Excluyen del Conahcyt a universidades; y cierran paso a entidades
La iniciativa plantea que el nuevo Conahcyt absorba las tareas de los organismos colegiados donde hoy confluyen científicos y tecnólogos de diferentes instituciones educativas. |
Leticia Robles de la Rosa
CIUDAD DE MÉXICO.
Los siete órganos colegiados en los que universidades e investigadores tienen presencia dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación desaparecerán y sus funciones serán absorbidas por el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
Morena presentó ante el Senado la propuesta oficial para la conformación del Conahcyt, con lo que se pretende dar un “golpe de timón” a la política científica del país y se evitará que el dinero público beneficie a privados.
Con la iniciativa presentada se busca que la nueva estructura “impida que ciertos grupos del sector privado y gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de la ciencia, tecnología e innovación, así como que se utilicen recursos del sector para solventar obligaciones de los gobiernos de las entidades federativas”.
Presentada por la senadora Ana Lilia Rivera, la propuesta ordena la desaparición de los siete órganos colegiados, donde la UNAM, IPN y Cinvestav inciden en la política científica.
“Seguirá siendo un organismo público descentralizado del Estado mexicano, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa”, detalla el documento.
Propuesta
La iniciativa plantea que el nuevo Conahcyt absorba a los siguientes organismos:
- Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia.
- Consejo Consultivo de Ciencias.
- Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
- Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
- Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación.
- Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.
La iniciativa de Morena plantea que gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de la ciencia.
Con el respaldo del Conacyt, Morena presentó en el Senado la propuesta oficial para dar “un golpe de timón” a la política científica del país, a partir de crear el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), que concentrará la toma de decisiones, para lo cual desaparecerán los siete órganos colegiados, donde las universidades e investigadores tienen presencia, y evitará que el dinero público beneficie a privados.
Uno de los objetivos del “cambio jurídico de raíz” que impulsa el nuevo gobierno con esta iniciativa es que la nueva estructura “impida que ciertos grupos del sector privado y gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de la ciencia, tecnología e innovación, así como que el uso de recursos del sector para solventar obligaciones de los gobiernos de las entidades federativas”.
Dice que actualmente, “los esquemas y mecanismos jurídicos y administrativos están diseñados para facilitar que empresas privadas, a través de la mediación de instancias estatales, se sirvan de los recursos públicos para financiar sus emprendimientos sin riesgos ni costos y sin responsabilidad social alguna, así como para que los gobiernos de las entidades federativas suplan sus omisiones en materia de desarrollo social y prestación de servicios públicos”.
La iniciativa para crear la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, presentada por la senadora Ana Lilia Rivera, ordena la desaparición de los siete órganos colegiados de decisiones, donde académicos de la UNAM, IPN y Cinvestav, principales semilleros de conocimiento científico, inciden en la política científica.
“La presente iniciativa impulsa la transformación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para convertirlo en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que seguirá siendo un organismo público descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa”.
El Consejo integrará estructuras y funciones que ahora se encuentran dispersas en distintos órganos del actual Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Así, plantea que el nuevo Conahcyt absorba las tareas de los organismos colegiados donde hoy confluyen científicos y tecnólogos de diferentes instituciones educativas.
Añade que “la reorganización de los espacios y mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias y entidades públicas, federales y locales, y los Centros Públicos de Investigación, así como de consulta y participación de la comunidad académica, científica y tecnológica y los sectores público, social y privado, evitando la creación de nuevos órganos autónomos de cabildeo y representación de intereses corporativos o la institucionalización de grupos de presión que actúen en representación de intereses particulares”.
Lucha anticrimen: 9 cárteles operan en 17 regiones
Lucha anticrimen, una tarea riesgosa y compleja. (Especial) |
La primera misión de tropas federales durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se implementará en 17 regiones y 47 municipios, pondrá a soldados, marinos y policías federales frente a frente contra integrantes de 17 grupos delictivos importantes a escala nacional, además de bandas locales asociadas. Son cárteles peligrosos, con muchos recursos y armas.
El objetivo será reducir al menos una docena de delitos, además de los homicidios dolosos. Será una tarea riesgosa y compleja.
Riesgosa porque, al combatir delincuentes directamente en sus zonas de control, las tropas pueden provocar violentas represalias de criminales, y eso puede ocasionar que se incrementen los homicidios dolosos.
Compleja, porque enfrentará al mismo tiempo muchas actividades ilícitas que requieren diferentes estrategias simultáneas, lo que puede desembocar en que los indicadores de varios delitos no bajen de forma definitiva.
Ese riesgo y esa complejidad quedan de manifiesto al revisar los índices delictivos y los mapas delincuenciales en los 47 municipios que son objeto de este primer plan de seguridad del nuevo gobierno federal.
Además de intentar inhibir la violencia delincuencial con la sola presencia de fuerzas federales —que se reduzcan las batallas entre células delictivas y los combates contra efectivos policiales y militares—, a fin de que disminuyan los homicidios dolosos en las 17 regiones del país escogidas (estrategia que no siempre ha funcionado de manera permanente en administraciones anteriores, como es el caso de Tijuana, Ciudad Juárez y Acapulco), las tropas desplegadas se enfrentarán a huachicoleros, narcotraficantes, narcomenudistas, tratantes, polleros, extorsionadores y secuestradores, además de delincuentes comunes como asaltantes de casa-habitación, transportes, comercios y transeúntes.
Las tropas enfrentarán a nueve cárteles bien establecidos en esas zonas (muchos de ellos con presencia en otras regiones), que tienen estrategias delincuenciales similares en muchos casos, pero que también utilizan diferentes maneras de delinquir.
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En la región que concentra los municipios de Tijuana y playas de Rosarito, en Baja California, a lo que se van a enfrentar es al narcomenudeo: ahí se reportan 4 mil 214 expedientes, lo que la convierte en la segunda zona con más delitos de ese tipo en el país. En el área operan los cárteles de Sinaloa y Arellano Félix. Además, se reportan extorsiones.
En la zona comprendida por las alcaldías de Ciudad Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero, se ubican casi las mismas problemáticas, salvo que esta área se encuentra en el primer lugar de denuncias por narcomenudeo, con 6 mil 494 reportes.
Aquí los cárteles que operan son el del Pacífico y de los Carrillo Fuentes, más las bandas locales. También hay extorsiones y secuestros.
La tercera zona, integrada por los municipios de Camargo, Gustavo Díaz Ordaz y Reynosa, en Tamaulipas, es área de trasiego hacia EU, aunque muestra una baja incidencia de narcomenudeo: las autoridades atribuyen eso al miedo, a las pocas denuncias, como ocurre con las extorsiones. Otro problema son los secuestros. Reynosa es el ayuntamiento con más plagios reportados en 2018, con 37 casos.
Los reportes sobre el área que concentra los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier y Miguel Alemán, en Tamaulipas, son escasos. Se trata de venta de drogas, extorsiones y secuestros. Es zona de trasiego y por tanto de batallas encarnizadas. Tanto en esta área como en la tercera, Los Zetas y el cártel del Golfo presentan una fuerte presencia, ya que también se disputan el tráfico de migrantes, tal como ocurre en las zonas previas.
En la quinta zona que comprende a la alcaldía de Culiacán, Sinaloa, las fuerzas especiales se enfrentarán al poder del narcotráfico y siembra de estupefacientes. En esta zona se reportan pocas extorsiones y secuestros, aunque sí cientos de denuncias por venta de droga al menudeo.
Después de años de registrar bajos índices de homicidios, Monterrey, Nuevo León, vuelve a estar en un programa de seguridad pública federal. En esta zona (la sexta), los reportes de inteligencia detactaron varios cárteles en disputa, aunque no solo en la capital y su zona metropolitana, sino en todo el estado: Zetas, Golfo, Noreste y lo que queda de los Beltrán Leyva. El narcomenudeo muestra un nivel alto de incidencia con 735 denuncias. Las extorsiones se cuentan por cerca de 200 reportes y hay secuestros.
Las siguientes cuatro áreas prioritarias para combatir los homicidios dolosos se encuentran diversos municipios del Bajío. Aquí hay cuatro zonas: Irapuato, Salamanca, Uriangato y Celaya. En los cuatro se reporta fuerte incidencia de robo de combustibles. Pemex señala que en Guanajuato se reportaron mil 547 tomas clandestinas durante 2018. Según los reportes de la Fiscalía General de la República, en esta zona el cártel predominante es el de Jalisco Nueva Generación, aunque pelea con bandas locales que solo se dedican al huachicol.
Entre las zonas siete y 10 sumaron 655 denuncias por narcomenudeo durante el año pasado.
En Guadalajara se ubica la zona 11. Aquí el cártel de Jalisco Nueva Generación es el predominante. El consumo de drogas deriva en 757 denuncias por narcomenudeo; extorsiones, con 173 casos registrados, el mayor índice de las 17 regiones, y pocos secuestros.
En la región occidente también está la zona 12 correspondiente a Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque. Aquí se presenta la misma situación que en Guadalajara: narcomenudeo y extorsión. Es zona de narcolaboratorios también.
La zona 13, que abarca las alcaldías de Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Armería, presenta un narconegocio de minerales donde el cártel de Jalisco Nueva Generación es el dominante luego de la casi extinción de Los Caballeros Templarios. En los últimos años se han decomisado más de 200 mil toneladas de minerales.
En Ecatepec, Edomex, es uno de los municipios más peligrosos y la 14 zona prioritaria para reducir los asesinatos. De acuerdo con la Fiscalía General, en esta alcaldía opera La Familia Michoacana, la cual se ocupa en extorsionar negocios y cobrar derecho de piso, además de venta de drogas y secuestros. Es zona de muchísimos delitos comunes como el robo y feminicidios.
La zona 16 también está en Guerrero: Chilpancingo, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo. El mayor problema es la siembra y el trasiego de drogas, sobre todo amapola, que se disputan células delictivas como Los Rojos, Los Ardillos, Guerreros Unidos, Los Jefes y el cártel del Sur. También hay extorsiones y secuestros que padecen comerciantes y empresarios, sobre todo en la capital.
La zona 17 es Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo. Un campo de batalla por ganar el mercado del narcomenudeo para turistas nacionales y extranjeros. Las autoridades reportan que en el estado predomina el cártel del Golfo, pero se pelea con Los Zetas. Hay extorsiones contra comerciantes, que prefieren pagar y no denunciar. Lo mismo ocurre en la zona de la Riviera Maya.
El cártel de Jalisco Nueva Generación tiene presencia en prácticamente todas las regiones.
Huachicol deja en un día más que programas sociales en un mes
[ Primera Parte ]
Sin el huachicol, “sólo habría tenido chance en la albañilería, pero es pesada y pagan muy poco. Y no se diga en el campo, donde uno se muere de hambre”, narra José Ernesto, quien desde los 14 años se dedicó a revender gasolina robada, uno de los eslabones más importantes de esta estructura delictiva de alcances inimaginables.
En el Enegocion de esta familia de origen campesino han participado los dos hermanos mayores y ambos padres. Les llegó a representar, en sólo dos años, ganancias de hasta 13 mil pesos libres al día.
“A lo mejor, ya repartido no es mucho, pero no lo sacábamos en ningún otro lado”, dice el chamaco, quien hoy tiene 16 años.
A él lo conocimos tras un trabajo de campo en una comunidad de mil 500 habitantes a la cual los antiguos toltecas llamaron Xochitlán de las Flores, perteneciente a Tula de Allende, el municipio con más tomas clandestinas del país desde 2018.
Xochitlán es un punto vital para la distribución de gasolina, por su cercanía con el Arco Norte y la autopista hacia Tuxpan. El flujo constante de vehículos garantiza dividendos. Por eso la familia montó ahí, en su casa, el depósito de venta.
De boca en boca, corrió la noticia de la nueva oferta de combustible. La familia colocó sobre el patio una enorme lona azul, la cual se convirtió con el tiempo en insignia del huachicol, una señal para los clientes. “Vamos por agua a la lona”, se decía entre el pueblo consumidor, motor de esta industria paralela.
“Porque el huachicol es como la corrupción, no funciona si no hay apoyo de la raza, no sólo en la compra sino en la promoción”, dice Genaro, oriundo de Xochitlán y convertido en guía secreto de nuestro recorrido.
—¿Promoción?
—De repente veías a un chorro de chiquillos a la orilla de la carretera, ofreciéndole gasolina a todos los que pasaban. Si llevaban un cliente, les daban su propina.
José Ernesto y sus hermanos se volvieron pronto modelo a seguir entre los chicos de su generación y otros más pequeños.
—¿Cómo veían ustedes el huachicol?, se le pregunta a Alicia, esposa de Genaro.
—Como algo normal, como la venta de pan o de carne, supimos que era delito hasta la explosión de Tlahuelilpan.
En tiempos de sequía, por la estrategia emprendida desde el gobierno federal contra el robo de combustible, José Ernesto deambula sin rumbo por esta tierra estéril donde niños y jóvenes aspiran, como objetivo de vida, a ser huachicoleros.
EL CONTACTO. “¿No saben dónde puedo conseguir gasolina?”, pregunta el periodista en su disfraz de forastero e informado ya de las andanzas de este huachicolerito famoso en la región.
Todos los muchachos, reunidos frente a la única tienda del centro y a la espera de comenzar la repartición de cerveza, se dirigen a un chico de ojos pequeños, con un bigotillo apenas perceptible:
—Neto, que si no tienes agua, le refiere uno.
—¡Huachi! –grita otro.
—Orita no, andamos secos, responde él sin disimulo, a un par de metros del grupo.
—¿Quién es Ernesto?, se pregunta al aire, sólo para corroborar la identidad.
—Yo mero soy, ¿qué se le ofrece?, responde él y camina hacia la ventanilla del auto.
—Soy periodista, ¿aceptarías contar tu historia?...
Un fugaz velo de miedo le desencaja el semblante. Lo recompone en segundos, acostumbrado al peligro. Vienen instantes de duda. “Pero vamos a la banquita de allá, frente a la escuela”, dice como queriendo ocultar lo ya conocido por todos, mientras señala una grada descascarada, a unos 20 metros de distancia.
Y allá vamos.
—¿Entonces no hay huachicol?, se le comenta de arranque.
—No, pero dicen los compas que sólo es por un rato, porque anda muy brava la autoridad, que luego se va a cansar y todo volverá a la normalidad, describe con soltura insospechada.
—¿Qué compas?
—Los que nos venden la gasolina…
—¿Y dónde están ellos?
—En Santa Ana.
Santa Ana Ahuehuepan, se sabrá después, es el centro logístico y operativo del huachicol en Tula, ya decíamos, el municipio con mayor incidencia de tomas a nivel nacional. De ahí la elección de este lugar para platicar con los lugareños sobre la penetración del robo de combustible en las entrañas sociales y familiares, sobre la disyuntiva de seguir en esta práctica o acogerse a los programas sociales ofrecidos en los días recientes por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El año pasado se detectaron en Tula 479 tomas clandestinas, un promedio de 1.3 al día; y al menos durante el primer mes de 2019, el número se disparó a 4 diarias, consolidándose como el principal foco rojo en la República.
En la parte básica de la cadena de huachicol están quienes son usados para la recolecta de combustible, en tambos y bidones, además de almacenistas, halcones y revendedores. Entre estos últimos, hay distintos niveles visibles: desde quienes compran la gasolina de manera directa con las sofisticadas estructuras de ordeña, en grandes volúmenes, hasta quienes recurren a intermediarios para adquirir producto en menor cantidad para ofrecerlo en pueblos, rancherías y colonias alejadas.
Es el caso de José Ernesto y su familia.
—¿Cómo ingresaron al huachicoleo?
—Un conocido de mi papá nos invitó: ¿no quieren vender gasolina?, nos preguntó un día, de paso por Santa Ana. Al principio dijimos que no, pero él insistió y como aquí en Xochitlán no hay de qué vivir, terminamos por entrarle. Primero compramos poca, vimos que había buena ganancia y fuimos subiendo.
—¿Cuántos litros compraban?
—Según lo que nos iban pidiendo: a veces 800, mil litros al día; a veces mil 500.
—¿Al día?
—Pues sí, hacíamos viajes casi todos los días.
—¿Cuánto es lo máximo que llegaron a comprar en un día?
—Dos mil litros.
—¿A cuánto pagaban cada litro?
—A siete pesos.
—¿Y este hombre de Santa Ana pinchaba los ductos y robaba la gasolina?
—No, él también la compraba, pero a los de arriba.
—¿Quiénes son los de arriba?
—A esos no los conozco.
—¿Supieron alguna vez a cuánto compraba el litro esta persona de Santa Ana?
—A 3 pesos con 50 centavos.
—¿Y ustedes a cómo la vendían en el pueblo?
—A 14 o 15 pesos, según la demanda.
La transportaban desde Santa Ana a Xochitlán en la vieja camioneta del papá. Al principio, los padres aconsejaron “no meterse en esas cosas, pero cuando comenzaron a ver el dinero, ya no dijeron nada, se acostumbraron”.
—Entonces había buenas ganancias, insiste el reportero.
—Más o menos. Había que descontarle la gasolina que gastábamos en el viaje y el pago del halcón.
—¿Qué halcón?
—Contratábamos a un primo para que nos avisara cuando venían los policías o militares.
—¿Cuánto le pagaban?
—Mil 500 por cada viaje; a veces 2 mil, dependiendo de la carga…
“¡Neto, ya vámonos!”, se escucha el grito distante, desde la bola de amigos.
—Ya me tengo que ir, dice él mientras se pone de pie.
—¿Aceptarías dejar el huachicol y recibir ayuda económica del gobierno?, se le consulta en la despedida.
—No lo sé, hay que pensarlo…
—¿Y la escuela?
—Terminé la secundaria y ya no quise seguir, porque no me gustaba.
MONTOS. “Eso de los apoyos y de las becas va a funcionar con las familias que no estaban en el huachicol o que estaban en la decisión de meterse o no, dudando, pero no con quienes ya le habían entrado al juego, esos no se van a salir”, advierte Genaro, quien se ha dedicado a la siembra de frijol y maíz.
—¿Ni siquiera por la tranquilidad que da la vida en la legalidad?
—Será difícil, porque no hay programas que equiparen el monto. Mucho menos funcionará con quienes están acostumbrados al dinero fácil y se han dedicado al delito.
Días antes del recorrido por Hidalgo, se preguntó al presidente López Obrador si su gobierno había realizado un análisis comparativo sobre cuánto obtenía una familia dedicada al huachicol y cuánto ofrecían los programas sociales.
“Cada familia recibirá entre 6 y 8 mil pesos al mes, porque habrá domicilios donde un adulto mayor recibirá apoyo, pero también donde un estudiante tendrá beca, o el dinero se complementará con una tanda de bienestar”, respondió el Presidente.
Esta cantidad, dijo, superará lo obtenido por actividades relacionadas con el hurto en ductos. “Les pagan muy poco. Un joven que es ocupado, como se dice, de informante o halcón recibe tres, cuatro o cinco mil pesos cuando mucho; el negocio lo tienen los de arriba”.
Ahora sabemos: su cálculo es erróneo. Ahí, en Xochitlán, otra familia conocida entre la comunidad incursionó también en la reventa de gasolina, ésta con un perfil distinto a la de José Ernesto, pues de siempre se han inclinado por las fechorías.
“Antes del huachicol, se sabía que robaban ganado o se metían a las casas”, cuenta Alicia, mientras ofrece un jarro de café con piloncillo.
“¿Dónde cree usted que esos van a cambiar? Árbol que nace torcido jamás su rama endereza. ¿Cómo van a componerse los de Santa Ana Ahuehuepan, que ganan los buenos billetes? Ésos, no”.
—¿Por qué mencionan tanto a Santa Ana?, se le pregunta.
–Porque allá están los meros meros.
EL ENGRANAJE DEL HUACHICOL EN LOS PUEBLOS
1. Bandas delictivas, en complicidad con autoridades, especializadas en pinchar los ductos y, mediante estructuras ingenieriles, ordeñar los ductos de Petróleos Mexicanos. Con capacidad para llenar pipas y construir extensos centros de almacenaje.
2. Un primer escalafón de revendedores, con un perfil caciquil y trato directo con los grandes ordeñadores, a quienes se les vende el litro de combustible entre 3 y 3.50 pesos.
3. Una segunda escala, conformada por familias rurales, a las cuales se les vende el litro de gasolina en alrededor de siete pesos, para su distribución comunitaria.
4. Consumidores en los pueblos o clientes foráneos, de paso por caminos y carreteras, a quienes se vende el litro de gasolina en 13, 14 o 15 pisos; a 10 pesos, la más sucia, recolectada en zanjas aledañas a los ductos.
DIVIDENDOS DE UNA FAMILIA
*Compra 2 mil litros de gasolina en 14 mil pesos.
*Obtiene cerca de 30 mil pesos en la reventa.
*De ese ingreso, se descuenta el pago de 2 mil pesos por viaje a un halcón o informante. Y mil pesos de combustible para realizar el traslado.
*El ingreso que logrará inicialmente será de alrededor de 13 mil pesos en actividades de huachicoleo que pueden realizarse en un mismo día.
Revive AMLO opción Tizayuca
Ya hay un terreno de 900 hectáreas, dice; se suma al plan integral para reducir la saturación en la capital900 Hectáreas se destinarán para el nuevo aeropuerto que se construirá en Hidalgo, dijo el Presidente. Foto: Notimex |
SANTA LUCÍA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador revivió su propuesta de construir un nuevo aeropuerto en Tizayuca, Hidalgo, para disminuir la saturación aérea en el Valle de México.
Como lo expuso hace siete años, cuando era candidato presidencial por segunda ocasión, adelantó ayer que analiza, a largo plazo, realizar el proyecto aeroportuario en un terreno de 900 hectáreas en el municipio hidalguense.
“Ahora ya hasta nos van a sobrar terrenos para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto”, comentó el Presidente ante los medios de comunicación.
La propuesta, explicó, es parte de un plan integral de aeropuertos que comprende la construcción de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y realizar otra pista en la Terminal de Toluca. “El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, nos informa que el gobierno cuenta con un terreno de 900 hectáreas en el municipio de Tizayuca, que está a 25 kilómetros de aquí de Santa Lucía y a 60 kilómetros del aeropuerto Benito Juárez“.
-¿Un cuarto aeropuerto?, se le preguntó. – Sí, pero para aquellos que puedan estar pensando que si tenemos el aeropuerto de Santa Lucía nos serviría sólo para 20, 30 años, ¡no!, va a servir para más tiempo, reviró durante un recorrido que realizó en la base aérea de Santa Lucía.
Frente a una docena de aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas, López Obrador detalló que para este año se destinarán tres mil millones de pesos para las obras de mantenimiento del AICM, entre ellas construir una nueva terminal aérea en las instalaciones del actual hangar presidencial que estará concluida en tres años.
Al ser cuestionado sobre qué pasará con las obras realizadas en Texcoco, reiteró que ahí se construirá un parque ecológico y buscarán recuperar los lagos en la zona. Antes, durante un desayuno con elementos de las Fuerzas Aéreas Mexicanas, para conmemorar su 104 aniversario, López Obrador anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá el control administrativo de la nueva terminal aérea que se construirá en Santa Lucía y también los recursos que se generen por la renta de las instalaciones.
“Las rentas de edificios del nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía van a ser transferidas a la Sedena para fortalecer las finanzas de esta institución tan importante para el desarrollo de nuestro país”, agregó.
También, anunció que la nueva terminal aérea en Santa Lucía llevará el nombre de Felipe Ángeles, uno de los generales más destacados de la historia, cuya participación en los acontecimientos de la etapa revolucionaria fue distinguida por su lealtad, honor y humanismo.
Previo a abandonar la base aérea de Santa Lucía, saludó a las personas que salieron de los conjuntos habitacionales y se enfilaron a lo largo de la avenida principal para entregarle carpetas con peticiones, mientras que algunos otros intentaban conseguir una selfie con el Ejecutivo federal.
Acusan mujeres alza en violencia digital... y van por castigo con cárcel
Los módulos ubicados afuera de cinco estaciones del Metro suman 832 reportes de atención y 15 carpetas de investigación iniciadas. |
Cuando estaba por finalizar la secundaria, Claudia se enteró de que un par de fotos y un video de un minuto que había grabado con su novio fueron publicados en una fanpage de Facebook y circulaban vía redes sociales; su pareja había compartido el material con sus amigos. Aunque Claudia terminó con su pareja, las llamadas y mensajes de acoso no la dejaban en paz.
“La verdad no sabes qué hacer. Me sentía desesperada, no le podía contar a mis papás la situación, pues me iban a regañar; tuve que cerrar todas mis redes sociales. Iba en la secundaria cuando pasó eso; ahorita ya no sé si todo eso siga circulando. Aprendí a ya no hacerlo”, dijo Claudia, quien ahora estudia una carrera universitaria.
El dato: De acuerdo con un estudio de la ONU, únicamente 4 por ciento de las víctimas
de ciberacoso en México denuncian.
Buscó ayuda e interpuso una denuncia, pero nada se podía hacer, pues al no estar tipificada dicha práctica, no hay delito que perseguir. Sin embargo, los daños para Violeta han sido permanentes.
Ambos ejemplos sucedieron en la Ciudad de México, donde el Frente Nacional Para la Sororidad ha registrado cerca de 300 casos de acoso digital, de los cuales, autoridades de procuración de justicia han abierto 34 carpetas de investigación, pero todas por diferentes ilícitos, ninguna por violencia digital.
La situación podría cambiar mediante la iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México para reconocer la modalidad de violencia digital —donde las mujeres son expuestas a la divulgación de su información, violación de sus datos personales, la invasión de su privacidad, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y la suplantación de personalidad virtual— en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y reformar el Código Penal local, con el fin de penalizar con uno cárcel el ilícito.
En entrevista para La Razón, Olimpia Coral Melo, presidenta del Frente Nacional para la Sororidad, quien fue víctima de acoso cibernético tras la difusión de un video íntimo, señaló que debe haber justicia por la violencia en Internet y que el Estado no debe revictimizar a las mujeres.
“Es un delito que se debe perseguir por querella. La difusión de contenido es muy acotado, no sólo es la difusión de contenido, sino la difusión de contenido sexual por Internet, sin autorización, no consensuado”, señaló.
El Frente Nacional para la Sororidad, que en diciembre pasado logró tipificar el delito contra la intimidad sexual en Puebla, atendió 500 casos como estos en los últimos cuatro años, es decir, más de 10 al mes. Sin embargo, en enero de este año atendió nueve por semana, lo que representa 36 al mes y un incremento de 260 por ciento. Tres de estos ocurrieron en la capital mexicana.
Únicamente en Puebla existe ese ilícito; además, en Yucatán se encuentra tipificada la “pornovenganza” o difusión de contenido íntimo para afectar la reputación.
Además, en la Ciudad de México existen mil 409 mercados de explotación sexual digital, contabilizados y documentados por el Frente Nacional para la Sororidad desde 2014.
La posible tipificación de la violencia digital en la Ciudad de México abre una posibilidad para evitar que otras mujeres sean víctimas de ciberacoso en redes sociales, como Rosysel F., de 23 años de edad, quien cada que comparte una fotografía recibe “comentarios vulgares”, e incluso fotografías y videos obscenos de los agresores.
Hasta ahora, como medida de protección, dijo, “lo único que hago es bloquear a la persona”, medida que se repite entre quienes han padecido ciberacoso.
Alistan foro por violencia digital
La propuesta en el Congreso de la Ciudad de México para adicionar la violencia digital a la Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se reforzará con la realización de un foro en el que participarán la Procuraduría General de Justicia, asociaciones civiles y población interesada.
El objetivo es enriquecer la iniciativa, la cual es apoyada por al menos dos asociaciones civiles, informó la diputada del PVEM Alessandra Rojas, quien presentó la propuesta que es respaldada por el resto de las bancadas.
En ese contexto, Rojas Piccolo aseveró que sí es posible legislar al respecto, como ya ocurrió en Yucatán y Puebla; y adelantó a La Razón que la fecha tentativa del foro es la semana en curso.
Consideró que aunque es complicado decir que se lograrán las detenciones equiparables a las denuncias, sí es un paso para generar entre los agresores conciencia de que tendrán un castigo.
Detalló que en el Congreso hay otra iniciativa impulsada por el PAN, que busca tipificar el delito de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
Karla Mora
Confiamos en que AMLO respete los contratos: Siemens
El chileno Juan Ignacio Díaz, quien lidera desde junio la operación de Siemens en México, Centroamérica y El Caribe / Foto: Cortesía |
Juan García-Heredia
El presidente y CEO de Siemens para México, Centroamérica y El Caribe, Juan Ignacio Díaz, confía en que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su promesa de respetar los contratos firmados durante la pasada administración para la venta de energía y otros servicios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Queremos seguir trabajando con y para México, y contribuir al logro de sus metas como nación”, dice a El Sol de México el directivo de la empresa alemana que se convirtió en un socio clave para la CFE en el marco de la reforma energética.
Frenar compra de energía, el plan de Manuel Bartlett
Para hoy, el director general de la empresa productiva del Estado, Manuel Bartlett, anunció que dará a conocer las cifras y los nombres de las empresas relacionadas con presuntos actos de corrupción.
Según ha señalado el gobierno de López Obrador, también se dará a conocer un plan para rescatar a la empresa frente a una reforma energética que la puso a competir en desventaja con empresas extranjeras y la condenó a la desaparición.
"Una empresa que generaba el 100 por ciento de energía y cubría necesidades del país y ahora ha sido reducida a una empresa comercial que se supone debe competir en un mercado en igualdad de condiciones", dijo Bartlett Díaz.
En la entrevista con este diario, el ejecutivo de origen chileno que apenas en junio pasado tomó la riendas de Siemens para México, Centroamérica y El Caribe, precisó que la tecnología de esa empresa "está presente en 23 por ciento de la generación de energía y en 50 por ciento de la distribución energética del país".
A pesar del contexto, la empresa insiste en su intención de trabajar con México a través de la cocreación de soluciones en electrificación, automatización y digitalización y sistemas de energías descentralizadas, mediante nuevos modelos de negocio flexibles.
“Tenemos un estimado de inversión para el primer trimestre del 2019 de un monto de 200 millones de dólares para proyectos de infraestructura de generación energética eólica, solar, ciclos combinados de gas y vapor y sistemas de cogeneración industrial”.
"Desde nuestro brazo financiero de Siemens Financial Services hemos aportado cerca de 420 millones de dólares en proyectos de infraestructura energética y salud en los últimos tres años”, señaló Juan Ignacio Díaz.
CIERRAN PASO A LA IP
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó el 2 de febrero que la administración de Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar la cuarta subasta eléctrica, la cual permitiría tanto a privados como a la CFE comprar, entre otras cosas electricidad a través de contratos a largo plazo.
El organismo indicó que la decisión fue notificada el 31 de enero a los compradores potenciales, licitantes e interesados. En diciembre de 2018, el gobierno de López Obrador había informado que el proceso se suspendía en tanto se llevaba a cabo un análisis.
Pero no ha sido la única cancelación en el sector. A finales del mes pasado se dio carpetazo a dos de los proyectos más ambiciosos en materia eléctrica de México.
Gigantes se independizan de la CFE
En la última semana de ese mes la Junta de Gobierno de la CFE, que encabeza la secretaria de Energía, Rocío Nahle, frenó de manera definitiva el concurso para la construcción de una megared de transmisión de corriente directa en alta tensión de Oaxaca a Morelos.
Para este proyecto de mil 700 millones de dólares, que ya se había pospuesto en diciembre, Siemens y otras 29 empresas estaban registradas.
La red cubriría más de 600 kilómetros a través de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz, e incluía la transmisión de tres mil megawatts que desahogarían la generación renovable de Oaxaca, que tiene 27 de los 49 parques en operación a nivel nacional, con una capacidad instalada de dos mil 360 megawatts, es decir, 57 por ciento del total en el país.
También a finales de enero se confirmó la cancelación de un proyecto que uniría Baja California con Sonora y con el resto del país. La inversión estimada era de mil 100 millones de dólares.
El director de la CFE anunció desde diciembre una auditoría para cancelar los contratos y subsidios de las empresas.
LA COMPETENCIA
Iberdrola es uno de las gigantes que le venden electricidad a la CFE. En un documento, la empresa de origen español describe que su mayor cliente en México es la CFE, a la que destina 76 por ciento de su capacidad de generación y el resto a clientes industriales.
Esa compañía, que opera 17 centrales en el país contando parques eólicos, fotovoltaícos y plantas de ciclos combinados y de cogeneración, se abstuvo de opinar sobre el programa de rescate para el sector eléctrico que hoy anuncia el director general de la CFE, Manuel Bartlett.
Sin embargo, está firme en su meta de invertir en el periodo 2018-2022 más de dos mil 800 millones de dólares en proyectos de generación eléctrica en México.
La estadounidense General Electric también sigue adelante. En octubre de 2018 firmó un Memorándum de Entendimiento con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, a fin de colaborar en áreas que fomenten las mejores prácticas en la generación, la transmisión y la distribución de energía en la nación.
Víctor Ramírez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) que agrupa 200 empresas, dijo en entrevista que este año habrá inversiones por 100 millones de dólares en proyectos de energías limpias, de las cuales poco más de 99 por ciento serían fotovoltaicas.
Sobre el Programa Nacional de Electricidad, dijo que la industria espera que esté acorde con la promesa del presidente López Obrador en el sentido de que serán respetados los contratos para suministrar electricidad a la CFE.
México logra sexto sitio en producción automotor
La industria automotriz en el país ensambló casi 4.1 millones de autos y camiones, frente a las 4.03 millones de unidades que armó la nación asiática, la cual disminuyó su ensamblaje por tercer año consecutivo.
México desplazó a Corea del Sur como el sexto mayor productor de vehículos automotores del mundo en el 2018, consolidándose en el sector industrial en el que es más competitivo.
La producción de automóviles en Corea del Sur cayó por tercer año consecutivo, una tendencia influida por el traslado de plantas manufactureras de la empresa Hyundai Motor de esa nación al exterior.
En el 2018, la producción surcoreana de vehículos automotores, incluidos los vehículos pesados, registró una caída de 2% interanual, para ubicarse en 4 millones 30,000 unidades, según la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Corea.
Por su parte, México produjo el año pasado 3 millones 908,139 vehículos ligeros, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, a la vez que su producción de vehículos pesados sumó 162,467 unidades de enero a noviembre, de conformidad con cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones.
Con ello, ambos volúmenes suman 4 millones 70,606 unidades, superando el nivel de Corea del Sur, aun con el dato pendiente de diciembre respecto a los vehículos pesados.
Mientras que la producción de México escaló año con año desde el 2010 hasta el 2018, la de Corea del Sur cayó el año pasado 13.5%, frente a su máximo histórico logrado en el 2011.
De acuerdo con el diario japonés Nikkei, Hyundai Motor, que controla 70% del mercado surcoreano junto con la subsidiaria Kia Motors, ha trasladado producción a México e India, en tanto que General Motors recientemente cerró una planta en la ciudad suroeste de Gunsan.
A nivel global, China lidera la producción mundial, con 29 millones de unidades en el 2017, seguida por Estados Unidos, Japón, Alemania e India.
También México es el quinto productor mundial de autopartes, con ingresos anuales de 92,000 millones de dólares y el segundo mayor mercado de exportación para autopartes de Estados Unidos. Asimismo, es el quinto mayor fabricante y exportador de vehículos pesados y especializados en las industrias de construcción y agricultura y sus partes.
Alrededor de 82% de la producción de vehículos de México se exporta, mientras que 18% restante se destina al mercado mexicano.
Los fabricantes de automóviles establecidos en México incluyen Audi, Baic Group, FCA Group, Ford, General Motors, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Toyota y Volkswagen.
En particular, la producción de Mercedes Benz está asociada a través de Nissan-Daimler, Hyundai produce a través de su socio Kia, y BMW está por inaugurar una planta en San Luis Potosí.
A su vez, la industria del automóvil en Corea del Sur está concentrada, de modo que los tres principales fabricantes —Hyundai, GM Korea (anteriormente Daewoo) y Kia— representan en conjunto 90% de la producción total de automóviles, aproximadamente.
En el sector de los vehículos y piezas de automóviles de Corea hay unas 270 empresas con inversión extranjera. 82.98% del capital de GM Korea pertenece a inversores extranjeros, entre ellos General Motors y SAIC Motor Corporation, en tanto que 79.9% del capital de Renault Samsung pertenece a Renault.
La participación de Mahindra & Mahindra en Ssangyong Motors aumentó de 70.04% en el 2011 a 72.85% en el 2015.
Entre protestas, AMLO insiste en consulta sobre termoeléctrica
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Cuautla, Mor., En medio de un incesante coro ¡agua sí, termo no!, en repudio a la termoeléctrica de Huexca, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que la operación de la planta será decisión de las comunidades. Aunque haya gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que decida. Casi clamó no ser confundido con los otros, para apuntalar su decisión de consultar el 23 y 24 de febrero: ¡Yo no soy corrupto ni autoritario!
Como ofreció hace unas semanas, el Presidente volvió a Morelos, donde la comunidad está muy dividida, para plantearles su propuesta a partir de las certezas, dijo, que le dió la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el efecto de operar la termoeléctrica en Huexca. Ni escasez ni contaminación, fue la respuesta técnica que hizo extensiva a la población en medio del rechazo de una parte de la multitud congregada para escuchar su plan.
Hubo consignas y pancartas, gritos y abucheos contra la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que no acallaron quienes simpatizan con el mandatario federal, al que ovacionaron. Era un encuentro incomodo –uno de los más complejos en lo que va de su administración– frente al cual el Presidente dobló la apuesta.
Nada de contaminar el agua
Venimos a decirles que en el caso de que se apruebe que empiece a operar la termoeléctrica, va a ser a partir de un certificado de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), para que quede claro que no hay contaminación del agua, lanzó el jefe del Ejecutivo federal ante el beneplácito de un sector y el rechazo de otro.
Ofreció más en aras de convencerlos que ya se han invertido 25 mil millones de pesos en una planta que dotará a todo Morelos de electricidad. “¿Qué otra cosa? Decirles que como reparación del daño –concedió–, en el caso de que se apruebe que opere la termoeléctrica, el estado y los municipios de Tlaxcala y Puebla por donde pasa el gasoducto van a tener la tarifa eléctrica más baja”.
Para entonces, López Obrador ya había descrito los millonarios apoyos que se darán mediante diversos programas para impulsar a los sectores sociales, que concitaron el beneplácito general. No hizo mella entre los opositores –algunos de los cuales, al término del encuentro anunciaron que no participarán en la consulta–, e incesantemente corearon su rechazo.
¿Quién decide en la democracia? Ninguna persona por poderosa que sea, ningún grupo de interés creado. En la democracia es el pueblo el que decide. ¿O no queremos la democracia? ¿O nada más es discurso, demagogia? No, la democracia la necesitamos más cuando hay discrepancias, planteó.
En el balneario donde se realizó el encuentro había mantas de apoyo al mandatario, demandas para poner fin a la corrupción y otras que abiertamente reclamaban no continuar con la termoeléctrica, centro del conflicto.
Entuerto heredado
López Obrador asumió la complejidad del problema, al que consideró como todo “un entuerto heredado". En su enésima crítica al neoliberalismo, volvió a responsabilizarlo de la situación: nosotros no hubiésemos hecho lo que se hizo, porque nunca hemos cometido ninguna arbitrariedad. Y agregó que lo único que deseaba era “que todos actuemos con responsabilidad, que no digan ‘fue la decisión del Presidente’. Nooo, fue la decisión del pueblo, cualquiera que ésta sea”, al igual que con el nuevo aeropuerto, porque no puede haber dos varas para medir.
Informó que las próximas dos semanas serán de información a la comunidad. Vendrán funcionarios a explicar las ventajas y desventajas, así como los que se oponen puedan ir a las comunidades a informarles, pues “se va a respetar el derecho a disentir.
“Algunos dicen –agregó– que habrá manipulación, ¿pero cuándo va a haber manipulación si ya no es lo mismo? En este contexto reconoció que hay ambientalistas auténticos, pero también intereses creados”. Y volvió contra el neoliberalismo que provocó el debilitamiento de la CFE, para que ahora el gobierno tenga que comprarle a las empresas privadas la energía.
“¿Y qué les gustaría a esas empresas, radicales de izquierda? –que para mí no son más que conservadores–, si no se utiliza la termoeléctrica de una empresa de la nación, tendríamos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras. ¿Saben cuánto se pierde al año si no opera esa planta?, ¡4 mil millones de pesos!”
Tras anunciar que respetará los procesos legales que se emprendan, exhortó a la comunidad a resolver esto lo más pronto posible.
Concluido el encuentro, los ánimos en favor y en contra permanecieron inalterados a la espera de la consulta en dos semanas. Hubo aplausos al Presidente, pero el coro no cesó: Agua sí, termo no.
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