jueves, 4 de octubre de 2018

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.

Tunde al NAIM nuevo Gabinete


Futuros del próximo Gabinete se reunieron con activistas y pobladores. Foto: Alejandro Velázquez

Jorge Ricardo y Azucena Vásquez

Cd. de México 

Miembros del próximo gabinete federal pintaron su raya respecto a las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Durante una reunión con activistas, pobladores y vecinos de 17 municipios mexiquenses aledaños al proyecto aeroportuario, los próximos funcionarios federales tundieron con sus comentarios la construcción del NAIM, a prácticamente tres semanas de la consulta que definirá su viabilidad.

"El aeropuerto es un enorme error desde cualquier ángulo", consideró Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación. "Evidentemente es uno de los grandes errores y un monumento a la corrupción".

Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes, recordó que la primera fase del proyecto costaría originalmente 169 mil millones de pesos, pero se incrementó a 285 mil millones de pesos.

Dijo, no obstante, que más que el tema presupuestal, destacan las afectaciones que genera la construcción.

"El incremento de los costos ha sido verdaderamente fenomenal porque se trata de un aeropuerto de una gran ostentación y porque el sitio que se ha elegido presenta problemas gravísimos", comentó Jiménez Espriú.

Durante el encuentro, los pobladores que integran la campaña "Yo Prefiero el Lago" declararon su oposición a la obra por las afectaciones al medio ambiente que ha provocado la explotación de minas y el asesinato de activistas, como Jesús Javier Ramos Arreola, en Tlalmanalco, la semana pasada.

"Yo vengo del movimiento de defensa del territorio de la Sierra de Puebla", dijo la próxima titular de Bienestar Social, María Luisa Albores, en un abierto apoyo a los ciudadanos opositores.

"Vemos que (las autoridades) hacen manifiestos de impacto ambiental a modo, eso se llama despojo. Hoy estamos en un diálogo y acá ya hay decisiones tomadas. ¿Qué tendríamos que hacer, como instrucciones? Escuchar, consultar y que se respeten esas secciones", ofreció.

Román Meyer, próximo titular de la Sedatu acusó al actual Gobierno federal de no informar del impacto de la obra.

En tanto que el próximo vocero presidencial, Jesús Ramírez, reprochó que no hubiese habido una consulta con los vecinos.

... Pero Romo descarta frenar construcción

La construcción del nuevo aeropuerto internacional de México se realizará pese al referéndum, según declaraciones de Alfonso Romo, próximo coordinador de la oficina de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador.

En un foro cerrado a la prensa y organizado por el Grupo Financiero Santander, al que acudieron cerca de 80 inversionistas, Romo fue cuestionado sobre el resultado que podría tener el referéndum para construir el NAIM.

Según fuentes que acudieron al encuentro, Romo respondió en tono de broma.

"No creo que vaya a ir mucha gente a votar", y agregó que el proyecto ya cuenta con el capital de los inversionistas.

"Su mensaje fue que no van a echar para atrás la construcción del nuevo aeropuerto", aseguró uno de los asistentes al encuentro.

Con información de Jessika Becerra


Tras perder bonos, 700 dejan Senado; finiquitos se comen ahorros



En este periodo los legisladores esperaban economizar 599 mdp, aunque para liquidar a los empleados a quienes no les convino el plan de austeridad gastaron 650 mdp

Empleados del Senado ayudan a Juan Zepeda, vicepresidente de la Mesa Directiva, auxiliándolo con diversa papelería y personificadores. Hasta ahora, más de 700 trabajadores ya renunciaron.

Leticia Robles de la Rosa

CIUDAD DE MÉXICO.

El plan de austeridad en el Senado generó ya la renuncia de poco más de 700 empleados, cuyos finiquitos entregados suman 650 millones de pesos.

Esta cifra representa 50.4 millones de pesos más a los 599.6 millones que se prevé ahorrar en este periodo ordinario de sesiones.

De acuerdo con información obtenida en el Senado por Excélsior, la renuncia de los trabajadores se dio por la aplicación de las medidas de austeridad en la Cámara, pues eso implicó que se les retirara el bono de productividad y el bono extra de aguinaldo, así como vales de despensa, lugares de estacionamiento, seguros de vida y el seguro de separación individualizado.

La información establece que una de las prioridades de los empleados que renunciaron fue la finalización de su seguro de separación individualizado, donde tenían ahorros superiores al millón de pesos. Ese dinero sólo se puede recuperar cuando los trabajadores se jubilan, renuncian o mueren.

Hace unas semanas se dio a conocer que al menos 200 empleados del Banxico comenzaron a renunciar como efecto inmediato del anuncio de las medidas de austeridad que se aplicarán a partir del 1 de diciembre en toda la administración pública federal, incluidos los entes autónomos.

Finiquitos se tragan ahorros del Senado

Habían previsto no gastar 599.6 millones de pesos; los pagos a 700 exempleados suman 650 millones de pesos.

La aplicación de la austeridad en el Senado generó ya la renuncia de poco más de 700 empleados, cuyos finiquitos entregados suman 650 millones de pesos, cifra superior en 50.4 millones de pesos a los 599.6 millones de pesos planeados para ahorrar en este periodo ordinario de sesiones, que concluye en diciembre.

De acuerdo con información obtenida en el Senado, la renuncia de 700 empleados se da a raíz de la aplicación de las medidas de austeridad, que implican el retiro de bonos de productividad, bono extra de aguinaldo, vales de despensa, lugares de estacionamiento, seguros de vida y seguro de separación individualizada, a pesar de ser personal que cubre jornadas superiores a 10 horas continuas de labores en el Senado.

La información obtenida por Excélsior establece que una de las prioridades de los empleados que renunciaron fue la finalización de su Seguro de Separación Individualizado, donde tenían ahorros superiores a un millón de pesos, dado que ese dinero sólo puede recuperarse, por parte de los trabajadores, cuando se jubilan o renuncian, o por sus deudos cuando se mueren.

Excélsior publicó hace unas semanas, que al menos 49 empleados del Banco de México —se habló hasta de 200— se jubilaron o renunciaron a sus labores, como efecto inmediato del anuncio de medidas de austeridad a aplicarse a partir del 1 de diciembre en la administración pública federal, incluidos los entes autónomos; en el caso del Banco Central implican la disminución de más de la mitad de sus salarios, dado que no podrán ganar más de 108 mil pesos por mes.

Las renuncias en el Senado se apegan a las condiciones laborales pactadas antes de la aplicación de la austeridad; por eso, los finiquitos se han diseñado con los niveles salariales vigentes al momento de la renuncia, de ahí que hasta el momento se hayan canalizado 650 millones de pesos a esta bolsa contingente.

Aunque las expresiones de inconformidad comenzaron desde los primeros días de septiembre, al cancelarse las prestaciones de los empleados de mando, conforme avanzaron los días la inconformidad de la mayoría de los trabajadores ha ido en aumento, principalmente el pasado fin de semana, cuando cobraron la quincena, comprobaron que les quitaron los vales de despensa, que eran parte de sus ingresos.

Existen, además, muchas inquietudes de los empleados sobre la forma en que operarán los seguros de Gastos Médicos y de Separación Individualizada, al grado de que desde esta semana se instaló un módulo de la aseguradora MetLife para orientarles, dado que ahora sólo podrán tener esas prestaciones con cargo a su nómina y el Senado dejará de hacer la aportación que hacía.

Todas las consultas realizadas están relacionadas con la forma en que pueden retirar su dinero del Seguro de Separación Individualizado y la respuesta es que no lo pueden recuperar, aunque existe la posibilidad de que retiren la mitad del dinero, con la consecuencia de que la tasa de interés que le pagarán ya no será de 7.25%, sino de tres por ciento; es decir, a menor dinero en la cuenta, menor ganancia. 

Anticipan jubilación en Banxico

El Banco de México reconoce que del 1 de enero al 19 de agosto de este año ejercieron su derecho a la jubilación 49 empleados del Banxico. Información oficial obtenida por medio de la Ley de Transparencia precisa que 13 de ellos se jubilaron del 2 de julio al 19 de agosto y 36 entre el 1 de enero y 1 de julio de 2018.

Versiones extraoficiales dan cuenta de unos 200 trabajadores con altos salarios del Banxico que habrían solicitado su salida, debido a la baja salarial que significaría la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente, quien percibirá en 2019 un sueldo de 108 mil 274 pesos mensuales.

El Banco de México informó que el ingreso actual del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, es de 247 mil 865 pesos mensuales.


Pelea PGR con INAI, Hacienda, jueces...



Funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal negaron a dar una opinión sobre las declaraciones de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. (Héctor Téllez)

Selene Flores, Rubén Mosso y Omar Brito

La Procuraduría General de la República protagonizó una serie de desencuentros con el INAI, la Secretaría de Hacienda y con los jueces federales por los asuntos de Odebrecht, Karime Macías y por los criterios judiciales que le han tumbado sus casos y que para el Ministerio Público solo generan “impunidad”.

Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, aseveró que Brasil se niega a entregar información del caso de Odebrecht, la cual es indispensable para fortalecer la carpeta de investigación que se integra y en la que se indaga a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, así como a otros ex servidores públicos.

El funcionario aseguró que la indagatoria está avanzada, pero la nación sudamericana se resiste a entregar la información requerida.

Respecto a la decisión del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública que ordenó a la PGR dar a conocer una versión pública de la investigación del caso Odebrecht, el subprocurador dijo que valorarán si lo hacen.

“Nos piden una versión pública, vamos a valorar y si en un momento dado la tenemos que dar, la damos”, dijo Muñoz Vázquez.

Al respecto, Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI, calificó de “inverosímil” que las autoridades de Brasil no hayan otorgado información a la PGR para trabajar y dar a conocer los avances del caso Odebrecht.

En entrevista con MILENIO, el funcionario aseguró que la PGR tiene que cumplir con lo resuelto por el instituto ya que, recordó, fue el propio ex procurador general de la República Raúl Cervantes quien a finales de 2017 informó que ya se había concluido la investigación.

“Entonces no puede ser que ahora digan que no han recibido la parte de la cooperación de Brasil”, expresó.

DESDE 2016

Muñoz Vázquez y Carlos Hernández Azuara, director general de la subprocuraduría, revelaron que desde 2016 la PGR cuenta con una denuncia por defraudación fiscal contra Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, pero la Secretaría de Hacienda no ha presentado querella en su contra.

En la gestión de Duarte, su esposa Karime asistía a las reuniones de gabinete y era quien decidía a qué empresas debían entregarse los contratos que se firmaban con el gobierno de Veracruz.

Lo anterior consta en la declaración que el ex tesorero Antonio Tarek Abdalá rindió ante la PGR el 23 de mayo del presente año, y que sirvió como uno de los datos de prueba para solicitar la condena de nueve años de prisión contra Duarte y que fueron expuestos en la audiencia de la semana pasada.

DELITOS FINANCIEROS

El subprocurador también arremetió contra los jueces federales, cuyos criterios, afirmó, están generando “impunidad”.

Durante una reunión donde explicó los avances y pendientes en el caso de Duarte, y de otros ex funcionarios, Muñoz Vázquez declaró que los jueces tienen criterios distintos sobre la forma en que el Ministerio Público federal puede solicitar información financiera de las personas que investiga.

“Saca un criterio (la Suprema Corte), en el sentido de que toda información financiera que se solicite tiene que ser por control judicial; muy de acuerdo, pues adelante, nuestra magnánima Corte tiene esos y otros criterios.

“Si yo en aquel entonces hubiera sido clarividente y hubiera dicho la Corte va a solicitar ese criterio y hubiera solicitado algún juez de procesos, de medidas cautelares y hubiera dicho autorízame solicitar la información a la Comisión Nacional Bancaria, qué me hubiera contestado el juez: tú tienes facultades, tú Ministerio Público la ley te faculta para solicitarla directamente…pues no, han hecho valer ese criterio retroactivamente, como no lo solicitaste por juez de control, prueba ilícita. Maravilloso, a mí me parece que eso es impunidad”.

MILENIO consultó a funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal sobre esta declaración; indicaron que no habrá ninguna declaración y subrayaron que son respetuosos de las decisiones que emiten los jueces.

En los últimos meses, la PGR ha sufrido reveses porque la Suprema Corte ha otorgado amparos a personas que se encuentran bajo investigación, quienes alegaron que la información o aseguramiento de cuentas bancarias se realizó sin orden judicial.


Alistan regreso de Gordillo al sindicato



Ricardo Gómez

La maestra Elba Esther Gordillo Morales prepara su regreso a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Apenas el 7 de agosto, la maestra fue exonerada de los cargos que le imputó la Procuraduría General de la República (PGR), y la ex lideresa del SNTE ya hace los amarres con su equipo cercano.

De acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, el momento clave para el regreso de Gordillo Morales a la presidencia del SNTE se ubica en la reanudación del Congreso Nacional del magisterio de 2013, cuando ella estaba aún al frente, antes del mes de noviembre próximo.

Para ello esperan el fallo del Tribunal Superior de Justicia Administrativa. De lograr el aval, Gordillo Morales será la presidenta legal y constituida, para convocar a un Congreso y así nombrar a un sustituto: el maestro Moisés Jiménez, uno de los operadores de las redes progresistas de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo.

De acuerdo a los elbistas, el Congreso de febrero pasado convocado por Díaz, donde nombró consejo no es válido y debe reanudarse el de 2013.

Al restituirse el de 2013, la presidencia regresaría a ella y Juan Díaz de la Torre, quien la sustituyó, sería secretario general, cargo que ocupaba antes de que la ex lideresa fuera detenida en Toluca en 2013.

Allegados a Gordillo Morales señalan que “las gestiones tienen en Juan Díaz un interlocutor muy complejo” y aunque camina el consenso para reinstalar a Elba Esther en el máximo cargo del SNTE, “los intereses del mismo grupo de Díaz de la Torre lo están presionando muchísimo para no dejar el poder”, señalaron.

Sobre el procedimiento, la cúpula de Gordillo Morales detallaron a EL UNIVERSAL que apuestan a que en el sindicato voten los consejeros a favor de la propuesta de la maestra, en la figura de Moisés Jiménez, uno de sus más cercanos y a quien ven con capacidad para ello.

Los agremiados consultados explicaron que con la llegada de Moisés Jiménez, caminaría junto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los objetivos: la derogación de la reforma educativa, acompañada de los maestros que se opusieron. 

En la década de los 80, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari encumbró a la maestra Elba Esther Gordillo al frente del magisterio nacional.

EL UNIVERSAL buscó a Juan Díaz a través de su equipo para tener su postura y no hubo respuesta.

El ala magisterial cercana a la maestra apoyó al hoy presidente electo López Obrador, en la campaña electoral que culminó el 1 de julio con la victoria del tabasqueño en las urnas.

“El consejo tendría autoridad para devolverle los derechos adquiridos, y lo más relevante, se inicia una profunda transición del sindicato que se actualiza a la nueva era.

“Además, el sindicato recuperará su normalidad estatutaria y legal sin divisiones ni pleitos, en el marco de la cuarta transformación que quiere impulsar Andrés Manuel López Obrador: Consolidar la democracia interna, la autonomía sindical, el voto libre y secreto, entre otras cosas”, detallaron a EL UNIVERSAL dirigentes dentro de la cúpula cercana a la maestra Gordillo Morales.

Voces de apoyo. En Tamaulipas ya hay voces del magisterio que demandan la restitución de Gordillo Morales en la dirigencia del SNTE.

Aunque la intención del grupo elbista es que Juan Díaz retorne a la secretaría general del SNTE, otro escenario es que se vaya ante el propio rechazo de la base magisterial.

Esto, señalan las fuentes consultaras, para pacificar y avanzar hacia una transición correcta, ya con Elba Esther Gordillo a la cabeza.

Lo que buscamos, explican a este diario los operadores de la maestra Gordillo Morales, “es reordenar el desorden que se creó con su aprehensión y la cascada de amparos que buscaban detener el Congreso magisterial de febrero pasado, que no está firme porque la sustitución de ella en febrero de 2013 fue irregular”.

Para la votación del Congreso, explican, “se han alineado los secretarios generales de los estados” y lo que se busca es unanimidad: “Debe haber unidad total”, detallan.

Antecedente entre rejas. El 26 de febrero de 2013, la maestra Gordillo Morales fue detenida en el aeropuerto de Toluca, Estado de México.

Hasta el jet privado acudieron policías ministeriales para detenerla por presunto desvío de recursos del sindicato, más de 2 mil millones de pesos, además de otros delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada. 

La lideresa de maestros fue detenida en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, el 26 de febrero de 2013, acusada de delincuencia organizada.

Luego de cinco años y seis meses de estar bajo proceso, apenas en agosto pasado el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal decretó su libertad, al no encontrar elementos contra ella.

Antes, tuvo un peregrinar bajo proceso penal, pues del Reclusorio Oriente fue trasladada al penal femenil de Tepepan, que cuenta con servicios médicos y sala de hospital, debido a su estado de salud.

Su abogado Marco Antonio del Toro pugnó más tarde porque a la ex priísta y fundadora del Partido Nueva Alianza (NA), formado con base magisterial y hoy en vías de desaparecer por orden de la autoridad electoral, por no lograr 3% de la votación federal del pasado 1 de julio, se le decretara la prisión domiciliaria al haber cumplido 70 años, y por su salud delicada.

En 2015 se le negó el beneficio y no fue hasta agosto de 2017, cuando la maestra Gordillo Morales recibió la autorización judicial para pasar su condena en su domicilio.

Apenas en agosto pasado fue liberada y exonerada, y en unos días buscará regresar al cargo que dejó cuando fue detenida: la presidencia del SNTE.


Plan de AMLO y Trump para frenar migración



Andrés Manuel López Obrador dijo que en la llamada que tuvo ayer con Donald Trump se estimóuna inversión conjunta de más 30 mil millones de dólares para crear empleos.

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo.Fuente: Cuartoscuro

Mariana León

Andrés Manuel López Obrador dijo que la llamada que tuvo ayer con Donald Trump fue para hablar de la importancia de la firma del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), pero también se acordó una inversión conjunta de 30 mil millones de dólares para generar empleos y frenar la migración.

La llamada, según dijo el Presidente electo, la hizo Donald Trump y hablaron mientras López Obrador se trasladaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Tuvimos una conversación con el presidente Donald Trump. Hablamos del acuerdo que se logró con Canadá y que al mismo tiempo se convierte en un acuerdo trilateral. Hablamos de la importancia de la firma inicial de este acuerdo que, en el caso nuestro, nos da certidumbre económica, permite que haya confianza para la inversión en el mediano, en el largo plazo; de modo que fue un buen acuerdo, eso fue lo que conversamos”, dijo en entrevista antes de abordar su vuelo hacia Acapulco.

Agregó que “también hablamos de un siguiente paso, ponernos de acuerdo para inversiones conjuntas entre México, Canadá y Estados Unidos, para el desarrollo de los pueblos de Centroamérica, de México, para enfrentar de esa manera el fenómeno migratorio”.

Comentó que “estamos estimando una inversión conjunta de más 30 mil millones de dólares para crear empleos”.

López Obrador afirmó que “lo propuesto es para que podamos unir esfuerzos, para que haya inversiones de los gobiernos para beneficio de los pueblos, con el propósito de que haya trabajo y bienestar en Centroamérica y nuestro país”.

Sobre la respuesta que le dio Trump a los planteamientos, “dijo que lo ve con buenos ojos. Va a ir una misión nuestra a Estados Unidos en los próximos días, se va a elaborar por parte nuestra un plan que incluye muchos proyectos de desarrollo, de sur a norte, desde Centroamérica”, explicó López Obrador.

Informó que los proyectos incluyen “la siembra de árboles frutales, maderables; incluye el Tren Maya, la construcción de la nueva refinería, la rehabilitación de las seis refinerías, el desarrollo del Istmo, la construcción del Nuevo Aeropuerto de México –como se resuelva en la consulta–, el desarrollo del Bajío, el impulso a la industria en Nuevo León y la zona libre en la frontera norte”.

El Presidente electo añadió que la delegación viajará a finales de octubre a Estados Unidos y será dirigida por Marcelo Ebrard, propuesto como próximo canciller.

Sobre si Trump asistirá a la toma de protesta, dio a conocer que no lo hará, pero en su representación irá el vicepresidente Mike Pence.

Calificó la conversación como “buena”. Refirió que “fue una buena llamada, yo le reconocía a Donald Trump que ha sido respetuoso con nosotros y que a partir de ese respeto, hemos llegado a un buen entendimiento, porque nos permite mantener estabilidad económica y financiera en México”.

Aclaró que “no me meto en la política de otros gobiernos, pero, por la vecindad que tenemos, es importante que la economía de Estados Unidos esté bien”.

Por la mañana, Donald Trump, en Twitter, se refirió a la conversación telefónica con Andrés Manuel:

“Acabo de hablar con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. ¡Gran llamada, vamos a trabajar bien juntos!”, escribió.

Se trata de la segunda conversación telefónica entre Trump y López Obrador; la primera fue tras el triunfo electoral del candidato presidencial de Morena, en la elección del 1 de julio.


“Si las Torres Gemelas cayeron, ¿por qué no el nuevo aeropuerto?”



Los atencos y pueblos inconformes por el NAIM, tras reunirse tres horas con el equipo de López Obrador, amagan con seguir “resistiendo” sin importar el resultado de la consulta. Jiménez Espriú acepta su propuesta de visitar zonas afectadas por la megaobra 

David Elías Jiménez

"Yo pongo una comparación, y no porque seamos terroristas, lo quiero puntualizar: si las Torres Gemelas se cayeron, ¿qué no se pueda caer el aeropuerto?”, dijo Octavio Jiménez Rivera, habitante de una de las entidades afectadas por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el Estado de México.

Octavio estuvo en la reunión con el equipo del presidente electo, Andrés López Obrador, enviado a atender a los inconformes con la megaobra, que se lleva a cabo en la cuenca del lago de Texcoco.

“Nosotros no vamos a dejar ni un solo instante de luchar por algo que por derecho nos corresponde y por lo que estamos haciendo una lucha y una defensa justa”, dijo el también vocero de los por algunos llamados atencos.

El atenquense aclara: “Si lo que quieren escuchar es que vamos a ir a tomar carreteras y tomar los machetes, pues no, no lo vamos a hacer, no de manera violenta”.

Algunos de los opositores presentes en el Club de Periodistas de México, sede de un encuentro con representantes del próximo gobierno federal, señalan, como José Manuel Espino, integrante de la Comisión de Vecinos de San Nicolás Tlaminca: “El asunto aquí es que los pueblos, sea cual sea el dictamen, no vamos a dejar de resistir. Por ahí dicen que si vamos a defender la vida con la vida, pues lo vamos a hacer. Ya está muy amañado el proyecto.”

Todos estos comentarios se dan en entrevistas luego del evento, algunos de los presentes ya guardaban su machete (su símbolo de resistencia desde 2002); y respondieron a las preguntas en un tono natural, tranquilo.

Momentos antes, Javier Jiménez Espriú, Alejandro Encinas y Josefa González-Blanco les han concedido razón en varios puntos. La postura obradorista a favor de una obra en Santa Lucía, que funcione paralelamente con el actual aeropuerto “Benito Juárez”, está implícita en las más de tres horas que duró el foro.

“La parte financiera (de la obra) que es una parte delicada, no es la más importante; finalmente, hay muchas otras que tienen mucha más importancia que el costo que pudiera tener una obra de esta naturaleza”.

La declaración anterior, le valió los aplausos de los presentes, quienes empuñaron sus machetes durante las más de tres horas de ponencias.

Jiménez Espriú anunció asimismo que visitará las zonas afectadas por la megaobra, acompañado de la futura secretaria de medio Ambiente y Recursos Naturales, y convocó a los medios de comunicación a acompañarlo en dichas visitas, cosa que también le valió ovaciones, ya que la propuesta surgió de la parte atenquense.

Sobre la consulta, el futuro secretario Jiménez Espriú promete que será antecedida por mesas de discusión a fondo de los temas. Los atencos, a pregunta expresa, señalan que, sin importar los resultados de esa consulta, la lucha contra el aeropuerto seguirá.

El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, sin embargo, advirtió: “Tienen ustedes razón en que estas consultas debieran ser, como señalan nuestras leyes, libres, previas e informadas. Lamentablemente en este caso y en otros, no cabe la posibilidad de una consulta previa, porque estamos en una situación, de hecho, en donde ya hay bastantes pasos adelante.”

Agregó: “Pero estamos haciendo la consulta porque estamos dispuestos a plantear una evaluación serena, clara, de todos los aspectos que tienen que ver con este megaproyecto, con el objeto de tomar la mejor decisión para la nación”.

Aseguró que el motivo de las mesas, como la efectuada, es informar y lograr una consulta con la información difundida: “por eso, estas consultas las estamos haciendo del conocimiento de los demás para que estén informados y que, al momento de dar su opinión, sea una opinión informada”.

“Les vamos a pedir a todos —ustedes se dirigió a los pobladores de la Cuenca de Texcoco — que informen a sus comunidades que estamos en la mejor disposición. No es la primera vez que me reúno con ustedes, es la tercera ocasión, pero es la primera pública y abierta con los medios de comunicación.”

“Les vamos a solicitar entonces que tengan confianza en que la consulta será una consulta legítima, una consulta real y una consulta comprometida, pero deberá ser desde luego una consulta informada”.

Concluyó: “Vamos a continuar con estos procesos y con estas mesas para que la comunidad nacional —todos los que tienen interés en participar en esto — estén perfectamente informados y que la consulta final sea una aportación de todos los mexicanos”.

Suspendidas, nuevas licitaciones. Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social obradorista, anunció que las mesas de trabajo en torno a las afectaciones al medio ambiente por la construcción del NAIM darán inicio la próxima semana con el diálogo que estará a cargo de Josefa González Blanco Ortiz Mena (Semarnat) y especialistas en el rubro.

Resalta el anuncio de suspensión de obras del NAIM, que hizo el vocero de la futura Presidencia: “Están suspendidas todas las nuevas licitaciones. Nosotros demandamos la suspensión de las obras, pero lo que alega la autoridad como Grupo Aeroportuario es que hay compromisos contractuales que, en caso de ser suspendidos, se afectaría el propio costo”.

“Están suspendidas todas las nuevas contrataciones y todas las obras aledañas al aeropuerto. En caso de que no se esté cumpliendo este compromiso será importante la observación directa de sus pueblos, ustedes pueden ayudar a que se cumpla”, concluyó.


Revive USMCA restricción a transporte



Con el nuevo tratado comercial se volvió a limitar el transporte de mercancías a Estados UnidosUno de los Anexos del nuevo acuerdo comercial de América del Norte, revela que el gobierno estadounidense restringió el transporte de mercancías por carretera.

ENGGE CHAVARRÍA Y EVERARDO MARTÍNEZ

Estados Unidos finiquitó las posibilidades que tenían los transportistas mexicanos de finalizar un encargo en su territorio y por lo tanto de crecer más allá de las fronteras, con lo que se revive el conflicto que ha afectado a los transportistas mexicanos por más de 20 años.

Uno de los Anexos del nuevo acuerdo comercial de América del Norte, revela que el gobierno estadounidense restringió el transporte de mercancías por carretera en su territorio sólo a las firmas mexicanas, no así a las canadienses.

“Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener limitaciones a las concesiones de autoridad para que las personas de México presten servicios transfronterizos de camiones de larga distancia en el territorio de los Estados Unidos fuera de las zonas comerciales fronterizas”, señala el documento oficial.

Sin embargo, la Secretaría de Economía aseguró que no es una restricción, sino que Estados Unidos busca contrarrestar los efectos negativos que pudiera tener la entrada masiva de camiones de carga a su territorio, pero aclaró que las compañías interesadas podrán hacerlo bajo las condiciones que marque cada país.

“El acceso está disponible, no se restringe y no tiene una limitación, si México incrementara de manera súbita de la noche a la mañana (su número de camiones) o hubiera un boom incursionado en el (puente) transfronterizo, (EU) podría establecer una serie de restricciones, pero para eso debe comprobar”, dijo Salvador Behar, Jefe Negociador Adjunto de la Secretaría de Economía.



Sin embargo, José Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), dijo que está postura fue unilateral porque México no impuso una medida recíproca.

“Los permisos de largo recorrido los otorga el Departamento de Transporte de EU a empresas extranjeras que requieran dejar mercancía dentro del territorio en cualquier parte. Hasta hoy son 43 los permisos que se han otorgado y no sabemos que pasará con estas empresas, porque también quedan en la incógnita, por eso decimos que en lugar de TLCAN 2.0 es TLCAN 0.5”, lamentó Muñoz.

El anexo del USMCA afirma que “Estados Unidos sólo pueden adoptar dichas limitaciones en las concesiones de autoridad existentes si determinan que un cambio en las circunstancias justifica la limitación”.

Es decir, que si las empresas mexicanas ganan participación de mercado en Estados Unidos en detrimento de las firmas estadounidenses, la autoridad norteamericana podría limitar los permisos que ya se tienen.

Algunas de las empresas con permiso de largo recorrido son Transportes Olympic, GCC Transportes, Transportes Gamer, Transportadora de Carga Sonot, Californias Unidas.

Mientras que, la Secretaría de Economía informó que hay cerca de 12 a 15 compañías que ya operan con licencia.

En entrevista con El Heraldo de México, Salvador Behar dijo que la diferencia lleva más de 20 años, aunque en 2001, México le ganó a EU en un panel internacional al comprobar que su flota cumplía con las medidas de seguridad, pero, el gobierno estadounidense aseguró esto fue en detrimento de los trabajadores de aquel país.


Derechos Humanos del Senado pide valorar el trabajo del Ejército




La senadora Kenia López (centro) atiende a personas con discapacidad, ayer. Foto: Especial

Antonio López Cruz -

La senadora del PAN Kenia López Rabadán, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, aseguró que es necesario reconocer la importancia del Ejército para los mexicanos.

Luego del respaldo que el presidente de dicha comisión, Félix Salgado, hiciera para entrar a investigar al Ejército a sus cuarteles si así lo decide una Comisión de la Verdad sobre el caso Iguala, la senadora panista respondió en entrevista con La Razón: “me parece muy desproporcionado; es necesario hacer un análisis objetivo, sentarnos con la cabeza fría, sin descalificaciones, y reconocer la importancia de la Defensa Nacional a lo largo de esta historia.

“Porque es obvio que el Ejército del 68 no es el mismo Ejército mexicano que hoy nos acompaña en los municipios, en las entidades federativas… hoy tiene un nuevo rostro que ha estado de la mano con las familias de los mexicanos, que ante la imposibilidad de tener garantía de una seguridad pública, respalda”, afirmó.

López Rabadán, quien asumió ayer como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, destacó la importancia que tiene el Senado para fijar su postura.

“Me parece muy desproporcionado; es necesario hacer un análisis objetivo, sin descalificaciones, y reconocer la importancia de la Defensa Nacional a lo largo de esta historia” 

Kenia López Rabadán
Senadora panista

“Me parece que es una enorme responsabilidad formar parte de la Comisión de Defensa Nacional, y una vez que ésta se instale, deberá reconocer la importancia que tiene el Senado de la República para fijar posiciones sobre quienes integran la Defensa Nacional de este país, pues es necesario prestigiar el trabajo que han hecho las Fuerzas Armadas para los mexicanos”, señaló.

Sin embargo, respecto a las investigaciones sobre el caso Iguala, puntualizó que se debe priorizar las que sean necesarias para llegar a la verdad “y no sólo a la verdad histórica, pues me parece que el tiempo nos ha dicho que no necesariamente atiende a la verdad de los hechos”.

Sobre la defensa en la constitución de esa Comisión de la Verdad, donde Salgado pidió que”no se le descalifique a priori, porque tampoco se puede decir que no es imparcial… aún no está conformada”, López Rabadán dijo que lo que se espera de dicho organismo es “que no haya señalamientos ni descalificaciones ni sentencias a priori. Estamos obligados en la Comisión de Defensa a hacer un análisis objetivo de las acciones que el Ejército ha implementado a lo largo y ancho de este país”.

La legisladora albiazul finalizó reconociendo la importancia de encontrar la verdad de los hechos, “pero sin demérito de una institución tan importante como lo es la de la Defensa Nacional”. 

El Dato: Elementos de la Sedena señalaron que la comisión no cumple con la imparcialidad y analizaron interponer un recurso en contra.


Nueva regla de origen, flexible para nuevas armadoras



nuevo tlc EU-México-Canadá

Para el 2023 estará vigente la nueva tasa de 75% de contenido regional automotor, pero las plantas de reciente operación (BMW, Audi, KIA, etcétera) tendrán dos años más para cumplir.


Lilia Gonzalez

Para el año 2023, la industria automotriz instalada en México deberá cubrir un contenido regional de 75% en la fabricación de sus vehículos para mantener el libre comercio en América del Norte, aunque en el acuerdo USMCA se otorgó un periodo de dos años adicionales para aquellas plantas automotrices que están por arrancar e iniciaron operaciones en el país en los últimos años, como BMW, Audi y Mercedes Benz, Toyota y KIA, dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

La regla de origen automotriz se definió con la fórmula de “3 + 2”, esto es que las fabricantes automotrices en México entrarán a un periodo de transición para cubrir el contenido regional de 75%, a partir del 1 de enero del 2020 y concluir en el 2023. Aunque habrá dos años adicionales (2025) para las empresas que tengan problemas para alcanzar la regla, según refiere el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, (USMCA, por su sigla en inglés) concretado el pasado 30 de septiembre, explicó el representante de la industria automotriz.

“El reto es que haya una industria que logre mayor integración regional y se mantenga la competitividad”, sostuvo el líder de las armadoras en México.

En conferencia de prensa, Solís precisó que según los textos del acuerdo USMCA, las reglas de origen del sector automotriz entrarán en vigor en la fecha más lejana: la entrada en vigor del acuerdo –que podría ser a mediados del 2019- o el 1 de enero del 2020. Lo que ocurra después.

El sector automotor que opera en el país enfrentará el primer incremento, que pasará de 62.5% de contenido regional a 66%, en la entrada en vigor del USMCA, en 2021 aumenta a 69%, en 2022 se eleva a 72% y en 2023 cierra con 75%. Sin embargo, insistió, se otorgó un plazo de dos años adicionales para que las nuevas plantas automotrices puedan ajustarse a la regla, en tanto arrancarán operaciones conforme se habían comprometido antes de la modernización del TLCAN.

Para la industria, el tema primordial son las reglas de origen porque integrará más a América del Norte y “para la industria automotriz se volvió un tema fundamental el hecho de tener una transición en el acuerdo trilateral, que es de 3 años + 2 como lo hemos dicho, son 3 años para todos y 2 años adicionales para aquellas empresas que en ciertos modelos sigan teniendo un problema y que puedan llegar a acuerdos con la parte del país importador, de cómo van a lograr alcanzar los porcentajes establecidos”, abundó.

De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), falta por desarrollar algunas definiciones legales, de modo que los textos del nuevo acuerdo comercial aún no son los finales porque tienen carencias y quizá errores por corregir.

El presidente de la AMIA no precisó el porcentaje de contenido regional con el cual operarán las nuevas plantas automotrices, pero según estimaciones de la industria podría rondar en 50% hasta que se vayan acoplando.

De modo que cada fabricante establecido en México tendrá retos distintos para cumplir bajo los lineamientos del USMCA.

Los retos son muy claros, insistió, se tendrá una regla de origen más estricta, pero logramos un delicado y complejo equilibrio que para nosotros significa un gran reto.

Respecto al tema del supuesto de “elevar” los salarios en la industria automotriz, Eduardo Solís acotó que en el acuerdo no se establece ningún esquema que hable del tema de los salarios, sólo se dice partes y componentes que provengan de países que pagan más de 16 dólares por hora. Esto significa que los hagan en Canadá y Estados Unidos.

Sin embargo, abundó, hay créditos para poder mitigar 40% del valor del costo laboral en ligeros y 45% en camionetas, si se hace investigación y desarrollo. “Hay que recordar que en investigación y desarrollo pudiéramos tener nosotros ingenieros que están en ese nivel de salarios”, apuntó.
Nueva regla de origen en cuatro pasos

Las armadoras que quieran exportar sin aranceles dentro del nuevo USMCA deben cumplir cuatro puntos, ni más, ni menos.

Primero. Se incrementa el Valor de Contenido Regional (VCR) de 62.5% a 75%, con una nueva metodología.

Segundo. Se establece un Valor de Contenido Laboral (VCL) de 40 por ciento. Esto es, 40% del valor del vehículo deberá producirse utilizando salarios, al menos de 16 dólares estadounidenses por hora, pero:

Podrán obtenerse créditos por hasta 10% por actividades relacionadas con investigación y desarrollo, y tecnologías de la información.

Créditos de hasta 5% por capacidad de fabricación de: motores (100,000 unidades), transmisiones (100,000 unidades) o baterías (25,000 unidades). 

25% en mano de obra

Tercero. 70% del acero y el aluminio deberá ser de la región de América del Norte.

Cuarto. Las siguientes autopartes denominadas “esenciales” deberán cumplir con 75% de VCR en promedio (valor). 

  • Motores
  • Chasis & body
  • Caja de transmisión
  • Ejes
  • Suspensión
  • Sistema de dirección
  • Baterías


Petroleras de EU quedan protegidas en el Usmca



Chrystia Freeland, Ildefonso Guajardo y Robert Lighthizer encabezaron los equipos que negociaron el nuevo acuerdo comercial trilateral. Foto Cristina Rodríguez

David Brooks - Corresponsal

Nueva York. En la negociación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá la industria petrolera estadunidense deseaba, más que nada –además de conservar el marco trilateral–, un mecanismo conocido como resolución de disputas inversionistas-Estado o ISDS, por sus siglas en inglés, para proteger sus inversiones y ahora celebra que lo logró.

El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá o Usmca, por sus siglas en inglés, incluye cláusulas para mantener vigente el mecanismo, con el ISDS las empresas multinacionales pueden demandar a los gobiernos si éstos imponen nuevas regulaciones o acciones que afectan negativamente sus inversiones, incluyendo por ejemplo nuevas normas ambientales.

El sector empresarial argumentaba que ese mecanismo era necesario para proteger sus inversiones ante cambios de políticas o de gobiernos. Más de 392 millones de dólares de fondos públicos han sido pagadas a empresas con el ISDS del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta la fecha.

Los críticos señalaban que este mecanismo vulneraba la soberanía de un gobierno local, estatal o federal, mientras ambientalistas y organizaciones de defensa de consumidores lo criticaban por ser un obstáculo a la promoción de medidas ecológicas o sanitarias.

Este mecanismo está en el capítulo 11 del TLCAN, y diversos intereses –conservadores y liberales– buscaban anularlo por diferentes razones en el nuevo acuerdo, y lo lograron en gran medida, pues el texto final elimina el ISDS dentro de tres años.

Pero hay una excepción: por acuerdo entre Estados Unidos y México, el ISDS se mantiene vigente para cuatro sectores en México, incluyendo la industria de hidrocarburos (las otras son telecomunicaciones, transporte e infraestructura).

Las empresas petroleras trasnacionales se congratularon por lograr esta victoria clave para proteger su inversión en el sector petrolero mexicano desde que ese país abrió el sector a la inversión extranjera en 2013.

Para ExxonMobil, Chevron, Shell, BP y Total, entre otras, mantener ese mecanismo en el caso de México fue una prioridad. Esa industria cabildeó intensamente en meses recientes para poder retar al gobierno mexicano si cambia las reglas e intenta nacionalizar de nuevo a su sector energético, reportó el Washington Post.

El Instituto Americano Petrolero, asociación nacional que representa los intereses del sector, elogió el acuerdo trilateral cuando fue anunciado a principios de esta semana, instando al Congreso a ratificarlo. Resaltó que entre las medidas positivas relacionadas con el sector de hidrocarburos estaba la elegibilidad al ISDS para las empresas estadunidenses de gas natural y petróleo que invierten en México y el requerimiento de que ese país retenga por lo menos el nivel actual de apertura a la inversión estadunidense en energéticos, como también el hecho de que se logró mantener sin aranceles la exportación de productos petroleros entre los tres países.

“México ha salido de esto con protecciones bastante fuertes para los inversionistas en los sectores de petróleo y gas… y esa es buena noticia para el futuro de la reforma energética… y aún más para esas empresas que ya han invertido en México”, comentó Duncan Wood, director del Instituto sobre México del Centro Wilson en entrevista con el San Diego Union Tribune.

La organización de defensa del consumidor Public Citizen resalta en su análisis del texto del acuerdo, que la inclusión de este mecanismo fue específicamente para proteger los contratos obtenidos por nueve empresas estadunidenses en el sector de hidrocarburos en México, pero se puede ampliar más. Por tanto, propone que se elimine.

Este mecanismo especializado para México es detallado en el “Anexo Estados Unidos-México (14-E) del acuerdo divulgado esta semana por la Oficina de Comercio de Estados Unidos.

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