La ley prevé la cancelación de escoltas y de los seguros de vida y médicos de los funcionarios, así como la prohibición de viajar en primera clase.
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Fernando Damián
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados presentará este martes su iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que, entre otros aspectos, prevé la cancelación de las pensiones de retiro para los ex presidentes, así como laprohibición de contratar seguros de gastos médicos, de vida o de separación individualizada para servidores públicos.
Impide igualmente asignar recursos del erario a escoltas y blindaje de vehículos para la protección de servidores públicos, salvo aquellos “con alta responsabilidad en materia de seguridad, defensa exterior, procuración e impartición de justicia”.
Avalado por el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y suscrito por los diputados Mario Delgado y José Luis Montes, el proyecto de ley de tan sólo 13 artículos prohíbe también la adquisición de boletos de viajes de primera clase, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte para funcionarios públicos.
“Sólo se autorizarán, por ente público, dependencia, órgano desconcentrado o entidad, los viajes oficiales que resulten estrictamente necesarios”, señala.
Por lo que hace a los vehículos oficiales, la iniciativa establece que estos sólo podrán destinarse a actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población.
“Queda prohibido cualquier uso distinto de los vehículos, salvo los que tengan carácter oficial y los de escoltas que autoricen las autoridades competentes; los vehículos oficiales nuevos que se adquieran serán económicos y preferentemente se adquirirán los que generen menores daños ambientales”, detalla.
Asimismo, subraya, el monto de los servicios de hospedaje y alimentación para servidores públicos comisionados será determinado por los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública y los cuales siempre se ajustarán a criterios de racionalidad, eficiencia y austeridad.
“Los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior”, agrega.
El proyecto de ley dispone que el gasto neto total asignado anualmente a la difusión de propaganda oficial por los entes públicos federales se sujetará a los montos máximos que fije la Secretaría de Hacienda y que en cualquier caso se ajustarán a lo estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social cuya difusión se determine necesaria.
Milenio
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