Señalan colusión de gobiernos; huachicoleo en México
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Andrés Manuel López Obrador estuvo en Tijuana acompañado por empresarios, el gobernador de Baja California, Francisco Vega, y la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez. |
Isabel González
CIUDAD DE MÉXICO.
Desde el sexenio del presidente Vicente Fox se sabía del robo de combustible a Pemex y el huachicoleo sirvió como cortina de humo para permitirlo de manera plena, aseguró en Tijuana, Baja California, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
En el marco de la presentación del programa de la Zona Libre para la Frontera Norte, el mandatario dijo que se conocía del hurto de hidrocarburos porque desde Pemex se maneja todo el sistema de conducción, el transporte de las gasolinas y es posible darse cuenta cómo van los ductos, qué presión tienen, cuándo no hay presión y cuándo se desvía el combustible.
El jefe del Ejecutivo dijo que existen presiones por parte de quienes vieron afectados sus intereses cuando se tomó el control de los centros de distribución de Pemex, pero destacó que con esa estrategia se ha logrado reducir el robo de pipas.
“Hace dos días, de robarse mil 100 pipas logramos que bajaran a 36 pipas (...) están ahí presionando, pensando que nos van a vencer, que no quieran jugar a las vencidas porque va a triunfar la ley y va a triunfar la justicia”, aseveró.
Destaca freno a huachicol
El robo de gasolinas se redujo de mil 100 a 36 pipas al día, afirma el Presidente; revela presiones de quienes vieron afectados sus intereses por la estrategia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en el combate al robo de combustibles “nadie debe jugar a las vencidas”, porque la ley triunfará.
Desde Tijuana, Baja California, y en el marco de la presentación del programa de la Zona Libre de la Frontera Norte, el Presidente reveló que existen presiones por parte de quienes vieron afectados sus intereses luego de que el nuevo gobierno de la República y las Fuerzas Armadas tomaron el control de los centros de distribución de Petróleos Mexicanos, el pasado 21 de diciembre.
Frente a los empresarios de la entidad y al gobernador, Francisco Vega de la Madrid, López Obrador destacó que no se equivocó al sostener durante los últimos años que el principal problema de México es la corrupción, pues a unos días de haber tomado el control de las instalaciones estratégicas de Pemex, los daños a la empresa productiva han disminuido considerablemente en cuanto al robo de combustible en pipas diarias se refiere.
“Hace dos días, de robarse mil 100 pipas logramos que bajaran a 36 pipas —imagínense si logramos, porque son intereses creados, muy poderosos, nada más que al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie; ahora hay Estado de derecho, ya no hay Estado de chueco— entonces, están ahí presionando, pensando que nos van a vencer, que no quieran jugar a las vencidas, porque va a triunfar la ley y va a triunfar la justicia”, aseveró.
Recordó que desde el sexenio del presidente Vicente Fox se sabía del robo de combustible a Pemex y que el huachicoleo sirvió como cortina de humo, “toda una farsa” para permitir de manera plena “el robo de combustible” a la empresa del Estado, estimado desde aquellos tiempos en 10 mil millones de pesos.
Detalló que se conocía del robo porque es desde Pemex donde se maneja todo el sistema de conducción de los combustibles, el transporte de las gasolinas y es posible darse cuenta cómo van los ductos, qué presión tienen, cuándo no hay presión y cuándo se desvía el combustible a las redes paralelas creadas, con el propósito de robarlo.
Agregó que la gravedad del robo aumentó en los últimos años, pues éste llegó a los 60 mil millones de pesos y el nuevo gobierno de la República se puso a trabajar para evitar que el daño continúe a la nación.
El presidente argumentó que hablar sobre el combate al robo de combustible en la presentación del programa de apoyos y estímulos fiscales para la frontera norte del país era propicio, ya que quienes no comparten la estrategia de la zona libre consideran que se perderán en materia de recaudación 50 mil millones de pesos.
Dicha cifra, explicó, es la que, en el peor de los escenarios, debe arrebatarse al robo de combustible.
De acuerdo con López Obrador, los resultados del programa de la frontera norte serán positivos en materia de empleos y crecimiento económico, debido a que al aumentar el salario mínimo al doble y bajar el IVA al 8 por ciento se fortalecerá el mercado interno y se podrá competir con los precios del sur de Estados Unidos.
Causa polémica plan contra ‘huachicoleo
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De acuerdo con expertos, este fin de semana se creó una falta de envío de combustible a las estaciones de servicio por una logística inadecuada. Cuartoscuro |
El desabasto de combustible que padecen entidades como Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro es consecuencia de un cambio en la logística de Pemex, que incluyó el cierre de ductos y la distribución mediante autotanques, una decisión calificada por expertos como ‘inadecuada’.
Para Ramsés Pech, analista de energía, lo ocurrido durante el fin de semana no responde a un tema de desabasto en gasolina, sino a un embudo interno de logística de Pemex provocado por el cierre de ductos, lo cual evitó atender la demanda y surtir a las estaciones de servicio.
“La refinería (Salamanca y Tula), así como los centros de almacenamiento tenían producto y no puede hablarse de un desabasto; se creó una falta de envío a las estaciones de servicio por una logística inadecuada”, refirió Pech en entrevista.
Por otro lado, Gonzalo Monroy, director de GMEC, subrayó que el cierre del ducto (en Salamanca) fue el causante del cambio en la logística de la petrolera nacional, aunado a una mala comunicación de parte de las autoridades.
“Esto ha provocado un clima de incertidumbre para algunos usuarios, que también han realizado compras de pánico”, mencionó.
En un comunicado, Pemex reconoció que este cambio en logística es parte del plan para combatir el robo de combustible a través de huachicoleo.
“Como parte del Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de combustibles, se ha privilegiado el uso de medios de transporte más seguros, lo que implica cambios en la logística de entrega a las estaciones de servicio”, explicó la petrolera en un comunicado emitido el pasado sábado.
Sin embargo, Monroy consideró que de continuar el suministro sin el uso de los ductos, será cuestión de tiempo para que el crimen organizado tome las pipas o detenga los trenes.
Reabrirían ducto
El gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez, escribió ayer en su cuenta de Twitter que el director de Pemex le confirmó la reapertura del ducto Salamanca-León, con lo que se reestablecería el servicio.
“Después de entablar comunicación con Octavio Romero, director de @Pemex, me confirma que tras la reapertura del ducto Salamanca-León, espera poder restablecer el servicio del 100 por ciento de las gasolinerías en el transcurso del día”, apuntó.
“El poliducto Salamanca-León se ha utilizado de forma intermitente desde 2016. En la última semana, como parte del programa antihuachicol ha tenido reparaciones mayores para seguir abasteciendo la zona”, detalló Monroy.
Sin embargo, en un comunicado, Pemex no confirmó la reapertura del ducto, solo señaló que avanzaba en el restablecimiento del suministro. “Por mandato del gobierno de México, Pemex avanza en el restablecimiento del suministro de combustible por diferentes vías en los estados afectados, aunque se han generado retrasos en la distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda”.
Con información de Eulalio Victoria, Arturo Estrada, Georgina García y Ramón Caballero.
Con o sin reforma, la “Guardia Nacional” se despliega
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Andrés Manuel López Obrador llegó al mismo atorón que enfrentó su antecesor, Enrique Peña Nieto, cuando éste quiso crear la Gendarmería Nacional: sin condiciones legislativas para instaurar un cuerpo con soldados y marinos, bajo un mando civil y dotado de un marco legal especialmente creado para ellos, Peña optó por una salida descafeinada: crear una división más de la Policía Federal, con el nombre de Gendarmería, lo que implicaba que los militares estuvieron impedidos legalmente para participar en ella.
La solución que el actual Presidente da a un problema similar, de acuerdo con una revisión de Crónica, será completamente distinta: seguir de frente con el proyecto original. Por un lado está la polémica convocatoria a integrarse a la Guardia Nacional amlista, pero más significativo y menos publicitado es que los despliegues se están realizando desde diciembre y ya bajo el modelo presentado por Alfonso Durazo el 14 de noviembre.
Probablemente el primer despliegue de soldados y sus oficiales para cubrir un territorio intermunicipal es el caso del distrito veracruzano de Huatusco. El pasado 4 de diciembre fue anunciado incluso por autoridades locales hablando abiertamente de la llegada de la Guardia Nacional “de reciente creación”. El más reciente caso se presentó ayer, cuando el alcalde de Singuilucan (Hidalgo), Mario Hugo Olvera, informó que la Guardia Nacional está trabajando como parte del proyecto de combate al trasiego y robo de combustible.
Lo que arribó a ambos territorios fueron destacamentos de soldados y oficiales debidamente equipados. Desde inicios de diciembre se mueven libremente a través de los municipios implicados. En el caso Veracruzano, Calcahualco, Coscomatepec, Ixhuatlán, Sochiapa, Tlacotepec de Mejía, Tomatlán, Zentla y el propio Huatusco, están siendo vigilados por el despliegue militar. En este caso, más que una alta incidencia delictiva, la militarización de la seguridad pública se da en municipios de la montaña que tienen una gran actividad cafetalera y comercial. En el caso de Hidalgo, se trata de una zona por la que pasan ductos de Pemex.
La Guardia es hoy día inexistente desde el punto de vista legal, pues se requiere de una reforma a la Constitución mexicana y al menos a 17 constituciones estatales; esto último, de acuerdo con un análisis de Martín Gabriel Barrón, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), se requiere porque hay limitantes legales para que los jóvenes de esas entidades respondan al llamado de AMLO a integrarse al nuevo grupo militarizado de seguridad pública.
Con o sin reforma legal, hay zona, como las de Morelos, donde ya todo mundo se refiere a los militares como “los de la Guardia”. Pero incluso en zonas controladas políticamente por la oposición, como es el caso de Guanajuato, bajo el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, con la llegada de 800 militares más el pasado sábado, el esquema se está reproduciendo y se acondicionan las zonas castrenses para operar la Guardia.
Diego Sinhue detalló las funciones de estas fuerzas: realizarán operativos de vigilancia en las zonas de conflicto de la entidad.
En tanto, en el Puebla de la trágicamente fallecida Martha Érika Alonso, el despliegue militar se dio, desde el pasado 3 de diciembre, en municipios como Acatlán, Ajalpan, Tehuacán, Chalchicomula de Sesma, Atlixco, Puebla, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Teziutlán, Huauchinango y Zacatlán, donde se comenzó la integración de “grupos técnicos” conformados por autoridades civiles y los mandos militares, que realizará las reuniones matutinas que ordenó Andrés Manuel López Obrador.
Es decir, el esquema se está echando a andar más allá de lo que pase en el Congreso de la Unión, donde Morena se ha mostrado incapaz de lograr una mayoría calificada necesaria para las reformas constitucionales que se requieren para crear la Guardia Nacional del Presidente.
Reportes similares procedentes de Tabasco, de la zona costera de Jalisco y de Michoacán, señalan esta paulatina conversión de los militares en “la Guardia” prometida por López Obrador.
Es importante señalar que la primera etapa anunciada por el equipo amlista se basaba en la conversión de las dos policías militares (la del Ejército y la Naval) en una fuerza de seguridad pública.
En este panorama, esta semana resultará clave pues diputados federales de Morena buscarán tejer la conciliación con los partidos de oposición en San Lázaro que permita transitar a acuerdos y consensos para aprobar el 16 de enero (inicio del Periodo Extraordinario) las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional.
“México no puede seguir como hasta ahora en el combate al crimen organizado. No hay tiempo que perder, la creación de la Guardia Nacional es una urgencia no sólo de Morena, sino del país en su conjunto, de gobernadores, alcaldes y sociedad”, expresó hace unos días Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.
Mañana comenzarán las audiencias en las que se prevé participen gobiernos estatales y ONG para debatir el tema de la militarización formal de la seguridad pública en México.
Para el miércoles, Morena tiene agendado un encuentro con asociaciones y gobiernos municipales; mientras que para el día 10 se invitó a organizaciones civiles, académicos y expertos; para el viernes 11 participarán integrantes del gobierno federal y finalmente, el sábado 12 asistirán organismos internacionales e investigadores.
La reforma constitucional propuesta por López Obrador eliminaría la premisa de que las corporaciones de seguridad pública deben estar integradas y comandadas por civiles. Transformaría al Ejército en un elemento central de las acciones de seguridad ciudadana.
Es México campeón… en malas sentencias
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Francisco Ramírez condenó a una mujer que pedía pensión alimenticiaEl Garrote de Oro 2018 es para el Tribunal Penal Central deOmBuren Sudán. |
DIANA MARTÍNEZ
Destaca por fallo machista
Martha tuvo un hijo con un hombre casado y buscó que éste le diera pensión alimenticia, pero ante la negativa, envió mensajes a la esposa del padre de su hijo para señalarle que era un irresponsable.
Por considerar que la vulneró, la esposa del hombre demandó a Martha –cuyo nombre fue cambiado– por daño moral y el juez décimo cuarto de lo Civil de la CDMX, Francisco René Ramírez Rodríguez, le dio la razón, condenando a la mujer al pago de 50 mil pesos y a ofrecer una disculpa pública “por romper la armonía de un matrimonio”.
Esta sentencia, tras competir con varios fallos de tribunales del mundo, ganó el premio El Garrote del Público a la peor resolución judicial, pues hace retroceder la equidad de género por ser machista.
El concurso es organizado por Womens Link Worldwide y el público eligió como ganadora la resolución judicial mexicana con 525 votos por usar estereotipos discriminatorios.
La sentencia fue nominada por la asociación Equis Justicia para las Mujeres por las concepciones morales del juez.
“Se le fija una carga a la demandada de que es culpable de esta relación extramatrimonial y no necesariamente el esposo, y la condena por no cumplir con este rol de mujer que no sólo tuvo relación con una persona casada, sino tuvo el atrevimiento de informar a la esposa”, señaló a Artemisa Cabrera, abogada de Equis Justicia para las Mujeres.
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De acuerdo con la sentencia, los mensajes que Martha le envió a la esposa son suficientes para estimar que le causaron afectaciones sentimentales y emocionales.
“No tiene ningún derecho para invadir o perturbar el estado civil conyugal o personalísimo de la actora, por mucho que el esposo de ésta haya actuado infielmente al punto de que presumiblemente haya procreado un hijo con la demandada”, indica la resolución.
Padres de los 43 piden a Comisión de la Verdad borrar tesis del basurero
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Peritos, en el basurero de Cocula, el 28 de octubre de 2014. Foto: Cuartoscuro |
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa pedirán que la Comisión de la Verdad, cuya instalación se llevará a cabo en los próximos días, deseche la tesis del basurero de Cocula, afirmó el abogado de las víctimas, Vidulfo Rosales Sierra.
El defensor dijo a La Razón que la tesis de que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula, la cual es el eje de la investigación que realizó la PGR en la administración pasada y llevó a la llamada “verdad histórica”, “sólo ha retrasado las investigaciones”.
Esta tesis surgió a partir de testimonios de varios de los presuntos involucrados, entre ellos Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Patricio Reyes Landa, El Pato, y Jesús García Reyes, El Chereje.
Supuestamente, los estudiantes habrían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula, una hondonada natural de 800 metros cuadrados, con una pendiente de 60 grados y una profundidad máxima de 40 metros, localizada entre cerros.
Sin embargo, esta tesis fue objeto de controversia a partir de septiembre de 2015, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 no hubo incendio alguno en el basurero de Cocula.
En febrero de 2016, el Equipo Argentino de Antropología Forense concluyó que la evidencia analizada no permitía plantear una hipótesis concluyente sobre la incineración de 43 normalistas en el lugar.
Ante la controversia generada hubo un nuevo peritaje, acordado entre el GIEI y la PGR, y elaborado por un grupo de expertos internacionales, quienes determinaron que en el basurero sí hubo un incendio controlado de grandes dimensiones y que en ese mismo sitio al menos 17 cuerpos fueron quemados.
Apenas el pasado 29 de noviembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su recomendación general del caso, en la cual determinó que sí hubo incendio y que, de acuerdo con una serie de restos óseos encontrados, al menos 19 cuerpos fueron quemados ahí.
La Comisión de la Verdad para investigar los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala deberá quedar instalada a más tardar el 18 de este mes, cuando vence el plazo de 30 días hábiles establecido en el decreto presidencial correspondiente.
“Hay varias teorías: la relacionada con el Ejército, con la Policía Federal, y con autoridades municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco…”
Vidulfo Rosales
Abogado de las víctimas
Al respecto, Vidulfo Rosales mencionó que los padres que formen parte de la comisión exigirán que se desechen las hipótesis que no han llevado a nada, entre ellas la del basurero de Cocula, y en cambio, se incluyan líneas de investigación que no han sido tomadas en cuenta.
“Hay varias teorías: la relacionada con el Ejército, con la Policía Federal, y con autoridades municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y Taxco. Nosotros creemos que todas estas autoridades mencionadas tienen mucho que ver en toda la desaparición”, dijo.
El abogado consideró que otra línea de investigación que debe ser tomada en cuenta es el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, ya que el grupo delictivo Guerreros Unidos —señalado como autor de la desaparición de los normalistas— es el principal responsable del tráfico a través del servicio de transporte público.
El Dato: Las cuatro líneas que antes han pedido retomar son investigación a militares, intervención de telefonía celular, trasiego de drogas y detención de policías federales.
“Más que el tema del quinto camión, es el tema del trasiego de droga de Iguala a Chicago; hay algo, hay elementos del quinto camión; Guerreros Unidos usaba camiones del servicio público para el trasiego de droga, esto pudiera constituir un móvil y ahora hay que ahondar”, dijo.
Rosales Sierra aseveró que la salida de la cárcel de presuntos responsables es producto de una mala investigación que hizo la PGR, por lo que lucharán en la Comisión de la Verdad para que eso no siga pasando.
Mencionó que desde el inicio de la actual administración se ha reunido dos veces con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, para acordar los términos de la instalación de la Comisión de la Verdad.
Así operará la Comisión de la Verdad
El órgano debe ser instalado antes del 18 de enero y se regirá por las siguientes directrices:
Las comisiones presidenciales atenderán los grandes problemas nacionales y emitirán sus opiniones.
Las comisiones intersecretariales serán aquellas que se conforman con distintas dependencias y entidades del Gobierno federal.
Las comisiones presidenciales las integrarán sociedad civil, sector público y organizaciones internacionales.
Podrán ser transitorias o permanentes y su titular será designado por el Presidente de la República.
El cargo de miembro será honorífico y de confianza, por lo que no inhabilitará para otras funciones.
Pensiones absorben más de 50% del presupuesto del IMSS e ISSSTE
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En el caso del IMSS, la mayor parte se destina al pago de la generación de transición.
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El presupuesto que tendrán el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el 2019 será consumido por el pago de pensiones y jubilaciones, de modo que les quedará poco margen para gastos en inversión o mantenimiento de materiales y equipo.
De acuerdo con información del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el IMSS contará con recursos por 746,738.9 millones de pesos, de los cuales 57.9% se destinará al pago de pensiones y jubilaciones, un total de 432,941.1 millones de pesos.
Al rubro al que más recursos le asignaron es el de Pensiones en Curso de Pago de la Ley de 1973, con un total de 306,972 millones de pesos, 11% más respecto al presupuesto del año anterior.
Diversos estudios revelan que el pago de pensiones de la denominada generación de transición, es decir, de los que podrán pensionarse bajo el régimen de la Ley de 1973, representa una presión muy fuerte para las finanzas públicas, pues son pensiones subsidiadas.
Uno de los mayores problemas del pago de estas pensiones es que se rigen bajo el modelo de beneficio definido, en el que las pensiones que reciben los trabajadores son mayores a las contribuciones que realizaron a lo largo de su vida laboral. Es decir, reciben más de lo que aportaron.
Para el pago de rentas vitalicias de la Ley de 1997 (régimen afores), el gobierno presupuestó recursos por 14,236 millones de pesos, 7.5% más a lo destinado en el 2018, mientras que para el rubro de Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS se asignaron 91,070 millones de pesos.
El gasto en inversión física, es decir, los recursos que se utilizan para la creación o mantenimiento de equipo, será de 12,649 millones de pesos, lo que significa 43.5% más de lo que se destinó en el 2018.
ISSSTE destina hasta 70% a pensiones
En el caso del ISSSTE, su presupuesto será por 323,322 millones de pesos, de los cuales 70% se destinará al pago de pensiones y jubilaciones, con un total de 226,143 millones de pesos, lo que significa 5.1% más que lo presupuestado el año pasado.
Su gasto en inversión será por 1,606 millones de pesos, lo que representa una reducción de 0.83% respecto de los recursos que destinó en inversión en el 2018.
Del gasto en inversión, 60% será destinado a la adquisición de equipo médico y administrativo, y 40% restante será para la construcción, ampliación y remodelación de unidades médicas de los tres niveles de atención, de acuerdo con la Exposición de Motivos.
En el rubro de Pensiones por Riesgos de Trabajo se destinarán 3,621 millones de pesos, mientras que en Pago de Pensiones por Invalidez y Vida se otorgarán 1,052 millones de pesos.
IMSS e ISSSTE representan 75% del gasto total en pensiones
De los 877,464 millones de pesos que se destinarán al pago de pensiones del sector público, el IMSS y el ISSSTE representan 75%, con un total de 659,084 millones de pesos.
En la Exposición de Motivos del PEF, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indica que Petróleos Mexicanos representa 7%, con un total de 63,565 millones de pesos; la Comisión Federal de Electricidad, 5%, con 40,658 millones de pesos para el pago de pensiones, y 13% restante, pensiones del gobierno federal.
La dependencia informa que, con base en las expectativas derivadas de estudios actuariales y la tendencia observada en los últimos años, se espera que el gasto en pensiones aumente de 3.7% del PIB en el 2020 a 4.3% del PIB en el 2024.
Menciona que el envejecimiento de la población, producto de la mayor longevidad y la menor fertilidad, constituye un reto central para la estrategia en materia de pensiones y, en general, para la seguridad social.
La Secretaría indica que durante el 2019 se llevarán a cabo acciones que incidan en una mejor integración de los tres componentes centrales del sistema de pensiones: la pensión universal, la pensión ocupacional y el ahorro voluntario.
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Desfilan miles por Palacio Nacional en busca de ayuda
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En todas las regiones que visita el presidente Andrés Manuel López Obrador la gente aprovecha para solicitar su ayuda en la solución de diversos problemas. Ayer estuvo en Tijuana.Foto La Jornada |
Alonso Urrutia
Son las seis de la mañana, la gente comienza a aglomerarse en el costado oriente de Palacio Nacional. Es el acceso a la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, que para muchos es la última esperanza para resolver sus problemas. Desde la puesta en funciones del nuevo gobierno, el pasado primero de diciembre, se han recibido 6 mil 641 personas que buscan esta ruta de solución a sus conflictos.
La gente en realidad lo que quiere es que la escuchen, sentir que su problema es importante, resume Leticia Ramírez, responsable de Atención Ciudadana. Sea por indolencia gubernamental, por desconocimiento o por burocracia, muchos de los peticionarios han acudido ya a muchos lugares sin encontrar solución.
“Para el presidente –menciona Ramírez– Andrés Manuel López Obrador esta es un área muy sensible e importante, porque es la forma de conocer el pulso de lo que está pasando en el país”. La instrucción, agrega, es atender todas las peticiones, pero sin generar falsas expectativas. Cuando se pueden canalizar sus problemas a las dependencias es un principio de solución. En otros casos, se les orienta jurídicamente a dónde acudir, pero en otros son problemas asociados a que la gente necesita dinero y les explicamos que el gobierno no tiene un área de préstamos, que son recursos públicos que tienen reglas para su utilización.
Ha transcurrido poco más de un mes desde que esta área funciona con la lógica del nuevo gobierno. La principal demanda social se vincula a problemas de salud, hay a quienes les urge la realización de estudios médicos, ya que por las carencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) no han encontrado una respuesta, porque en el Seguro Popular, dicen, los han engañado. Otros problemas se asocian a los de las pensiones.
Mientras transcurre la entrevista, una mujer termina de redactar su escrito en la mesa de juntas contigua. Ella requiere de un tratamiento médico porque padece lupus, enfermedad del sistema inmunitario que ataca las celúlas. De puño y letra termina su escrito, que entrega a Ramírez, quien le informa que le notificarán rápido la respuesta.
Hay casos que requieren de una alternativa más apremiante. A Palacio Nacional llegaron dos mujeres cuya hermana había sido asesinada recientemente en Ecatepec. Tenían miedo, dice Ramírez, y aunque en rigor no correspondía directamente al gobierno federal, se les canalizó al área de atención a víctimas de la Procuraduría General de la República (PGR) para una asesoría especializada, para hacerlas sentir que no estaban solas.
Es sólo un caso, pero da cuenta de un problema importante de violencia contra las mujeres en esa zona, apunta Ramírez, quien refiere que la canalización a otras áreas del gobierno federal tiene que ver con la prioridad de que la gente no se vaya sin atención.
Otras peticiones, como pueden ser subsanar las precarias condiciones de vida de los presos en cárceles estatales, se turnan a la Secretaría de Gobernación para que se establezcan contactos con los gobiernos estatales. Hay expedientes sobre desaparecidos, que son asuntos muy duros, aunque sobre esto llegaron muchos más a la casa de transición, acota.
La estadística oficial del nuevo gobierno da cuenta de que las mujeres encabezan el número de gestiones: 3 mil 902 solicitudes han sido promovidas por ellas y 2 mil 532 por hombres.
Más allá de las cifras, la funcionaria describe que la afluencia ha generado que en realidad haya sido un inicio muy intenso, ya que tan sólo la semana pasada llegaron 700 personas en un día. Esa vez cerramos más tarde, el horario de atención es de seis de la mañana a tres de la tarde, y después el tiempo laboral se destina a sistematizar las peticiones.
Hay de todo, refiere Ramírez al mostrar un escrito dirigido por parientes del general Emiliano Zapata, quienes solicitan al Presidente que se sirva realizar las gestiones para que 2019 sea declarado oficialmente el año del Caudillo del Sur, para conmemorar los 100 de su asesinato en Chinameca, Morelos.
En una de las oficinas de Atención Ciudadana se archivan los escritos y demandas que han sido entregados durante las giras de López Obrador por diversas entidades. Forman parte de la sistematización para darle respuesta tanto a esos casos como a los de quienes acuden directamente a Palacio Nacional.
Aquí hay de todo: desde un pequeño papel con felicitaciones o bendiciones, un legajo de hojas que contiene la documentación sobre una petición y hasta los regalos que la gente entrega al Presidente.
En la fila de peticionarios hay de todo: Jorge Galant Laguna es un connacional al que recientemente echaron de Estados Unidos. Se dedicaba a cocinar carnitas en un barrio de mexicanos en Los Ángeles cuando lo detuvieron con fines de deportación. Su petición es acogerse, dice, al programa Bienvenido Paisano, para que le presten dinero y poder instalar un puesto de carnitas en territorio nacional.
Quiero un crédito de vivienda, responde Luciana Rodríguez, indígena que viene desde Copala, Guerrero.
Carmen Marina Lozano está desempleada, ya que tras cinco años de padecer una enfermedad quiere reintegrarse al mercado laboral y, si se puede, que le agilicen un crédito de vivienda.
Hay otros cuyos problemas no son de índole personal. José Isabel Araujo es un ejidatario de 84 años que pretende la intervención presidencial para dirimir un conflicto de dos grupos que se asumen como comisariados ejidales en Yautepec, Morelos.
Y así, diariamente. Las demandas son variadas, y diversas las expectativas que tienen de que en el nuevo gobierno el actual Presidente de la República todo lo puede.
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