En la presentación del reporte 'Derechos de los usuarios en el sistema de justicia: ejercicio exploratorio'. Foto: Antonio Baranda |
Antonio Baranda
Cd. de México
Las víctimas permanecen invisibilizadas en el proceso penal, concluyó la organización México Evalúa en el reporte "Derechos de los usuarios en el sistema de justicia: ejercicio exploratorio".
En el documento, presentado en Casa Lamm, se expone que aun cuando existe un andamiaje normativo para proteger y garantizar sus derechos, eso no se materializa en la práctica.
"Si bien en términos normativos la transformación del sistema de justicia hacia uno de corte acusatorio buscó proteger los derechos de las víctimas durante el proceso, se ha documentado la falta de materialización de esos objetivos, tanto en el ámbito federal como en el local", se afirma en el documento.
"El tema de las víctimas requiere abordarse con el debido cuidado, ya que requieren acudir a las instituciones para que se les brinde atención, se investiguen y, en su caso, se persigan los delitos".
El reporte, basado en entrevistas a víctimas y reclusos en dos estados, señala que sólo 41 por ciento de las víctimas encuestadas declaró que le ofrecieron facilidades para comunicarse con un familiar o abogado al denunciar.
De las víctimas que presentaron alguna lesión física o afectación, sólo el 58 por ciento manifestó haber recibido la atención médica o psicológica necesaria, y cuatro de cada 10 declararon sentirse en riesgo o amenazados durante el proceso.
A partir de la aplicación de 346 entrevistas en Guanajuato y Querétaro, la organización además encontró que el 33 por ciento de personas privadas de la libertad sentenciadas acusó exceso de la fuerza al momento de su detención.
También que persisten deficiencias en el primer contacto entre detenidos y autoridad, pues sólo en el 65 por ciento de los casos las autoridades que hicieron la detención se identificaron, y en 9 por ciento transcurrieron más de 10 horas entre la captura y la puesta a disposición del Ministerio Público.
Edna Jaime, directora de México Evalúa, consideró que es tiempo de jubilar la noción de que el éxito de la reforma penal se mide por su impacto en la seguridad.
"Requerimos evaluar rigurosamente cómo las instituciones están respondiendo al desafío de asegurar efectividad, eficiencia y transparencia en la justicia, garantizando por igual los derechos humanos de víctimas e imputados.
"El País va cambiar el día que el ciudadano pueda denunciar un delito y reciba apoyo de sus autoridades. México cambiará cuando la tortura y la corrupción desaparezca de las prácticas policiales", abundó.
María Novia, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, resaltó que uno error de las autoridades ha sido considerar la protección de derechos de víctimas e imputados como un "juego de suma cero".
"Cuando se vulneran los derechos de una de las partes no implica mayor protección de la otra parte, sino que nos habla de deficiencias y vicios institucionales", expresó.
Rubén Francisco Pérez, coordinador general de seguimiento de recomendaciones de la CNDH, consideró que tanto el estudio, como las quejas recibidas por el organismo en esta materia, evidencian que uno de los principales problemas del sistema acusatorio es la falta de capacitación adecuada de los operadores.
Reforma
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