Impacta violencia en gasto de la IP
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| Para combatir la inseguridad, el 24.8% de las empresas invierte en controles de acceso. Foto: Archivo |
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| Foto: REFORMA |
Frida Andrade
Cd. de México
Ante la inseguridad que vive el País, cada vez más empresas destinan recursos para protegerse del crimen, de acuerdo con diversas mediciones.
En 2016, el 10 por ciento de las compañías destinaban entre 5 y 10 por ciento de su gasto de operación anual a medidas contra la inseguridad.
Para 2018, la proporción se elevó a 28 por ciento, según el Sondeo de Seguridad Empresarial 2018, presentado por American Chamber México (Amcham).
En el sondeo participaron 415 empresas y el 60 por ciento son de origen extranjero; fue aplicado del 17 de abril al 1 de junio de este año.
En 2017, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en empresas representó 156 mil millones de pesos, 0.86 por ciento del PIB, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Inegi.
Marcelo Hernández, presidente del comité de seguridad de la Amcham, urgió a revertir esta situación.
"Hoy, si quieres venir a hacer negocios en México tienes que considerar los gastos de seguridad. Estamos todavía dentro de un ámbito manejable. Pero ya se tiene que revertir la tendencia sí o sí en los siguientes dos años", demandó.
Además de la inversión en cursos para fomentar la cultura de la legalidad entre sus empleados, PepsiCo también ha destinado recursos para implementar tecnología en sus transportes como GPS, indicó Dagoberto Santiago, director senior de seguridad corporativa de esa empresa.
Del total de las compañías, la mayoría invierte en controles de acceso, pues representa el 24.8 por ciento de las herramientas usadas para combatir la inseguridad, seguido de los circuitos cerrados de television con el 20.6 por ciento y guardias de seguridad con el 13.3 por ciento, según el sondeo.
En otro caso, este año, los gastos de seguridad de una de las empresas chocolateras del País se incrementaron alrededor del 50 por ciento respecto a los reportados hace 8 años.
Por ejemplo, ahora deben pagar hospedaje y viáticos para sus repartidores que ya no pueden viajar de madrugada, refirió el director general de dicha compañía que solicitó el anonimato.
La contratación de servicios de seguridad privada se incrementó 18 por ciento en 2018, respecto a 2017, en especial en los estados del norte y Bajío, por el alto número de asaltos a camiones de carga y tráilers, según la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada.
Controlan el gasto en burocracia; nómina subió 0.1% por año
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| Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP |
Paulo Cantillo
CIUDAD DE MÉXICO.
El gasto corriente del presente sexenio, excluyendo pensiones, registró un crecimiento de 1.1% promedio anual en términos reales, cifra inferior a lo que se observó en los periodos 2001-2006 y 2007-2012, en los que aumentó 5.4%, y menor también a la registrada entre 1995 y 2000, de 4.1 por ciento.
4.4 por ciento será el crecimiento anual real del gasto en materiales y suministros, y servicios generales
Según datos de Hacienda, este gasto, destinado a la operación del Estado para ofrecer bienes y servicios públicos a la sociedad, totalizó un billón 840 mil millones de pesos de enero a septiembre de este año.
El rubro con mayor control fue el pago de la nómina de los servidores públicos, que tuvo un crecimiento real anual de 0.1%, que contrastó con lo observado en los tres sexenios previos: 2.5, 3.6 y 5.3%, respectivamente.
El dato del actual sexenio sugiere que el gasto agregado en servicios personales creció conforme a la inflación observada.
Otros gastos administrativos, como materiales y suministros, y servicios generales, crecerán 4.4% promedio anual real en esta administración.
La situación descrita implica que, junto con la caída de 3.0% real anual del gasto de inversión entre 2013 y 2018, el crecimiento del gasto total del sector público se explicará en mayor medida por los conceptos no susceptibles a ser recortados, como el pago de pensiones, el servicio de la deuda y las transferencias a los estados.
Gasto corriente se frenó este sexenio; finanzas públicas
Se elevó 1.1% promedio anual, la cifra más baja en tres gobiernos
Durante enero-septiembre de este año, el gasto corriente, excluyendo pensiones y jubilaciones del sector público, totalizó en un billón 840 mil millones de pesos, lo que implica un crecimiento de 1.1% promedio anual en términos reales respecto al mismo periodo de 2012, según cifras de la Secretaría de Hacienda.
2.7 por ciento promedio anual real crecerá el gasto público federal durante el actual sexenio
La expansión durante el actual sexenio del gasto corriente sin pensiones será inferior a lo que se observó durante los periodos 2001-2006 y 2007-2012, en los que se incrementó 5.4% promedio anual real, y también entre 1995 y 2000, cuya tasa de crecimiento anual real fue de 4.1 por ciento.
La importancia de este indicador radica en que mide el gasto de operación federal para proveer bienes y servicios públicos a la sociedad y cumplir con las funciones esenciales del Estado excluyendo aquel que está fuera del control gubernamental, es decir, las pensiones
y jubilaciones.
CLAROSCUROS
El rubro con mayor control del gasto corriente en el sexenio fue el pago de la nómina de los servidores públicos, que tuvo un crecimiento real anual de 0.1%, que contrastó con lo observado en los tres sexenios previos: 2.5, 3.6 y 5.3% promedio anual, respectivamente.
El dato del actual sexenio sugiere que el gasto agregado en servicios personales se incrementó conforme a la inflación durante cada año.
Por su parte, otros gastos administrativos como materiales y suministros, y servicios generales, habrán crecido 4.4% promedio anual real durante esta administración.
La situación descrita implica, junto con la caída de 3.0% promedio del gasto de inversión entre 2013 y 2018, que el crecimiento del gasto total del sector público se explicará en mayor medida por los conceptos no susceptibles a ser recortados.
Estos rubros los conforman las pensiones y jubilaciones, que han crecido durante el actual sexenio 6.6% promedio anual en términos reales.
El gasto no programable, que incluye el servicio de la deuda (que depende de las tasas de interés y el tipo de cambio), las participaciones a los estados (que depende de los impuestos) y los adeudos fiscales, aumentarán 7.7% en términos reales cada año, la mayor tasa de los últimos cuatro sexenios.
MAYOR CALIDAD
Alejandro García, investigador de Finanzas Públicas de México Evalúa, explicó que “hace sentido” que los rubros operativos hayan sido controlados en el actual sexenio, dado los compromisos de consolidación fiscal. Sin embargo, dijo que “más allá del control del gasto, hace falta medir la calidad. Cuánto de los subsidios fueron a través de cajas opacas como el Ramo 23 es un pendiente”.
Buena parte de la investigación de la PGR para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa quedó en entredicho por diversas violaciones a los derechos humanos.
CIUDAD DE MÉXICO.
El gasto corriente del presente sexenio, excluyendo pensiones, registró un crecimiento de 1.1% promedio anual en términos reales, cifra inferior a lo que se observó en los periodos 2001-2006 y 2007-2012, en los que aumentó 5.4%, y menor también a la registrada entre 1995 y 2000, de 4.1 por ciento.
4.4 por ciento será el crecimiento anual real del gasto en materiales y suministros, y servicios generales
Según datos de Hacienda, este gasto, destinado a la operación del Estado para ofrecer bienes y servicios públicos a la sociedad, totalizó un billón 840 mil millones de pesos de enero a septiembre de este año.
El rubro con mayor control fue el pago de la nómina de los servidores públicos, que tuvo un crecimiento real anual de 0.1%, que contrastó con lo observado en los tres sexenios previos: 2.5, 3.6 y 5.3%, respectivamente.
El dato del actual sexenio sugiere que el gasto agregado en servicios personales creció conforme a la inflación observada.
Otros gastos administrativos, como materiales y suministros, y servicios generales, crecerán 4.4% promedio anual real en esta administración.
La situación descrita implica que, junto con la caída de 3.0% real anual del gasto de inversión entre 2013 y 2018, el crecimiento del gasto total del sector público se explicará en mayor medida por los conceptos no susceptibles a ser recortados, como el pago de pensiones, el servicio de la deuda y las transferencias a los estados.
Gasto corriente se frenó este sexenio; finanzas públicas
Se elevó 1.1% promedio anual, la cifra más baja en tres gobiernos
Durante enero-septiembre de este año, el gasto corriente, excluyendo pensiones y jubilaciones del sector público, totalizó en un billón 840 mil millones de pesos, lo que implica un crecimiento de 1.1% promedio anual en términos reales respecto al mismo periodo de 2012, según cifras de la Secretaría de Hacienda.
2.7 por ciento promedio anual real crecerá el gasto público federal durante el actual sexenio
La expansión durante el actual sexenio del gasto corriente sin pensiones será inferior a lo que se observó durante los periodos 2001-2006 y 2007-2012, en los que se incrementó 5.4% promedio anual real, y también entre 1995 y 2000, cuya tasa de crecimiento anual real fue de 4.1 por ciento.
La importancia de este indicador radica en que mide el gasto de operación federal para proveer bienes y servicios públicos a la sociedad y cumplir con las funciones esenciales del Estado excluyendo aquel que está fuera del control gubernamental, es decir, las pensiones
y jubilaciones.
CLAROSCUROS
El rubro con mayor control del gasto corriente en el sexenio fue el pago de la nómina de los servidores públicos, que tuvo un crecimiento real anual de 0.1%, que contrastó con lo observado en los tres sexenios previos: 2.5, 3.6 y 5.3% promedio anual, respectivamente.
El dato del actual sexenio sugiere que el gasto agregado en servicios personales se incrementó conforme a la inflación durante cada año.
Por su parte, otros gastos administrativos como materiales y suministros, y servicios generales, habrán crecido 4.4% promedio anual real durante esta administración.
La situación descrita implica, junto con la caída de 3.0% promedio del gasto de inversión entre 2013 y 2018, que el crecimiento del gasto total del sector público se explicará en mayor medida por los conceptos no susceptibles a ser recortados.
Estos rubros los conforman las pensiones y jubilaciones, que han crecido durante el actual sexenio 6.6% promedio anual en términos reales.
El gasto no programable, que incluye el servicio de la deuda (que depende de las tasas de interés y el tipo de cambio), las participaciones a los estados (que depende de los impuestos) y los adeudos fiscales, aumentarán 7.7% en términos reales cada año, la mayor tasa de los últimos cuatro sexenios.
MAYOR CALIDAD
Alejandro García, investigador de Finanzas Públicas de México Evalúa, explicó que “hace sentido” que los rubros operativos hayan sido controlados en el actual sexenio, dado los compromisos de consolidación fiscal. Sin embargo, dijo que “más allá del control del gasto, hace falta medir la calidad. Cuánto de los subsidios fueron a través de cajas opacas como el Ramo 23 es un pendiente”.
Desechó el Poder Judicial 83 pruebas ilegales de la PGR
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| La resolución del juzgado primero de distrito de procesos penales tiene 462 páginas. (Especial) |
El Poder Judicial desechó 83 declaraciones de la causa penal 66/2015-II (Caso Iguala) en las que la PGR basa buena parte de la investigación para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto pone en entredicho la narrativa de su “verdad histórica”, que ha sostenido desde enero de 2015.
En la obtención de 27 declaraciones de imputados, que son relevantes en el caso, se documentaron actos de “tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes”, según la resolución emitida el pasado 25 de octubre por la juez primera de distrito de procesos penales federales en Matamoros, Tamaulipas, Martha Georgina Comte Villalobos.
En 74 casos se desecharon los testimonios de los acusados, porque fueron objeto de “detenciones ilegales” y en 13 hubo “detenciones prolongadas” fuera de la ley. En seis casos se presentaron los tres comportamientos ilegales.
Ante estas irregularidades, la juez Comte Villalobos también decidió desechar los testimonios inculpatorios de tres de los imputados claves: Agustín García Reyes, El Cheje o El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; y Patricio Reyes Landa, El Pato.
Ellos sustentaban la narrativa del asesinato de los estudiantes, la quema de sus cuerpos en el basurero de Cocula y el abandono de sus restos calcinados en el río San Juan de Guerrero.
Ayer MILENIO dio a conocer que desde el 26 de octubre esos tres personajes salieron libres “por falta de elementos”.
Las 83 declaraciones fueron omitidas por haber indicios de que elementos policiales de Guerrero, así como efectivos de la PGR, la Policía Federal, la Defensa y de la Marina, “entre otros”, incurrieron en violaciones a derechos humanos y obtuvieron de manera ilícita declaraciones, la mayoría inculpatorias.
En la resolución de 462 páginas, de la que MILENIO tiene copia, el juzgado primero de distrito de procesos penales documenta lesiones en 14 personas:
“La mayoría de los declarantes cuyos derechos fundamentales se transgredieron, al ser examinados terminaron aceptando los hechos que se les atribuyen, y quienes no lo hicieron, formularon imputaciones contra diversas personas, por lo que no resulta explicable que prácticamente todos ellos, a pesar de tener derecho a no declarar o no autoincriminarse, terminaron haciéndolo y aceptando los hechos que se les imputaron”, se lee en la resolución de la juez.
Las ilegalidades
“Muchos de los declarantes fueron presentados con demora ante el Ministerio Público y en algunos casos, una vez que estuvieron bajo custodia de la Seido, existen dictámenes médicos que constatan el deterioro de su integridad física”, describe la juez.
Por ejemplo, en el caso de El Chereje se presentó un certificado médico naval, acompañado de un oficio de la puesta a disposición del personaje, fechado del 27 de octubre de 2014, donde se encuentra en buen estado de salud, pero… menos de dos horas después, un médico perito dio fe de que el inculpado ya presentaba lesiones y señalaba que “se las ocasionó en su casa, porque ahí realiza trabajos pesados”.
La juez es enfática: “Resulta absurda la explicación que da el declarante sobre el origen de sus lesiones, pues de acuerdo con el certificado elaborado por el médico naval, dicha persona no presentaba lesiones al momento de su localización”.
También hubo excusas en las lesiones que presentaron El Jona y El Pato. El MP argumentó que al momento de la detención intentaron correr pero, como estaban “tomados”, se cayeron al suelo. “Nos percatamos que derivado de dicha caída las dos personas que intentaron correr, sufrieron varios golpes, quedando certificados por un médico naval”.
Y después de las lesiones, venían las declaraciones inculpatorias: en la declaración se narra que Darío Morales, Jonathan Osorio y Patricio Reyes “manifestaron de manera espontánea pertenecer a la organización delictiva Guerreros Unidos y haber participado en la ejecución de los estudiantes de Ayotzinapa, a quienes quemaron al fondo de un basurero de Cocula y después recogieron sus restos, como son sus cenizas, mismas que fueron a tirar al río San Juan.”
Violación a una defensa
La única persona que no aceptó los hechos en su primera declaración fue El Pato. “Sin embargo, luego fue nuevamente sujeto a una nueva ampliación de declaración, diligencia que ni él ni su defensa solicitaron”, se plasma en la resolución de la juez. De acuerdo con la PGR, fue entonces que confesó haber recibido y ejecutado a estudiantes que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula la noche del 26 de septiembre de 2014.
En esa nueva declaración no estuvo presente el defensor: “La autoridad ministerial solo indicó que el abogado no había podido comparecer, pero no justificó que le hubiera notificado en torno a la realización de la diligencia, y tampoco se acreditó en autos la alegada imposibilidad de asistir por parte de su defensor”.
A decir de la juez, se violentó el derecho a una defensa adecuada y se “suscitaron aspectos sumamente inusuales, tales como confesiones espontáneas sobre hechos muy graves, que no encuentran explicaciones razonables. A pesar de que las detenciones ocurren por portación de armas o posesión de narcóticos, los indiciados espontáneamente deciden declarar sobre hechos distintos, como los es lo relativo a lo supuestamente ocurrido a los estudiantes hoy desaparecidos, o su pertenencia a una organización criminal”.
En cifras
27 declaraciones de imputados. Se documentaron actos de “tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
74 casos. Se desecharon los testimonios de los acusados porque fueron objeto de “detenciones ilegales”.
13 casos. Hubo “detenciones prolongadas” fuera de la ley y en seis se presentaron los tres comportamientos ilegales.
3 Testimonios. La juez decidió desechar las declaraciones de El Chereje, El Jona, y El Pato, imputados claves.
Cronología
20/9/2018
Padres de los 43 se reúnen con AMLO y piden la creación de una comisión para el caso Iguala.
29/8/2018
La Comisión Interamercana de Derechos Humanos crea un nuevo equipo para seguir la investigación en Ayotzinapa.
13/8/2018
Los normalistas supervivientes recuerdan a sus compañeros en su
graduación.
13/3/2018
Es capturado La Rana, responsable del asesinato de algunos de los estudiantes en Cocula.
22/10/2016
Cae el jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por su participación en la desaparición.
28/11/2015
Los padres de los 43 instalan un plantón en Los Pinos y exigen la creación de una fiscalía especial para la investigación.
Beatriz Gutiérrez, coordinadora de Memoria Nacional Histórica y Cultural
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Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Electo, fue nombrada ayer coordinadora del proyecto Memoria Nacional Histórica y Cultural de México, que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador tome posesión del cargo.
En el Archivo General de la Nación, en el antiguo Palacio de Lecumberri, el Presidente Electo señaló que Gutiérrez Müller rechazó la función de Primera Dama y señaló que está comprometida a trabajar por México y la Cuarta Transformación. Dijo que pondrá su granito de arena para lograr los cambios que requiere el país.
A este evento asistieron el empresario Carlos Slim, Claudia Sheinbaum, próxima jefa de Gobierno, y el Presidente Electo, entre otros invitados.
López Obrador hizo uso del micrófono en esta presentación y señaló que su esposa se seguirá dedicando a escribir, a la literatura, porque ella así lo ha decidido.
La oficina de Gutiérrez Müller estará adscrita a Presidencia de la República y deberá recuperar el acervo cultural “desconocido y oculto”.
El cargo tendrá un carácter honorario y fungirá como presidenta honoraria del Consejo Asesor, responsable de concentrar, preservar y difundir materiales relativos a la historia nacional, así como orientar las acciones del Poder Ejecutivo hacia el conocimiento del patrimonio documental del país.
“Beatriz no quiere ser Primera Dama, lo ha decidido, también respetando a quienes en otros tiempos han actuado en ese papel, respetando a las señoras esposas de los expresidentes. Pero son, la verdad, otros tiempos y Beatriz se dedica a la investigación, a la literatura, se dedica a escribir…”, señaló el próximo Presidente.
En particular, AMLO hizo referencia a los acervos históricos y literarios sobre México que se encuentran en otros países. “No quiero adelantar nada, sería extraordinario recuperar cosas que están en museos en el extranjero, garantizando la seguridad, la conservación, que actuemos con mucha responsabilidad en este tema”.
Hizo mención a episodios de la historia de México, como aquellos de 1914 y 1915: “Cuando los revolucionarios carrancistas llegaban a las haciendas a decirles a los peones que ya eran libres, como no había costumbre de libertad, en vez de alegrarse se ponían a llorar, porque no sabían qué era la libertad. Tuvieron que pasar unos años para que empezaran a actuar como hombres libres. Eso también nos pasa hasta nuestro tiempo, sobre todo en el terreno de la democracia. Como nunca ha habido democracia en el país, cuando se alcanza la democracia nos cuesta trabajo ejercerla, practicarla, porque no tenemos la costumbre, el hábito democrático”.
Una celebración bicentenaria más fue puesta sobre la mesa: en el año 2021 se conmemoran 200 años de la consumación de la Independencia y se establece la Secretaría de Educación Pública; “queremos conmemorar este año, ya para entonces la SEP va a estar en Puebla… Pero el edificio de la SEP es bellísimo con sus murales, podría convertirse en el Museo del Muralismo Mexicano, para el 21. Y así muchas cosas”, expresó el Presidente Electo.
“La mejor contribución parte de aquello que nos apasiona… Ninguna nación se explica a sí misma en el presente, sino a través del espejo del pasado, el ojo que todo lo ve”, señaló Gutiérrez Müller en su momento: “Trabajaremos duro en este proyecto para recuperar mucho del acervo desconocido, omitido u oculto en miles de estanterías, cuartos, bodegas, recintos y lugares”.
consejo asesor. Gutiérrez Müller informó que el consejo asesor que presidirá cooperará de manera gratuita e integrará a “notables mexicanos destacados en diferentes disciplinas: historia, artes plásticas, literatura y otras humanidades”.
Entre los nombres que ya están incluidos está el de Horacio Franco (Premio Crónica); Cristina Barros Valero; Elena Poniatowska; Carlos Pellicer López; Miguel León Portilla (Premio Crónica), Arturo Beristáin; Minerva Margarita Villareal y habrá participación de la representación de la Unesco en México.
Alejandra Frausto Guerrero, próxima titular de la Secretaría de Cultura, señaló: “Nos sumamos con júbilo a este gran proyecto en el cuidado de acervos que se encontrarán bajo nuestro resguardo, así como la digitalización del patrimonio histórico, artístico y documental, elementos fundamentales de la memoria de México. Asumimos también el compromiso de su divulgación en México y en el mundo, y propiciaremos además que las comunidades de todo el país, en todas y cada una de sus lenguas, enriquezcan la memoria de la nación con su tradición oral e historias locales”.
Luego del evento, AMLO, su esposa y su hijo se trasladaron a la casa de transición en la colonia Roma, donde se despidieron y el Presidente Electo se quedó hasta las 19:30 horas en su oficina.
Guardia Nacional sólo actuará en ámbito civil
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| Morena presenta ley para limitar su función. Estarán bajo el mando de un ministerio público A los elementos se les instruirá en el respeto a garantías individuales. Foto: Pablo Salazar / Heraldo de México. |
NAYELI CORTÉS Y FELIPE MORALES
La Guardia Nacional, base del modelo de seguridad pública de Andrés Manuel López Obrador, tendrá funciones acotadas al ámbito civil, es decir, ningún militar tomará las decisiones.
Aunque esta guardia estará integrada, en su mayoría, por elementos de las policías naval y militar, lo cierto es que su actuación estará restringida a mandos civiles.
Los integrantes de este cuerpo fungirán como auxiliares del Ministerio Público y si realizan alguna detención por orden de éste, la persona aprehendida no podrá ser trasladada a instalaciones militares.
Incluso, casos como el de Tlatlaya, Estado de México (donde militares realizaron ejecuciones extrajudiciales) fueron objeto de recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Para no repetir situaciones similares, la Guardia Nacional será sensibilizada en el respeto a los Derechos humanos y se diseñarán programas de capacitación enfocados a ello.
Adicionalmente, también será adiestrada para controlar el uso de la fuerza en cualquier hecho que involucre su participación.
Sus integrantes será evaluados de forma permanente a fin de evitar abusos a la población.
Hoy esa bancada de Morena en San Lázaro presentará la iniciativa de reforma constitucional para dar vida a esta Guardia.
“La Guardia Nacional será auxiliar del Ministerio Público, quedará bajo su mando y quedará claro que su actuación se circunscribe al ámbito de lo civil, por lo tanto, su actuación pública será dentro del fuero civil”, indicó Mario Delgado en entrevista previa la presentación del programa Memoria Histórica y Cultural de México, realizado en el Archivo General de la Nación.
Agregó que, aun cuando se dice que la Guardia Nacional militarizará al país, lo cierto es que su creación es un paso para sacar a los miltares de las labores de seguridad pública.
“Se dice que es una militarización. Al contrario, se crea para comenzar la desmilitarización del país”, consideró.
El pasado 14 de noviembre, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan de Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.
En él se contempla la creación de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Alistan ley antifuero: permite procesar pero impide cárcel "fast track"
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Este martes, la Cámara de Diputados discutirá y en su caso aprobará en comisiones el dictamen que prevé la eliminación del fuero para funcionarios públicos de alto nivel —incluido el Presidente de la República— y legisladores, pero sin quitarles la inmunidad.
El predictamen plantea que los servidores públicos puedan ser sometidos a proceso penal sin solicitar antes su desafuero, pero al mismo tiempo sin privarlos de su libertad, de tal forma que sólo puedan ser detenidos hasta que haya una sentencia en su contra.
Según el diputado de Morena Pablo Gómez, quien presentó la iniciativa que domina sobre las otras tres que fueron presentadas del tema, dejar a los servidores públicos la inmunidad “evitará que se ponga en peligro el funcionamiento normal de los poderes públicos del Estado mexicano”.
El proyecto de dictamen, que plantea reformar los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución, señala que la inmunidad sólo corresponderá a quienes se encuentren en el ejercicio del cargo, por lo que los servidores públicos con licencia no podrán gozar de ésta.
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El dato: El diputado del PT Gerardo Fernández Noroña calificó de irresponsable la iniciativa, pues considera que el fuero no es un privilegio, sino una protección.
De aprobarse el proyecto, gobernadores, diputados federales, locales, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que hayan cometido algún delito que se vean involucrados en la comisión de algún delito conservarán el cargo y la libertad hasta que en un juez dicte sentencia condenatoria en su contra.
“El Presidente podría ser juzgado en un tribunal ordinario y en caso de sentencia, intervendría el Congreso”
Proyecto de dictamen
“Por tanto, se propone que los servidores públicos que ahora están aforados puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad. Cuando el juez dicte sentencia condenatoria, ese mismo juez notificará a la Cámara de Diputados del Congreso que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó”, señala la iniciativa.
No obstante, la eliminación del fuero no aplicará de la misma manera para el Presidente de la República, ya que, en su caso, una vez que se haya dictado sentencia condenatoria, “el asunto tendría que pasar a las cámaras del Congreso para que éstas decidieran retirarle la inmunidad y cesar sus funciones”, determina el proyecto.
Para retirarle la inmunidad al Presidente de la República “Se requerirá la mayoría absoluta de los presentes en la Cámara de Diputados y posteriormente de dos tercios del Senado de la República; a su vez, cada cámara tendrá solamente diez días para resolver, a partir de la notificación del juez”.
El documento señala: “El Presidente de la República podría ser juzgado en un tribunal ordinario y sólo en el caso de que fuera sentenciado intervendría el Congreso”, señala el documento.
Esta salvedad, argumentó Pablo Gómez, se debe a que es necesario cerrar el camino para impedir un golpe de Estado. A su vez, señala que las legislaciones locales y la Constitución de la Ciudad de México deberán estar armonizadas con las reformas a los artículos mencionados.
“(Dejar la inmunidad evitará) que se ponga en peligro el funcionamiento de los Poderes del Estado mexicano”
Pablo Gómez
Diputado de Morena
El predictamen fue elaborado con base en cuatro iniciativas que presentaron los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social y PRD; sin embargo, prevalece la propuesta de Morena, que es la que propone que los servidores deben permanecer en libertad, mientras no tengan sentencia condenatoria.
Esta será la tercera ocasión en la que legisladores pretenden modificar la Carta Magna para eliminar el fuero constitucional; desde el 2013 se presentó otra iniciativa que fue a dar a la congeladora.
Reingeniería tributaria, reto del siguiente gobierno: expertos
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La próxima administración deberá descartar la idea de que el petróleo será una fuente de recursos importante.
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Uno de los retos que deberá enfrentar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la captación de mayores ingresos públicos, pues la reforma fiscal que se hizo en el 2014 no ha sido suficiente para generar los ingresos que requiere el país durante los siguientes seis años, coincidieron expertos en política fiscal.
“Una reforma que recaude más es indispensable, si no, nos vamos a meter en un problemón con los compromisos de gasto que se van a tener”, expuso Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).
Aunque, coincidió con la idea de que el gobierno siguiente busque primero arreglar la estructura del gasto público, luego los ingresos de los estados y municipios, y posteriormente se debe pensar en una reingeniería tributaria.
Mencionó que en la siguiente Convención Hacendaria se debe clarificar los ingresos que el gobierno tendrá y cómo los va a obtener, especialmente por el hecho de que no se subirán, ni crearán nuevos impuestos.
“Creo que la forma en que entendemos al gobierno central y Federación vamos a tener que replantearlo. En la Convención Hacendaria se debe dejar claro cómo los estados van a generar sus ingresos propios”.
Adminsitración tributaria, clave
Villarreal comentó que uno de los puntos clave en los que se deberá enfocar el siguiente gobierno para captar mejores ingresos es través de la administración que se realiza desde el Servicio de Administración Tributaria.
“Si se cumple con la reestructura del gasto, se arregla la recaudación con los estados y se mejora la administración tributaria, entonces, ya se puede proceder a una reforma fiscal de gran calado”.
Sin embargo, advirtió que esta reforma se daría hasta el tercer o cuarto año de gobierno de López Obrador.
Alfredo Elizondo, investigador de GESOC —organismo que realiza el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales—abundó que también se deben generar mayores incentivos a las empresas para que exista más formalidad laboral y por tanto mejor recaudación.
“El nuevo gobierno tendrá que plantearse esta nueva idea de cómo atraer a aquellas empresas o sectores productivos que están en la informalidad y a la vez cómo modificar ciertos acuerdos que se dan en los gastos fiscales, como exenciones o créditos fiscales”.
A su parecer, el siguiente gobierno debe descartar la idea de que el petróleo será un ingreso importante para las finanzas públicas, pues cada vez aporta menos al gasto público por la volatilidad en los precios internacionales del crudo.
“Las finanzas públicas ya no deben depender de la renta petrolera, no sería sostenible en el largo plazo y creo que el pendiente fuerte es cómo hacer una reingeniería del esquema tributario para que exista un piso más parejo para todos y el pago de impuestos no se concentre en algunos cuantos”.
Esquemas laborales, para mayor recaudación
El director del CIEP indicó que ante la evolución de los esquemas laborales que se están teniendo, el sistema de pago de impuestos no debe depender de si una persona está o no en la formalidad, sino que se debe hacer un sistema más flexible.
“Hay mucho freelancer o gente profesional que trabaja un periodo en la formalidad y otro en la informalidad, esto nos va a obligar a repensar cómo se reclasifica esto, porque debe ir aunado a un sistema de seguridad social”.
Excedentes año con año
Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) comentó que los ingresos tributarios jugaron un papel importante en este sexenio, pues ayudaron a mitigar el impacto de la baja en los precios del petrolero a nivel internacional.
“Del 2014 al 2017, los ingresos del gobierno federal han variado por arriba de 10%, es decir, siempre registró excedentes de lo que se aprobaba cada año por el Congreso de la Unión y en lo que realmente cerraba el año. Es un margen importante de excedentes y el cual se debió regular”.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los ingresos tributarios crecieron 2.8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). En 2014 -año en que entró en vigor la reforma fiscal- representaron 10.3% y para el cierre del 2017 fue de 13.1% del PIB.
El Impuesto sobre la Renta fue el impuesto que más creció como proporción del PIB, pasando de 5.5% del PIB en el 2014 a 7.2% en el 2017. Mientras que el Impuesto al Valor Agregado pasó de 3.8 a 3.7% del PIB en el 2017.
Áreas opacas en las instituciones de México ocultan la verdad: OMCT
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Emir Olivares Alonso - Enviado
Ginebra, Suiza., En México existen áreas opacas dentro de las instituciones que se usan para justificar la impunidad y ocultar la verdad. De ahí que delitos de lesa humanidad, como la tortura, sigan siendo una realidad en el país, aseveró el secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Gerald Staberock.
El especialista consideró que México cuenta con una gran ley para prevenir, investigar y sancionar los actos de tortura. Sin embargo, acotó, las normas no son el único elemento para erradicar esa práctica sino que se debe contar con instituciones más fuertes, en las que la característica no sea la corrupción y que se ponga a las víctimas en el centro de la atención.
Creada en 1985, la OMCT constituye la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante.
Con 300 organizaciones distribuidas en el mundo, es la red activa más importante de organizaciones no gubernamentales en el campo de la protección y la promoción de los derechos humanos en el mundo.
El sistema judicial es completamente corrupto. En México siempre hay alguna institución o alguien que se encarga de ocultar la verdad (...) Hay maneras institucionales de prevenirla. Es fácil cambiar la ley, lo difícil es cambiar la mentalidad de los funcionarios.
Enfatizó que pese a que en México hay una sociedad sofisticada y civilizada, contradictoriamente se siguen presentando actos masivos de tortura, como lo documentó en 2015, tras su visita oficial al país, el relator contra esa práctica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez. La reacción del presidente Enrique Peña Nieto fue negarlo.
Durante una visita a esta ciudad europea –sede de varias oficinas de Naciones Unidas que trabajen en pro de las garantías sociales y humanitarias, como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos–, La Jornada tuvo la oportunidad de charlar con Staberock, uno de los referentes mundiales en la lucha contra este delito de lesa humanidad.
Destacó la necesidad de que la sociedad civil mexicana y las autoridades aprovechen todo el sistema de Naciones Unidas para la revisión de la práctica de ese delito, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con la cual se creó el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) que hace una revisión periódica a los estados parte para conocer la situación de este delito en sus territorios y dar recomendaciones para su combate y erradicación.
Entre abril y mayo de 2019, México comparecerá ante el CAT –integrado por 10 expertos independientes– y deberá dar respuesta a los señalamientos de los especialistas, después esperar una serie de observaciones, que como Estado está obligado a cumplir al haber ratificado este protocolo internacional.
Habló también de paradojas: por un lado la existencia de una buena ley en el país contra ese flagelo, pero, por el otro, el impulso de políticas y programas que dan las bases para que las fuerzas armadas se mantengan en labores de seguridad pública, a la vez de mantener un sistema judicial ineficaz en el que la base de las indagatorias se limita a la declaración del presunto responsable de la comisión de un delito.
La peor evidencia es la declaración de los presuntos culpables, esa debería ser la prueba con menos valor jurídico, sobre todo en delitos relacionados con el crimen organizado y el terrorismo. Si esto es la base, la investigación no tendrá éxito.
El otro elemento, dijo, es la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad, y es que por su formación para la guerra, sus acciones van al extremo, por lo que no pueden trabajar como policías.
Subrayó que desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el discurso de los derechos humanos, en particular contra la tortura, enfrenta un retroceso, pues desde entonces muchos ciudadanos apoyan las visiones antiterroristas y antimigratorias que muchos jefes de Estado enarbolan y que justifican la práctica de la tortura en beneficio de la seguridad nacional.
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