Zona de ordeña y de delitos; los datos de la pobreza en la ruta del Tuxpan-Azcapotzalco
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En la Zona Cero, los pobladores de Tlahuelilpan buscan restos o pertenencias de sus familiares. Algunos se protegen con tapabocas y guantes, otros sólo piensan en encontrar alguna señal. |
Andrés Mendoza y Claudia Solera
CIUDAD DE MÉXICO.
En la franja de municipios por donde corre el ducto Tuxpan-Azcapotzalco se ha incrementado la incidencia delictiva y se vive con un alto rezago social.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, en los últimos cuatro años, en esas regiones han aumentado 44% los delitos.
Durante 2015 se iniciaron mil 635 carpetas de investigación por homicidio doloso con arma de fuego, secuestro extorsivo, extorsión y narcomenudeo. En 2018 se dispararon a dos mil 361 carpetas.
El conteo de delitos corresponde a 24 de los 30 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México, las cinco entidades federativas por las que corre el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco.
Esta franja será recorrida el martes por el presidente López Obrador, quien pretende dialogar con los pobladores para solicitarles que no permitan el robo de combustible.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Veracruz, Puebla e Hidalgo están entre los siete estados con mayor rezago social a nivel nacional.
En la veintena de municipios, denominados pueblos huachicoleros, que atraviesan el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, hay zonas rurales, con menos de cien mil habitantes, extremadamente fragmentados, sin infraestructura y con sitios donde la pobreza alcanza a 80% de su población y la pobreza extrema, a 40 por ciento.
En por lo menos una decena de estos, la educación superior no llega ni a 10% de su población, según indicadores del Inegi.
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Ruta de ordeña atrae delito
Mientras en 2015 se iniciaron 1,635 carpetas de investigación en delitos de alto impacto, el año pasado la cifra alcanzó 2,36.
En la franja de municipios por los que corre el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, la incidencia delictiva se ha incrementado 44% en los últimos cuatro años.
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En 2016 la cifra de incidencia fue de mil 999 indagatorias, para 2017 bajaron a mil 749 y el año pasado se dispararon a dos mil 361 carpetas.
Para este comparativo se tomaron en cuenta los periodos enero-noviembre de cada año referido. El conteo de delitos corresponde a 24 de los 30 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México, las cinco entidades federativas por las que corre el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco.
Relevancia
De acuerdo con información del gobierno federal, los municipios por los cuales atraviesa el ducto Tuxpan-Azcapotzalco es el más importante de su tipo en el país, ya que abastece de combustible al Valle de México, la zona de mayor demanda a nivel nacional. Tiene capacidad para transportar 160 mil barriles de gasolina por día, lo que equivale a 25 millones de litros.
En un desglose por estados, los cuatro municipios correspondientes a Veracruz (Tuxpan, Cazones de Herrera, Tihuatlán y Coatzintla) concentraron 267 casos de asesinatos, plagios, extorsiones y denuncias por narcomenudeo entre 2015 y 2018.
Los seis de Puebla (Venustiano Carranza, Jalpan, Xicotepec, Huauchinango, Ahuazotepec y Zacatlán) sumaron 273 carpetas por los delitos señalados en los últimos cuatro años. Los tres de Hidalgo (Cuautepec de Hinojosa, Tepeapulco y Tlanalapa) registraron 85. Los siete del Edomex (Axapusco, Otumba, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Acolman, Ecatepec y Tlalnepantla) concentraron tres mil 631 delitos y las tres alcaldías de la CDMX que albergan el ducto (Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo) registraron una incidencia de tres mil 488 hechos delictivos.
Alta incidencia
Aunque la mayor parte de las carpetas corresponden a la zona conurbada de la capital del país, hay datos que perfilan el alza en la incidencia. Destacan casos en el interior de los estados como Tuxpan, que en 2015 registró diez homicidios dolosos y para el año pasado tenía 23. Huachinango tenía seis asesinatos en 2015 y en 2018 contabilizó 26.
Otro ejemplo es Tihuatlán, que en 2015 no registró carpetas por los cuatro delitos contabilizados y para 2017 ya tenía 26.
Identificar 59 restos llevará hasta meses
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| Datos que dieron a conocer las autoridades en la conferencia de prensa extraordinaria por la explosión en Tlahuelilpan. |
José Antonio Belmont y Daniel Venegas
“Los casos más difíciles” de identificación de restos de las víctimas mortales de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, que suman 59, se considera enviarlos a laboratorios en el extranjero, como el de Innsbruck en Austria, y el análisis podría durar "hasta meses", informó el ayer gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.
"Lo que tenemos de restos son inidentificables, es decir, no es posible su identificación, y la identificación se puede hacer, en muchos casos sí, (pero) no será en un momento, en un par de horas, hay casos que van a tardar horas y casos que van a tardar días, incluso hay casos que pueden tardar semanas y hasta meses, porque he dispuesto todo lo necesario para que los restos, con las pruebas genéticas, puedan ser enviadas incluso al extranjero, todavía no determina el procurador con el fiscal general de la nación si lo restos irán a Estados Unidos o a Innsbruck, en Austria, para ser analizados y compulsados los casos más difíciles que se nos han presentado en esta tragedia”, explicó el mandatario estatal al reunirse en Tlahuelilpan con familiares de los fallecidos.
Por la tarde, en Palacio Nacional, al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa en la que se informó que ya son 85 muertos y 58 heridos por la explosión, Fayad detalló que en el sitio del percance se encontraron 68 restos humanos, de los cuales ya se han identificado nueve —siete de los cuales ya fueron entregados a sus familias—, por lo que falta por identificar 59.
Además, agregó, se cuenta con 54 muestras genéticas proporcionadas por las familias de las personas y hay 65 carpetas de investigación, cada una correspondiente "a una familia que ha acudido a referirle al agente del Ministerio Público que no encuentra a un familiar y que presuntamente está o en la lista de quienes están siendo atendidos medicamente o en la de quienes aparecerán a raíz del trabajo técnico y científico que se va a hacer con los restos encontrados en el lugar de los hechos".
El gobernador informó que todos los restos se encuentran en Hidalgo "hasta que la procuraduría y la fiscalía determinen que deban ser trasladados. Serían en todo caso llevados a los servicios periciales de la FGR en México y podrían ser trasladados a Estados Unidos o a Innsbruck".
Reiteró que "por doloroso que sea, todavía falta un largo trecho por recorrer, en el que pueden pasar horas, días, semanas o meses para la identificación de los restos".
Fayad también aseguró que la Fiscalía General de la República ya cerró la investigación de la explosión “porque ya lo que hay ahí después de que ha entrado tanta gente ya no es evidencia para el Ministerio Público Federal”.
Por la noche, entrevistado tras la conferencia en Palacio Nacional, el gobernador hidalguense informó que durante el último mes han sido asesinados tres presuntos líderes huachicoleros que operaban en el estado: Flavio, alias El Vikingo, en Platón Sánchez; Julio César Cruz, alias La Parka, el pasado sábado en Mixquiahuala, y Uriel Rodriguez, El Tornillo, el pasado día 4.
Ahí mismo, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explicó que 25 soldados fueron quienes identificaron la toma clandestina cuando aún "salía muy poco combustible" y trataron de detener a la gente, pero fueron rebasados incluso cuando llegaron refuerzos.
Por la mañana, en otra conferencia, al preguntarle sobre la posibilidad de que la explosión del ducto en Tlahuelilpan haya sido un sabotaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió: “Si están pensando en probarnos, si ese es el propósito, que de una vez se entienda que no vamos a claudicar y ofrezco nada más a la gente disculpas si esta acción causa sacrificios, daños, molestias, pero lo tenemos que hacer. Nos puede costar, pero la patria es primero; México necesita acabar con la corrupción y no es algo negociable".
En tanto, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó que se aplicará la Ley de Extinción de Dominio en el caso de los predios donde exista robo de combustible, mientras que el mandatario señaló que “va a haber una revisión general en toda la línea de ductos y se van a presentar denuncias”.
Gertz precisó que la hipótesis en el sentido de que la ropa de los presentes en la fuga de combustible pudo haber generado la explosión es solo una más de las que se analizan y no es definitiva.
Ahora van por predios del huachicol
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La Fiscalía General de la República va contra la extinción de dominio en aquellos predios donde se hayan instalado tomas clandestinas para incurrir en huachicol y al mismo tiempo ofrecerá recompensas a quienes proporcionen información relevante sobre la operación del robo de combustibles.
“Las personas que nos quieran ayudar recibirán toda la protección y la secrecía que sean necesarias para poderlos proteger. De otra manera, los estaríamos poniendo en peligro gravísimo y eso no lo vamos a hacer por ningún motivo”, aseveró el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Asimismo descartó la posibilidad de proceder legalmente contra las personas que estuvieron presentes durante la fuga de combustible y participaron en la extracción ilegal que ocasionó la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo donde al menos 85 personas perdieron la vida y más de 80 resultaron heridas pues sostuvo que no se va a victimizar a las comunidades.
“Vamos a buscar a los responsables de actos que hayan generado esta gran tragedia, victimizar a toda la población bajo una hipótesis genérica no es la función, ni está establecido dentro de la ley”, estableció.
Durante su participación en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Gertz Manero advirtió que a partir de este lunes se intensificará el combate contra el huachicol a partir de la extinción de dominio a todos esos predios que se descubra que se prestan a este robo de hidrocarburos en el país.
“Vamos a trabajar mucho sobre la parte que es fundamental en materia procesal, que es la extinción de dominio de los predios que tengan alguna vinculación con cualquier delito y en este caso con los delitos que provienen del robo de hidrocarburos”, indicó.
Para ello, solicitaron la ayuda de la ciudadanía y desde mañana abrirán un centro de denuncias para este ilícito ante la FGR.
El apoyo de la comunidad —indicó— es necesario para evitar que lo sucedido en Tlahuelilpan se vuelva a repetir.
Los números, sitios de atención y características de los lugares en los que se podrá denunciar el robo de gasolina serán informados mañana por el gobierno federal.
Se roban 650 mdp en agua, luz, ISR…
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| Es el daño anual al Gobierno por evasión fiscal, piratería o deuda predialLA EVASIÓN FISCAL ASCIENDE A 510 MIL MILLONES DE PESOS AL AÑO, PRINCIPALMENTE POR NO PAGAR EL ISR. |
EVERARDO MARTÍNEZ, ADRIÁN ARIAS Y FERNANDO FRANCO
No se necesita ser huachicolero, asaltar trenes o ser funcionario para hacer mal uso de los recursos públicos para dañar a México.
Cada año, por evasión de impuestos, compra de piratería; por colgarse de la electricidad con diablitos y por no pagar el agua y predial, las arcas del gobierno dejan de recibir más de 650 mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de especialistas, datos precisos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto Mexicano para la Competitividad y de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura.
La merma de impuestos es 10 veces más grande que los 65 mil millones de pesos que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló como pérdidas por el robo de combustibles en el país.
El monto también es equivalente a los recursos que se necesitarían para construir dos aeropuertos como el que se canceló en Texcoco, ocho veces el presupuesto de carreteras, puertos y ferrocarriles ó 0.5 por ciento de valor de la economía.
De acuerdo a las cifras, son 32 mil millones de pesos por falta de pago de agua que podría utilizarse en infraestructura para mejorar el drenaje y la cobertura de líquido potable; 55 mil millones de pesos de predial para robustecer políticas de movilidad y desarrollo social; 25 mil millones de pesos (sólo en primer semestre de 2018) en diablitos que podrían mejorar el servicio en todo el país y 3.3 mil millones de pesos por comprar piratería de música, películas, software y libros.
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PIRATERÍA. LA COMPRA DE PRODUCTOS PIRATA GENERAN PÉRDIDAS EN IMPUESTOS POR 3.3 MIL MILLONES DE PESOS AL AÑO.
Para Javier Oliva, investigador de la UNAM especializado en temas de seguridad, estas actitudes de omisión, como son la falta de pago de agua o predial o de comisión como compra de piratería o robo de electricidad fundamentan la tolerancia a las prácticas de la ilegilidad o que las empresas contraten despachos para no pagar impuestos. “Ya se han hecho tan comunes estas prácticas. Más bien habla de una falta de estado de derecho, pero en México aplicarlo es sinónimo de represión. Lo peor es que esto evidencia en la sociedad una falta de compromiso de servicio con la nación”, dijo.
En el rubro de la evasión fiscal, que asciende a 510 mil millones de pesos que estima el SAT, lo que más aporta es la ausencia del Impuesto Sobre la Renta (ISR), principalmente hecho por empresarios, al ejecutar prácticas como contratación de personal vía outsourcing, empresas fantasma creadas por funcionarios y las mismas firmas, además de la informalidad.
“Factores como la informalidad y la corrupción son dos de los factores que más lastiman al país en este tema”, comentó Jesús Sánchez Arciniega, investigador de la UNAM.
Las cifras no incluyen actos de sobornos entre el gobierno, las empresas y la ciudadanía comúnmente conocidos como moches o mordidas, los cuales se encuentran catalogados en el rubro de corrupción y equivalen a 2.3 billones de pesos, según la OCDE.
Repuntó huachicol en Tlahuelilpan en dos años
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| Ayer se realizó una misa en memoria de César Misael y Mario, tres de las 85 víctimas que murieron en la explosión. Foto: Cuartoscuro |
Las tomas clandestinas de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde hasta el momento han fallecido 85 ciudadanos por la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), el viernes pasado, repuntaron en 2017.
El huachicoleo no es nuevo en Hidalgo. De acuerdo con la organización Serendipia, un grupo de profesionistas que realiza investigaciones basadas en datos abiertos, en 2016 existían seis tomas clandestinas, pero en 2017 repuntaron a 38; es decir, seis veces más.
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Datos de Pemex también dan cuenta del incremento de tomas clandestinas en la entidad. Éstas pasaron de mil 64 en 2017, a mil 726 en 2018, lo que representa un aumento del 62 por ciento.
El piquete de ductos creció en Hidalgo hasta llegar a la explosión de Tlahuelilpan, uno de los cinco percances relacionados con el robo de combustible que más víctimas ha cobrado en el mundo. Entre éstos se encuentran tres casos ocurridos en Nigeria: el de Jesse en 2000, con 250 muertos; Umuahia en 2003, con 125; Lagos en 2006, con 150; así como un caso en San Martín Texmelucan, en México, que dejó 27 víctimas en 2010.
HUACHICOLEO EN LA ZONA. Colindante con Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Munitepec y Progreso de Obregón, Teltipán de Juárez (cercano a la refinería de Tula) incorporó a su actividad económica, encabezada por la siembra de maíz y alfalfa, el huachicoleo, fenomeno que se replicó en Tlahuelilpan.
Durante un recorrido por ese municipio, ciudadanos aseguraron a La Razón que siete grupos de pobladores se dividen la ordeña, pero omitieron dar detalles.
Afirmaron que la estrategia contra el robo de combustible afectó al lugar, pues desde el 1 de enero pasado carecían de gasolina ordeñada, la cual adquieren en seis pesos el litro, no en 20, como se vende en las estaciones de servicio.
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Rubén Salazar, director de la Consultora Etellekt, que ha estudiado el robo de combustible, afirmó que desde hace al menos tres años se conocía la problemática en Tlahuelilpan, Hidalgo; sin embargo, no se atendió por parte de las autoridades.
“Esto, nosotros lo venimos diciendo desde hace tres años; desde entonces alertamos a la autoridad de que era un tema que nos parecía de alto riesgo”, sostuvo.
En entrevista, el director de Etellekt dijo: “Esto se debió haber prevenido desde los primeros minutos en que se detecta la toma clandestina para hacer un cerco y evitar que la gente se acerque, pues cuando llegas tarde, es muy difícil actuar”.
Sin descartar que detrás de la ordeña estén grupos del crimen organizado, aseguró que México se encuentra en segundo lugar a escala mundial en ese ilícito, con 60 mil barriles diarios, sólo por debajo de Nigeria, donde se sustraen de 100 mil a 150 mil barriles al día, según sus propias estadísticas.
Advirtió que el Gobierno federal debe ser “más inteligente” para enfrentar el huachicoleo, pues no puede “excusarse” en que no va a reprimir con las Fuerzas Armadas.
“Sí creo que tiene que haber una acción más contundente del Estado, se tiene que aplicar la ley. Tú no puedes tampoco perdonar”, comentó.
Salazar mencionó que en los municipios donde pasan ductos, la gente ve al huachicoleo como una actividad económica más —en especial en Puebla, Veracruz e Hidalgo—, y que de los 60 mil mdp que se pierden por “huachicoleo”, los grupos de la delincuencia organizada ganan de 15 mil a 20 mil mdp anuales.
Con información de Sergio Ramírez
Primeras horas: Así fueron los hechos, según narró el secretario Alfonso Durazo:
18 ENERO
14:30. La Sedena detecta una toma clandestina, donde una hora y 15 minutos después se congrega un número considerable de personas.
15:45. Personal militar llama a la población a retirarse para evitar riesgos a la salud y mayores.
17:00. Arriban elementos de la Gendarmería para alertar a los pobladores sobre los riesgos.
17:30. Llegan refuerzos de la Sedena e insisten en el llamado a la población para retirarse.
18:58. El cuerpo de Bomberos de Tlahuelilpan recibe reporte de explosión e incendio por toma clandestina.
19:50. Se activa la sala de crisis en la Policía Federal para atender la emergencia.
20:00. Bomberos comienzan a trabajar para sofocar el incendio.
20:22. Se establece el Comité Nacional de Emergencias, que concentra las actividades del Gobierno Federal en esta tarea.
20:34. Llegan las primeras 16 ambulancias de la Cruz Roja al punto de la explosión.
20:40. La Dirección General de Riesgos, de la Secretaría de Salud, despliega ambulancias y personal médico.
20:53. Pemex coordina la atención de la emergencia; Durazo explicó que no detallaría esas acciones.
20:55. Inicia el traslado de heridos a hospitales. El GCDMX envía cuatro helicópteros equipados.
21:21. Se atiende a los primeros nueve lesionados graves en el Hospital de Pemex Tula.
21:30. Llegan al sitio de la tragedia los secretarios de Defensa, Marina y de Seguridad.
22:30. Se instala el centro de mando, a 800 metros del incidente, presidido por el gobernador Omar Fayad.
23:02. Arriban peritos de criminalística de la PGR especializados en fotografía y química.
23:45. Personal técnico de Pemex informa que ha controlado el incendio en el poliducto.
19 ENERO
00:45. Llega el Presidente con el objetivo de coordinar las acciones.
Aumenta a 85 número de muertos por explosión
El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que suman 85 personas fallecidas y 58 siguen hospitalizadas por la explosión en un ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, el viernes.
En conferencia de prensa, señaló que todos los pacientes en el IMSS se han concentrado en las Unidades Médicas de Alta Especialidad de los hospitales de Magdalena de las Salinas y Lomas Verdes.
Los hospitalizados en Hidalgo fueron trasladados a Ixmiquilpan y Pachuca, “y aún permanece un paciente en el Hospital General de Tula, que hoy se trasladará a la Unidad Especializada de Atención a Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación”
Alcocer reiteró que aún no han definido el número de heridos graves, debido a que aún continúa la evaluación.
“Es difícil en una evaluación tan dinámica; todavía estamos en lo que se llama la ventana de 48, 72 horas, donde se van tomando acciones y, desde luego, teniendo los más graves en un lugar como es la Ciudad de México, y ahí el panorama, sin poder dar números, que tiene muchas variantes para poderlo hacer, sí hay pacientes graves en un estado de quemaduras de más de 80 por ciento, y que, desde luego, tiene compromiso en sus tejidos internos, en sus órganos, que prevén un pronóstico reservado”, indicó.
Asimismo, indicó que cuatro pacientes fueron dados de alta para continuar su tratamiento en forma ambulatoria.
Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó que un menor fue enviado a la Clínica Shriners en Galveston, Texas, para ser tratado en un hospital especializado; mientras que dos pacientes más están siendo preparados para ser trasladados al mismo lugar, en el transcurso de este lunes.
Agregó que cuentan con muestras de 68 restos humanos que fueron calcinados, nueve de ellos ya fueron identificados y se están entregando a sus familiares.
Expuso que de ser necesario, dichos restos se mandarán a expertos de Estados Unidos o Europa para que sean analizados.
¿Qué modelo debe asumir México para formalizar el trabajo doméstico?
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El fallo de la SCJN del pasado 5 de diciembre es un primer paso para solucionar este rezago histórico en México.
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Se acabaron los acuerdos de palabra entre una trabajadora doméstica y su empleador. La Suprema Corte ha reconocido de forma implícita que entre una trabajadora doméstica y su empleador existe una relación de trabajo. En un fallo de diciembre, resolvió que todo empleador debe inscribir a sus empleados domésticos en el sistema de seguridad social. Este cambio genera una gran pregunta: ¿cuál será el modelo que utilizará México para cumplir la sentencia? Cual sea, la mayor dificultad, en opinión de especialistas, será la manera como el nuevo régimen jurídico identifique a los empleadores, referidos por la Corte como la “parte patronal”.
No podemos pensar que un ama de casa entre con la figura de “patrón”. Tampoco podemos esperar auditorías a los 32.9 millones hogares del país, dijo en entrevista Ignacio Román, académico e investigador con especialidad en temas laborales.
Román, quien dicta cátedra en la universidad jesuita Iteso, resaltó la necesidad de establecer un mecanismo operativo real que sea relativamente sencillo para los hogares y que a la vez garantice a las trabajadoras del hogar el acceso a sus derechos laborales, refiriéndose al programa que debe diseñar el IMSS. Se calcula que en México hay 2.5 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico, de las cuales 91% son mujeres.
“El régimen especial debe resultar de fácil implementación para los patrones (que en su mayoría son amas de casa o padres de familia) y no puede ser de carácter voluntario, sino obligatorio”, se lee en el comunicado de la SCJN del 5 de diciembre, cuando se dio a conocer el fallo sobre las trabajadoras domésticas. El documento añadió que el diseño del nuevo régimen deberá excusar a los patrones de inscribirse en el SAT a efecto de dar cumplimento a sus obligaciones con sus empleados.
Y es que el artículo 13 de la Ley del Seguro Social dispone que las trabajadoras domésticas pueden voluntariamente darse de alta en el IMSS. Esta disposición eximía a los patrones de hacer la inscripción de las trabajadoras de este gremio en la seguridad social. Con la resolución del 5 de diciembre, la SCJN determinó que era inconstitucional que los patrones no estuvieran obligados a inscribir en el IMSS a las empleadas domésticas.
El fallo lleva implícito el reconocimiento que la relación existente entre empleadores y trabajadoras del hogar es una “relación de trabajo”, bajo la vigilancia del Estado, y que no se trata por tanto de un asunto privado entre particulares. El estudio de 2016 Formalizing Domestic Work de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica uno de los factores que han abonado a que este sector laboral se encuentre mayoritariamente en la informalidad es que sus tareas se den al interior de la casa privada, el espacio de exclusión de la esfera pública por antonomasia.
“A diferencia de la fábrica o la oficina, se considera que la casa privada no es un ‘lugar de trabajo real’ y que lo que ocurre dentro es un asunto privado ajeno a la regulación estatal. Esta idea considera que la privacidad de la familia es sagrada y se encuentra fuera de los límites de la inspección laboral”, refiere el estudio de la OIT. Pero estas líneas ayudan a plantear la dificultad que entraña la definición de la parte empleadora para toda legislación que formalice el trabajo doméstico: una casa privada no es una fábrica u oficina, y un empleador, en términos de la legislación laboral, no puede ser tomado como un patrón y asumir todas las obligaciones relacionadas a esta figura.
Esta idea sobre la impenetrabilidad de la casa como el espacio privilegiado de la privacidad ha constituido también un obstáculo para que las trabajadoras del hogar se organicen en la defensa de sus derechos laborales, pues al darse sus labores al interior de los hogares, quedan aisladas unas de otras.
El modelo de Costa Rica: el empleador como patrón con régimen especial
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Si bien el empleador es considerado un patrón, la legislación costarricense contempla regímenes especiales para el cumplimento del pago de cuotas de seguridad social tanto para empleadores como para las trabajadoras. Las cuotas se cubren con un porcentaje del salario de las trabajadoras, otro porcentaje lo pone el empleador y una parte más el Gobierno.
Costa Rica ha dispuesto un sistema en línea con el que los empleadores pueden hacer la inscripción de las trabajadoras. En el caso de las trabajadoras que tienen más de un empleador, cada casa en la que trabaje debe inscribir a la trabajadora en la seguridad social; el pago del seguro se prorratea entre todos los empleadores.
Desde enero de 2018, el salario mínimo de las trabajadoras del hogar en Costa Rica es de 183,939 colones mensuales (5,807.85 pesos), que equivale a poco menos de dos salarios mínimos en México. El salario mínimo profesional de Costa Rica para 2018 fue de 262,298.1 colones mensuales, es decir, alrededor de 8,267.75 pesos mexicanos.
Aún cuando la trabajadora del hogar tiene la opción de denunciar al empleador en caso de que éste no cumpla su obligación patronal, la tasa de inscripción a la seguridad social en Costa Rica es muy baja. En el 2017, el número de trabajadoras del hogar se calculaba en 172,000, de las cuales sólo 8.7% estaban registradas por los empleadores ante la Caja Costarricense de Seguro Social. En Brasil y Argentina, países que cuentan también con leyes para el trabajo del hogar, las tasas de inscripción a la seguridad social se encuentran en tasas menores a 30 por ciento. América Latina es la segunda región a nivel global en número de trabajadores del hogar.
El modelo de Bélgica: empresas de servicios como patrones
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La empresa de servicios, que puede ser comercial o sin fines de lucro, es la encargada del contrato y cumplimiento de los derechos laborales del trabajador del hogar. Ésta debe estar registrada ante el gobierno, de quien recibe además un subsidio.
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El costo de estos vales o cheques está en parte cubierto por el gobierno belga a través de subsidios, estrategia encaminada a que el servicio sea más accesible para las personas, a la vez que se busca incrementar la tasa de empleo formal en este sector. El subsidio consiste en la diferencia entre el salario mínimo por hora que la empresa de servicio está obligado a pagar al trabajador del hogar, y el precio del vale de una hora pagado por el hogar privado El gobierno recupera esta inversión vía la recaudación fiscal, gracias a la incorporación del trabajador a la formalidad.
Iniciativas en México
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En el país se cuenta ya con iniciativas como el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), que brinda asesoría a trabajadoras y a empleadores para establecer relaciones de trabajo digno entre ambas partes.
Hasta ahora, cualquier derecho o prestación laboral otorgado a la trabajadora del hogar —como aguinaldo, incapacidad por enfermedad o el periodo de vacaciones— se ha dejado a discreción del empleador, teniendo así un carácter de favor —en caso de ser dado— y no el de un derecho, dijo en entrevista Marcelina Bautista, secretaria general colegiada del Sinactraho. Pero que esta relación esté amparada por un contrato colectivo, que otorgue derechos y obligaciones, beneficia a ambas partes, dijo.
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Por esta omisión en la ley, son útiles iniciativas como las del sitio web hogarjustohogar.org, que con miras a coadyuvar a generar una relación laboral justa entre empleadores y trabajadoras del hogar, ha generado modelos de contrato colectivo, con los que ambas partes se beneficien al poner en claro los derechos y obligaciones que corresponden a cada una.
El Sinactraho también tiene a disposición de las trabajadoras del hogar y los empleadores formatos del contrato colectivo para las modalidades de "entrada por salida" y "de planta", así como un tabulador salarial que contempla el pago por día que deben percibir las trabajadoras según sus capacidades y las tareas a realizar, al igual que indicaciones claras para hacer el cálculo de prestaciones tales como el aguinaldo.
En la actualidad, 76.5% de las trabajadoras del hogar perciben 2 salarios mínimos o menos, que luego del aumento al salario mínimo que entró en vigor el 1 de enero, el monto es de 204 pesos. El tabulador más bajo del Sinactraho —de los cuatro que propone la agrupación sindical— considera un pago por día de 300 pesos. Estos tabuladores, dijo Bautista, son revisados para su actualización cada año.
En lo que toca al tema del salario, el académico Ignacio Román recordó que con la reforma laboral de 2012 se estableció en la Ley Federal del Trabajo el requerimiento de fijar un salario mínimo para las trabajadoras del hogar; sin embargo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) no dio cumplimiento a esta disposición. Según Román, el entonces director de la Conasami, Basilio González Núñez, adujo que el incumplimiento se debió a una escasez de presupuesto.
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El fallo de la SCJN es un primer paso para solucionar este rezago histórico en México. Por ello es de importancia toral el modelo que asuma el país para incorporar a las trabajadoras del hogar al trabajo formal y al ejercicio de sus derechos.
Las experiencias en otros países que se han inclinado por el modelo en que los empleadores son quienes deben inscribir a las trabajadoras del hogar a la seguridad social muestran altas tasas de omisión en el cumplimiento de esta obligación, de acuerdo con datos de la OIT. Por otro lado, el modelo usado en Bélgica y otros países europeos muestra mejores resultados en lo general, con incrementos en hogares que hacen uso de servicios de ayuda doméstica a partir de la implementación de los sistemas de vales de servicios.
El caso de las trabajadoras del hogar debe ser la punta de lanza, en opinión de Ignacio Román, que permita el proceso de formalización de muchos otros grupos de trabajadores que no cuentan con el acceso a derechos sociales, como los trabajadores por honorarios y los trabajadores agrícolas.
Insiste AMLO en que no habrá impunidad en la corrupción en Pemex
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No votaron por mí para ser alcahuete
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| Misa de cuerpo presente para algunos de los pobladores de Tlahuelilpan que fallecieron en el estallido del pasado viernes en un ducto de Petróleos Mexicanos.Foto Víctor Camacho |
Alonso Urrutia y Alma Muñoz
Si existen denuncias en contra del dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, no se van a detener. Eso no significa que nos vamos a meter a la vida interna de un sindicato. También, al mismo tiempo, no vamos a darle impunidad a nadie y si existen denuncias se va a proceder en lo que a nosotros corresponde, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confió en que en este caso la Fiscalía General de la República actúe en apego a su autonomía.
No obstante, acotó: en el caso de que un asunto se atorara, inmediatamente, cuando menos, en forma respetuosa, sin ofender a nadie, lo daríamos a conocer a los ciudadanos para que se forjen un criterio a partir de la información. Y es que López Obrador se dijo convencido de la máxima con la que se regían los liberales: se puede gobernar con la fuerza de la opinión pública.
El Presidente insistió en el combate a la corrupción como su divisa de gobierno aludiendo a la cuestionada adquisición de 700 ferrotanques en una operación en la que se dieron 400 millones de pesos como anticipo a cambio de nada. Pese a ello, censuró López Obrador, Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia que ni un pasante de derecho la haría, genérica, sin pruebas y se cometió el fraude. Hasta ahora no hay justicia, dijo y subrayó que en este caso no será aplicado el punto final.
Durante su conferencia matutina, para dimensionar los alcances que alcanzó la corrupción, López Obrador precisó: Es que Pemex y el gobierno en general estaban al servicio de gente sin escrúpulos morales. Estaban tomadas las instituciones, secuestradas por bandoleros, por una pandilla de rufianes, de corruptos.
Para dar el balance de la situación tras la tragedia en Hidalgo, López Obrador fue consultado sobre el surgimiento de una nueva organización sindical en Pemex y los presuntos vínculos de Romero Deschamps sobre denuncias por corrupción.
No protegemos sindicatos, no protegemos a líderes sindicales. El gobierno no tiene dirigentes preferidos, no hay línea de proteger a nadie, respondió en torno a la viabilidad de la nueva organización.
Sin embargo, fue explícito sobre el proceder gubernamental en el caso de haber denuncias contra Romero Deschamps. También deben existir las denuncias, sería muy bueno que en este caso se sepan, y como se está planteando, lo voy a solicitar. Si existen denuncias, para tener elementos: que se dé a conocer cuándo se presentaron, que no sea sólo la nota periodística, con todo respeto, sino que haya papeles.
El jefe del Ejecutivo federal señaló que la autoridad competente debe actuar, porque yo estoy seguro de que con los cambios en la Fiscalía General de la FRepública (FGR), todo esto va a ir mejorando, no va a haber la impunidad esta que existe de 99 por ciento, que es una vergüenza”.
No obstante, el mandatario había señalado explícitamente que bajo la nueva figura de la FGR nunca vamos a dar ninguna consigna, como era antes cuando existía la Procuraduría General, y tampoco se va a pugnar por la fabricación de delitos para imputar a opositores.
Adelantó que si no hay avances, se darían los datos para garantizar a los ciudadanos su derecho a la información y “no sólo eso, el derecho a que la gente participe, opine, y a mí me importa mucho eso, lo de la fuerza de la opinión pública. Porque una autoridad puede decir: ‘No me lo exige la ley’. Sí, pero no es nada más la ley, es la justicia, es la moral, es la ética. No es: ‘A ver cómo le doy la vuelta a la ley o cómo utilizo los recovecos de para ampararme’”.
López Obrador reivindicó la importancia que tiene para el país el combate a la impunidad y la corrupción: vamos a limpiar al país y que de una vez se sepa, no va a haber ni un paso atrás en el combate a la corrupción. No luché ni me apoyó la gente para llegar a convertirme en alcahuete de corruptos. Cero corrupción, cero impunidad.
En el contexto de sus alusiones a la estrategia del combate al robo de combustible, López Obrador lo asoció a la necesidad de combatir la corrupción. Tenemos que arrancar de raíz este mal para, aunque no les guste y me llamen mesiánico, purificar la vida pública del país. Hay que acabar con la corrupción.
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