Costará cárcel portar armas
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| El proyecto fue registrado por Ricardo Monreal, líder de los senadores morenistas. Foto: Israel Rosas |
Claudia Guerrero
Cd. de México
La bancada de Morena en el Senado propuso ayer una reforma a la Constitución para clasificar como graves los delitos que involucran armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.
También contempla considerar graves otros delitos como la corrupción, el robo de hidrocarburos y las irregularidades electorales.
El proyecto, registrado por el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, plantea una adición al Artículo 19 de la Carta Magna para que el Ministerio Público pueda solicitar al juez la prisión preventiva por la comisión de alguno de esos delitos.
En la exposición de motivos se establece que la permanencia en libertad de los responsables de portación de armas ha contribuido a la crisis de seguridad pública que enfrenta el País.
"Los sujetos involucrados en la portación y uso de armas de fuego y explosivos no están dispuestos a afrontar las consecuencias procesales legales de su comportamiento, y con ello muestran desprecio por la seguridad de las comunidades en donde habitan", indica la iniciativa.
El mismo argumento han expresado en su oportunidad autoridades federales como el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, y el Comisionado de la PF, Manelich Castilla.
De los 24 mil 881 homicidios dolosos registrados en 2017, 16 mil 824 se cometieron con arma de fuego, lo que representa un 67 por ciento.
En lo que va de 2018 se han contabilizado 11 mil 151 homicidios con arma de fuego.
En el caso de la corrupción, la propuesta de Morena advierte que al no considerar los delitos como graves, permite a los responsables seguir el proceso en libertad, por lo que propone que los señalados en esta falta sean sometidos a prisión preventiva.
La iniciativa también pretende endurecer las sanciones contra los delitos electorales, pues seguir el juicio en libertad es un incentivo para la reincidencia.
Y en el caso de las penas por delitos cometidos en materia de hidrocarburos pretende desalentar ese crimen que, además de generar violencia, se ha expandido gracias a la creación de redes de distribución de combustible robado.
Senado se hizo guaje para donar; incumple con fondo para damnificados
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| En el municipio de Ecatzingo, Estado de México, a los vecinos afectados por el sismo no les alcanzaron los recursos para reconstruir sus viviendas. |
Leticia Robles de la Rosa
CIUDAD DE MÉXICO.
Los grupos parlamentarios del Senado se rajaron para donar 50 millones de pesos para crear el Fondo de Reconstrucción de Viviendas para damnificados de los sismos del año pasado.
De acuerdo con información proporcionada a Excélsior, la primera bancada que se negó a aportar los 19.5 millones que le correspondían fue el PAN. Los perredistas tampoco quisieron donar 2.5 millones. Al PT le tocaba poner cinco millones, pero no los entregó. Lo mismo pasó con los dos millones que le correspondían al PVEM y los 21 millones del PRI.
El fondo, anunciado por los legisladores el 20 de septiembre de 2017, no iba a ser administrado por el Senado porque no se trataba de dinero de la Cámara, sino de los grupos parlamentarios.
Al final la bolsa, diseñada como un fideicomiso de manejo externo del Senado en asociación con el Infonavit, jamás se concretó y por eso no existe huella financiera de ella en las finanzas de la Cámara.
Además de éste, desde 2013 el Senado incumplió al menos con otros dos intentos de constituir fondos para apoyar causas específicas.
Frustran fondo de apoyo a afectados
El fondo fue anunciado el 20 de septiembre del 2017.
Fueron los grupos parlamentarios del Senado los que se negaron a donar los 50 millones de pesos para constituir el Fondo de Reconstrucción de Viviendas, las cuales se iban a construir en colaboración con el Infonavit, para ayudar a los damnificados de los sismos del año pasado. Ese dinero jamás existió y nunca fue responsabilidad del Senado.
De acuerdo con información proporcionada a Excélsior, el primer grupo parlamentario que se negó a donar los 19.5 millones que le correspondían fue el PAN, que coordinaba Fernando Herrera; el segundo fue PRD, que ya no quiso dar los 2.5 millones que le tocaban; les siguió el PT, de Manuel Bartlett, con cinco millones; luego fue el Partido Verde con dos millones y el último que ya no donó los 21 millones que le tocaban fue el PRI.
El fondo anunciado por los senadores el 20 de septiembre del 2017 no iba a ser administrado por el Senado porque se trataba del recurso de grupos parlamentarios, que en ese año se repartieron mil 200 millones de pesos entre todos.
La información obtenida establece que hubo una petición del entonces presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, de tomar esos 50 millones del dinero del fideicomiso de la nueva sede, pero fue imposible desviar ese dinero.
Al final, el fondo de manejo externo, jamás se concretó y, por eso, no existe huella financiera de él en las finanzas del Senado, porque le era ajeno.
Incumplida
Este Fondo no fue el primer ofrecimiento público del Senado que fue incumplido. En total fueron tres los intentos de construir fondos para temas específicos.
El 15 de agosto del 2013, el Senado firmó un convenio de colaboración con la UNAM, que incluyó el ofrecimiento de que los primeros 50 millones de pesos de ese fideicomiso iban a comenzar a apoyar a los estudiantes de la máxima casa de estudios.
Sin embargo, concluyeron la LXII y LXIII Legislaturas y en el Senado de la República no existió ni el fideicomiso, ni el Comité Técnico ni las convocatorias y, por lo tanto, no existió una información oficial de qué hizo el Senado con los 50 millones que ya fondeaban el prometido fideicomiso.
La segunda ocasión fue el 25 de noviembre del 2014, cuando se aprobó la creación de un fideicomiso para “promover y desarrollar la obra pictórica y artística, a través de la realización, preferentemente, de murales artísticos en paredes (muros) y demás elementos que forman parte de la estructura arquitectónica de la nueva sede de la Cámara de Senadores, que contribuya a promover, desarrollar, consolidar y conservar el patrimonio histórico, jurídico y político de este órgano legislativo”.
Salvo un donativo hecho por Luis Miguel Barbosa, entonces presidente del Senado, por 20 mil pesos, jamás se pudo concretar.
AMLO: la gente sabe de todo y quiere participar
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Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ciudadanía quiere participar en las decisiones de los proyectos del país, por lo que reiteró su confianza en la consultas populares.
Luego de que el banco de inversión JP Morgan aseguró en su último estudio que este tipo de ejercicios ciudadanos planteados por el Presidente electo generarán incertidumbre, el tabasqueño enfatizó que “la gente sabe de todo”.
“Respeto su punto de vista, nada más que nosotros pensamos y sostenemos que en una democracia el pueblo es el que manda, es el pueblo el que decide, y que los mexicanos quieren que se les consulte, quieren que se les pregunte; lo mejor para no equivocarnos es preguntar”, aseveró por la mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
—¿Pero en estos temas técnicos, por ejemplo con el aeropuerto? —se le preguntó.
—¿Qué problemas técnicos ni qué ocho cuartos? —reviró.
—¿La gente sabrá de aerodinámica?
—La gente sabe de todo, el pueblo es sabio, los que no saben son los corruptos —afirmó.
Antes de trasladarse a Tijuana, Baja California, donde continuó su gira nacional de agradecimiento, López Obrador recordó que presentará una reforma de ley sobre consulta popular. Abundó que en ese paquete también incluirá la revocación de mandato.
“A los tres años se va a hacer una elección, una consulta; si la gente dice que yo continúe, voy a continuar; si la gente dice para afuera el presidente, para afuera, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Igual que las elecciones, es una boleta, nada más es sí o no, que siga o que se vaya”, puntualizó.
Ya en Tijuana el Presidente electo se reunió con el gobernador de Baja California, Francisco Vega, y aclaró que Palacio Nacional seguirá funcionando como lo hace actualmente cuando se vaya a vivir ahí.
También afirmó que no se requerirá gasto alguno para construir o adaptar un espacio, pues en el inmueble ya hay “lugares de descanso”.
“Si me voy a vivir a Palacio Nacional es en una partecita, yo no estoy acostumbrado a vivir en mansiones; sería una pequeña parte del Palacio y seguiría abierto.
“Ya hay adentro lugares de descanso, no sería algo nuevo, extraordinario, no es cerrar Palacio Nacional”, explicó.
López Obrador consideró que sus adversarios “malinterpretan” sus dichos y destacó que solo necesita un catre y dónde colgar una hamaca, para lo que no necesita mucho espacio.
“No se va a gastar en eso, es lo que ya está hecho, lo que pasa es que mis adversarios, que no mis enemigos, nada más digo una cosa y... ‘se va a ir a vivir a Palacio, ya van a cerrar el Palacio, todo el Palacio para Andrés Manuel, ¡no! Si yo nada más necesito poco espacio, nada más para tener un catre y donde colgar la hamaca”, reiteró.
Por la tarde, el tabasqueño encabezó un acto público en Mexicali como parte de la gira nacional de agradecimiento, donde anunció que durante su gobierno el programa Prospera será operado solo por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Actualmente, para dicho programa social se asigna presupuesto a las secretarías de Desarrollo Social, Educación Pública y Salud.
“Este programa de becas a familias, que todavía se llama Prospera, va a formar parte de la Secretaría de Educación Pública para que ya no haya manipulación.
“Nada de que ‘te voy a dar tu Prospera para que así me des tu voto’, se acaba todo eso, ya no va a haber entrega de migajas, ya no se van a repartir despensas, frijol con gorgojo.
“Todo el apoyo social para el bienestar de nuestro pueblo va a ser personalizado, nada de que soy de la organización Francisco Villa, Emiliano Zapata, la Antorcha... y me tienes que entregar a mí porque yo lo voy a repartir, porque dicen como caciques ‘a mi gente’, eso se acabó”, exclamó.
EL SÁBADO EN HERMOSILLO, PRÓXIMO FORO EN MATERIA EDUCATIVA
Hermosillo será sede del Foro de consulta estatal participativa Sonora que organiza el equipo de transición en materia educativa, el cual se llevará a cabo el 22 de septiembre; la Universidad de Sonora y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) apoyan con los preparativos.
La casa de estudios informó a través de sus redes sociales que el evento se desarrollará en el salón Venetto del centro de convenciones Expo Fórum, a partir de las 10:00 horas del sábado. El registro de participantes será de las 07:00 a las 09:00 horas el día del encuentro. De acuerdo con la convocatoria del foro, se trata de una consulta ciudadana para escuchar la voz y la experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio.
Por ello se convoca a maestros, estudiantes, padres de familia, autoridades educativas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y a todos los interesados a participar en una consulta abierta, amplia, libre e informada, con el propósito de construir un acuerdo nacional para una educación con equidad y calidad.
Guaruras del Estado, en la opacidad
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Secretarías de Estado reportaron como información clasificada o que no cuentan con datos respecto al número de guardaespaldas que se encargan de la seguridad de funcionarios. En solicitudes de información hechas a 20 instancias se reportó únicamente la contratación de 46 personas para esos fines.
Los registros de los 46 encargados de cuidar de servidores fueron proporcionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Banco de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Energía (Sener) respondieron que la información estaba reservada por motivos de seguridad de los funcionarios y de instalaciones estratégicas del país. El Banxico consideró como delicados esos datos. Argumentó que el total de la información en ese rubro no puede proporcionarse porque “el riesgo que representa la divulgación de esa información es real, demostrable e identificable”.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador difundió que durante su gestión ningún funcionario contará con guardaespaldas, salvo aquellos encargados de la seguridad pública.
Las Secretarías de Gobernación (Segob), Defensa Nacional (Sedena), Economía (SE), Desarrollo Agrario, Territoral y Urbano (Sedatu), Desarrollo Social (Sedesol), Salud (Ssa), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y organismos como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, así como la Cámara de Diputados y el Senado, afirmaron que no destinan ningún monto para la seguridad privada o que no encontraron registro de esto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) subrayó que necesita más tiempo para responder y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) expuso que no estaba facultada para divulgar información sobre este tema.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que la seguridad del canciller está a cargo de elementos del Estado Mayor Presidencial y que entre 2013 y 2017 se registró que en promedio cada año había 10 guardaespaldas designados para la seguridad del titular de la dependencia.
Reservadas
La SEP clasificó como reservada esta información por seis meses, debido a que consideró que dar a conocer estos detalles pondría en riesgo la salud , seguridad e integridad de los elementos de seguridad y de los servidores públicos, porque “permitiría que, con base en la misma, se pudiera organizar un grupo que pueda superar en número a los elementos de seguridad asignados a un servidor público, lo que vulneraría la seguridad de los elementos y se dificultaría su labor”.
Agregó que dar a conocer esta información “resulta peligroso”, debido a que luego de la aplicación de la reforma educativa se han registrado “reacciones violentas” por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y ejemplificó esto con los actos del 19 de enero de 2015, cuando maestros opositores “intentaron incendiar las instalaciones de la SEP”.
Con base en esto, el Comité de Transparencia de la secretaría decidió que será hasta el 30 de enero de 2019 cuando esta información podrá ser pública.
Caso parecido ocurre con la Secretaría de Energía, que en la solicitud con folio 0001800057218 aseguró que dar a conocer la cantidad de guardaespaldas podría comprometerse la seguridad nacional, “al generar condiciones de vulnerabilidad para el secretario y pudiera exponerlo a posibles actos ilícitos que pondría en riesgo infraestructura de carácter estratégico, como instalaciones para la generación de energía nuclear, transmisión y distribución de energía eléctrica y la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos”.
Será hasta el año 2023 que estos datos podrán ser divulgados.
Las que sí gastan
El Banco de México (Banxico) informó que en los últimos 12 años se ha destinado al menos 103 millones de pesos en el pago de personal de seguridad asignado a proteger a altos funcionarios del banco y que el año pasado se tenían contratados a 23 guardaespaldas.
Señaló que la cifra podría ser mayor, pero debido a que consideró que no podría entregar la totalidad de la información del gasto ejercido por la contratación de este servicio, ni a qué personal resguardaba, debido a que estos detalles “podrían poner en riesgo la vida, seguridad o salud de personas físicas”.
En los expediente que el Banco de México entregó se señala que el monto ha crecido con el paso de los años, debido a que de 2006 a 2012, periodo del gobierno de Felipe Calderón, se destinaron 49 millones 57 mil pesos, mientras que de 2013 a 2017 se desembolsaron 53 millones 57 mil pesos.
En la resolución del 30 de agosto de este año, el Comité de Transparencia del Banxico clasificó como reservado por cinco años el costo económico total erogado por la contratación del personal de seguridad, porque de divulgarse esta información “puede ser utilizada para la planeación y ejecución de actividades ilícitas en contra de los funcionarios que ocupan actualmente el cargo y el personal de seguridad correspondiente”.
La SFP señaló que este año se tienen contratados a 13 elementos de seguridad, quienes están designados a la Coordinación Administrativa de la oficina del titular de la secretaria, y detalló que los guardaespaldas apoyan “acciones de protección civil, seguridad y vigilancia, diseño e implementación de estrategias de protección institucional y de personal, protección de entorno físico y de inmuebles”.
Se indicó que desde 2008, la SFP ha desembolsado 7 millones 683 mil 793.56 pesos en este rubro.
La dependencia detalla que en 2008 destinó 522 mil pesos 345 mil pesos en el rubro, y aumentó tres años después, al erogarse 916 mil 667; sin embargo, fue el año pasado que se alcanzó el mayor monto que se ha hecho en la SFP, al invertir un millón 546 mil 803 pesos.
Este año, la secretaría indicó que hasta septiembre ha pagado 769 mil 620 pesos por este concepto.
Vulnerabilidad de emergentes, nuevo riesgo
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Los principales riesgos para la estabilidad del sistema financiero mexicano son las tensiones comerciales y el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos, sin embargo el contagio proveniente de otras economías emergentes también se suma a la lista de amenazas.
En un comunicado, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), integrado por el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y otras autoridades, destacó que los problemas que han tenido recientemente algunas economías podrían generar un contagio y frenar el crecimiento económico mundial.
“Un incremento de los desbalances macroeconómicos que presentan algunas economías emergentes pudiera generar contagio y una desaceleración del crecimiento mundial antes de lo anticipado”, indicó el CESF en un reporte.
Las autoridades advirtieron que persiste el riesgo de un escalamiento mayor en la adopción de medidas proteccionistas, aunque destacaron que el avance en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un elemento positivo, pese a que no han concluido.
No obstante, aseguraron que a pesar de las condiciones de financiamiento externo durante el último año, la disponibilidad de recursos en las fuentes internas ha permitido al sector privado enfrentar circunstancias relativamente favorables, pues las acciones de política económica han contribuido a la resiliencia del entorno macroeconómico.
“La disciplina fiscal ha reforzado la confianza sobre la sostenibilidad fiscal de nuestro país, al mismo tiempo que ha permitido que una mayor cantidad de recursos financieros queden disponibles para el sector privado. Estas acciones han contribuido a que la economía mexicana se distinga de otras economías emergentes”, señaló el CESF en el documento.
Problemas en emergentes
La percepción de que está empeorando la situación económica de los mercados emergentes no es única del Banco de México y de Hacienda, sino también de los inversionistas.
Las bolsas en los mercados emergentes mantienen su tendencia negativa en lo que va del año y sus respectivas monedas se han visto afectadas desde principios de año.
“Bajo un escenario de subida de tasas de interés en Estados Unidos y fortaleza del dólar, la idea existente es que aquellas economías con altos niveles de deuda, problemas fiscales y déficits en cuenta corriente, se verán en dificultades de enfrentar sus compromisos”, dijo Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil de CIBanco.
El experto señaló que a los casos de Turquía, Argentina y Brasil que habían empeorado desde hace varias semanas, se agregó la situación en Sudáfrica, que entró en recesión técnica, e Indonesia, en donde la reiterada subida de tasas de interés y las intervenciones de su banco central han sido incapaces de frenar la depreciación de la divisa del país.
Por lo anterior, indicó que es de suma importancia mantener fundamentos económicos sólidos y en condiciones de estabilidad, como la cuenta corriente, finanzas públicas, deuda pública, e inflación.
“Si se presentan señales de deterioro en esos fundamentos, rápidamente reaccionarán en pérdida de confianza y salida de capitales y por ende en depreciación de la moneda, como se observó en Turquía y Argentina”, advirtió el economista.
Recientemente, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) destacó que continúa viendo vulnerabilidad en los mercados emergentes en una escala más amplia, porque se han acumulado inversiones de cartera de extranjeros en los últimos años, con una gran concentración en ciertos países.
“Este ‘riesgo de concentración’ es un conducto clave para el contagio: es parte de la razón por la que muchas monedas de mercados emergentes están empeorando ahora frente al dólar que durante el Taper Tantrum de 2013. Sudáfrica, Indonesia, Líbano, Egipto y Colombia están en riesgo”, señaló el IIF.
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PRI y PAN dejan sesión en el Senado; acusan ley mordaza de Morena
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| Píe de Foto: Varios senadores panistas, como Gustavo Madero o Xóchitl Gálvez, se colocaron pegotes en la boca en alusión a una mordaza. (Cuartoscuro) |
Alejandro Páez Morales
Las bancadas del PAN y el PRI en el Senado abandonaron el Pleno luego de que la mayoría que encabeza Morena aprobara un Acuerdo que limita el tiempo en la participación de los senadores para la presentación de iniciativas y las intervenciones desde los escaños para formular preguntas al orador en tribuna.
PAN y PRI reclamaron la actitud autoritaria de Morena y el presidente del Senado, Martí Batres, y calificaron como un albazo lo que llamaron “un acuerdo mordaza” que pretende acallar las voces de la oposición en la discusión de los grandes temas y reformas que se perfilan en los próximos meses, entre ellos la derogación o no de la reforma educativa y la creación de la Fiscalía General.
“Sacaron el cobre, es una actitud autoritaria….”, reprochó el coordinador de la bancada tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Si ellos se cansan de cuatro horas en la Mesa Directiva, pues que se vayan, nosotros venimos a trabajar y no nos importa estar todo el día escuchándonos entre unos y otros, todos los planteamientos que hagan los diferentes partidos políticos”, aseguró.
Osorio no descartó la posibilidad de aumentar los días de sesión o alargar el periodo ordinario. “¿No que vienen preparados para comer los de Morena? Pues que lo aprovechen y que estén todo el día ahí trabajando. Nosotros no tenemos ningún problema”, señaló.
El PAN, a través de su coordinador Damián Zepeda, también lamentó la actitud de aquellos que antes defendían el derecho de las minorías a expresarse y que ahora imponen este “acuerdo mordaza” que busca coartar la libertad de expresión.
Varios senadores panistas, como Xóchitl Gálvez o Minerva Hernández, entre otros, se colocaron pegotes en la boca en alusión a una mordaza.
“He soñado con un Senado sin el PRIAN…”, atizó la senadora de Morena Alejandra León Gastélum desde la tribuna y calificó de berrinche la actitud de panistas y priistas.
Con el voto en contra de PAN y PRI, el Pleno del Senado aprobó por mayoría este acuerdo para regular la presentación de iniciativas e intervención de los senadores desde su escaño.
Con ello, la presentación de iniciativas en tribuna de los senadores pasará de 10 a un tiempo máximo de cinco minutos y de tres a un minuto la intervención de los legisladores desde su escaño.
No valió la propuesta de la priista Beatriz Paredes a Batres para que el acuerdo que tomó la Mesa Directiva del Senado se regresara y se consensuara al interior de las fracciones parlamentarias a fin de llegar a un acuerdo general.
Al final, Batres puso a consideración del Pleno el acuerdo que fue aprobado por la mayoría morenista y provocó que las bancadas del PAN y PRI abandonaron el recinto hasta nuevo aviso.
Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que no le preocupan este tipo de actitudes que utilizaron el PRI y PAN pues explicó que son estrategias y tácticas que se usan en el Parlamento: salirse, pararse, ponerse tafetán o vendas en la boca o taparse los ojos.
Por ello hizo un “llamado amable al PRIAN” a que regresen a la sesión, pues aseveró que los necesitan.
“Además, el PRI no sabe hacer eso. Si quieren, les podemos decir, son tácticas políticas que se valen, yo las respeto, pero creo que es mejor platicarlo, dialogar”, indicó.
“La derecha se ve muy sola. Entonces, le decimos al PRI y a Acción Nacional que aquí los esperamos con gusto, que les mandamos un abrazo, un saludo”, agregó.
Monreal confió en que la oposición regrese para la comparecencia del secretario de Hacienda ante el Pleno del Senado el próximo 25 de septiembre.
UNAM declina policía armada pero mantendrá colaboración con la CDMX
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| La UNAM ha manifestado en múltiples ocasiones que contar con un cuerpo de seguridad armado dentro de sus instalaciones lejos de ayudar a combatir la inseguridad de los universitarios la agravaría UNAM declina policía armada pero mantendrá colaboración con la CDMX. |
Nayeli Cruz
México, 20 Sep .- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) declinó la propuesta de conformar una policía o cuerpo de seguridad armado al interior de sus campi.
La máxima casa de estudios agradeció la iniciativa del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, de reforzar la seguridad de sus planteles mediante la vigilancia y el patrullaje al exterior de los mismos.
No obstante, expresó, la UNAM ha manifestado en múltiples ocasiones que contar con un cuerpo de seguridad armado dentro de sus instalaciones lejos de ayudar a combatir la inseguridad de los universitarios la agravaría.
Luego de agradecer esa iniciativa, la UNAM subrayó mediante un comunicado que continuará en estrecha colaboración con las autoridades de la Ciudad de México.
Por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas determinó que no existe imposibilidad jurídica para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso Iguala.
Al analizar el artículo 21 constitucional, los magistrados determinaron que la resolución que había dado el Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas quedaría sin efectos, por lo que se concluyó que la creación cuenta con sustento legal, constitucional y convencional.
“No existe exclusividad del Ministerio Público para investigar. Incluso en el caso existen investigaciones formales reconocidas por la propia Procuraduría General de la República (PGR), por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, indica el resolutivo.
Respecto a la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la comisión de investigación del caso Ayotzinapa, se destacó que en ninguna parte de la ejecutoria de amparo se dijo que investigarán delitos, sino que investigarán hechos; en específico, los relacionados con lo acontecido el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“No se puede invocar el derecho interno para no cumplir compromisos internacionales, conforme a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención de Viena; se debe privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales”, agregó.
Incluso, se destacó que una vez que la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia emprenda su misión, podrá llegar a un punto en el que, al analizar o explorar determinada línea de investigación, la CNDH estime que procede formular una recomendación a determinada autoridad y podrá hacerlo en el marco de sus atribuciones legales.
“No se ve de qué modo esa situación pueda afectar a la institución ministerial, como lo sugiere el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, ya que se trata de medidas encaminadas a arribar a la verdad y la intención de la PGR es, precisamente, el esclarecimiento de los hechos, así como la persecución de los responsables”, afirmó el Tribunal colegiado.
En su sentencia, los magistrados advierten que, de no cumplir con el fallo, la PGR incurriría en desacato.
Dicha resolución se da luego de que la PGR rechazó la creación de la Comisión y criticó las resoluciones del Tribunal, pues fue el mismo que ofreció amparos a presuntos integrantes de la asociación delictiva Guerreros Unidos, pese a que confesaron haber participado en la desaparición de los estudiantes.
Además, sostiene la autoridad que los amparos violan la Constitución y las facultades del Ministerio Público para investigar los delitos cometidos.
sector patronal aplaude ratificación
Con la aprobación de este instrumento de la OIT, se pretende terminar con los llamados “contratos de protección”.
Rolando Ramos
La máxima casa de estudios agradeció la iniciativa del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, de reforzar la seguridad de sus planteles mediante la vigilancia y el patrullaje al exterior de los mismos.
No obstante, expresó, la UNAM ha manifestado en múltiples ocasiones que contar con un cuerpo de seguridad armado dentro de sus instalaciones lejos de ayudar a combatir la inseguridad de los universitarios la agravaría.
Luego de agradecer esa iniciativa, la UNAM subrayó mediante un comunicado que continuará en estrecha colaboración con las autoridades de la Ciudad de México.
Dan luz verde a comisión Iguala... y normalistas atacan a militares
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| Marcha por el 3er aniversario de la desaparición de los normalistas. Foto: Cuartoscuro |
Por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas determinó que no existe imposibilidad jurídica para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso Iguala.
Al analizar el artículo 21 constitucional, los magistrados determinaron que la resolución que había dado el Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas quedaría sin efectos, por lo que se concluyó que la creación cuenta con sustento legal, constitucional y convencional.
“No existe exclusividad del Ministerio Público para investigar. Incluso en el caso existen investigaciones formales reconocidas por la propia Procuraduría General de la República (PGR), por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, indica el resolutivo.
Respecto a la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la comisión de investigación del caso Ayotzinapa, se destacó que en ninguna parte de la ejecutoria de amparo se dijo que investigarán delitos, sino que investigarán hechos; en específico, los relacionados con lo acontecido el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“No se puede invocar el derecho interno para no cumplir compromisos internacionales, conforme a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención de Viena; se debe privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales”, agregó.
Incluso, se destacó que una vez que la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia emprenda su misión, podrá llegar a un punto en el que, al analizar o explorar determinada línea de investigación, la CNDH estime que procede formular una recomendación a determinada autoridad y podrá hacerlo en el marco de sus atribuciones legales.
“No se ve de qué modo esa situación pueda afectar a la institución ministerial, como lo sugiere el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, ya que se trata de medidas encaminadas a arribar a la verdad y la intención de la PGR es, precisamente, el esclarecimiento de los hechos, así como la persecución de los responsables”, afirmó el Tribunal colegiado.
En su sentencia, los magistrados advierten que, de no cumplir con el fallo, la PGR incurriría en desacato.
Dicha resolución se da luego de que la PGR rechazó la creación de la Comisión y criticó las resoluciones del Tribunal, pues fue el mismo que ofreció amparos a presuntos integrantes de la asociación delictiva Guerreros Unidos, pese a que confesaron haber participado en la desaparición de los estudiantes.
Además, sostiene la autoridad que los amparos violan la Constitución y las facultades del Ministerio Público para investigar los delitos cometidos.
Senado aprueba por unanimidad Convenio 98
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Con la aprobación de este instrumento de la OIT, se pretende terminar con los llamados “contratos de protección”.
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Rolando Ramos
Por unanimidad, a propuesta del Ejecutivo federal y 69 años después, el pleno de la Cámara de Senadores ratificó el Convenio 98 relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, firmado en Ginebra, Suiza, en el marco de la 32 Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El instrumento internacional del 1 de julio de 1949 tiene como propósito dotar a los trabajadores de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
Al filo de las 4:30 de la tarde de ayer jueves, se reflejaron en el tablero electrónico de votación 78 sufragios a favor, mayoritariamente de senadores de la fracción parlamentaria de Morena, de varios priistas, del PRD y PT, entre otros, ni uno en contra y ninguna abstención.
Los 24 legisladores del PAN no estuvieron presentes al momento de la discusión; inconformes con la aprobación, horas antes, de un acuerdo previo sobre los tiempos para el uso de la tribuna. Desde la tribuna, el morenista José Narro Céspedes reveló que los panistas intentaron condicionar su apoyo al referido acuerdo a cambio de posponer la discusión y votación del Convenio 98 de la OIT.
La protección amparada por el Convenio 98 debe ejercerse de manera especial contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro.
Con base en el documento turnado por la presidencia de la República desde noviembre del 2015 a la Cámara alta se precisa que las disposiciones del referido Convenio y la legislación nacional en materia laboral “se encuentran armonizadas y ambas son protectoras del derecho a la libre sindicación”.
Carlos Aceves del Olmo, senador del PRI, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México —el sector obrero priista— y presidente del Congreso del Trabajo, explicó que si bien su partido estaba a favor de la ratificación, era recomendable, desde el punto de vista jurídico, ampliar los tiempos para la discusión del tema.
“La ratificación del convenio sin la consulta a los sectores, ni la adecuación a las leyes secundarias que en nuestro caso derivan de las últimas reformas al Artículo 123 apartado A Constitucional, puede traducirse en un conflicto entre leyes, acrecentando los conflictos y poniendo en riesgo la generación de empleos”, advirtió, pero su sugerencia no fue atendida. Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena y presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, festejó la ratificación del convenio: “No más contratos de protección y explotación de mano de obra”.
Reacción dividida
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aplaudió la aprobación. “El Convenio 98 de la XXXOITMexico ha sido aprobado por el XXXsenadomexicano. Es un paso importante para consolidar la libertad y democracia sindical. Para encontrar un equilibrio entre los derechos sociales y estabilidad laboral, la legislación laboral debe ser adecuada y sin demora”, escribió su presidente, Gustavo de Hoyos, en su cuenta de Twitter.
Por el contrario, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó desde el pasado miércoles la decisión del Senado de presentar ante el pleno la ratificación del Convenio 98 “sin contar con un dictamen de comisiones y sin realizar las consultas pertinentes”.
Empresarios reprochan a los senadores dar fast track a la discusión sin realizar una consulta tripartita
Gabriel Xantomila, Jacob Sánchez y Patricia Carrasco
El Pleno del Senado ratificó ayer por unanimidad el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protege a los trabajadores contra actos que vulneren su libertad sindical y ordena al Estado impulsar procedimientos de negociación.
El Ejecutivo pidió ayer al Senado ratificar este documento y el trámite se dio en fast track pese a la inconformidad de los empresarios, quienes exigían abrir el debate e involucrar al sector productivo.
El Ejecutivo enfatizó que la ratificación de este convenio se sumará a los compromisos asumidos por México a nivel internacional, en materia laboral, para garantizar el pleno goce de la negociación colectiva a los trabajadores. Una vez aprobado el convenio, la iniciativa privada fijó su posición y reprochó que la discusión se haya dado de manera apresurada porque, argumentó, viola el Convenio 144 de la propia OIT al no realizar consultas entre gobierno, representantes de patrones y trabajadores.
Trascurrieron casi 70 años de que fue emitido el documento por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a tresaños de que fue firmado por el presidente Enrique Peña Nieto.
Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Senado debió esperar a que fuesen instaladas las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores para analizar dicho instrumento y consultar a los actores involucrados, es decir a las organizaciones que representan a trabajadores y empleadores.
En tribuna la bancada de Morena festejó que no haya más contratos de protección, no más explotación de los trabajadores, bajos salarios y corrupción. El líder minero Napoleón Gómez Urrutia afirmó que el país tiene una deuda histórica con la clase trabajadora, que con la ratificación del convenio “todo cambiará: reconstruir el sindicalismo y reivindicar el derecho de los trabajadores’’.
“Este es un derecho que hoy tiene justicia, el dictamen emitido el 30 de noviembre de 2015, es hacer historia. Acabar con sindicatos blancos, contratos de protección, con jornadas de más de ochos horas, salarios mediocres, prestaciones paupérrimas y los salarios más bajos de Latinoamérica’’, argumentó.
El PRI votó a favor, pero advirtió en voz de Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTMy presidente del Congreso del Trabajo, que la ratificación del convenio, sin la consulta a los sectores, “puede traducirse en la incertidumbre en las inversiones."
El abogado Oscar de la Vega, socio director De la Vega & Martínez Rojas, explicó que a consecuencia de la ratificación de este convenio los trabajadores deberán gozar de una absoluta libertad para adherirse o no a un sindicato, o dejar de pertenecer al mismo, pues no podrá ser condición para su empleo el estar afiliados a una organización sindical.
Además, los sindicatos deberán estar libres de cualquier injerencia de los patrones en sus actividades, incluyendo el pago de cuotas sindicales.
Destacó que los patrones no podrán organizar los sindicatos y se considera injerencia que los patrones financien sindicatos. Éstos solo deberán sostenerse con las cuotas de sus agremiados.
Fabiola Martínez
En el periodo enero-agosto de este año, 840 personas fueron secuestradas en México, según datos oficiales. Los casos son atendidos mayoritariamente por las procuradurías y fiscalías estatales, aunque alrededor de 30 por ciento son de responsabilidad de autoridades federales, específicamente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Si bien la cifra de plagios se redujo 16.4 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior, se mantiene un nivel de denuncia de más de 100 casos por mes.
Por número de habitantes (y su relación con la incidencia de este delito) predominan Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz. En un segundo bloque, también de mayor impacto, se ubican Tabasco, Morelos y Guerrero. En 2015, la tasa nacional fue de 0.88 casos por cada 100 mil habitantes, los dos años siguientes subió a 0.92 y 0.93, respectivamente. El pico histórico ocurrió en octubre de 2013, cuando fueron denunciados 157, sólo del fuero común.
Ante esa crisis, en enero de 2014 se creó la Coordinación Nacional Antisecuestro, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades operativas de los agentes que combaten este flagelo, especialmente en las 10 entidades con mayor incidencia del delito. Igualmente, ajustar el marco jurídico y homologar criterios penales.
Entre las tareas de esta coordinación se incluye impulsar en el sistema carcelario de alta seguridad un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales. Además, promover la denuncia ciudadana y fortalecer los programas integrales de atención a víctimas.
En 2018, el periodo enero-julio marcó una tasa de 0.45 casos por cada 100 mil habitantes. Si la referencia es por el número de casos, entonces el estado de México ocupa el primer sitio, con 94 en dicho lapso; le sigue Veracruz, con 89, y Tamaulipas con 77. Luego viene un grupo de entidades con una cantidad mucho menor: Guerrero, 29; Puebla, 28, y Tabasco y Zacatecas 23 cada una.
En agosto se iniciaron 72 carpetas de investigación en el fuero local y 31 por la PGR. Según información del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (SG), en el mismo mes de 2017 la suma fue de 128, lo que significa una baja de casi 20 por ciento en incidencia de secuestro, y del citado 16.5 por ciento si la relación es de los primeros ocho meses de 2017 y 2018.
La SG destacó el trabajo de las Unidades Especializadas Contra el Secuestro, en el contexto de la estrategia nacional en la materia. Según esta información, las reducciones mencionadas fueron posibles por la acción conjunta de las dependencias que integran el gabinete de seguridad y las unidades especializadas estatales.
El instrumento internacional del 1 de julio de 1949 tiene como propósito dotar a los trabajadores de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
Al filo de las 4:30 de la tarde de ayer jueves, se reflejaron en el tablero electrónico de votación 78 sufragios a favor, mayoritariamente de senadores de la fracción parlamentaria de Morena, de varios priistas, del PRD y PT, entre otros, ni uno en contra y ninguna abstención.
Los 24 legisladores del PAN no estuvieron presentes al momento de la discusión; inconformes con la aprobación, horas antes, de un acuerdo previo sobre los tiempos para el uso de la tribuna. Desde la tribuna, el morenista José Narro Céspedes reveló que los panistas intentaron condicionar su apoyo al referido acuerdo a cambio de posponer la discusión y votación del Convenio 98 de la OIT.
La protección amparada por el Convenio 98 debe ejercerse de manera especial contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro.
Con base en el documento turnado por la presidencia de la República desde noviembre del 2015 a la Cámara alta se precisa que las disposiciones del referido Convenio y la legislación nacional en materia laboral “se encuentran armonizadas y ambas son protectoras del derecho a la libre sindicación”.
Carlos Aceves del Olmo, senador del PRI, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México —el sector obrero priista— y presidente del Congreso del Trabajo, explicó que si bien su partido estaba a favor de la ratificación, era recomendable, desde el punto de vista jurídico, ampliar los tiempos para la discusión del tema.
“La ratificación del convenio sin la consulta a los sectores, ni la adecuación a las leyes secundarias que en nuestro caso derivan de las últimas reformas al Artículo 123 apartado A Constitucional, puede traducirse en un conflicto entre leyes, acrecentando los conflictos y poniendo en riesgo la generación de empleos”, advirtió, pero su sugerencia no fue atendida. Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena y presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, festejó la ratificación del convenio: “No más contratos de protección y explotación de mano de obra”.
Reacción dividida
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aplaudió la aprobación. “El Convenio 98 de la XXXOITMexico ha sido aprobado por el XXXsenadomexicano. Es un paso importante para consolidar la libertad y democracia sindical. Para encontrar un equilibrio entre los derechos sociales y estabilidad laboral, la legislación laboral debe ser adecuada y sin demora”, escribió su presidente, Gustavo de Hoyos, en su cuenta de Twitter.
Por el contrario, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó desde el pasado miércoles la decisión del Senado de presentar ante el pleno la ratificación del Convenio 98 “sin contar con un dictamen de comisiones y sin realizar las consultas pertinentes”.
Senadores dan golpe a empresarios; garantizan derechos sindicales
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| El líder minero afirmó que el país tiene una deuda histórica con la clase trabajadora / Foto: Daniel Hidalgo |
Gabriel Xantomila, Jacob Sánchez y Patricia Carrasco
El Pleno del Senado ratificó ayer por unanimidad el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protege a los trabajadores contra actos que vulneren su libertad sindical y ordena al Estado impulsar procedimientos de negociación.
El Ejecutivo pidió ayer al Senado ratificar este documento y el trámite se dio en fast track pese a la inconformidad de los empresarios, quienes exigían abrir el debate e involucrar al sector productivo.
El Ejecutivo enfatizó que la ratificación de este convenio se sumará a los compromisos asumidos por México a nivel internacional, en materia laboral, para garantizar el pleno goce de la negociación colectiva a los trabajadores. Una vez aprobado el convenio, la iniciativa privada fijó su posición y reprochó que la discusión se haya dado de manera apresurada porque, argumentó, viola el Convenio 144 de la propia OIT al no realizar consultas entre gobierno, representantes de patrones y trabajadores.
Trascurrieron casi 70 años de que fue emitido el documento por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a tresaños de que fue firmado por el presidente Enrique Peña Nieto.
Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Senado debió esperar a que fuesen instaladas las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores para analizar dicho instrumento y consultar a los actores involucrados, es decir a las organizaciones que representan a trabajadores y empleadores.
En tribuna la bancada de Morena festejó que no haya más contratos de protección, no más explotación de los trabajadores, bajos salarios y corrupción. El líder minero Napoleón Gómez Urrutia afirmó que el país tiene una deuda histórica con la clase trabajadora, que con la ratificación del convenio “todo cambiará: reconstruir el sindicalismo y reivindicar el derecho de los trabajadores’’.
“Este es un derecho que hoy tiene justicia, el dictamen emitido el 30 de noviembre de 2015, es hacer historia. Acabar con sindicatos blancos, contratos de protección, con jornadas de más de ochos horas, salarios mediocres, prestaciones paupérrimas y los salarios más bajos de Latinoamérica’’, argumentó.
El PRI votó a favor, pero advirtió en voz de Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTMy presidente del Congreso del Trabajo, que la ratificación del convenio, sin la consulta a los sectores, “puede traducirse en la incertidumbre en las inversiones."
El abogado Oscar de la Vega, socio director De la Vega & Martínez Rojas, explicó que a consecuencia de la ratificación de este convenio los trabajadores deberán gozar de una absoluta libertad para adherirse o no a un sindicato, o dejar de pertenecer al mismo, pues no podrá ser condición para su empleo el estar afiliados a una organización sindical.
Además, los sindicatos deberán estar libres de cualquier injerencia de los patrones en sus actividades, incluyendo el pago de cuotas sindicales.
Destacó que los patrones no podrán organizar los sindicatos y se considera injerencia que los patrones financien sindicatos. Éstos solo deberán sostenerse con las cuotas de sus agremiados.
Hubo 840 secuestros entre enero y agosto; 100 por mes
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Rescate de dos víctimas de plagio en Tláhuac, el pasado 28 de mayo.Foto La Jornada |
Fabiola Martínez
En el periodo enero-agosto de este año, 840 personas fueron secuestradas en México, según datos oficiales. Los casos son atendidos mayoritariamente por las procuradurías y fiscalías estatales, aunque alrededor de 30 por ciento son de responsabilidad de autoridades federales, específicamente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Si bien la cifra de plagios se redujo 16.4 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior, se mantiene un nivel de denuncia de más de 100 casos por mes.
Por número de habitantes (y su relación con la incidencia de este delito) predominan Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz. En un segundo bloque, también de mayor impacto, se ubican Tabasco, Morelos y Guerrero. En 2015, la tasa nacional fue de 0.88 casos por cada 100 mil habitantes, los dos años siguientes subió a 0.92 y 0.93, respectivamente. El pico histórico ocurrió en octubre de 2013, cuando fueron denunciados 157, sólo del fuero común.
Ante esa crisis, en enero de 2014 se creó la Coordinación Nacional Antisecuestro, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades operativas de los agentes que combaten este flagelo, especialmente en las 10 entidades con mayor incidencia del delito. Igualmente, ajustar el marco jurídico y homologar criterios penales.
Entre las tareas de esta coordinación se incluye impulsar en el sistema carcelario de alta seguridad un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales. Además, promover la denuncia ciudadana y fortalecer los programas integrales de atención a víctimas.
En 2018, el periodo enero-julio marcó una tasa de 0.45 casos por cada 100 mil habitantes. Si la referencia es por el número de casos, entonces el estado de México ocupa el primer sitio, con 94 en dicho lapso; le sigue Veracruz, con 89, y Tamaulipas con 77. Luego viene un grupo de entidades con una cantidad mucho menor: Guerrero, 29; Puebla, 28, y Tabasco y Zacatecas 23 cada una.
En agosto se iniciaron 72 carpetas de investigación en el fuero local y 31 por la PGR. Según información del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (SG), en el mismo mes de 2017 la suma fue de 128, lo que significa una baja de casi 20 por ciento en incidencia de secuestro, y del citado 16.5 por ciento si la relación es de los primeros ocho meses de 2017 y 2018.
La SG destacó el trabajo de las Unidades Especializadas Contra el Secuestro, en el contexto de la estrategia nacional en la materia. Según esta información, las reducciones mencionadas fueron posibles por la acción conjunta de las dependencias que integran el gabinete de seguridad y las unidades especializadas estatales.
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