los votos de algunos priistas para aprobar la Guardia Nacional.

Hasta el cierre de esta edición, los Grupos Parlamentarios ya habían acordado mantener al Ejército en las calles durante cinco años, mientras la Guardia Nacional se consolida.

Sin embargo, aún no logran un consenso sobre cómo se configurará la Junta de Jefes de Estado Mayor, que tendrá el control operativo de la Guardia ni cómo se homologará la reglamentación secundaria.

Consultados al respecto, los senadores del PRI sostienen que definirán el sentido de su voto cuando sepan si se alcanza un acuerdo sobre el tema, pero por las negociaciones con gobernadores priistas que votarán a favor.

Esta semana, 11 de los 12 gobernadores del PRI expresaron su apoyo a la creación de la Guardia Nacional; los legisladores priistas de esas entidades en la Cámara Alta son, al menos, cinco, que provienen de estados como Coahuila, Sinaloa, Guerrero o el Estado de México.

El liderazgo de la bancada, en manos de Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario y Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional del partido, se mantiene en la mesa de negociaciones con el resto de los opositores a Morena.

El miércoles por la tarde, Ricardo Monreal sostuvo que en su bancada se plantean dos escenarios para la aprobación de la Guardia: el primero es conseguir un consenso con la oposición y el otro es votar el dictamen original a reserva de contar con la mayoría calificada en el Pleno.

“Estamos preparados para el plan A, que es el deseable, pero si no ocurre así estamos preparados para el plan B”, dijo Monreal, quien reconoció que si no se alcanza un acuerdo tendrán que enfrentar al bloque opositor en la votación.

La bancada de Morena, compuesta por 59 senadores, llega a este jueves completa tras convencer a los dos senadores de su partido —Nestora Salgado y Armando Guadiana— quienes se oponían a la creación de la Guardia.




ASF: tras reforma educativa de 2013 bajó aprendizaje y creció deserción



David Colmenares (centro), tras entregar el informe, ayer. Foto: Cuartoscuro

Karla López

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que “no existe una mejora generalizada y homogénea en el nivel de aprendizaje de los alumnos de primaria y secundaria”, tras la Reforma Educativa que promulgó hace cinco años la administración del expresidente Enrique Peña.

Comparando los resultados de la prueba Planea 2015, 2017 y 2018, el órgano fiscalizador precisó que no hubo avances porque “persisten brechas significativas entre las entidades federativas”.

En el tercer informe de la revisión a la Cuenta Pública de 2017, que se entregó este miércoles en San Lázaro, se establece que se redujo el nivel de aprendizaje en el nivel básico, la eficiencia terminal y aumentó el abandono escolar.

“La eficiencia terminal en secundaria disminuyó al pasar de 87.7 por ciento en 2013 a 86 por ciento en 2018; y en primaria, de 96.8 a 95.7 por ciento”.

En lo que respecta al abandono escolar en secundaria, éste pasó “de 4.1 por ciento en 2013 a 4.7 por ciento en 2018”. Mientras que en primaria no hubo descenso; permaneció en 0.8 por ciento”.

La ASF también detectó irregularidades en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), mecanismo para administrar la nómina educativa, así como falta de medidas que “permitan asegurar que las plazas de ingreso y ascenso a docentes se otorgaron a quienes obtuvieron los mejores resultados”.

Asimismo, señaló que la ambigüedad del marco normativo, falta de armonización de disposiciones federales, carencia de mecanismos de coordinación adecuados entre autoridades, la falta de un modelo adecuado de evaluación, entre otros factores, “conllevan el riesgo de que, aún con la materialización de la reforma educativa, no se logre mejorar la calidad de la educación”.

En otra revisión, la ASF detectó que el Programa de Escuelas de Tiempo Completo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de 8:00 a 14:30 horas y de 8:00 a 18 horas, no demostró que los alumnos mejoraran en su aprendizaje.

Dicho plan se puso en marcha en 2007, en aproximadamente tres mil planteles, sin embargo, se retomó hasta 2012.

“Después de dos o tres ciclos escolares con apoyos, no se identificaron efectos positivos en el logro educativo de las 894 primarias analizadas, pues la proporción de alumnos en el nivel IV pasó de 4.7 por ciento a 2.9 por ciento en lenguaje y comunicación, y de 11.0 por ciento a 10.1 ciento para matemáticas”, se precisa.

Sin embargo, la ASF señala que los resultados no son sólo atribuibles a la reforma, pues son trascendentales el contexto en el que se ofrece la educación básica y las condiciones de los alumnos.

Asimismo indica que el periodo de su implementación es insuficiente para dar resultados, pues hasta 2018 no se había concretado lo implicado en la modificación constitucional de 2013.

En el informe de Cuenta Pública 2017, la ASF también detectó que en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México “no existió una visión integral del proyecto, lo que incidió en deficiencias y limitaciones”.




Auditoría detecta desvíos por 135.6 mdp en construcción de barda del NAIM




El Informe también subraya que la Sedena "no contó con la capacidad técnica, material y humana para ejecutar de manera directa la obra” 

Foto: Cuartoscuro
Juan Luis Ramos

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que será la encargada de construir el aeropuerto de Santa Lucía, tuvo complicaciones para levantar la barda perimetral del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) durante 2017, lo que implicó anomalías por 135.6 millones de pesos, según el Informe de Fiscalización a la Cuenta Pública.

Además de irregularidades en el uso de los recursos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la Sedena “no contó con la capacidad técnica, material y humana para ejecutar la obra”.

Debido a ello, la Secretaría tuvo que recurrir a terceros para el desarrollo de los trabajos de la barda perimetral. Es decir, subcontrató el equivalente a 79.6 por ciento del importe total.

El Ejército sólo podía ceder 51 por ciento de la construcción.

El costo estimado al inicio fue de mil 547 millones de pesos, al final construir la barda que rodea la obra costó más de dos mil 900 millones de pesos.

La ASF encontró además sobrecostos por más de 60 millones de pesos. Asimismo, otros incrementos en costos debido a cambios en los procesos de construcción por 42.5 millones y reparaciones por 9.6 millones, sin que la obra hubiera sido siquiera entregada.

En enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Sedena construirá las pistas en la base militar de Santa Lucía, que junto con las terminales de la Ciudad de México y de Toluca formarán parte de un Sistema Aeroportuario Metropolitano ante la cancelación del NAIM.

El Informe de Fiscalización a la Cuenta Pública advierte que “la Sedena no contó con la capacidad técnica, material y humana para ejecutar de manera directa la obra” de la barda perimetral en el aeropuerto de Texcoco.

Incluso, tras la revisión de los recursos ejercidos por los militares en el NAIM durante 2017, la ASF determinó 13 observaciones, de las cuales sólo una fue solventada, dos terminaron en recomendaciones y una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

En otro apartado del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, los auditores señalan sobrecostos por 86.8 millones de pesos en las obras de limpieza, nivelación e instrumentación geotécnica de la pista 6, así como la pavimentación de caminos, canales y lagunas de regulación del NAIM, también a cargo de la Sedena.

Las fallas en los contratos del Ejército para el NAIM no fueron las únicas. El Informe de la ASF encontró posibles desvíos por 78.5 millones en los trabajos relativos a la instalación de pilotes para la Torre de Control, el Edificio Terminal y el Centro de Transporte Terrestre Intermodal.

La dependencia constató que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) no ejerció adecuadamente 74.5 millones de pesos en la solicitud de insumos adicionales para pilotes, y por cuatro millones más en la integración de sus precios unitarios no considerados en el catálogo original.

Las irregularidades fueron detectadas tras revisar contratos y convenios del GACM con las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones y Promotora y Consultora de Ingeniería.

Asimismo, el GACM pagó 7.6 millones de pesos que no fueron comprobados por el acarreo y descarga de desperdicios fuera del polígono del NAIM.

La ASF también encontró desvíos por 19.3 millones de pesos en las obras de instalación y medición de instrumentos geotécnicos en las pistas 2, 3 y 6, así como en la realización de estudios del sistema de drenaje pluvial para las intersecciones de infraestructura hidráulica, todos a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.

FALLAS EN OBRAS CLAVE DE EPN

Además de los desvíos en obras del NAIM, el informe da cuenta de irregularidades en proyectos de infraestructura emblemáticos del sexenio de Enrique Peña Nieto.

La ASF detectó, por ejemplo, pagos indebidos por 109.1 millones de pesos en las obras del Tren Eléctrico de Guadalajara.

La dependencia halló que tan sólo en duplicidad de pagos se desviaron 14.3 millones de pesos de la obra, además de pagos no recuperables a los contratistas, quienes cayeron en retrasos de la obra, equivalentes a 53.2 millones de pesos.

Sobrecostos y precios unitarios fuera de catálogo son otras de las irregularidades que la Auditoría detectó en las obras del tren eléctrico de la capital jalisciense

De igual modo, se detectaron irregularidades en cuanto a “trabajos de mala calidad” en el Paso Express de Cuernavaca por un monto de 131 millones de pesos.

Entre las anomalías de la obra que colapsó en julio de 2017 y que costó dos vidas, destacan el ajuste de costos indirectos por un incremento superior a 25 por ciento por diferencia de volúmenes contratados, duplicidades, gastos injustificados e incumplimientos.

“En la revisión de un contrato de obra pública y dos de servicios relacionados con la obra pública en el ejercicio 2017 se detectaron algunas irregularidades en cuanto a trabajos de mala calidad, debido a que cuatro de las 12 columnas de los ejes 2 y 3 de la estructura intermedia del kilómetro 93+857 están desfasadas en relación con el eje del cabezal, e incumplimiento a los términos de referencia y a las especificaciones particulares de los servicios”, advierte el reporte.



Observaciones de la ASF por $68,136 millones




tercer reporte de la cuenta pública 2017

Hay 1,932 pliegos de observaciones que se generan cuando hay la presunción de daños a la Hacienda Pública o al patrimonio.


Héctor Molina

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo entrega del tercer y último paquete de auditorías individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2017, en donde informó que hay observaciones por unos 68,136.5 millones de pesos que las dependencias deben aún de aclarar, además de que se generaron 9,514 observaciones a los entes fiscalizados.

De acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017, los más de 68,000 millones que se detectaron como probables de recuperar por el Estado mexicano, significan un monto menor en 21.7% con respecto a la tercera entrega de la Cuenta Pública del 2016, cuando se identificaron probables recuperaciones por 86,993 millones de pesos.

En total, refiere la ASF en su informe derivados de las Cuentas Públicas del 2001 hasta el 2017, se han recuperado recursos por la acción de la Auditoría por 103,009 millones de pesos.

Ante los legisladores, el auditor superior de la Federación, David Colmenares, puntualizó que en total para la Cuenta Pública 2017 se realizaron 1,675 informes individuales.

“De 1,675 auditorías realizadas, 1,517 se refieren a revisiones de cumplimiento financiero, 150 a auditorías de desempeño y ocho evaluaciones de políticas públicas”.

Sobre las observaciones realizadas, el auditor indicó que, del total, 4,446 corresponden a “recomendaciones, es decir, sugerencias para fortalecer las políticas públicas, la estructura programática, los procesos administrativos y los sistemas de control”.

El auditor indicó que hay 1,932 pliegos de observaciones que se generan cuando hay la presunción de daños a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes fiscalizados.

Además de que se presentaron 2,789 Promociones de Responsabilidades Administrativas. Sobre denuncias penales, Colmenares puntualizó que no se ha presentado ninguna ya que en su periodo al frente de la ASF se entregaron 54 denuncias que tienen que ver con las Cuentas Públicas del 2016 y años anteriores.

Estancias infantiles

De las estancias infantiles, Colmenares indicó que Sedesol (hoy Secretaría de Bienestar), no pudo comprobar que “(éstas) cumplieran con los criterios y requisitos de seguridad establecidos en las reglas de operación.

“El cumplimiento de los criterios y los requisitos de calidad establecidos en las reglas de operación del programa para ser afiliadas, así como la capacitación de los responsables de las estancias en materias como protección civil”, dijo el titular de la ASF.

Otro caso que destacó el auditor fue un fondo que entregaba la Federación al Estado de México, denominado como Programa Diseño de la Política de Ingresos en el Estado de México por unos 1,237.7 millones de pesos los cuales tipificó como recuperables ya que no se identificó para qué se utilizó dicho dinero y el porqué dicho fondo se le entregaba sólo al Edomex.




Entre 2012 y 2017 el SAT dejó de cobrar más de $2 billones por créditos fiscales


David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación, realizó en la Cámara de Diputados la tercera y última entrega de informes individuales de 2017. Los temas a los que se puso especial atención fueron Pemex, la nueva terminal aérea en Ciudad de México y las guarderías.Foto José Antonio López

Méndez y Fernando Camacho

Entre 2012 y 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de cobrar 2 billones 240 mil millones de pesos por concepto de créditos fiscales, que resultaron incobrables o incosteables.

En el tercer informe parcial de resultados de la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) explicó que los impuestos no pagados por los contribuyentes se convierten en créditos fiscales, que deberán ser cubiertos o garantizados. Algunos de éstos son pagados y otros se dan de baja de manera definitiva, ya sea porque el SAT no realiza las gestiones de cobro, aun cuando no se realice el pago correspondiente, precisamente por incobrabilidad, o porque el costo de exigirlos resulta más caro que el propio crédito.

El total a recabar era de $3 billones 352 mil millones

El documento entregado ayer a la Cámara de Diputados precisa que de 2012 a 2017, la cartera acumulada de créditos fiscales ascendió a 3 billones 352 mil millones de pesos, y que en total el SAT sólo cobró un billón 111 mil 458 millones de pesos.

En 2017, las bajas definitivas de los créditos fiscales por parte del SAT ascendieron a 365 mil 139 millones de pesos.

De ese monto, el organismo únicamente obtuvo el pago de 34 mil 239 millones de pesos por parte de los contribuyentes, esto es, sólo 9.4 por ciento, y el restante no fue recuperado, principalmente por incobrabilidad.

La mayor parte de los créditos no cobrados fue responsabilidad del SAT. Eso es, de los 365 mil 139 millones de pesos no recuperados, 217 mil 527 millones de pesos correspondieron a 136 mil 148 créditos centralizados a esa oficina.

El resto correspondió a entidades distintas al SAT: un juzgado de distrito, la Policía Federal, a las coordinaciones estatales del Distrito Federal, Sonora, Guanajuato, Jalisco y Puebla, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Sesenta por ciento de los créditos se determinó como incobrable, por insolvencia, el alto número de multas que resulta incosteable cobrar, e incluso por la imposibilidad de identificar y ubicar al deudor.

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