Azota al Centro extorsión
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| La captura de Moyado Esparza no detiene los cobros ilegales a comerciantes del Centro de la Ciudad. Foto: Especial |
REFORMA / Redacción
Cd. de México
La captura de "El Betito", líder del grupo criminal La Unión, no frenó las extorsiones en el Centro de la Ciudad de México.
Identificado como uno de los principales generadores de violencia, Roberto Mollado Esparza fue detenido el pasado 8 de agosto.
Sin embargo, comerciantes que hablaron a condición de anonimato coinciden en que los cobros ilegales para dejarlos trabajar no disminuyeron y, por el contrario, se han vuelto más violentos.
Uno de ellos, por ejemplo, sabía por otras personas de las extorsiones de La Unión, pero comenzó a padecerlas hasta hace unas semanas, cuando Mollado ya había sido aprehendido.
Hasta su negocio llegaron dos hombres que dijeron ser de La Unión a golpear al empleado de seguridad. Luego, amenazaron a los locatarios de un pequeño edificio.
A partir de esa fecha, les dijeron, tendrían que pagar 40 mil pesos de "entrada" y pagos semanales de 500 pesos por cada uno.
"Les hemos estado dando largas, pero ellos amenazan", agregó.
Otro comerciante asegura que recientemente varios sujetos pasaron a los locales para avisar que se incrementarían las cuotas.
"Al día siguiente (de la captura) hubo un aumento en los cobros y también se han estado instalando más puestos. Pasaron a advertir que iban a comenzar a cobrar derecho de piso, de 3 mil a 10 mil pesos por comercio, por semana", narró.
El 11 de agosto, uno de los pocos vendedores que denunciaron las amenazas ante las autoridades fue golpeado en plena calle cuando fotografiaba la instalación de puestos ilegales.
La Unión utiliza a personal del comercio ambulante como halcones y para presionar a los establecidos.
"Llegaron como cuatro patrullas, pero los tipos traían armas. Los insultaron y la Policía optó por retirarse. No tiene sentido que nos pidan denunciar cuando quienes lo hacemos somos perseguidos", afirmó el vendedor.
"Puede haber buena intención, pero, en esta situación, ¿quién se va a atrever a denunciar?", cuestionó.
Ada Irma Cruz Davalillo, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), coincide: "El miedo hace que la cifra negra por extorsiones sea muy alta".
"Al no denunciar", agrega, "no se tiene un censo real de lo que está sucediendo, y no denuncian porque tienen miedo de las consecuencias".
Tras la captura de "El Betito", se han registrado al menos 10 ejecuciones relacionadas con el Barrio Bravo.
Faltan a México 96 mil policías; incumple estándar de la ONU
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| Faltan a México 96 mil policías; incumple estándar de la ONU |
Marcos Muedano
CIUDAD DE MÉXICO.
Para que el gobierno garantice la seguridad, requiere reclutar y formar a alrededor de 96 mil 22 policías más.
Según lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo menos debe haber 1.8 elementos por cada mil habitantes.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación reporta que la tasa actual es de 1.1 policías. Al restar a los elementos que no han aprobado los controles de confianza, la cifra operativa real cae a 0.8 agentes por cada mil habitantes.
En las entidades donde se ha incrementado la violencia en los últimos años, el estado de fuerza es aún menor. Son los casos de Baja California, con una tasa de 0.3; Guanajuato, 0.4; Chihuahua y Sinaloa, 0.5 cada una; Jalisco, 0.7 y Puebla, 0.6 uniformados.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas, de la Segob, se requieren 3.4 años para formar al personal policial que se requiere.
En el documento, se propone graduar a 14 mil 257 agentes cada semestre.
No obstante, de las 45 academias de seguridad que existían al 30 de abril, sólo 17 cumplían con los 12 rubros de equipamiento necesarios para formar a los elementos.
Faltan 96 mil policías para cubrir el mínimo
La fuerza real es de 119 mil 133, pero se requieren 215 mil 155; el resto estaría listo hasta dentro de 3.4 años.
Para garantizar la seguridad de los habitantes, como lo establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se requiere como mínimo 3.4 años para reclutar a 96 mil 22 policías en academias o instituciones de preparación policial en el país.
En días recientes, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se retirará el Ejército de las calles, ya que el país no tiene policías capacitadas para enfrentar al crimen organizado.
Según un informe de la Secretaría de Gobernación (Segob), la deficiencia de policías origina que cada mil habitantes sean cuidados por 0.8 policías, cuando la ONU estable que por lo menos deber haber 1.8 elementos por cada mil personas.
“El estado de fuerza a nivel nacional de las policías preventivas estatales es de 127 mil 689 policías que dan una cobertura de 1.1 policías por cada mil habitantes. De éstos, 126 mil 62 (98.7%) han sido evaluados en control de confianza y 8 mil 556 (6.7%) obtuvieron resultado no aprobatorio. Al restar los elementos no aprobados, el estado de fuerza real operativo es de 119 mil 133 elementos, 0.8 policías por cada mil habitantes, por lo que las entidades requieren formar 96 mil 22 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes (215 mil 155 elementos a nivel nacional)”.
En entidades donde se ha incrementado la violencia en los últimos años el estado de fuerza no alcanza ni el 0.8 policías por cada mil habitantes. Tal es el caso de Baja California, 0.3 policías; Guanajuato, 0.4; Chihuahua y Sinaloa, 0.5 policías por cada entidad; Jalisco, 0.7, y Puebla. 0.6 policías.
Otros estados son: Baja California Sur, 0.5 elementos por cada mil habitantes; Coahuila, 0.6; Durango, 0.5; Michoacán y Morelos, 0.7 por cada entidad, así como Querétaro y Sonora, 0.4, respectivamente.
Lo idóneo
El Diagnóstico Nacional Sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas de la Secretaría de Gobernación reconoce que se requieren 3.4 años para formar al personal que se necesita.
“Para egresar a los 96 mil nuevos elementos que se requieren para completar el estado de fuerza idóneo, serían necesarios 3.4 años con las capacidades actuales”, menciona el documento.
En el informe, la Segob propone graduar a 14 mil 257 policías cada seis meses a través de cursos semestrales.
“Las Academias podrían egresar 28 mil 514 policías anuales considerando el programa de formación inicial del perfil de policía preventivo (seis meses) con base en su capacidad de pernocta para cadetes”.
Sin embargo, de las 45 academias de seguridad que existían hasta el pasado 30 de abril, sólo 17 cumplían con 12 rubros de equipamiento e infraestructura para formar a los elementos.
Las instalaciones deben contar con aulas suficientes para la matrícula, salas de cómputo y juicios orales, comedor, cocina, dormitorios suficientes para alumnos de pernocta, pista de prueba física o pista del infante, sala con equipo audiovisual, servicio médico, stand de tiro, área de entrenamiento y explanada o pista de práctica vehicular.
Según la proyección del gobierno federal, al menos una Academia por entidad federativa (algunos estados tienen más de dos instalaciones) debe cumplir con los 12 puntos.
“Actualmente, 10 entidades cumplen con los 12 rubros requeridos (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Puebla y Sonora).
Entre las academias peor evaluadas, según el diagnóstico, se encuentran la de Nayarit, ya que no cuenta con stand de tiro, dormitorios para cadetes, sala de equipo audiovisual, aulas de cómputo, comedor, cocina, pista de prueba física, aula de juicios orales, servicio médico, pista vehicular, así como área de entrenamiento.
Otra entidad con carencias es Baja California Sur, la cual no tiene
stand de tiro, aulas de cómputo, sala de juicios orales, así como
servicio médico. Campeche tampoco cuenta con aulas de cómputo, sala de
juicios orales, servicio médico, área de entrenamiento, así como pista
de prueba física y vehicular. Tlaxcala no tiene sala de juicios orales,
comedor, cocina, servicio médico, área de entrenamiento, pista de prueba
física, así como pista vehicular.
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SCT: se triplicaron los robos a trenes este año
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Durante el primer semestre de este año los robos a trenes se triplicaron en comparación con el mismo periodo del año anterior, según un informe de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).
Reportó que hasta junio pasado hubo mil 965 asaltos a trenes, lo que representa 294 por ciento más que los casos registrados en el mismo lapso de 2017, cuando fueron 497.
De hecho, las cifras de la primera mitad de 2018 ya superaron a la registrada durante todo el año 2017, que fueron mil 752 eventos.
En su reporte, la agencia dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer que el robo al producto es el que tiene mayor frecuencia y el estado con más número de delitos por cuarto trimestre consecutivo fue Puebla.
Pese a todo, por primera vez desde que se realiza este reporte de seguridad, se observó una desaceleración en el crecimiento de estos actos ilícitos.
Los cuatro corredores donde se concentra el robo de carga es el Valle de México-Ciudad Juárez; Valle de México-Nuevo Laredo, Puebla-Oaxaca y Valle de México-Veracruz; los productos más robados en dichos corredores fueron autopartes, semillas, granos y cemento.
El hurto de autopartes aumentó 39.8 por ciento, granos y harinas avanzó 19.4 por ciento y son los más significativos; mientras que los robos a productos terminados de consumo y materiales para construcción disminuyeron.
El robo a la carga es más frecuente que el hurto a las vías o al tren, con 628 eventos en el segundo trimestre. Se identificó que hay dos condiciones prevalecientes para cometer el robo: mientras realizan maniobras ferroviarias, o se identificó que personas ajenas ingresan a los patios y abordan los trenes a baja velocidad. Aunque la mayor parte de las incidencias se dan en vías secundarias en el centro y norte del país.
La agencia, que dirige Benjamín Alemán, identificó casos de vandalismo que culminaron con el robo a producto, como son el cierre de angulares y la obstrucción de las vías y ocurren con mayor frecuencia en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.
En el segundo trimestre de este año se presentaron 330 robos a vía, cifra que alcanzó su mayor nivel histórico.
Veracruz es el estado donde se registraron más robos a componentes de vía, seguido de Sonora, Estado de México y Jalisco.
VANDALISMO
De abril a junio pasados se presentaron 2 mil 408 actos de vandalismo en el Sistema Ferroviario Mexicano, lo que significa que conservan un nivel relativamente estable, con respecto al trimestre previo, con una caída de 1.4 por ciento.
Los actos vandálicos como el cierre de angulares, es decir, el cierre de válvulas de los frenos de las locomotoras que obliga a detener la marcha del tren, son los más frecuentes.
El vandalismo ocurre principalmente en Sonora, Sinaloa, Guanajuato y Jalisco.
Las obstrucciones en vía redujeron su incidencia en 33 por ciento, no obstante, es la forma de vandalismo más frecuente con respecto al vandalismo a material rodante.
Los estados con mayor incidencia son Puebla, Hidalgo y Querétaro, mientras que los corredores más afectados son Valle de México-Guanajuato, Puebla-Veracruz y Puebla-Oaxaca.
En Puebla se observa con frecuencia la colocación de barricadas con piedras, llantas y troncos para detener la marcha del tren.
Según la ARTF: “Derivado de los hallazgos sobre las causas que provocan los eventos de robo, no escapa al análisis que, en buena medida, el incremento desproporcional de robos puede explicarse porque cada vez tienen mayor éxito los numerosos intentos de robo que se originan a partir de los actos vandálicos”.
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Menores de edad sufren violencia en arrestos
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Los adolescentes aprehendidos por ser presuntos responsables de algún delito en México son objeto de una serie de agresiones y corrupción a lo largo de su proceso legal, desde que son detenidos hasta su reclusión, de acuerdo con los resultados de la primera Encuesta Nacional de Adolecentes en el Sistema Penal, elaborada por el Inegi.
La encuesta revela que uno de cada dos adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (50.2%) sufrió algún tipo de violencia física al momento de su detención en 2017. De ellos, 87.5% fue pateado o golpeado con las manos; 44.8% golpeado con objetos; 41.9% aplastado; a 34.6% le impidieron respirar, y a 32.9% le dieron descargas eléctricas.
Durante su arresto, 68.8% sufrió algún tipo de agresión sicológica. De ellos, 70.8% fue insultado; 57.5% incomunicado o aislado por parte de la autoridad que realizó su detención, y a 50.7% lo pasearon en automóvil dando vueltas con el fin de amedrentarlo. Además, a 49.3% lo amenazaron y a 33.4% lo desvistieron.
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En este contexto, 15.3% de los adolescentes en el Sistema de Justicia Penal se sintió inseguro dentro del centro de internamiento durante 2017, mientras que 10.4% se sintió inseguro en su dormitorio.
La encuesta destaca que 170 de cada mil adolescentes en el Sistema de Justicia Penal a nivel nacional dijeron haber sido víctimas de corrupción en cualquier etapa de su proceso o vida en internamiento.
Entre los estados con las mayores tasas de corrupción destacan: Estado de México, con 363 casos por cada mil personas; Veracruz, 361; Coahuila, 345; Tabasco, 266; Ciudad de México, 263, y Morelos, con 259 de cada mil.
Por primera vez y con el objetivo de generar información estadística, el Inegi dio a conocer los principales resultados de esa encuesta.
Se estima que el número de adolescentes dentro del sistema judicial ascendió a 6 mil 891 jóvenes el año pasado, de los cuales 92.2% son hombres. Del total, 4 mil 476 cumplía una sanción no privativa de la libertad; mil 169 una sanción de internamiento (reclusión), y el resto estaba en procesos y situaciones diferentes.
A nivel nacional, 59.4% de los adolescentes en el Sistema de Justicia Penal tenía entre 18 y 22 años, y 25.5% entre 16 y 17 años. Asimismo, 95.3% sabía leer y escribir; 75.9% tenía estudios de educación básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria o carrera técnica con secundaria terminada.
De los adolescentes en el sistema penal en 2017, 39.3% abandonó su hogar por lo menos una vez en su vida, de los cuales 65% lo hizo entre los 10 y 15 años; 46.7% de las mujeres se había embarazado por lo menos una vez en su vida, y 18.6% había tenido por lo menos un aborto.
A nivel nacional, 9.7% tuvo un proceso jurídico previo. Mientras que 5% estuvo anteriormente en un centro de reclusión o internamiento.
De los jóvenes que tuvieron una sentencia, 37.8% fue acusado de robo; 16.8% de homicidio; 12.5% de violación sexual; 9% de lesiones; 7.1% por portación ilegal de armas; 7.1% por posesión ilegal de drogas; 5.3% por secuestro; 4.0% comercio ilegal de drogas, y 3.4% por delitos sexuales.
De quienes recibieron medidas de internamiento, 41.2% obtuvieron una sanción de entre uno y tres años, mientras que a 8.1% se le dictó menos de un año en internamiento.
De los adolescentes en el Sistema de Justicia Penal con medida de sanción, 50.5% tuvo conocimiento de que fue acusado por delitos del fuero común, mientras que 15.9% sabía que eran del fuero federal.
'Marcaje' de mercados a políticas de AMLO
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| Fuente: Cuartoscuro |
La aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dejó de ser un tema primordial para los inversionistas que analizan el panorama económico de México y su atención está puesta en cuatro ‘pruebas’, de acuerdo con expertos que participaron en el VI Foro Político “Para explicar a México”, organizado por El Financiero.
Los rubros que estarán en la mira son la construcción o cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); el Presupuesto 2019; la ratificación o reemplazo de Manuel Ramos Francia en el Banco de México y el sector energético.
Gabriel Casillas, director general de Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte, consideró que de cancelarse el proyecto del NAIM sería una señal negativa para el mercado.
“El Tratado de Libre Comercio se ve como ya terminado desde hace varios meses. ¿Cuáles son las cuatro pruebas? El Nuevo Aeropuerto, ¿qué va a ocurrir con él?, sería una señal muy mala para el gobierno que no vaya, si va, se tomaría bien. Otra prueba es el presupuesto, otra muy importante es la ratificación o el reemplazo del subgobernador Manuel Ramos Francia en la Junta de Gobierno del Banco de México. La cuarta es el sector energético”, detalló Casillas.
Sin embargo, el experto reconoció que en campaña los candidatos se comprometen y cuando llegan al poder, tienen que recapacitar y éste sería el caso del NAIM.
El escenario central para Credit Suisse es que la construcción del proyecto continúe, pero se concesionaría al menos una parte a privados, señaló Alonso Cervera, director de Estudios Económicos de Mercados Emergentes de Credit Suisse.
“El proyecto va a continuar, pero con algunas modificaciones en diseño, será menos ambicioso que el actual”, previó Luis Foncerrada, exdirector general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En el evento, Foncerrada destacó que otro de los puntos angulares para el mercado será que el siguiente gobierno tiene un espacio fiscal mínimo, por lo que la atención se enfocará en el Presupuesto.
"Creo que el espacio fiscal que tiene la nueva administración es mínimo, el recurso de la deuda no existe", afirmó Foncerrada.
El especialista señaló que el siguiente gobierno tendrá que ser de austeridad.
Para Cervera, el Presupuesto 2020 es el más importante, pues el de 2019 será inercial, es decir, muy parecido al actual.
“Creo que esta historia se va a deteriorar a lo largo del tiempo, cuando se den cuenta que estos ahorros y la austeridad no es suficiente para financiar todos estos programas de gasto. Yo creo que la luz roja va a empezar a flashear en un año. Yo creo este deterioro fiscal será a lo largo del próximo año y el presupuesto más importante es el de 2020", previó Cervera.
Adicionalmente, los expertos coincidieron en que la elección del subgobernador del Banco de México mostrará la independencia del instituto central.
Sector energético, prioridad
El cuarto punto que consideran los inversionistas es el sector energético.
Cervera advirtió que está por verse cuál será el costo de hacer las refinerías propuestas, así como congelar el precio de la gasolina.
“Va a ser difícil que el presidente electo se eche para atrás en el congelamiento de los precios de la gasolina y en la refinería de 6 mil millones de dólares. Los costos vienen por varios lados”, consideró.
Casillas destacó que el mercado está muy atento respecto a si se van a congelar o no las subastas energéticas y el futuro de la reforma en el sector.
El experto coincidió en la importancia de las decisiones en el sector, pues al gobierno actual, el precio de las gasolinas le costó la elección presidencial.
“Van a tener que cumplir, pero a un precio alto. Tendrán que elegir cuál promesa no cumplir, para cumplir con las otras”, dijo Casillas.
Confían en despenalizar el aborto en el nuevo gobierno
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| Píe de Foto: Senadoras y feministas en la presentación del Informe. |
Margarita Jasso y Arturo Ramos
Una esperanza más “y muy fuerte” se ha abierto por la gran marea lopezobradorista: que el aborto sea despenalizado muy pronto a nivel nacional.
La confianza está allí, según expresan Laura Magaloni, del equipo de transición de Claudia Sheimbaun; senadoras de Morena; Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano); Martha Lamas, entre otros, pues con 19 congresos locales y el Congreso de la Unión dominados por Morena, con dos figuras progresistas en derechos reproductivos como Olga Sánchez Cordero y Jorge Alcocer, además de estudios con resultados tajantes sobre la injusticia que está produciendo la penalización entre mujeres marginadas, la medida debe lograrse como parte de la ola de transformación prometida e incluso alcanzar a la propia Constitución.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la ONG con los trabajos más de fondo sobre este tema, presentó en el Instituto de Jurídicas de la UNAM su estudio Maternidad o Castigo, la criminalización del aborto en México.
Ante abogados que defienden a presas por delito de aborto, las feministas y legisladoras ya mencionadas, Regina Tamés, la directora ejecutiva de GIRE, resumió la aspiración asociada al triunfo de Andrés Manuel López Obrador al decir “el mensaje que queremos mandar es que mientras no se despenalice el delito de aborto, historias de terror van a continuar”.
Su señalamiento hizo referencia a casos que se fueron narrando, en boca de los ponentes, sobre mujeres que llegaron a hospitales buscando atención médica ante un aborto espontáneo o un parto con malos resultados y se encontraron inmediatamente sumergidas en una maquinaria penal donde los médicos denuncian y las mujeres, al ser pobres y sin acceso a información reproductiva, terminan presas por décadas.
Invisibilidad absoluta. Con 900 solicitudes de información a las autoridades estatales, sólo cuatro respondieron con información detallada, las demás ni siquiera saben qué hicieron con las mujeres que acusaron del delito de abortar. Pero esas pocas historias que se destaparon en esta revisión son, en verdad, de horror.
En cuanto a la confianza en que el aborto podrá despenalizarse a nivel nacional en la administración lopezobradorista, quienes participaron en la presentación de Embarazo o castigo, no matizaron en exceso esa expectativa por algún temor a que el Presidente Electo o alguna parte de su círculo cercano vea estos temas desde una óptica neoconservadora o termine enviándola a una consulta abierta a toda la población (poner a votación el derecho de las mujeres):
—¿Ve riesgos de que haya conservadurismo dentro de esta ola de entusiasmo lopezobradorista? –se le preguntó a Ana Laura Magaloni.
—Yo todavía no los veo. Por mi experiencia en la Asamblea Constituyente, sé que hay un grupo de mujeres dentro de Morena que abrazan este tema con mucha pasión
—¿Y con la decisión de pelearlo?
—Sí, claro.
Por separado, también consultada por Crónica, la coordinadora de Investigaciones de GIRE, Isabel Fulda, profundizó en el tema:
“Sí que lo hemos platicado mucho y esto podría ser una gran oportunidad de cambios sociales y políticos. Nuestra preocupación es que los temas de derechos de las mujeres se pierdan en esta emoción por los grandes cambios de la nueva administración”, dijo, “no es un tema menor que concierne sólo a ciertas mujeres, es un tema de desigualdad, de injusticia, de corrupción e impunidad. Estamos esperando que la nueva administración, los congresos locales, lo vean de esta manera”.
—¿Ve condiciones para lograr esto ahora?
—Ya sabemos que la exministra Sánchez Cordero es una gran aliada de las mujeres y fue una voz muy importante en los debates sobre el aborto. Hemos tenido conversaciones importantes con ella, y hoy en esta presentación hay legisladoras no sólo de Morena, también de otros partidos que han sido aliadas y sabemos que lo seguirán siendo durante la próxima Legislatura. Tenemos la esperanza de que esto se pueda convertir en temas reales.
—¿Hay riesgo de que dentro de la gran ola del lopezobradorismo surja algún conservadurismo en torno al tema del aborto?
—Creo que algo que se habló mucho dentro del discurso del Presidente Electo es aquello de pasar los derechos a consulta. Como que pareciera que hay un compromiso con mecanismos de democracia participativa directa, lo que puede ser bueno para ciertas cuestiones, pero no así en otras. Esto es algo que ya en la última etapa de su campaña dejó de decir. Podría ser un riesgo que este gran movimiento popular nos lleve a algo que, además, no existe constitucionalmente: someter derechos a consulta.
El informe Maternidad o castigo tiene abiertamente la misión de hacer visible el problema de la penalización del aborto y hacerlo desde este momento.
Durante la presentación se dejó en claro además que no es cuestión de números, sino de incesantes casos de mujeres que por no tener una defensa ni dinero para ella o para el soborno, han sido encarceladas, tratadas como delincuentes y hasta extorsionadas por sus propios agresores.
“México está atrapado en su sistema penal. Las cárceles están llenas de personas inocentes que tuvieron la mala suerte de no tener dinero para sobornos o para pagarle a un buen abogado”, lamenta José Luis Gutiérrez, de AsíLEGAL, ONG enfocada a los derechos humanos y que no trata directamente el tema del aborto, sino que se encontró este drama al trabajar con población penitenciaria.
PÁGALE A QUIEN TE ABANDONÓ EN EL EMBARAZO.
Son historias de horror. Basta con conocer la de Diana, una joven de 23 años que vive en Morelos, y que tras enterarse que estaba embarazada, le comentó a su pareja. Él le negó cualquier tipo de apoyo y la amenazó con dejarla si no se practicaba un aborto. A pesar de que ella continuó con su decisión de ser madre, a las pocas semanas sintió un malestar, fue al sanitario y ahí se dio cuenta de una hemorragia vaginal.
Al llamar a emergencias, los paramédicos llegaron a su hogar, la llevaron al hospital y le notificaron que había tenido un aborto. Los directivos del hospital, avisaron a la seguridad local para que tomaran su declaración ministerial y sin darle la oportunidad de tener un abogado defensor, la llevaron detenida.
Para poder ser liberada, tuvo que pagar una fianza de 700 mil pesos, y hasta su pareja, quien al inicio rechazó su rol de paternidad, terminó pidiendo una remuneración por reparación de daños. El hombre ganó el caso y recibió un pago.
Carmina de 18 años, habitante de Chihuahua, también vivió un infierno cuando se enteró de que estaba embarazada y por temor a los regaños de sus padres, ingirió una pastilla de misoprostol, conocida por inducir el aborto. Horas más tarde, presentó una hemorragia y acudió al Hospital General para atención médica, pero fue trasladada al Centro Materno, donde fue interceptada por policías ministeriales que sacaron a la joven del lugar a empujones.
La retuvieron por más de tres horas y le exigieron una fianza de diez mil pesos. Tras quedar liberada, las autoridades locales no le notificaron que el proceso penal seguía abierto ni se les dio un comprobante de pago por la fianza.
Estos casos fueron acompañados por Gire, organismo que solicitó a las 32 entidades federativas información sobre los casos de jóvenes violentadas por aborto, pero sólo cuatro estados respondieron a la solicitud.
El informe también recoge los resultados de la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad 2016, realizada por el INEGI, en donde se reveló que el 52.1 por ciento de las mujeres detenidas por cualquier delito acusó que el Ministerio Público que las interrogó no se identificó como autoridad; mientras que al 38 por ciento no se le dijo de qué lo acusaban, lo que demuestra una violación más en el derecho de las mujeres.
“Muchos dicen que se está atendiendo esto mediante penas alternas o mandando a la mujer a terapia, que ellas reconsideren lo que hicieron y otorgarles el perdón“, sentenció Regina Tamés (GIRE) durante la presentación, pero no se puede no criminalizar en tanto siga estando la figura del aborto como un delito”.
El perseguir a las mujeres, agregó, tratarlas como criminales cuando vienen de un contexto de violencia y alta marginación, las hace perder parte de su vida en prisión, “incluso cuando no existe ninguna prueba en su contra, a veces con un testimonio que es sacado bajo condiciones coercitivas”.
El trasfondo de todo: derechos muy limitados para amplios grupos de mujeres y una sociedad en la que, según cifras de encuestas oficiales, 60 por ciento de la población sigue pensando que la mujer debe ser necesariamente madre, una percepción cultural, pero es reafirmada por las instituciones.
Este problema se agudiza, señala el informe, ya que no sólo se criminalizan por aborto estos casos, sino por homicidio en razón de parentesco e infanticidio, los cuales tienen penas mucho mayores; es decir, se está persiguiendo a mujeres que tienen abortos espontáneos, mujeres que no sabían que estaban embarazadas y partos fortuitos, un panorama mucho más aterrador que lo que se ve en el tema del aborto en síh.
Para Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, el mayor problema es que no sólo se tiene que perseguir una despenalización del aborto, sino también su legalización, pues si no seguiría existiendo unPhueco legal para la criminalización y violación de los derechos de las mujeres.
Al preguntarle si esta legalización debería de incluirse en el proyecto del Código Penal único, que podría concretarse en el país tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, Mercado respondió afirmativamente.
Coincidió además con la visión de que una consulta pública no sería adecuada para el tema del aborto, ya que en el debate están inmiscuidas posturas religiosas, conservadoras e incluso personales, y se unió a la confianza de que en el próximo gobierno la decisión en pro del aborto será generalizada, tan sólo por las personas de izquierda que acompañarán a López Obrador en su gestión.
En el evento, los ponentes señalaron que la asimetría de los códigos penales provoca que interrumpir el embarazo antes de 12 semanas o por malformación genética del producto sea perseguido, en ocasiones draconianamente en un punto del territorio, en tanto que en la Ciudad de México es legal.
Mientras el debate continúa, y seguramente seguirá vigente hasta el momento en que llegue al poder el nuevo gobierno, lo cierto es que cada vez suenan más fuerte las voces que exigen un trato nuevo al tema del aborto, orientado al respeto del derecho de las mujeres y a dejar atrás leyes basadas en prejuicios.
MARCO NORMATIVO Y ESTRATEGIAS PARA MEJORARLO
La existencia de códigos penales que tratan con excesiva diferencia el tema del aborto “es una abierta violación al principio de igualdad jurídica”, señaló el doctor Pedro Salazar (IIJ-UNAM) en torno al cuadro normativo vigente. “La lógica que debería seguir la homologación normativa es necesariamente la de un principio de normatividad, es decir aquella lógica que amplía la esfera de protección de derechos de todas las mujeres; es completamente equivocado que el federalismo no sea para diferenciar políticas públicas sino para dar un trato desigual a las mujeres en materia de derechos”. El jurista señaló que no le cabe duda de que lo que existe en la Ciudad de México debería expandirse al resto del territorio.
En la relatoría de Salazar se incluyó una imagen de lo que esto significa: si en Morelos una mujer aborta se enfrentará a una de las legislaciones más draconianamente conservadoras del país. Si lo mismo hubiera ocurrido unos cuantos kilómetros más adelante, en la Ciudad de México, el caso no sería punible.
TRES ESTRATEGIAS (QUE SON CUATRO)
La despenalización del aborto en México se ha intentado por al menos tres vías (a la que se suma una cuarta un tanto abandonada):
1.- Tratar de impulsar reformas en cada estado, ya que se trata de un tema de fuero local. No hay mucho éxito por esta vía, pues después de la despenalización en la Ciudad de México, muchos estados endurecieron su norma.
2.- Reforma constitucional. Eso terminaría de golpe con el debate y en todo el país estaría validada la interrupción justificada del embarazo o hacerlo antes de las 12 semanas. En este caso (como sucedió con el matrimonio de parejas del mismo sexo), suele despertarse a las voces más conservadoras que presentan una oposición férrea.
3.- Llevar casos a la Suprema Corte para que casos particulares dejen en claro el derecho de la mujer en este tema.
4.- Algo olvidado, el Código Penal Nacional que sustituiría a los 32 locales. Actualmente su borrador incluye la despenalización del aborto.
Lo que dice el borrador del Código penal Nacional (a imagen y semejanza del de la CDMX):
Capítulo V: Aborto:
Aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación. Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.
Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de que hayan transcurrido las primeras doce semanas de embarazo.
En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado.
Jorge Butrón
La confianza está allí, según expresan Laura Magaloni, del equipo de transición de Claudia Sheimbaun; senadoras de Morena; Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano); Martha Lamas, entre otros, pues con 19 congresos locales y el Congreso de la Unión dominados por Morena, con dos figuras progresistas en derechos reproductivos como Olga Sánchez Cordero y Jorge Alcocer, además de estudios con resultados tajantes sobre la injusticia que está produciendo la penalización entre mujeres marginadas, la medida debe lograrse como parte de la ola de transformación prometida e incluso alcanzar a la propia Constitución.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la ONG con los trabajos más de fondo sobre este tema, presentó en el Instituto de Jurídicas de la UNAM su estudio Maternidad o Castigo, la criminalización del aborto en México.
Ante abogados que defienden a presas por delito de aborto, las feministas y legisladoras ya mencionadas, Regina Tamés, la directora ejecutiva de GIRE, resumió la aspiración asociada al triunfo de Andrés Manuel López Obrador al decir “el mensaje que queremos mandar es que mientras no se despenalice el delito de aborto, historias de terror van a continuar”.
Su señalamiento hizo referencia a casos que se fueron narrando, en boca de los ponentes, sobre mujeres que llegaron a hospitales buscando atención médica ante un aborto espontáneo o un parto con malos resultados y se encontraron inmediatamente sumergidas en una maquinaria penal donde los médicos denuncian y las mujeres, al ser pobres y sin acceso a información reproductiva, terminan presas por décadas.
Invisibilidad absoluta. Con 900 solicitudes de información a las autoridades estatales, sólo cuatro respondieron con información detallada, las demás ni siquiera saben qué hicieron con las mujeres que acusaron del delito de abortar. Pero esas pocas historias que se destaparon en esta revisión son, en verdad, de horror.
En cuanto a la confianza en que el aborto podrá despenalizarse a nivel nacional en la administración lopezobradorista, quienes participaron en la presentación de Embarazo o castigo, no matizaron en exceso esa expectativa por algún temor a que el Presidente Electo o alguna parte de su círculo cercano vea estos temas desde una óptica neoconservadora o termine enviándola a una consulta abierta a toda la población (poner a votación el derecho de las mujeres):
—¿Ve riesgos de que haya conservadurismo dentro de esta ola de entusiasmo lopezobradorista? –se le preguntó a Ana Laura Magaloni.
—Yo todavía no los veo. Por mi experiencia en la Asamblea Constituyente, sé que hay un grupo de mujeres dentro de Morena que abrazan este tema con mucha pasión
—¿Y con la decisión de pelearlo?
—Sí, claro.
Por separado, también consultada por Crónica, la coordinadora de Investigaciones de GIRE, Isabel Fulda, profundizó en el tema:
“Sí que lo hemos platicado mucho y esto podría ser una gran oportunidad de cambios sociales y políticos. Nuestra preocupación es que los temas de derechos de las mujeres se pierdan en esta emoción por los grandes cambios de la nueva administración”, dijo, “no es un tema menor que concierne sólo a ciertas mujeres, es un tema de desigualdad, de injusticia, de corrupción e impunidad. Estamos esperando que la nueva administración, los congresos locales, lo vean de esta manera”.
—¿Ve condiciones para lograr esto ahora?
—Ya sabemos que la exministra Sánchez Cordero es una gran aliada de las mujeres y fue una voz muy importante en los debates sobre el aborto. Hemos tenido conversaciones importantes con ella, y hoy en esta presentación hay legisladoras no sólo de Morena, también de otros partidos que han sido aliadas y sabemos que lo seguirán siendo durante la próxima Legislatura. Tenemos la esperanza de que esto se pueda convertir en temas reales.
—¿Hay riesgo de que dentro de la gran ola del lopezobradorismo surja algún conservadurismo en torno al tema del aborto?
—Creo que algo que se habló mucho dentro del discurso del Presidente Electo es aquello de pasar los derechos a consulta. Como que pareciera que hay un compromiso con mecanismos de democracia participativa directa, lo que puede ser bueno para ciertas cuestiones, pero no así en otras. Esto es algo que ya en la última etapa de su campaña dejó de decir. Podría ser un riesgo que este gran movimiento popular nos lleve a algo que, además, no existe constitucionalmente: someter derechos a consulta.
El informe Maternidad o castigo tiene abiertamente la misión de hacer visible el problema de la penalización del aborto y hacerlo desde este momento.
Durante la presentación se dejó en claro además que no es cuestión de números, sino de incesantes casos de mujeres que por no tener una defensa ni dinero para ella o para el soborno, han sido encarceladas, tratadas como delincuentes y hasta extorsionadas por sus propios agresores.
“México está atrapado en su sistema penal. Las cárceles están llenas de personas inocentes que tuvieron la mala suerte de no tener dinero para sobornos o para pagarle a un buen abogado”, lamenta José Luis Gutiérrez, de AsíLEGAL, ONG enfocada a los derechos humanos y que no trata directamente el tema del aborto, sino que se encontró este drama al trabajar con población penitenciaria.
PÁGALE A QUIEN TE ABANDONÓ EN EL EMBARAZO.
Son historias de horror. Basta con conocer la de Diana, una joven de 23 años que vive en Morelos, y que tras enterarse que estaba embarazada, le comentó a su pareja. Él le negó cualquier tipo de apoyo y la amenazó con dejarla si no se practicaba un aborto. A pesar de que ella continuó con su decisión de ser madre, a las pocas semanas sintió un malestar, fue al sanitario y ahí se dio cuenta de una hemorragia vaginal.
Al llamar a emergencias, los paramédicos llegaron a su hogar, la llevaron al hospital y le notificaron que había tenido un aborto. Los directivos del hospital, avisaron a la seguridad local para que tomaran su declaración ministerial y sin darle la oportunidad de tener un abogado defensor, la llevaron detenida.
Para poder ser liberada, tuvo que pagar una fianza de 700 mil pesos, y hasta su pareja, quien al inicio rechazó su rol de paternidad, terminó pidiendo una remuneración por reparación de daños. El hombre ganó el caso y recibió un pago.
Carmina de 18 años, habitante de Chihuahua, también vivió un infierno cuando se enteró de que estaba embarazada y por temor a los regaños de sus padres, ingirió una pastilla de misoprostol, conocida por inducir el aborto. Horas más tarde, presentó una hemorragia y acudió al Hospital General para atención médica, pero fue trasladada al Centro Materno, donde fue interceptada por policías ministeriales que sacaron a la joven del lugar a empujones.
La retuvieron por más de tres horas y le exigieron una fianza de diez mil pesos. Tras quedar liberada, las autoridades locales no le notificaron que el proceso penal seguía abierto ni se les dio un comprobante de pago por la fianza.
Estos casos fueron acompañados por Gire, organismo que solicitó a las 32 entidades federativas información sobre los casos de jóvenes violentadas por aborto, pero sólo cuatro estados respondieron a la solicitud.
El informe también recoge los resultados de la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad 2016, realizada por el INEGI, en donde se reveló que el 52.1 por ciento de las mujeres detenidas por cualquier delito acusó que el Ministerio Público que las interrogó no se identificó como autoridad; mientras que al 38 por ciento no se le dijo de qué lo acusaban, lo que demuestra una violación más en el derecho de las mujeres.
“Muchos dicen que se está atendiendo esto mediante penas alternas o mandando a la mujer a terapia, que ellas reconsideren lo que hicieron y otorgarles el perdón“, sentenció Regina Tamés (GIRE) durante la presentación, pero no se puede no criminalizar en tanto siga estando la figura del aborto como un delito”.
El perseguir a las mujeres, agregó, tratarlas como criminales cuando vienen de un contexto de violencia y alta marginación, las hace perder parte de su vida en prisión, “incluso cuando no existe ninguna prueba en su contra, a veces con un testimonio que es sacado bajo condiciones coercitivas”.
El trasfondo de todo: derechos muy limitados para amplios grupos de mujeres y una sociedad en la que, según cifras de encuestas oficiales, 60 por ciento de la población sigue pensando que la mujer debe ser necesariamente madre, una percepción cultural, pero es reafirmada por las instituciones.
Este problema se agudiza, señala el informe, ya que no sólo se criminalizan por aborto estos casos, sino por homicidio en razón de parentesco e infanticidio, los cuales tienen penas mucho mayores; es decir, se está persiguiendo a mujeres que tienen abortos espontáneos, mujeres que no sabían que estaban embarazadas y partos fortuitos, un panorama mucho más aterrador que lo que se ve en el tema del aborto en síh.
Para Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, el mayor problema es que no sólo se tiene que perseguir una despenalización del aborto, sino también su legalización, pues si no seguiría existiendo unPhueco legal para la criminalización y violación de los derechos de las mujeres.
Al preguntarle si esta legalización debería de incluirse en el proyecto del Código Penal único, que podría concretarse en el país tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, Mercado respondió afirmativamente.
Coincidió además con la visión de que una consulta pública no sería adecuada para el tema del aborto, ya que en el debate están inmiscuidas posturas religiosas, conservadoras e incluso personales, y se unió a la confianza de que en el próximo gobierno la decisión en pro del aborto será generalizada, tan sólo por las personas de izquierda que acompañarán a López Obrador en su gestión.
En el evento, los ponentes señalaron que la asimetría de los códigos penales provoca que interrumpir el embarazo antes de 12 semanas o por malformación genética del producto sea perseguido, en ocasiones draconianamente en un punto del territorio, en tanto que en la Ciudad de México es legal.
Mientras el debate continúa, y seguramente seguirá vigente hasta el momento en que llegue al poder el nuevo gobierno, lo cierto es que cada vez suenan más fuerte las voces que exigen un trato nuevo al tema del aborto, orientado al respeto del derecho de las mujeres y a dejar atrás leyes basadas en prejuicios.
MARCO NORMATIVO Y ESTRATEGIAS PARA MEJORARLO
La existencia de códigos penales que tratan con excesiva diferencia el tema del aborto “es una abierta violación al principio de igualdad jurídica”, señaló el doctor Pedro Salazar (IIJ-UNAM) en torno al cuadro normativo vigente. “La lógica que debería seguir la homologación normativa es necesariamente la de un principio de normatividad, es decir aquella lógica que amplía la esfera de protección de derechos de todas las mujeres; es completamente equivocado que el federalismo no sea para diferenciar políticas públicas sino para dar un trato desigual a las mujeres en materia de derechos”. El jurista señaló que no le cabe duda de que lo que existe en la Ciudad de México debería expandirse al resto del territorio.
En la relatoría de Salazar se incluyó una imagen de lo que esto significa: si en Morelos una mujer aborta se enfrentará a una de las legislaciones más draconianamente conservadoras del país. Si lo mismo hubiera ocurrido unos cuantos kilómetros más adelante, en la Ciudad de México, el caso no sería punible.
TRES ESTRATEGIAS (QUE SON CUATRO)
La despenalización del aborto en México se ha intentado por al menos tres vías (a la que se suma una cuarta un tanto abandonada):
1.- Tratar de impulsar reformas en cada estado, ya que se trata de un tema de fuero local. No hay mucho éxito por esta vía, pues después de la despenalización en la Ciudad de México, muchos estados endurecieron su norma.
2.- Reforma constitucional. Eso terminaría de golpe con el debate y en todo el país estaría validada la interrupción justificada del embarazo o hacerlo antes de las 12 semanas. En este caso (como sucedió con el matrimonio de parejas del mismo sexo), suele despertarse a las voces más conservadoras que presentan una oposición férrea.
3.- Llevar casos a la Suprema Corte para que casos particulares dejen en claro el derecho de la mujer en este tema.
4.- Algo olvidado, el Código Penal Nacional que sustituiría a los 32 locales. Actualmente su borrador incluye la despenalización del aborto.
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Capítulo V: Aborto:
Aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación. Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.
Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de que hayan transcurrido las primeras doce semanas de embarazo.
En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado.
Dan 587 mdp más a municipios rojos de Guanajuato... y crimen aumenta
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| Guanajuato. Foto: Especial |
Guanajuato, entidad en la que el panista Miguel Márquez gobierna hasta el 25 de septiembre próximo, y en donde en las últimas 36 horas la ola de violencia ha dejado 27 muertos, entre ellos un regidor electo, recibió este año 587 millones de pesos para seguridad a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Los recursos fueron repartidos en 21 municipios, cuatro de ellos concentran el mayor número de ejecuciones, León con 189; Salamanca con 128; Irapuato con 118 y Celaya con 112, durante el primer semestre de 2018, , lo que representa 38 por ciento del total de asesinatos en el estado.
En este sentido, Celaya contó con 19 millones 591 mil pesos; Irapuato, 19 millones, 907 mil; León, 67 millones, 068 mil y Salamanca, 12 millones, 117 mil. Gráfico: La Razón de México
Datos del Secretariado Ejecutivo aseguran que durante los primeros seis meses de 2018, el número de homicidios dolosos registrados ante Ministerios Públicos en la entidad, contabiliza mil 427 ejecuciones, principalmente por arma de fuego y arma blanca; sin embargo 539 son sólo de estos cuatro municipios.
Los lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios, establece como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y justicia, promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad.
También busca coordinar la política para la prevención social de la violencia y la delincuencia con organismos gubernamentales, académicos, privados y de la misma ciudadanía.
Ayer, en el municipio de Cortazar, que hasta julio contaba con 69 homicidios, fue asesinado un regidor.
Además, la noche del martes seis hombres murieron en el municipio de Apaseo El Alto, luego de que un comando armado acribillara a un grupo de personas que se encontraban reunidos en un domicilio particular.
Al interior de una camioneta también se encontró a una persona sin vida luego de ser asesinada por arma de fuego; mientras que en otra zona localizaron dos cuerpos sobre la vía pública.
En el municipio de Salamanca, un adulto mayor, una mujer y un niño de 11 años fueron baleados en una capilla.
Los recursos fueron repartidos en 21 municipios, cuatro de ellos concentran el mayor número de ejecuciones, León con 189; Salamanca con 128; Irapuato con 118 y Celaya con 112, durante el primer semestre de 2018, , lo que representa 38 por ciento del total de asesinatos en el estado.
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Datos del Secretariado Ejecutivo aseguran que durante los primeros seis meses de 2018, el número de homicidios dolosos registrados ante Ministerios Públicos en la entidad, contabiliza mil 427 ejecuciones, principalmente por arma de fuego y arma blanca; sin embargo 539 son sólo de estos cuatro municipios.
Los lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios, establece como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y justicia, promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad.
También busca coordinar la política para la prevención social de la violencia y la delincuencia con organismos gubernamentales, académicos, privados y de la misma ciudadanía.
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| Entre los municipios beneficiados por este programa se encuentran Apaseo el Grande, Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca, San Miguel de Allende, Silao, entre otros. Gráfico: La Razón de México |
Ayer, en el municipio de Cortazar, que hasta julio contaba con 69 homicidios, fue asesinado un regidor.
Además, la noche del martes seis hombres murieron en el municipio de Apaseo El Alto, luego de que un comando armado acribillara a un grupo de personas que se encontraban reunidos en un domicilio particular.
Al interior de una camioneta también se encontró a una persona sin vida luego de ser asesinada por arma de fuego; mientras que en otra zona localizaron dos cuerpos sobre la vía pública.
En el municipio de Salamanca, un adulto mayor, una mujer y un niño de 11 años fueron baleados en una capilla.
El Dato: En las primeras semanas del mes fueron asesinados dos comandantes en la entidad, se trata de Osvaldo Omar, de San José Iturbide, y Antonio Báez Tapia, de León.
Nuevo TLC apuntala lucha anticorrupción en México
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Se aplicarán prácticas de integridad en gobiernos y empresas; el Sistema Nacional Anticorrupción va acorde con las bases negociadas: expertos.
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El nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Estados Unidos, al cual se espera que se sume Canadá, incluye disciplinas que obligarían a robustecer el combate a la corrupción en México, una de las principales promesas de campaña del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
En el capítulo de anticorrupción, ya cerrado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México, Estados Unidos y Canadá establecieron disposiciones seguras que comprometan a cada parte a criminalizar la corrupción gubernamental.
El capítulo incluye prácticas de integridad en gobiernos y empresas; regula sobre delitos como soborno, cohecho, malversación de fondos, desvío de recursos, peculado, entre otros.
Canadá y Estados Unidos, quienes cuentan con leyes más estrictas en la materia, tienen interés particular para proteger a sus empresas de actos de corrupción en México que las hagan menos competitivas en sus inversiones y en el comercio de bienes y servicios.
Los países convinieron medidas para desalentar la corrupción, con sanciones adecuadas y herramientas de aplicación en caso de enjuiciamiento de personas sospechosas de participar en actividades ilícitas.
Estados Unidos ha sido insistente en incluir compromisos para combatir la corrupción en el comercio internacional en sus TLC al incorporar capítulos sobre transparencia y anticorrupción en dichos acuerdos.
Aunque ha sido parte de la política de Estados Unidos durante muchos años, el uso de este tipo de disposiciones ha evolucionado con el tiempo y los compromisos anticorrupción se vuelven progresivamente más fuertes.
Práctica común: expertos
Las cláusulas y capítulos en materia anticorrupción en tratados comerciales en el mundo son cada vez más comunes, ya que propician la estandarización de reglas en los bloques económicos y, en el caso mexicano, pueden ayudar a incrementar el desarrollo y a detener la sangría de hasta 10 puntos porcentuales del PIB en que se tasa el costo de la corrupción, aseguran especialistas.
Eduardo Bohórquez, director del capítulo mexicano de la organización Transparencia Internacional, destacó que regularmente se habla de corrupción en términos políticos; sin embargo, a nivel global el tema está profundamente ligado al desempeño económico de un país y con el mismo comercio internacional.
“El caso Odebrecht es uno de los casos significativos, porque tienes una empresa global que dio sobornos para desarrollar proyectos de infraestructura”, indicó Bohórquez.
El TLCAN actual no incluye un capítulo relacionado con la transparencia o la lucha anticorrupción, pero contiene varias disposiciones que se consideraron pioneras en ese momento, incluidas las reglas y disciplinas vinculantes y la eliminación de las barreras a la inversión extranjera.
Meta explícita
Esta vez, sin embargo, tanto Estados Unidos como México incluyeron disposiciones anticorrupción en sus objetivos de negociación para la modernización del TLCAN. Como parte de las disposiciones del nuevo texto, se exige a las empresas que mantengan libros y registros precisos, lo que facilita la detección y localización de pagos corruptos.
Otra de los requerimientos exhorta al establecimiento de códigos de conducta para alentar estándares éticos entre los funcionarios públicos. El conjunto de objetivos de negociación de México incluye disposiciones tales como trabajar hacia un comercio “inclusivo y responsable”, mediante la incorporación de mecanismos de cooperación en la lucha contra la corrupción.
Eduardo Bohórquez agregó que en la renegociación del TLCAN, México ha sido el país más interesado en impulsar una cláusula anticorrupción, debido a la actualización de su marco jurídico en el tema que se tuvo con la implementación de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Sistema Nacional Anticorrupción.
“Tenía una ventaja comparativa el país en tanto que había actualizado su marco legal y normativo recientemente; entonces, México aprovechó está ventaja para plantear temas sobre todo de apertura gubernamental, de datos abiertos y de transparencia”, aseveró.
Bohórquez agregó que la cláusula anticorrupción integrada en el TLCAN tiene el objetivo de armonizar la manera en la que se persigue un delito en materia de cohecho en Canadá, México y Estados Unidos.
“Donde nosotros tenemos una ventaja es en el tema de acceso a la información pública, la legislación mexicana es mucho más avanzada que la canadiense y la estadounidense. además, (la legislación mexicana) regula mucho mejor la participación del sector privado, lo convierte en sujeto obligado en particular cuando hace negocios con el gobierno”, expuso.
No obstante, en materia de investigación y sanciones, los otros dos países del tratado, indicó el experto, se encuentran más avanzados que México. “No es una casualidad que el caso Odebrecht primero haya sido litigado y sancionado en Estados Unidos y después en la Corte de Brasil”.
Costo: 10% del PIB
Ignacio Martínez, analista de comercio internacional en la UNAM, indicó que México pierde el equivalente a 10% del PIB por la corrupción y 3% por opacidad y falta de competencia.
Mientras que, a nivel empresarial, expresó el también coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la máxima casa de estudios del país, las organizaciones pierden hasta 37% de su capacidad de producción.
“Canadá y Estados Unidos tienen fuertes leyes que sancionan, de manera particular Estados Unidos, de manera extraterritorial a esas empresas que cometen actos indebidos, por lo que esa cláusula va a obligar, yo lo pondría de esa manera, al Estado mexicano a que impere un verdadero Estado de derecho, que combata de manera frontal los actos de corrupción”, concluyó.
Pacto México-EU
Endurecen acciones contra piratería
Estados Unidos y México acordaron endurecer las acciones contra la piratería y el robo de secretos comerciales en el acuerdo en principio sobre la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Ambos países llegaron a un consenso sobre el capítulo de propiedad intelectual (IP), modernizado y de “alto nivel”, que brinda protección y cumplimiento “sólidos y efectivos” de los derechos esenciales en la materia.
Por primera vez, un acuerdo comercial de Estados Unidos requerirá que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley detengan los productos sospechosos de ser pirateados o falsificados en todas las áreas de entrada y salida.
Las autoridades deberán además aplicar acciones contra las falsificaciones y la piratería que ocurre a escala comercial y deberán operar procedimientos penales significativos y sanciones por la grabación de películas.
También deberán aplicar sanciones civiles y penales por robo de señales satelitales y por cable así como dar amplia protección contra el robo de secretos comerciales, incluso contra empresas estatales.
Para proteger a los titulares de derechos -incluidas las empresas estatales- del robo de secretos comerciales, el acuerdo obliga a contar con recursos civiles y penales, prohibición de licencias de secretos comerciales, protecciones de secretos comerciales durante el proceso de litigio y sanciones para los funcionarios del gobierno que divulguen secretos comerciales de manera ilícita.
De acuerdo con la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés), los obstáculos al comercio de bienes y servicios intensivos en propiedad intelectual en Estados Unidos incluyen la amplia disponibilidad de productos pirateados y falsificados en México, a través de los mercados físicos y virtuales.
Texcoco, la opción definida para el nuevo aeropuerto: MITRE
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| En la construcción del proyecto en Texcoco ya se invirtieron 60 mil millones de pesos y están comprometidos 100 mil millones de pesos más / Foto: Ulises Bravo |
Xóchitl Bárcenas y Juan García
El director internacional del Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados para la Aviación de la corporación MITRE, Bernardo Lisker, aseguró que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco “es nuestra recomendación definitiva”.
El directivo del laboratorio más grande del mundo en ingeniería de sistemas de aeronavegaciónrespondió vía correo electrónico a una consulta de El Sol de México sobre el análisis realizado al plan alternativo para el NAIM que propone el próximo gobierno.
“MITRE ha trabajado para México por 22 años, ha analizado todas las posibilidades (siete) para resolver el problema de saturación aeroportuaria de la Ciudad de México y entiende la importancia de discusiones venideras relacionadas con la continuación de la construcción o suspensión de la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco, que es nuestra recomendación definitiva”.
En un documento de 37 páginas, la corporación analiza el plan de la próxima administración y concluye que la ampliación de la base de Santa Lucía y su operación simultánea con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) generaría riesgos para el tráfico aéreo y retrasos en ambas instalaciones por la interferencia de rutas.
El 15 de agosto, el laboratorio entregó el estudio a las actuales y próximas autoridades de laSecretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como parte del análisis que se hace de la obra aeroportuaria y que incluye una consulta ciudadana, el próximo 28 de octubre.
“Nuestra preocupación principal -manifestó Lisker- es el ver que se decida una solución a muy corto plazo que acabe por desembocar en un regreso al plan Texcoco y desocupar Santa Lucía. También nos preocupa el problema de dejar permanentemente el ruido fuera de toda escala del AICM y crear nuevo ruido aeroportuario en las tranquilas áreas habitadas cercanas a Santa Lucía”.
Además, señala que la nueva terminal que está en construcción “no se saturaría por gran parte del siglo actual y, además, se construiría por etapas, para no construir un aeropuerto excesivamente grande desde un principio”.
En otro análisis, la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, señala que para justificar el tamaño físico, estructural y financiero del NAICM (especialmente de la terminal de pasajeros), el gobierno federal calcula 125 millones de pasajeros para finales de 2065, es decir, 233% más que los 41.7 millones atendidos en 2016 en la actual terminal.
Para la comisión legislativa son necesarios cambios en la escala de la obra y en el ritmo de construcción. Como ejemplo menciona que los grandes aeropuertos del mundo como el Charles de Gaulle, en Francia, o el de Atlanta, en Estados Unidos se han construido por fases, de manera modular, porque han hecho los cálculos de demanda correcta.
"Sólo China ha ejecutado aeropuertos de esas proporciones y a esos ritmos (de un solo golpe), arquitectónica y financieramente hablando. Ese hecho se explica fácilmente: por el tamaño de su población y por el impresionante dinamismo de su economía desde hace cuatro décadas".
Los dos gobiernos recientes dejan el país lleno de sangre y muerte
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Activistas demandan a la próxima administración frenar la violencia
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| Integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México conmemoraron el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en la glorieta de Cuauhtémoc.Foto Jesús Villaseca |
Fernando Camacho Servín
Las organizaciones integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México realizaron ayer un acto para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, durante el cual señalaron a los dos gobiernos federales recientes como responsables de dejar el país lleno de sangre y muerte, al tiempo que exigieron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que cumpla su promesa de terminar con el grave fenómeno de violencia.
Reunidos en la glorieta de Cuauh-témoc, los activistas resaltaron que si bien se calcula que hay 37 mil víctimas de este crimen en México, tanto la sociedad como el Estado saben que el número es mayor, pues muchas desapariciones fueron cometidas por las fuerzas armadas y los cuerpos policiacos.
Los participantes en la manifestación denunciaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha hecho nada por cumplir y aplicar la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares –promulgada a finales de 2017–, como lo demuestra el hecho de que no se ha dotado de presupuesto suficiente a los organismos que dependen de la norma mencionada.
Tras afirmar que los gobiernos de Peña Nieto y de Felipe Calderón no combatieron el fenómeno de las desapariciones y dejaron el país lleno de sangre y muerte, de dolor e impunidad, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México externó su preocupación por el hecho de que López Obrador haya anunciado que las fuerzas armadas seguirán realizando labores de seguridad pública.
Además de lo anterior, dijeron los activistas, nos preocupa que no esté planteando un programa de desmilitarización del país y retiro de las fuerzas armadas, ni mucho menos el fortalecimiento real y efectivo de las policías para cumplir con eficiencia el mandato de la seguridad pública.
Asimismo, exigieron la abrogación de la Ley de Seguridad Interior y señalaron que con el Congreso en sus manos, el fiscal carnal subordinado al Ejecutivo y las gubernaturas, (las nuevas autoridades) no tendrán el pretexto de que no avanzan porque alguien los detiene.
En la manifestación participaron representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Cruz Roja Internacional.
Representantes de estos organismos coincidieron en señalar que no ha habido señales de compromiso por parte del gobierno federal para cumplir la legislación en materia de desapariciones.
Más tarde, la CNDH emitió un comunicado en el cual llama a los gobiernos entrante y saliente a cumplir la deuda que el Estado mexicano tiene con las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, y lamentó que los gobiernos de todos los niveles han dejado de cumplir labores fundamentales en este ámbito.
En tanto, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y otras organizaciones civiles y populares realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir la presentación con vida de todas las víctimas de desaparición.
Durante el acto, destacaron en particular los casos de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes fueron desaparecidos hace más de 11 años durante un operativo policiaco-militar en el estado de Oaxaca.
Por su parte, la asociación civil Milynali –que agrupa a familiares de víctimas de desaparición en Tamaulipas– denunció que en ese estado las autoridades locales no han mostrado voluntad para crear organismos fundamentales para terminar con ese delito, entre ellas una comisión de búsqueda y un sistema para la identificación de restos óseos.
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