Gobernadores se ciñen a plan de austeridad; dos rebasan tope
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De los ejecutivos estatales, 29 tienen sueldos mensuales por debajo de los 108 mil que gana el Presidente
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| Ningún funcionario del gobierno estatal, incluido el gobernador, tendrá un sueldo mayor al del Presidente de la República.” Alfredo del Mazo Gobernador del Edomex |
Corresponsales
CIUDAD DE MÉXICO.
En sólo dos meses la cifra de gobernadores que durante este 2019 percibirán un sueldo mensual menor al del presidente Andrés Manuel López Obrador, subió de 16 a 29.
En noviembre pasado, solamente 16 gobernadores reportaban salarios menores a los 108 mil pesos que el Presidente estableció como tope salarial para cumplir con el plan de austeridad.
En enero, de acuerdo con información proporcionada por los propios mandatarios y con tabuladores de los estados, al menos 29 mandatarios se han sumado a la política de austeridad.
En los estados de Guanajuato y Querétaro, los mandatarios no ganan menos que el Presidente, tienen sueldos de 222 mil 25 y 110 mil 154 pesos mensuales, respectivamente. Mientras que en Baja California, el Presupuesto de Egresos se mantiene en revisión y no hay información actualizada del sueldo del gobernador.
En Puebla el sueldo que ganará el mandatario que sea electo en los comicios extraordinarios, tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso, será de 94 mil 924 pesos mensuales. En el Estado de México, el sueldo mensual para el ejecutivo estatal será de 107 mil 797 pesos.
Otros mandatarios que ganan menos del tope salarial son los de Tamaulipas, Baja California Sur, Colima y Campeche.
Gobernadores se aprietan el cinturón
De los mandatarios estatales, 29 percibirán este año un sueldo mensual menor que el del Presidente de la República, que asciende a 108 mil pesos.
Al menos 29 de los 32 mandatarios de las entidades federativas del país ganan menos que el Presidente de la República, cuando hasta noviembre del año pasado la cifra era de apenas 16.
De acuerdo con los propios mandatarios y tabuladores de los estados, los ejecutivos locales se han sumado a la política de austeridad que domina en el gobierno federal.
Sólo en los casos de los estados panistas de Guanajuato y Querétaro, los representantes del Ejecutivo local no ganan menos que el Presidente.
En Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez percibe este año 222 mil 25 pesos mensuales, mientras su antecesor, Miguel Márquez, ganaba 150 mil 863 pesos. En la entidad, 15 secretarios locales, 17 funcionarios del gabinete ampliado, 36 diputados, 21 magistrados, cuatro consejeros del Poder Judicial y ocho consejeros electorales ganan más que el presidente López Obrador, que gana 108 mil pesos netos mensuales.
En Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez tiene un sueldo de 110 mil 154 pesos para el ejercicio fiscal 2019, según publicó el Periódico Oficial del estado.
Esto pese a que el mandatario queretano se había comprometido “renunciar” a tres mil pesos para quedar con apenas mil pesos por debajo del salario del Presidente.
Dentro del presupuesto de egresos 2019 del estado de Chihuahua, el Congreso del estado aprobó un sueldo neto para el gobernador Javier Corral de 54 mil 193 pesos, más un bono de productividad de mil 700 pesos y siete mil 488 pesos por concepto de despensa. Sin embargo, cuenta con una gratificación anual de 72 mil 257 pesos y una prima vacacional de 36 mil 129 pesos.
Martín Orozco, de Aguascalientes, ganaba 245 mil pesos mensuales y a fin de año se comprometió a que se bajaría el sueldo a partir del 1 de enero, a 105 mil pesos. En su momento dijo que ganaba 125 mil pesos libres, aunque por ley podía percibir hasta 250 mil pesos.
El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, es uno de los 14 mandatarios que se han reducido su salario, para reñirse a la línea de austeridad marcada por el gobierno federal.
Por ello envió la propuesta en el Paquete Fiscal 2019 que ya fue aprobado, para que ninguno de los funcionarios del primer nivel, entre ellos él, ganara más de 108 mil pesos.
El mandatario estatal tenía un salario de 117 mil 528 pesos y, al enviar la propuesta del Paquete Fiscal 2019, los diputados locales reconocieron la austeridad que hubo en la reducción de salarios por parte del mandatario mexiquense.
Las entidades donde hubo alternancia en los gobiernos también tuvieron modificaciones en los sueldos de los mandatarios.
Nelly Vargas, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de Tabasco dijo que Adán Augusto López Hernández gana 104 mil pesos al mes como gobernador, contra los 179 mil 428 de Arturo Núñez.
En Jalisco, el mandatario Enrique Alfaro se comprometió a ganar menos que el Presidente y aseveró que las políticas de austeridad son una de sus “coincidencias de fondo” con el gobierno federal. Su antecesor ganaba 166 mil 195 pesos mensuales.
Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, también se comprometió a una política de austeridad este año. El último registro era que el mandatario ganaba 174 mil 133 pesos.
En San Luis Potosí, el mandatario Juan Manuel Carreras aseguró que en toda su administración ha ido hacia una política de austeridad: “En el tema salarial, ya está ajustado, desde 2015 que iniciamos la administración, estaba en 135 mil pesos, luego se ajustó a 120 mil y ahora queda en 105 mil pesos para el gobernador”.
Los otros mandatarios que ahora ganan menos que el Presidente son Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; José Ignacio Peralta, de Colima, y Alejandro Cárdenas, de Campeche. En el caso de Puebla, Antonio Gali ganaba 155 mil pesos, pero, ahora, en el presupuesto de egresos para este año, la remuneración máxima quedó en 94 mil 924 pesos.
En el caso de Baja California, el sueldo está en pendiente, ya que el presupuesto de la entidad para este año se muestra en revisión.
El resto de los mandatarios estatales ya ganaba menos que el Presidente desde 2018.
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y Karla Méndez
Gasolineras esconden venta de huachicol con software Rastrillo
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Liliana Padilla
Lo conocen como El Rastrillo y para la gasolinera que lo tiene es la puerta de entrada a una mina de oro ilegal. Este software pirata es la piedra angular sobre la que se sostiene un esquema de fraude cibernético que ha permitido a numerosas estaciones de servicio del país vender huachicol y engañar a Pemex, a Profeco y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Dos ex empleados de la empresa Atio Group, encargada del desarrollo del software de controles volumétricos ControlGAS —instalado hasta en un tercio de las 12 mil gasolineras del país—, revelaron a MILENIO los pormenores de este esquema de fraude en el que la empresa ofrece a quien lo quiera comprar la expansión ilícita del programa a tipo plug-in.
"Básicamente es un programa que se le añade a ControlGas para rasurar litros y cucharear las cifras que se reportan al gobierno", dijo un ex empleado, que entregó a este diario una copia de El Rastrillo, con el cual se puede informar una cantidad falsa de venta de gasolina al gobierno federal. El tema no ha pasado desapercibido: la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda ya tiene abiertas investigaciones contra al menos 194 estaciones de servicio por alterar sus controles volumétricos y reportar ingresos y egresos que no cuadran, según ha declarado en semanas recientes su titular, Santiago Nieto.
La red de gasolineras del país tiene la obligación de entregar al SAT los controles volumétricos y además debe cumplir con una serie de reglamentaciones, entre ellas, la verificación de controles a distancia NOM 185 CSFI 2012, que regula dichos sistemas.
El sistema informático ubicado en las bombas, en teoría inviolable, arroja de manera precisa las cantidades de combustible que adquieren y venden a los usuarios. Dicha información se envía a diario tanto al SAT como a Pemex, que entrega un visto bueno que permite a la gasolinera mantener su funcionamiento, ya que no hacerlo implicaría un delito fiscal, previsto en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación.
Pero uno de los esquemas con los que se han alterado los controles volumétricos —con los que el gobierno federal en teoría sabe cuánto vende cada gasolinera— es, precisamente, El Rastrillo.
"Es un parche al mismo software que genera la empresa y permite manipular la cantidad de litros que se vende y de la que se entera el gobierno", dijo un ex empleado que pidió guardar el anonimato y quien ya ha sido amenazado de muerte. Su testimonio fue ratificado por otro ex trabajador de la compañía, propiedad del empresario y ex presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estación de Servicios (Ampes), Pablo César Gualdi.
"Este software paralelo permite alterar los reportes que se envían a Pemex de compras, ventas, existencias, porque si rasuras o recortas los litros puedes vender robado", dijo uno de los ex empleados, quien fue cesado de la empresa por negarse a comercializar el programa pirata.
De acuerdo con su testimonio, en numerosas gasolineras se oferta El Rastrillo como una opción para alterar los controles volumétricos.
El programa tiene varias opciones: se puede elegir reportar 5, 10 o 15 por ciento menos de venta a Pemex y al SAT, lo que permite a la estación que lo usa vender el faltante con huachicol.
"Yo pude ver cómo se utilizaba el sistema en varias gasolineras", confirmó otro trabajador, también amenazado de muerte. Sus superiores le pidieron colaborar para promover el programa, que básicamente funciona como un parche adicional a ControlGas —uno de los más utilizados por gasolineras a escala nacional.
Uno de los trabajadores laboró en el área de atención a clientes y ahí fue donde se enteró de la existencia de El Rastrillo: "Empecé a recibir las llamadas de los clientes que pedían este software paralelo", dijo.
MILENIO solicitó una entrevista a la empresa Atio Group en dos ocasiones, pero no hubo respuesta.
También se consultó a la Onexpo, que informó que la organización no defenderá a gasolineras que hayan incurrido en algún acto ilegal.
"Que cada quien asuma su responsabilidad jurídica. Onexpo no defiende ni defenderá a quienes con dolo incurren en actos contrarios a la legalidad y apoya las decisiones del gobierno federal para combatir actos ilícitos", destacó en un posicionamiento.
De igual manera se requirió información a la Ampes, que declinó la petición bajo el argumento de que sus asociados tenían “problemas de agenda de trabajo”.
Seguridad en aduanas funciona sólo al 15%
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[ Segunda Parte ]
Ricardo Peralta, el nuevo Administrador General de Aduanas, es un hombre arrojado, pero un tema parece retraerlo: el uso de las 49 aduanas del país para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos… Habla, en específico, del fentanilo, uno de los opiáceos más potentes y peligrosos del mundo, con efecto multiplicador en relación con la heroína o morfina y cuya distribución se ha extendido en el mercado negro estadunidense.
“Durante años jamás le entraron a este tipo de cosas, es muy peligroso, por los intereses que se afectan y el dinero en juego”, dice a Crónica.
—¿Y tú le vas a entrar?
—Es mi trabajo…
Y al fin, suelta: “En el mes y 20 días que llevamos aquí, ya hay varias investigaciones en las que estamos participando, de alcance internacional… El objetivo es la detección de fentanilo hacia los Estados Unidos”.
Las indagatorias, promete, llegarán a fondo, sin descuidar el saneo institucional, “porque hoy la tecnología y los protocolos de seguridad están funcionando al 15 por ciento”.
Antes de tomar posesión, supo de diversos administradores de las 49 aduanas renuentes a dejar su cargo. “Decían, con seguridad, que el nuevo gobierno no podría hacer cambios, como si fuera su negocio personal o tuvieran un padrinazgo imbatible. Y antes de terminar el 2018 cambiamos a 45; apenas cuatro se quedaron, porque teníamos buenas referencias, aunque se les dio otra adscripción.
—¿Qué supiste de los 45 despedidos?
—Ya tenían una cadena de producción ilegal, hasta habían diseñado un calendario de la entrada de mercancías, qué entraba un día y qué entraba otro, y hacían tropelías. Pero les cambiamos el mecanismo y por eso hemos tenido grandes aseguramientos de armas y drogas. Llegaban inmensos volúmenes de mercancías y subvaluaban las cargas, a cambio de moches. El mensaje que di fue: un centímetro cubico de subvaluación y les fincamos responsabilidades.
—¿Algunos de los 45 son investigados?
—Sí, hay información muy sensible de una parte de ellos, cometieron delitos, empezando por enriquecimiento ilícito, no han podido acreditar su ostensible riqueza con los recursos que manifestaron ganar.
—¿Cuántos?
—Al menos 10, estamos integrando elementos y sólo esperamos que se modifique el Artículo 19 constitucional para que la corrupción sea considerada un delito de prisión preventiva oficiosa, no vamos a tentarnos el corazón contra nadie, seré de los primeros en ocupar el Código Penal Federal para ir contra ellos.
—¿Y los nuevos?
—Casi todos son universitarios, gente limpia, trabajaron de jueces, actuarios, notarios, contadores públicos, auditores, contralores. Todos fueron investigados por el órgano de evaluación del SAT, pedimos colaboración de agencias internacionales sobre su perfil, del gobierno de Estados Unidos, y de los órganos de inteligencia de la Sedena, Marina y Policía Federal. Están bien checados.
DE CAJA CHICA A MOTOR ECONÓMICO. Peralta ve a Aduanas como un “gran negocio” para el país. No sólo como eje de la seguridad nacional, sino como ente estratégico para resolver problemas económicos.
“La Aduana de Veracruz financió al primer gobierno independiente de México —ejemplifica—, pero en las últimas décadas la institución fue mandada a un tercer piso en la estructura de gobierno. Quedó como una caja chica, con posiciones para compadres y amigos del presidente en turno”.
Aun con corruptelas y simulación, las aduanas aportan al país 845 mil millones de pesos al año, derivados del cobro de IVA por importaciones y otros derechos de comercio exterior. Las transacciones de importación y exportación permiten calcular la balanza comercial y medir la inflación.
“El negocio puede potencializarse, pero hay desconfianza. El 87 por ciento de nuestras exportaciones depende de EU, tenemos 49 tratados comerciales y usamos sólo 10; con China, pese a su gran mercado, sólo el 2 por ciento. Urge internacionalizar al país: tener las mismas prácticas comerciales que las potencias, utilizar la misma tecnología, hablar el mismo idioma, diseñar una nueva Ley Aduanera y suscribir el convenio de Kyoto, principal instrumento de facilitación del comercio aduanero”.
—¿Por qué no se ha suscrito?
—Porque se obliga a la transparencia, a la tecnificación y a llevar las mismas reglas de otros países. Con la tecnología que hoy tenemos podríamos ya comenzar a tecnificar las operaciones de comercio exterior y que todas las mercancías entren prepagadas. En Estados Unidos pides algo por mensajería o comercio electrónico, en cualquier parte del mundo, y te llega al otro día; en México, pides la misma mercancía y si bien te va te llega en unos 60 o 90 días; y si te toca recogerla en una agencia pública como Sepomex, a lo mejor ya ni la encuentras.
Son muchos los proyectos, pero primero, dice, “hay que ocupar los puestos para el sistema de monitoreo, explotar los rayos gama en tiempo real y supervisar todas las mercancías que pasan de manera electrónica, para ir eliminando el método de semáforos fiscales: verde y rojo, tú sí pasas, tú no… Se presta a argucias y mordidas.
—Pero están en época de austeridad, ¿se ha recortado la nómina en Aduanas?
—Hasta ahora no. Lo que necesito es personal.
—¿Cuántos más?
—Al menos 2 mil, hay posiciones de trabajo abandonadas, sin vigilancia y pasa quien sea y con lo que sea...
—¿Van a contratar?
—Me encantaría, pero hay una instrucción de adelgazamiento en el SAT. Lo que he dicho es que la Aduana es de seguridad nacional y esos 845 mil millones de pesos por pago de derechos se pueden multiplicar. Nos podemos ahorrar 45 millones de pesos en sueldos, pero dejan de ingresar 20 mil millones de pesos si desaparezco un área, no sólo es poco rentable, sino incongruente. Ya he presentado un estudio de rentabilidad por cada área. Estoy subiendo la meta de recaudación para 2019 en un 30 por ciento, nos vamos a ir por arriba del billón, no hay una institución del gobierno que recaude tanto como la Aduana.
Pero, dice, “soy un hombre disciplinado. Haré lo impensable para potenciar la institución, aunque no soy de los que dicen sí a todo. El no también construye mucho”…
Aduana itinerante
Uno de los proyectos más novedosos de la AGA es la creación de una aduana itinerante, con administrador y personal suficiente, la cual viajará por todo el país en busca de corrupción. Tomará por sorpresa alguna de las 49 aduanas del país para verificar su funcionamiento y que no haya arreglos con transportistas, exportadores e importadores. Si no se detectan anomalías, la aduana itinerante seguirá su recorrido, de lo contrario, tomará la aduana y los funcionarios de ésta serán enviados a la CDMX para iniciar procedimientos administrativos y aplicar exámenes. Se forma otra para seguir de viaje.
Los datos
En las Administraciones Generales de Aduanas y Comercio exterior, laboran más de 12 mil personas y alrededor de 2 mil 800 son operativos.
En el área Central de Operaciones Especiales pueden participar en operativos con fuerzas federales, en delitos como huachicol; la Aduana tiene atribuciones para intervenir estaciones de servicio de gas, gasolina, turbosina y diésel para hacer verificaciones y comprobar si la mercancía ingresó legalmente al país. En el año, se han asegurado nueve pipas y 210 mil litros de gasolina.
Urgen usar tecnología vs. huachicoleo
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Los especialistas consideran que son una herramienta muy exacta para conocer la procedencia de las gasolinas789 MIL BARRILES DE GASOLINA, DEMANDA DEL AÑO PASADO. |
Ante la efectividad que han demostrado los marcadores de gasolinas contra el robo de combustibles en el mundo, los expertos afirman que este es el mejor momento para que México utilice esta tecnología como parte de una estrategia integral contra el huachicol, un delito que provoca pérdidas de hasta 60 mil millones de pesos anuales para Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Si las autoridades ya están en este momento dentro de un proceso de combate frontal al robo de combustible, entonces hay que usarlos para poder identificar el origen de las gasolinas.
“No existe ninguna justificación para no hacerlo y es un excelente momento para introducirlos”, comentó Luis Miguel Labardini Deveaux, experto de la consultoría Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía.
México cuenta con las condiciones y el marco regulatorio para implementar la marcación de gasolinas, ya que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicada en 2016, ya reconoce en su artículo 5 la posibilidad de usar esta tecnología, al igual que la Norma Oficial Mexicana 016 expedida por la Comisión Regulatoria de Energía (CRE).
Además, el regulador, que preside Guillermo García Alcocer, informó a El Heraldo de México que trabaja en un programa denominado “Disposiciones Administrativas de Carácter General” que busca establecer como obligatorio el uso de esta solución tecnológica.
El programa se encuentra en un proceso de análisis y cuenta con la participación de las Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) y de las empresas especializadas de la industria.
La propia Comisión Regulatoria de Energía reconoció que “la marcación de los hidrocarburos es una medida de seguridad contra el robo de molécula en mercados maduros”, ya que ayuda a identificar quién es el dueño legítimo del producto.
Los marcadores de gasolina son moléculas que se inyectan al combustible y que permiten conocer si han sido compradas legalmente.
Funcionan como una huella de ADN que detectan si ha sido adulterado con otras gasolinas de dudosa procedencia. Se trata de una solución tecnológica que es usada en al menos 14 países para combatir el robo y contrabando de gasolinas y que también fue probada por Pemex en 360 estaciones de servicio durante 2016, así lo documentó este medio el pasado 10 de enero.
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| UNA COMPUTADORA DETECTA LA CANTIDAD DEL MARCADOR A TRAVÉS DE RAYOS X. |
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| “Son una herramienta muy exacta para conocer la procedencia de la gasolina, se han usado mucho en Europa con resultados favorables; en México deben ser implementadas de manera obligatoria”, opinó a su vez Ramsés Pech, analista de Caraiva y Asociados. EN 2018, PEMEX SUFRIÓ PÉRDIDAS POR 66 MIL MDP POR EL ROBO DE HIDROCARBUROS. |
Colombia es el caso de éxito más representativo del uso de trazadores, pues a partir de 2002 Ecopetrol los incluyó como parte de una estrategia contra el contrabando de combustibles, misma que le permitió reducir en 99 por ciento la extracción ilegal de gasolina.
Otras naciones que han usado los marcadores son Francia, Reino Unido, España, Rumania, India, Malasia, Guyana, Ghana, Serbia, Brasil, Ecuador, Kenya, Uganda, Tanzania y Sudáfrica.
Gobernador y SCT se enfrentan por bloqueo de CNTE... y no se resuelve
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| Plantón del magisterio en las vías del tren, en el tramo Lázaro Cárdenas-Maravatío, el sábado. Foto: Cuartoscuro |
La Razón Online
El conflicto laboral por el que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen bloqueadas vías férreas en Michoacán escaló este domingo, pues el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el gobernador Silvano Aureoles intercambiaron señalamientos por responsabilidades; mientras los docentes afirmaron que seguirá el plantón.
Hoy se cumplen 15 días de cierres en siete puntos de las vías del tren de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que, según el informe más reciente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), representan pérdidas por cerca de mil millones de pesos al día.
El dato: La Subsecretaría del gobierno michoacano envió un oficio a la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para solicitar su intervención en el conflicto.
Ayer Jiménez Espriú escribió en su cuenta de Twitter: “El conflicto laboral entre la CNTE y el Gobierno de Michoacán lesionan la economía nacional en su conjunto, afectando a empresas tanto públicas como privadas. Exhortamos a las partes a considerar los intereses nacionales y buscar vías de solución distintas”.
Luego del tuit, Aureoles Conejo reviró: “Michoacán agradece su ‘exhorto’, pero también le recordamos que las líneas del ferrocarril son competencia federal, es decir, son su responsabilidad como secretario de Comunicaciones y Transportes”.
En otro mensaje insistió: “Le pedimos asuma lo que le corresponde y, por el bien de los michoacanos, de la economía del estado y del país intervenga de manera formal para garantizar la liberación inmediata de las líneas ferroviarias”, a lo que Jiménez Espriú ya no respondió.
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Sin embargo, la propuesta administrativa no satisfizo a los inconformes, por lo que decidieron continuar con el bloqueo.
El viernes Garza aclaró que el problema de la falta de pagos a la CNTE es con el estado, por ello se adelantaron 200 millones de pesos (de un total de mil millones) de participaciones federales.
“Respaldamos absolutamente esa decisión (los bloqueos) porque el problema no se resuelve; no hay el pago completo de salarios que se les adeuda. Siempre que aceptamos ofertas parciales después ya no cumple la otra parte, por eso la consigna es mantener el bloqueo hasta que se pague el total de salarios; no hay más”, dijo Francisco Bravo, integrante del Comité directivo de la sección 9 del magisterio, a La Razón.
El líder magisterial lamentó que el movimiento genere pérdidas económicas: “Bueno, si están perdiendo tanto dinero, ¿por qué no pagan y se resuelve el problema? Habría que preguntar al gobierno del estado por qué nunca pagaron un dinero que ya estaba presupuestado, que nos digan qué pasó con ese dinero”.
Isidoro Ruiz, líder regional de la CNTE, dijo que el adeudo por cinco mil millones de pesos en bonos y prestaciones que tiene el gobierno de Michoacán con los 32 mil trabajadores de la educación de la entidad se revisará hoy, en una mesa compuesta por el Gobierno federal, estatal y la Comisión Estatal Única de Negociación, a la cual está citado el gobernador Aureoles, “aunque de no estar presente la resolución debe salir, confío, pues éste fue un compromiso del Gobierno federal”.
En ese sentido, la Sección 18 del magisterio acusó la ausencia del mandatario en las mesas de negociación, lo que denota ”falta de voluntad y responsabilidad”.
La Concamin contabilizó mil 750 millones de toneladas de mercancías que no han salido rumbo a sus destinos.
Municipios huachicoleros, los más violentos
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| Foto: Cuartoscuro |
La ruta del huachicol se trazó con sangre durante el año que terminó. Los 91 municipios por donde corren los ductos de Pemex fueron también los más violentos del país.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número de asesinatos aumentó 53 por ciento en municipios por donde corren los ductos de Tula- Toluca, Tula-Salamanca, Salamanca-Morelia, Salamanca-Guadalajara, Salamanca- León, Tuxpan-Azcapotzalco.
Lo anterior, a diferencia de los municipios por donde no pasan ductos, donde el aumento fue de apenas 11 por ciento.
Todo esto en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Veracruz y Ciudad de México.
Los grupos del crimen organizado dedicados a la extracción ilegal de hidrocarburos ejercen la violencia como método para preservar los territorios donde tienen influencia.
Los primeros días de 2019 se registraron los asesinatos de presuntos líderes huachicoleros conocidos como El Vikingo, La Parka y El Tornillo, quienes controlaban la escena huachicolera en Hidalgo.
En entrevista reciente con la Organización Editorial Mexicana (OEM), el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, aseguró que la estrategia federal de combate al huachicoleo había generado un “efecto cucaracha”, en el que municipios aledaños a los ductos de Pemex se estaban tornando violentos.
“Creemos que existe un enfrentamiento entre huachicoleros porque en los últimos veintitantos días han aparecido más muertos”, dijo.
De acuerdo con una revisión de este diario, en los nueve estados donde pasan ductos de Pemex se registraron el año pasado 12 mil 353 homicidios dolosos, de los cuales 40 por ciento ocurrieron en municipios con ductos o “huachicoleros”.
Esto quiere decir que el peso de la violencia en estos municipios incrementó, pues en 2017 el número de asesinatos cometidos en ellos representaba 29 por ciento.
Datos de Pemex y del SESNSP permiten hacer un cruce para establecer que el número de homicidios en municipios huachicoleros se mueve a la par del número de tomas clandestinas detectadas. En tanto que 2018 se ubica en como el año récord de asesinatos en municipios huachicoleros, a su cierre se contabilizan un estimado de 15 mil tomas clandestinas –un incremento de 45 por ciento respecto al año previo– también ubicándose en su máximo histórico.
VIOLENCIA Y NEGOCIO
Según Guadalupe Correa, académica radicada en Estados Unidos especializada en crimen organizado, el modelo de negocio de los cárteles mexicanos ha migrado del narcotráfico a un sistema complejo de extracción de rentas, especialmente por el robo de recursos naturales, como el combustible.
Asimismo, la captura de grandes capos ha generado una atomización de grandes organizaciones criminales en pequeños grupos, algunos familiares, dedicados a distintas actividades ilícitas. La manera en que mantienen el control de las zonas donde pasan esos recursos –añade– es la extrema violencia.
Dependiendo de cada estado los resultados varían, pero en general se observa que la presencia de crímenes violentos en municipios donde corren ductos de Pemex se está haciendo más común o está incrementando su importancia.
El caso más grave entre las nueve entidades por donde corren ductos de Pemex es Guanajuato.
Ahí los homicidios en sus municipios huachicoleros crecieron 136 por ciento en 2018.
Esto se debió al incremento de más de 100 por ciento de la violencia homicida en los municipios de Cortázar, Irapuato, Valle de Santiago, Abasolo, Pueblo Nuevo, Moroleón, Salamanca, Silao, Villagran, Yuriria y Pénjamo.
Sólo el pasado 28 de septiembre un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros y policías federales dejó 10 muertos, luego de que aproximadamente 40 personas con armas largas cerraran la carretera Celaya-Querétaro con una camioneta en llamas y ejecutaran a una persona al interior de un vehículo.
Así, de cada 100 asesinatos que sucedieron el año pasado en Guanajuato, entonces gobernado por los panistas Miguel Márquez y luego Diego Sinhue, 76.5 por ciento ocurrieron en municipios huachicoleros.
Otro caso para destacar es el de Hidalgo, en donde la explosión del ducto en Tlahuelilpan cobró la vida de 114 personas, algunas de ellas extrayendo ilegalmente gasolina.
Según informó Octavio Romero, director de Pemex, con el paso de los años Hidalgo se convirtió en el estado donde más tomas clandestinas se registran.
En esta entidad la violencia en municipios huachicoleros ha aumentado considerablemente. En 2011 sólo 33 por ciento de los homicidios ocurrían en la zona de robo de combustible, pero en 2018 esta proporción se disparó a 62 por ciento. Los municipios de Tula, Tepeji y Tulancingo son los principales focos de violencia.
En Jalisco, en tanto, el incremento de la violencia en municipios huachicoleros data desde el 2014. Desde ese año, el número de homicidios en esas alcaldías ha crecido 148 por ciento.
Este periodo de tiempo coincide con el apogeo y lucha por el poder del cártel Jalisco Nueva Generación, ligado a la extracción de hidrocarburos.
En Querétaro, un estado considerado como seguro, también se ha contagiado, pues los homicidios en municipios huachicoleros representaban en 2017 19 por ciento del total y para 2018 pasaron a ser 28 por ciento. El municipio de San Juan del Río es el principal foco de violencia huachicolera, mismo que en días pasados registró una fuga en un ducto perforado ilegalmente.
Los datos consultados no reflejan un recrudecimiento sustancial durante 2018 de la violencia en municipios huachicoleros en Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Michoacán y Puebla. Sin embargo, no por eso estuvieron exentos de hechos de violencia relacionados con el huachicoleo.
Por ejemplo, en Puebla -junto a otras seis personas- fue abatido el líder huachicolero Comandante 30, en agosto pasado por elementos de la Marina, y era presuntamente responsable del asesinato de seis policías del municipio de Amozoc.
Según ha prometido el gobierno de la República, se destinarán casi cuatro mil millones de pesos en una primera etapa para articular programas sociales de apoyo en los 91 municipios por donde corren los ductos de Pemex, y así desincentivar el robo de combustible.
Sobre el combate frontal al crimen organizado, el gobierno federal no ha dado mayores detalles más allá del cierre de ductos, vigilancia aérea y protección militar a ductos.
Producción de crudo de Pemex cayó 29% en sexenio pasado
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El 2018 cerró con un promedio de 1.813 millones de barriles de petróleo crudo diarios; al publicar las cifras revisadas, los indicadores de producción petrolera sufrieron ajustes a la baja durante todo el año.
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La producción de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en diciembre del 2018 se ubicó en 1.710 millones de barriles diarios, lo que implica una caída de 8.7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Así, el año cerró con un promedio de 1.813 millones de barriles de petróleo crudo, con una caída anual de 6.9% y de 29% en el sexenio pasado, según las cifras revisadas en los últimos indicadores de la empresa.
La extracción anual fue entonces 5.3% inferior a lo proyectado por la estatal al inicio del 2018 y casi 10% inferior a lo proyectado en el Plan de Negocios 2017-2021 de la pasada administración.
Al publicar las cifras revisadas, los indicadores de producción petrolera sufrieron ajustes a la baja durante todo el año. Por ejemplo, en enero del año pasado Pemex reportó una producción de 1.929 millones de barriles diarios, volumen que ajustó a 1.909 millones de barriles el viernes pasado, una diferencia de 20,000 barriles por día.
En febrero la diferencia entre datos es de 19,000 barriles diarios; en marzo, abril, junio y agosto es de 18,000 barriles al día; en mayo, julio, septiembre, octubre es de 17,000 barriles, mientras que en noviembre volvió a reportar 20,000 barriles más.
Con estas revisiones, Pemex produjo casi 1% menos de lo que reportó originalmente cada mes durante al año pasado, lo que implica un volumen inferior en 16,640 barriles diarios en promedio, según las primeras estadísticas de la empresa publicadas por la presente administración.
Declinación de campos
Las caídas obedecen a la declinación de los campos productores, ya que por ejemplo, Cantarell, en la Sonda de Campeche, redujo su producción en 8.7% en un año, ubicándose en 161,250 millones de barriles, que son apenas 8.8% del total nacional en el promedio entre enero y noviembre del año pasado, que es el último indicador de la empresa por campo. Este yacimiento ha tenido una caída de nada menos de 28% en el sexenio y cabe recordar que 10 años antes llegó a producir más de 2 millones de barriles diarios.
En el caso del mayor activo productor del país, Ku Maloob Zaap, la extracción promedio anual se ubica en 875,939 barriles diarios en 2018, lo que implicó esfuerzos por elevarla en 2.1% en el promedio anual y en 1.4% en la comparación con el arranque del sexenio pasado.
Otros grandes activos, como Abkatún Pol Chuc en la región marina Suroeste, presentan caídas productivas de casi 10%, al ubicarse en el promedio del año pasado en 183,532 barriles diarios, lo que representa una reducción de 37.5% en el sexenio.
En el caso del activo marino agrupado en el Litoral de Tabasco, la reducción anual es de 14% de la producción, ya que en el promedio disponible de enero a noviembre de 2018 la extracción de crudo en esta región se ubicó en 297,536 barriles diarios, con una caída de 0.6% en el sexenio. El resto de los activos petroleros del país, que incluyen campos de menor volumen en las regiones marinas y todos los yacimientos productores terrestres del país, presenta una caída anual en la producción de 19%, al ubicarse en 2018 en 294,720 barriles diarios, con lo que en el sexenio su extracción se ha reducido en 53 por ciento.
Gas natural y gasolinas
Por otra parte, la extracción de gas natural se ubicó en 4,881 millones de pies cúbicos en diciembre, con un incremento de 1.4% anual.
El volumen de las importaciones de gasolinas también tuvo actualizaciones a partir de agosto del año pasado, ya que Pemex importó 588,000 barriles diarios ese mes, que son 2,000 barriles más que los reportados anteriormente. En noviembre del año pasado, Pemex había reportado 586,000 barriles diarios de gasolinas de importación, volumen que el viernes pasado actualizó a 608,000 barriles por día.
Reconocer competencia del comité de ONU sobre desapariciones forzadas, ordena juez
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En una decisión considerada inédita, un juez de distrito en materia administrativa ordenó al Estado mexicano concluir los procedimientos para reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (Comité CED) con el fin de recibir y examinar comunicaciones individuales por ese delito. Esto abre las puertas para que miles de familias de víctimas de desaparición en el país accedan a la verdad y la justicia.
Al otorgar un amparo a la familia Trujillo Herrera –cuatro de cuyos integrantes fueron víctimas de desaparición–, el juzgador subrayó que las autoridades federales fueron omisas para llevar a cabo los procesos que permitan la admisión de la competencia del Comité CED, lo que vulnera el derecho de las víctimas a acudir a instancias internacionales como un recurso más para acabar con la impunidad en este delito, entorpeciendo así sus garantías fundamentales.
El 18 de marzo de 2008 México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Ciptpdf), la cual entró en vigor a escala global en diciembre de 2010, aunque nuestro país dejó pendiente el reconocimiento del artículo 31, referente a la atención a casos individuales. Pese a los llamados del Comité CED para que se acepte dicha competencia, a principios de 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto lo rechazó argumentando que para hacerlo era necesario un proceso sustantivo que involucra la opinión de un gran número de instituciones relevantes, y que continúa bajo consideración.
Diversas instancias, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exigieron al gobierno anterior reconocer la competencia de este comité.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –organización que ha acompañado a la familia Trujillo Herrera–, exhortó al nuevo gobierno federal, en particular al presidente Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard Casaubón, a cumplir con la sentencia judicial.
Mensaje negativo
Este amparo, agregó, “representa un ejercicio inédito de judicialización de la política exterior en materia de derechos humanos. Es la primera vez en el país que un juez señala que la negativa (para aceptar la competencia de un organismo multilateral) es inadecuada porque viola el derecho a la protección de las víctimas. Si el gobierno impugna el fallo –como es posible–, enviaría un mensaje negativo. La nueva administración ha reconocido la crisis en materia de derechos humanos, a diferencia del anterior sexenio que la ocultaba, matizaba y negaba”.
Ante la falta de acceso a la justicia, el 13 de marzo del año pasado María Herrera Magdaleno y Juan Carlos Trujillo Herrera, madre y hermano de Raúl, Salvador, Luis Armando y Gustavo –los dos primeros desaparecidos en agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y los otros dos en Poza Rica, Veracruz, en septiembre de 2010– presentaron un amparo ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa con sede en Ciudad de México.
Hace unos días, el juez decidió otorgar la protección de la justicia federal a los quejosos y dio un plazo de 60 días naturales a las nuevas autoridades federales para finalizar los procedimientos de reconocimiento de la competencia del Comité CED.
Martín Adolfo Santos Pérez, titular del juzgado, reconoció en la sentencia la extrema gravedad de la desaparición forzada, que constituye un delito, y en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad, y por ello atenta de manera directa contra los derechos humanos, pues el objetivo de la Ciptpdf es prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta a las mismas.
Destacó que datos oficiales muestran (a abril de 2018) que en México hay 34 mil 656 personas desaparecidas, lo cual evidencia que (el tema) no es un problema menor en nuestro país. Además que la Ciptpdf constituye una garantía para la protección de los derechos humanos violados por la desaparición forzada.
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