miércoles, 22 de agosto de 2018

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.

Abre PGR puerta a Javier Duarte


Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz. Foto: Archivo
Abel Barajas

Cd. de México

Ahora, Javier Duarte tiene la puerta abierta para salir de la cárcel.

La Procuraduría General de la República retiró anoche el delito de delincuencia organizada en su contra y lo reclasificó por el de asociación delictuosa.

Esto significa que el ex Gobernador veracruzano, preso desde julio de 2017, podría obtener en el mediano plazo la libertad provisional, ya que el nuevo ilícito no considera la prisión preventiva oficiosa.

Al presentar formalmente la acusación ante un juez federal en contra del ex Mandatario estatal, la PGR conservó sólo uno de los dos delitos de la imputación original: el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, coloquialmente conocido como lavado de dinero, además de acusarlo de asociación delictuosa.

Duarte no quedaría libre de inmediato debido a que tiene decretada la prisión preventiva justificada por el lavado de dinero, además de enfrentar dos procesos que se le siguen en el fuero común de Veracruz.

Sin embargo, a partir de ahora, puede litigar para reclasificar la medida cautelar impuesta y en unos meses llevar sus procesos en libertad provisional.

La acusación de la PGR deriva de la extracción de recursos del erario de Veracruz a través de una red de empresas factureras.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) presentó su escrito de acusación y datos de prueba con los que pretende llevar a juicio al ex Gobernador veracruzano, preso desde el 17 de julio de 2017 en el Reclusorio Norte.

El juez ahora acordará la fecha de una audiencia intermedia en la que habrá de debatirse la legalidad de cada una de las pruebas para un eventual juicio, audiencia que, conforme a la norma, debe llevarse a cabo en un plazo de 30 a 40 días naturales, con una prórroga máxima de 10 días.

Por lo pronto, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, la acusación será notificada a la Secretaría de Hacienda en su calidad de víctima u ofendido.

Una vez que se dé por enterada, la dependencia federal tendrá 3 días para solicitar por escrito la corrección de cualquier vicio formal que detecte en la acusación de la PGR y presentar sus propios datos de prueba ante el juez.

Tras culminar el plazo para Hacienda, empezará a correr un periodo de 10 días para que la defensa de Duarte responda la acusación y presente sus pruebas de descargo.

La PGR, además, espera varios informes bancarios que solicitó a Suiza sobre Duarte desde septiembre de 2017 y de los cuales se desconocen los montos.

Si Duarte impugna alguna o varias de las pruebas de la PGR, la audiencia intermedia se pospondría hasta que se resuelvan sus recursos legales, lo que podría llevar meses.



Prefieren endeudarse que recaudar; estados cobran 7 de 23 impuestos



Pese a la Ley de Disciplina Financiera, el año pasado pidieron financiamiento por 135 mil mdp, casi el doble de los 71 mil mdp que obtuvieron vía gravámenes



Paulo Cantillo

CIUDAD DE MÉXICO

En 2017, las entidades federativas pidieron financiamiento por 135 mil millones de pesos para cubrir sus gastos, lo que representa casi el doble de lo que obtuvieron vía recaudación tributaria, que fueron 71 mil millones de pesos.

Este escenario, que se registra por primera vez en los últimos tres años, se originó debido a la pereza fiscal de los estados, que en promedio cobran sólo siete impuestos de los 23 que están facultados.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Quintana Roo con 42.9%, Nuevo León con 29% y Veracruz con 20.1% fueron las entidades cuya mayor proporción de ingresos fue captada a través de créditos durante el año pasado.

Hubo ocho estados que no solicitaron financiamiento y, entre los que pidieron, San Luis Potosí, Oaxaca y Michoacán fueron los de menor porcentaje con 0.1,% 1.6% y 1.8% de sus ingresos totales, respectivamente.

El mayor financiamiento de las entidades frente a los ingresos vía impuestos se dio pese a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios en 2016, que les fijó candados para endeudarse, de acuerdo con una evaluación de Hacienda que mide la relación entre los ingresos de libre disposición, el saldo y el servicio de la deuda.


Gobiernos estatales fallan en disciplina financiera

La pereza fiscal de las entidades federativas, que en promedio cobran siete impuestos de 23 que están facultados, las llevó a pedir financiamiento por 135 mil millones de pesos durante 2017 para cubrir sus gastos, casi el doble que lo que obtuvieron por recaudación, que fue de 71 mil millones de pesos, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta situación se registró por primera vez en los últimos tres años, en la que Quintana Roo, con 42.9% de sus ingresos; Nuevo León con 29.0% y Veracruz con 20.1%, fueron las entidades que mayor proporción de sus ingresos se captaron por la vía del crédito el año pasado.

Mientras, hubo ocho estados que no pidieron financiamiento, y entre los que pidieron, San Luis Potosí, Oaxaca y Michoacán fueron los de menor porcentaje, con 0.1,% 1.6% y1.8% de sus ingresos totales, respectivamente.

Cabe recordar que el incremento de la deuda estatal en años recientes ocasionó que en 2017, los estados tuvieran que destinar el doble en el pago de intereses de la deuda que lo que gastaron en inversión productiva, situación que ocurrió después de 21 años.

Disciplina

El mayor financiamiento de los estados frente los ingresos por impuestos en 2017 se presentó pese a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios en 2016, que estableció candados a los estados para endeudarse, de acuerdo a un sistema de evaluación que realiza la Secretaría de Hacienda y que mide la relación entre los ingresos de libre disposición, el saldo y el servicio de la deuda.

Los resultados del sistema de alertas de 2016 arrojaron que 20 estados obtuvieron evaluación de deuda sostenible (color verde en el semáforo); 10 tuvieron resultado de en observación (color amarillo); y sólo uno, que fue Coahuila, tuvo un endeudamiento elevado (color rojo).

Para 2017, los 20 estados con deuda sostenible y 9 en observación mantuvieron sus calificaciones del año previo, mientras que los que mejoraron fueron Zacatecas que pasó de color amarillo a verde, y Coahuila que pasó de rojo a amarillo.

Cabe resaltar que el hecho de que un estado sea calificado con amarillo o rojo no significa que no pueda recurrir al financiamiento, pues de acuerdo con el sistema de alertas, se puede recurrir a éste siempre y cuando el estado presente un plan de ajuste a sus finanzas públicas.

Evolución de la deuda

La entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera logró estabilizar el saldo de la deuda total de las entidades federativas entre 2016 y 2017, ya que pasó de 515.1 mil millones de pesos a 517.3 mil millones de pesos, es decir un incremento marginal de 0.4% nominal.

Esto contrastó con lo ocurrido entre 2012 y 2016, en el que la deuda estatal tuvo un aumento de 4.3% promedio anual, puesto que se incrementó de 434.7 mil millones de pesos a 515.1 mil millones, un incremento de más de 80 mil millones de pesos.

Sin embargo, este año la tendencia cambió, pues la deuda pública estatal creció en 2.0% entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2017, pues pasó de 517.2 millones de pesos a 527.7 millones de pesos, es decir en una magnitud superior a lo de todo el año pasado.

Esta situación coincidió con los cambios que se aprobaron a la Ley de Disciplina Financiera en enero de este año, que ahora otorgan mayor margen a los estados de usar sus ingresos excedentes para rubros distintos al pago de la deuda, que era la disposición original, con lo que podrán aumentar su gasto corriente.

La organización civil México Evalúa consideró que estos cambios “desarman la ley de disciplina financiera”, pues “suavizan las reglas para el endeudamiento estatal, que pretendían reducir la presión que ejerce la deuda en las finanzas públicas estatales”.

De acuerdo con la organización las modificaciones realizadas a inicio de año “permiten un uso más discrecional del gasto estatal, especialmente el que tiene fines políticos”.



Con Borge se esfumaron 79 mdp contra el sargazo en Quintana Roo




Selene Flores

El ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge dispuso, desde julio de 2015, de 150 millones de pesos para combatir la invasión de sargazo, el arribo masivo de algas a las playas del estado, pero nadie sabe exactamente dónde quedó buena parte de ese dinero proveniente del gobierno federal: 79 millones 202 mil 74 pesos.

En aquel año hubo una crisis semejante a la que se padece este verano, también por la llegada atípica del alga a las costas, pero solo se tiene documentado el paradero de 70 millones 797 mil 926 pesos destinados a estudiar y enfrentar el problema.

Ni legisladores locales ni funcionarios del gobierno estatal, ni tampoco empresarios hoteleros, saben adónde fueron a parar esos casi 80 de los 150 millones de pesos etiquetados para atacar el fenómeno natural.

Pero eso no es todo: su gobierno pagó millones de pesos por una máquina que alguien inventó… y que nunca sirvió para atrapar algas: no funcionaba… en el mar.

Borge también pagó casi un millón de pesos (952 mil pesos) por un estudio… que quedó archivado.

Y dispuso de millones de pesos para embarcaciones y barreras… que fueron arrumbadas.

Esta es la historia…

***

En 2015, el gobierno federal autorizó a la administración del ex gobernador Borge ejercer un presupuesto de hasta 150 millones de pesos, más del doble de recursos de lo que este año ha recibido el estado para el mismo problema (62 millones). El anuncio se llevó a cabo de manera pública, el 30 de julio de 2015. Fue un acto en el que estuvieron presentes los entonces secretarios de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, y de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud.

“Como gobernador de Quintana Roo agradezco al gobierno de la República y al presidente Enrique Peña Nieto haber autorizado un presupuesto de 150 millones de pesos”, dijo a la sazón Roberto Borge. “Noventa millones de inmediato se aplicarán en el Programa de Empleo Temporal y de renta y adquisición de equipos y maquinaria”, anunció el mandatario, y luego se tomó fotos en las playas donde empleados paleaban el sargazo.

La realidad es que, de acuerdo con la información obtenida vía Transparencia, los recursos ejercidos para el Programa de Empleo Temporal durante esa crisis (del 1 de julio al 13 de septiembre) únicamente fueron… 14 millones 167 mil 300 pesos.

Y en renta y adquisición de maquinaria solo hay respaldo de 25 millones 630 mil 629 pesos.

Según consta en los contratos de adquisiciones de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, cuya copia tiene MILENIO, se adquirió una “embarcación de recolección” de seis millones de pesos, una catamarán de “recolección” de 752 mil 500 pesos, “bandas transportadoras” por 2 millones 897 mil 720 pesos, barreras de contención por un millón 207 mil 500 pesos, un vehículo con “remolque para transporte de sargazo” de 568 mil 487 pesos y un tractor “con barredora” por 2 millones 212 mil 262 pesos.

En total 13 millones 638 mil 469 pesos.

En arrendamiento de maquinaria pesada hay documentos que solventan un total de 11 millones 992 mil 157 pesos.

Adicionalmente se utilizaron 30 millones de pesos a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para la prestación de servicios “de recolección, acopio, transporte y disposición del sargazo varado en las playas de los municipios de Tulum, Othón P. Blanco, Solidaridad y Cozumel”, de acuerdo con información de Fonatur revelada por Transparencia.

El “Proyecto piloto para el manejo integral de sargazo” comenzó con la elaboración de un estudio científico por el que el gobierno estatal pagó casi un millón de pesos, y el cual comprendió un análisis de calidad de agua, del ecosistema marino y del correcto manejo del alga, entre otros aspectos.

También incluía recomendaciones de uso de maquinaria específica para remoción, acopio, transporte y disposición final de las algas.

El trabajo estuvo encabezado por la doctora Guadalupe Velázquez Olimán, directora de la asociación civil Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Sustentable. Ella dice que el estudio costó 952 mil pesos y “con los 15 millones que en total se destinaron al proyecto, se compró la infraestructura.”

¿De qué se trató?

“Fueron 670 metros de barreras, dos embarcaciones de diferentes estilos, una artesanal que era una modificación de un catamarán y una barcaza más grande y automática que directamente tenía un sistema de bandas del agua y que podía extraer sargazo. Se compró también un remolque, un camión y 92 metros de bandas”.

Además, el proyecto contaba con “gastos de implementación”, que nunca se ejecutaron, por casi 400 mil pesos.

En 2015, cuando la emergencia del sargazo terminó, el proyecto y la infraestructura… fueron abandonados. La maquinaria se dio en comodato al municipio de Puerto Morelos y el estudio, de más de 300 hojas, para procurar resolver el problema a mediano y largo plazo, fue archivado.

El secretario de Medio Ambiente local justifica la falta de interés en el proyecto y el abandono de los recursos materiales con los que el estado contaba para combatir el sargazo. Dice que 2016 y 2017 fueron años en los que se registró poca afluencia del alga, lo que propició que nadie volteara a ver los avances en la materia.

“Los equipos ahora se están recuperando y yo espero que a la brevedad todo el protocolo diseñado en Puerto Morelos y la estrategia que se ha generado ahí se ponga en operación”, dice.

Para Velázquez Olimán, cabeza del proyecto, se trató de falta de interés que ha trascendido dos gobiernos, el de Borge y el actual.

“En la transición, supongo que es tanta información que se maneja que probablemente, en lo último que pusieron atención fue en este tipo de iniciativas. Aquí está la estrategia, pero no se implementó”.

***

En 2015 Roberto Borge destinó parte de los 15 millones del presupuesto del Proyecto piloto para el manejo integral de sargazo en el diseño y la compra de una “embarcación de recolección”… que resultó inservible.

La improvisada máquina sargazera supuestamente sería utilizada para recolectar algas en el mar, pero el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Alfredo Arellano, confirma que el artefacto, varado en las playas de este destino… solo servía para navegar en aguas continentales.

“El diseño se basó en uno de un sistema lagunar, sin oleaje, y esto conlleva un riesgo para la navegación en mar. Lo que se está haciendo ahora es una adecuación para poder utilizarla con las condiciones de seguridad suficiente para esta zona”, explica.

Según consta en el contrato de adquisiciones que posee MILENIO, la Secretaría de Ecología pagó 6 millones de pesos a la empresa Productos Gab por este equipo mecánico que pasó tres años varado en aguas del municipio de Puerto Morelos, pese a que la cláusula quinta del contrato, en su tercer párrafo, especifica la reserva en el pago del mismo, si el producto no fuera de entera satisfacción.

Es decir, se pagaron 6 millones de pesos por una máquina inventada que, además, no sirvió, en lugar de no haber pagado un peso.

El destino de casi 80 de los 150 millones de pesos para abordar el problema del sargazo se desconoce. En los registros de la Secretaría de Finanzas de Quintana Roo no está la documentación que acredite el ejercicio o no de la totalidad de ese dinero que el gobierno federal destinó al gobierno de Borge en 2015.

El secretario de la Contraloría del estado, Rafael del Pozo, explica así la incertidumbre sobre el destino de los recursos:

“Sería conveniente que el estado revisara la aplicación de los recursos que el gobierno de Borge utilizó en 2015 para este fin, independientemente de las observaciones que en su caso puedan corresponder a la Federación.

Que nosotros tengamos claridad de que se aplicaron los recursos de la manera correcta, de que están transparentes, sobre todo de la integración de expedientes para garantizar que los contratos que se hayan celebrado para la atención del problema, pues se hayan hecho con las reglas que deben ser y que hay evidencia de la prestación de servicio y que no se haya gastado de manera, digamos, discrecional”.

Desde un año después de que se anunció la disposición de esos recursos, los empresarios hoteleros empezaron a demandar explicaciones sobre el dinero.

El 15 de julio de 2016, en conferencia de prensa, Carlos Gosselin Maurel, a la sazón presidente de la Asociación de Hoteleros de Cancún y Puerto Morelos, dijo que “nunca se supo el destino que se le dio a los 150 millones de pesos que en 2015 liberó el gobierno federal para el plan emergente de limpieza de sargazo que arribó a las playas de Quintana Roo entre julio y septiembre de ese año”.

Perla Pech, presidente municipal de Cozumel, en ese entonces diputada local por el PAN, lo resume así:

“En esa etapa había mucha cerrazón por parte de la información, la cual no se entregaba, menos a los de oposición. Realmente la opacidad estuvo en su máximo esplendor”.

Por lo pronto, ahí está la historia del combate al sargazo durante el gobierno de Borge.


AMLO traza plan para rescatar a Pemex



Noé Cruz Serrano

El próximo gobierno mexicano tiene delineado un catálogo de acciones que emprenderá para rescatar al sector energético, entre las cuales destaca revalorar el papel de Pemex, dotándolo de plena autonomía presupuestal y de gestión, sacándola del presupuesto de egresos y volver a asignarle un mandato de seguridad energética, responsabilidad social y creación de valor, “dentro de un contrato-plan con el Estado”.

Asimismo, se busca reintegrar a la petrolera en una sola empresa y modificar su gobierno corporativo para que pueda ejercer su autonomía.

Otra de las medidas está encaminada a “reintegrar” una representación (sindical) de los trabajadores, que ahora detenta el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), encabezado por Carlos Romero Deschamps, pero electa por voto universal, secreto y directo de los mismos.

Las modificaciones prevista contemplan cambiar, 15 artículos de la Ley de Hidrocarburos: 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 28, 42, 95, 100 y 117.

Una de las modificaciones importantes está encaminada a “regular las exportaciones de los productores privados, a fin de que su producción sirva para apoyar el abasto nacional”.

Los hombres del presidente

Otro de los objetivos que está en evaluación para la petrolera es la recuperación del proyecto de la refinería de Tula, Hidalgo.

El papel que desempeñaría el próximo director de Pemex Exploración y Producción, una de las principales filiales de la empresa —cuya responsabilidad caería tentativamente en Fluvio Ruíz Alarcón—, sería la de “administrar inteligentemente los declinantes recursos petroleros del país”, sustentada en “suspender indefinidamente las licitaciones internacionales de contratos de exploración y explotación; revisar los procesos de adjudicación y la legalidad de los contratos otorgados, en particular, de los contratos de licencia en los que, contraviniendo a la Ley, no se solicitó un bono a la firma”.

De hecho proponen que en este tipo de contratos, el comercializador del crudo del Estado debe ser PMI (brazo comercializador de Pemex) y “establecer un precio único de venta de los hidrocarburos producidos en México”. En este caso, los propios comisionados de la CNH han mostrado su rechazo al uso de este tipo de contrato en la petrolera.

En febrero de este año, el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Héctor Acosta Félix, había criticado los contratos que se utilizan en las rondas de licitación de campos petroleros, pues dijo que se están autorizando contratos que “abren la puerta a la corrupción, así de sencillo”, en clara referencia a los contratos de producción compartida.

Posponer alianzas. Otro de los lineamientos del sector petrolero de la próxima administración es buscar posponer las alianzas (farmouts) de Pemex hasta que sea modificado su esquema y se inscriban en un programa estratégico de largo plazo.

Una de las acciones que han quedado pendientes como parte de la reforma energética, es la indemnización a Pemex, por las inversiones hechas en todas las áreas que no retuvo tras realizarse la Ronda Cero.

Además, ampliar la inversión en exploración para obtener tasas de restitución de reservas probadas, superiores a 100%, tanto en petróleo crudo como en gas natural.

En este punto, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado la intención de aumentar en 175 mil millones pesos las inversiones para el sector en su primer año de gobierno.

Se prevé desarrollar un esfuerzo tecnológico en tres direcciones: reducción de costos de producción, mejores técnicas de recuperación y aprovechamiento de los yacimientos en aguas ultra profundas, para lo cual será necesario apoyar presupuestalmente al Centro de Tecnologías de Aguas Profundas del IMP.

Los esfuerzos en esa materia permitirán encaminarse a disminuir la dependencia energética, detalla el catálogo de acciones.

De entrada, prevén realizar con transparencia, las consultas públicas, libres e informadas; y establecer un sistema con mecanismos vinculantes para decidir sobre la realización de los proyectos energéticos, así como las nuevas refinerías.

Se prevé incrementar sustancialmente la capacidad de transporte, almacenamiento y distribución del país, y regular las exportaciones de los productores privados, a fin de que su producción sirva también para apoyar el abasto nacional.

Los lineamientos prevén también “abandonar la Agencia Internacional de la Energía”, cuando apenas el pasado 21 de junio, la Junta de Gobierno de la agencia aprobó su integración, convirtiéndose en el miembro 30.

En cambio, sugiere explorar la posibilidad de un mayor acercamiento y mejor coordinación con la OPEP, y establecer que, en el caso del descubrimiento de eventuales yacimientos transfronterizos, Pemex sea el operador responsable del lado mexicano; quitar a los operadores petroleros, la posibilidad de establecer regiones sustraídas a la soberanía y control del Estado mexicano por lo que demanda revisar la definición jurídica de la figura de “servidumbre legal”.

A diferencia de pasadas administraciones, el próximo gobierno plantea “profundizar y coordinar todos los esfuerzos, hasta eliminar el robo y el mercado negro de petrolíferos”.



Versiones encontradas del acuerdo en TLCAN




Redacción

Versiones del sitio politico.com de que este jueves México y EU anunciarían ya un acuerdo en el TLCAN impulsaron anoche al peso.

La moneda mexicana registraba un avance de 1 por ciento, al pasar de 18.94 a 18.75 pesos por dólar, pero hacia las 11 de la noche rebotó a 18.85, luego de que, según Bloomberg, México negó el acuerdo, aunque reconoció que trabaja en resolver diferencias con EU.

"El tiempo se ha despejado en el calendario de la Casa Blanca para el anuncio, donde se espera que el presidente Donald Trump esté presente. Se prevé que los funcionarios anuncien que Estados Unidos (EU) y México han progresado lo suficiente en varios asuntos para poder anunciar 'un acuerdo de apretón de manos'", dijeron fuentes al medio estadounidense.

Las fuentes dijeron al medio que también se espera que el anuncio incluya detalles de cuándo los funcionarios canadienses regresarán a Washington para reanudar las conversaciones con las otras dos naciones.

También se prevé que el anuncio sea exclusivo de EU, afirmó a ese medio una de las fuentes.

Previamente, había versiones informativas sobre distintas opiniones en torno al tema energético al interior del equipo de AMLO y la administración actual.

Según The Wall Street Journal y Bloomberg, el equipo de AMLO intentaría bloquear el capítulo sobre inversión energética. Ayer Jesús Seade, representante de AMLO en las negociaciones, lo negó y dijo que el nuevo gobierno no quiere sacar el tema de las mesas, sino que se ajuste a las normas constitucionales.




La transformación de México necesita una banca más incluyente: Hank González



La nueva banca que debe tener el país, necesita confiar en los sueños e historias de los mexicanos incluso en aquellas comunidades donde el acceso a la banca es más limitado, dijo el presidente del GF Banorte


Margarita Jasso Belmont

Para la nueva etapa de transformación que está por iniciar, México necesita de una banca más incluyente, que conozca las necesidades de las comunidades y que esté cerca de ellas, comentó Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte.

Durante la inauguración del Foro Estrategia Banorte 2018, Hank González afirmó que la nueva banca que debe tener el país, necesita confiar en los sueños e historias de los mexicanos, además de conocer los retos a los que se enfrentan día con día en diversas comunidades, incluso en aquellas donde el acceso a la banca es más limitado.

Refirió que el pasado 1 de julio, los mexicanos exigieron de manera pacífica y ordenada una transformación profunda para el país, por lo que la banca debe de ser parte de esa nueva forma de gobernar.

Como parte de su discurso, envió un mensaje al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, deseándole “el mayor de los éxitos” y refrendó el compromiso de Banorte como aliado del futuro de México.

Asimismo, envió un reconocimiento a los miembros de la administración actual y entrante, quienes han promovido un diálogo constante y una coordinación para concretar una transición de gobierno ordenada.

El presidente de la institución financiera se refirió también a la fusión que la entidad concretó con el Grupo Financiero Interacciones, y comentó que gracias a esa unión, el financiamiento estará más cerca de las necesidades de infraestructura en cada localidad, cada municipio y región del país.

Recordó que, como parte de su compromiso con México, tras los sismos de septiembre pasado, Banorte creó Adopta una comunidad, un programa integral para apoyar la reconstrucción de nueve comunidades.

“Escuchando sus necesidades, trabajando de la mano con ellas para reconstruir sus hogares, y llevándoles también servicios de salud, educación, alimentación y cultura… para que los sueños que se cayeron resurjan con más fuerza”, dijo.

También agradeció la presencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya; así como de los miembros del equipo de transición de la próxima administración federal: Alfonso Romo, Javier Jiménez Espriú, Víctor Villalobos, Rocío Nahle, Abel Hibert y Olga Sánchez Cordero, quien fuera parte del Consejo de Administración de GFNorte hasta hace unos días.

“Tengan la absoluta seguridad que el Banco Fuerte de México es y seguirá siendo aliado del futuro de México”, concluyo Hank González.

Previo a la participación de Hank González, el director general del Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez Miguel, ofreció un discurso en donde reiteró que Banorte buscará ser aliado y protagonista del proceso de transición de gobierno.

Ademas, explicó que el objetivo del evento organizado en la Ciudad de México, es ser un “puente entre los empresarios de México y su próxima administración, para que todos se enriquezcan del diálogo, así como de compartir todas sus visiones e inquietudes”.

El Foro se lleva a cabo este 21 y 22 de agosto en el Hotel Hyatt Regency, en Polanco, en donde se contó con la participación no sólo de autoridades, sino de especialistas como Michio Kaku, experto en ciencia y reconocido a nivel mundial, así como Parag Khanna, experto en relaciones internacionales y en infraestructura.



No queremos infiltrados en Morena: Yeidckol Polevnsky



De acuerdo con la más reciente estadística del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena tiene 319 mil 450 afiliados aproximadamente


Foto: Roberto Hernández
Carlos Lara

Los órganos de dirección de Morena, fundado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, detectaron una “afiliación masiva” al partido, por lo que determinaron bloquear el registro de nuevos militantes y evitar personas “con otros intereses”.

En entrevista con El Sol de México , Yeidckol Polevnsky Gurwitz, la dirigente nacional de Morena, comentó que esta decisión se tomó en el pasado Congreso Nacional y dejó claro que se buscará que el recién creado Instituto de Formación Política garantice la formación de cuadros formados específicamente bajo la mística y objetivos del Movimiento.

Como miembro del equipo compacto de López Obrador, Polevnsky Gurwitz se quedará un año más al frente del partido, hasta el 20 de noviembre de 2019.

De acuerdo con la más reciente estadística del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena tiene 319 mil 450 afiliados aproximadamente.

La dirigente partidista atribuyó el crecimiento de las afiliaciones a que muchos buscan participar en la elección de los comités ejecutivos estatales para acceder después fácilmente a un cargo porque “ya vieron que con Morena la tienen segura”.

Por ello, los órganos de gobierno de Morena determinaron posponer las votaciones internas para su renovación a fin de garantizar perfiles idóneos para portar la credencial del partido.

“Nosotros queremos ser muy respetuosos, pero también muy responsables y cuidadosos de quién llega a Morena”, expresó la dirigente.

El Instituto de Formación Política de Morena, encargado de la formación de cuadros y de la evaluación de idoneidad para otorgar la militancia, estará a cargo de Paco Ignacio Taibo II.

Durante la conversación, se le preguntó que si en esta afiliación de gran escala llegaron a temer que personas del crimen organizado se infiltraran en su movimiento a lo que Yeidckol respondió que por esa razón también se detuvo la afiliación.

“Por esa razón es que se detuvieron las afiliaciones. Por eso es que decidimos cerrar nuestro sistema de afiliación hasta que se definan los criterios con los que vamos a seleccionar. No queremos que se infiltren ni unos ni otros. Queremos que realmente las cosas funcionen y funcionen bien”.

¿Pero sí hay riesgo?

Nosotros no creemos que haya eso. Pero si nos lo mandaron y son infiltrados, pues los detendremos. Si es gente mezquina que sólo quiere puestos y cargos, pues también los vamos a detener.

Nosotros queremos gente con vocación, con mística y con interés de hacer las cosas distintas.

Al ser cuestionada sobre su permanencia un año más al frente de Morena y de convocar a elecciones en noviembre de 2019, Yeidckol Polevnsky aclaró que la decisión de seguir un año más “no fue a mano alzada como se dijo”, sino que se contó cada voto de los congresistas.

“Los consejeros no votaron por mí. Primero no fue a mano alzada, sino con una boleta (un cartón con la leyenda ‘voto’).

Hubo notario público y una comisión de elecciones que contó por cuadrante los votos a favor o en contra”, refirió.

Manifestó que en el Congreso Nacional, realizado el domingo pasado y el cual encabezó el presidente electo, se votó por una reforma estatutaria, con la cual se creó el Instituto de Formación Política y se determinó por consenso votar el periodo electoral de la elección estatal y nacional por un año.

“Se está posponiendo porque corríamos el riesgo de que todos esos que se metieron en una forma desmedida, donde no hubo control, votaran y terminaran poniendo a quien les interese o gente contraria al partido y se adueñen de Morena”.

Dejó claro que la decisión de estar al frente un año más es para poner orden y se tenga un proceso electivo de la dirigencia nacional y de los estados.

Con ese interés se pospuso la renovación de los órganos internos de Morena, que derivó en su permanencia un año más en la dirigencia nacional.

De esta manera, uno de sus nuevos retos será delinear los criterios de registro y cuidar mucho las elecciones.

Por último, mencionó que con la conformación del Instituto de Formación se plantea que todo aquel que deseé formar parte de Morena en cualquier cargo de elección o de designación tiene que tomar cursos de formación y de capacitación.

“Para garantizar que tengamos a los mejores presidentes municipales, diputados, gobernadores, que sea con una visión distinta a la que tienen los partidos políticos tradicionales y que no es la forma en la que queremos gobernar”, dijo.

REFORMA DE LOS ESTATUTOS

-El CEN designaría autónomamente a los líderes estatales y delegados

-En caso de la ausencia de algún miembro del CEN o los estatales, los sustitutos serán propuestos por la presidenta del CEN, actualmente Yeidckol Polevnsky

-Prolonga hasta un año la renovación de Consejeros y Comités Ejecutivos Estatales (Esto provoca que el poder se concentra en los mismos elementos)



Crisis y deudas del PRD lo orillan a volver a su viejo edificio





Actualmente, el partido tiene su sede en la calle Benjamín Franklin, en la Escandón. Foto: Jorge Butrón, La Razón
Jorge Butrón

Debido a la crisis económica que atraviesa el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el pago de multas que arrastra desde 2012 y por el descalabro, debido a los bajos resultados de la pasada contienda electoral, tras lo que se verán reducidas sus prerrogativas hasta 50 por ciento, el partido prevé regresar su sede nacional, en el viejo edificio del número 50 de la calle Monterrey, para hacer frente a los gastos de 2019.

“Tenemos un esquema de reducción de prerrogativas que ya estamos haciendo frente a ello, y vamos a tener un análisis financiero de cómo haremos en los próximos meses para generar condiciones de competencia y de participación. Nos quedaremos a partir del mes de agosto con 50 por ciento menos de prerrogativas; en tanto que el otro 50 será para pagar esta multa de 125 millones de pesos”, afirmó el dirigente nacional del sol azteca, Manuel Granados.

Antes del 1 de julio, el PRD debía 99.3 millones de pesos; tras las campañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso una sanción por 66.9 millones de pesos, lo que da un total de 166.2 millones. Este año el PRD tuvo acceso a una bolsa de 496.2 millones, mientras que para 2019 recibirá 392.9 millones. Lo anterior supone que 42.3 por ciento de su adeudo por multa corresponde al total de sus prerrogativas para el siguiente año.


El perredista añadió que aún permanecen en el edificio de Benjamín Franklin, el cual consta de ocho pisos, porque les condonaron una renta de tres meses; sin embargo, están pensando en mudarse, a fin de abaratar los costos y reducir gastos. Éste es el edificio, ubicado en Monterrey, en donde se reubicarán. Foto: Jorge Butrón, La Razón

Al respecto, precisó “cuando yo entré a la dirigencia, en diciembre en pleno proceso electoral, no había condiciones para cambiarnos a Monterrey porque el proceso ya había iniciado, logramos una condonación de renta por tres meses, por lo que nos quedamos. Ahora que tenemos este escenario estamos pensando en lo que más nos conviene, si regresamos a Monterrey 50 o dentro de las expectativas, ver, qué inmuebles tiene el partido para hacerle frente también al pago de las deudas”, expresó.

Mencionó que tampoco se descarta la venta de inmuebles, ya que es necesario brindar certeza a los trabajadores de base en sus pagos.

“Tomaremos la decisión en el Comité Ejecutivo, tanto de los inmuebles en propiedad que espero no sea el caso de la venta. Yo creo que lo conveniente es llegar a un acuerdo, a un esquema de separación pactada y que eso permita generar condiciones de seguridad para los empleados”.

“Ahora que tenemos este escenario estamos pensando en lo que más nos conviene, si regresamos a Monterrey o ver, qué inmuebles tiene el partido para hacerle frente al pago de deudas”

Manuel Granados
Dirigente nacional del PRD

El dirigente perredista, señaló que será necesario ser responsables y disciplinados en la nueva era del PRD, porque se puede trabajar siendo inteligentes administrativamente; por lo pronto adelantó que lo que hace a viáticos y gastos de secretarías se reducirán; “todos entraremos en este esquema de austeridad para hacerle frente a esta nueva realidad del PRD”.

Granados señaló que en todos los años del partido, 2018 ha sido el que menos multas ha tenido por el proceso electoral; pues hasta el momento no se le debe a ningún proveedor, se tienen finanzas sanas y se está al corriente de pago de impuestos. Sin embargo en los estados donde aún se tienen presencia, se verá la manera de ayudarlos por la reducción.

“Al no tener registro estatal y no tener presupuesto para hacer frente a una elección, estaremos viendo la manera en cómo participamos, pero esas decisiones se tomarán más adelante; aparte también estamos viendo cómo hacerle frente al pago de la multa que ya estamos haciendo a partir de este mes, de 125 millones de pesos, una multa de 2012, justo cuando Andrés Manuel era candidato a la Presidencia por la no comprobación de gastos de campaña”, indicó. Actualmente, el partido tiene su sede en la calle Benjamín Franklin, en la Escandón. Foto: Jorge Butrón, La Razón

… Siguen trabajando, pese a incertidumbre

Sobre la propuesta de cambiarse de oficina de trabajo a la calle de Monterrey 50, trabajadores de base y de confianza del PRD, aseguraron que existe incertidumbre por lo que pueda suceder.

“No sabemos nada; incluso el sindicato no nos ha mencionado nada, pero obviamente nos iríamos a la otra sede porque está cerca; además existe el programa de retiro voluntario… ”, aseguró una trabajadora de base.

Otro trabajador, que omitió decir su nombre, afirma que aún no cuentan con una propuesta formal del partido y tampoco se ha entablado una conversación con el sindicato del que forman parte desde 2015.

“Aquí hay trabajadores de confianza y de base, algunos con 25 años, y no podemos saber quién se queda; aquí la decisión es de los jefes”, aseveró una trabajadora con 22 años en el partido.
El Dato: El inmueble de la colonia Roma Norte, les fue donado por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM).



A paraísos fiscales, la cuarta parte de fondos que se sacan como IED





Roberto González Amador

Una cuarta parte de los recursos que empresas mexicanas transfieren al exterior bajo la figura de inversión extranjera directa (IED) en realidad va a parar a paraísos fiscales. Enviar los fondos a esos destinos supone más oportunidades de elusión y evasión fiscal. La afirmación fue hecha por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y atañe no sólo a compañías.

Adicionalmente, mexicanos han transferido a paraísos fiscales parte de su patrimonio en un monto que, sumado, equivale a 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, alrededor de un billón 700 mil millones de pesos.

La cantidad, en términos comparativos, equivale a dos veces y medio el gasto en salud y supera al monto de recursos que los sectores público y privado destinan a la educación, que es de 5.4 por ciento del PIB.

Filtraciones de datos, como los casos Swissleaks o Panama papers, dice el FMI, han revelado parte de la intrincada trama que utilizan las multinacionales y personas acaudaladas en paraísos fiscales para no pagar lo que corresponde al fisco. Nuevos estudios, añade el organismo, permiten ir corriendo el velo sobre una práctica que brinda a una élite mundial la posibilidad de pagar impuestos a tasas efectivas más bajas.

Primero se detiene en el caso de las multinacionales. Las grandes empresas con operaciones fuera de sus países de origen han remitido a paraísos fiscales 12 billones de dólares (alrededor de tres cuartas partes del PIB de Estados Unidos, o siete veces el valor de la economía mexicana). Esta cantidad equivale a que 40 por ciento de todas las posiciones de IED del mundo son totalmente artificiales: se trata de inversión financiera canalizada mediante sociedades ficticias sin actividad real.

México, país cuyas empresas tienen una participación cada vez mayor en otras naciones, es citado en este reporte del FMI. Alrededor de 25 por ciento o una cuarta parte de la inversión extranjera directa de origen mexicano (lo que invierten las compañías nacionales en otros países) se canaliza mediante sociedades ficticias radicadas en paraísos fiscales.

En la década anterior, la inversión directa de empresas mexicanas en el exterior –la realizada para la compra o ampliación de sus actividades– suma 98 mil 329 millones de dólares, según datos del Banco de México.

El reporte del FMI, en referencia al fenómeno global, apunta que la transferencia de fondos a paraísos fiscales simulando operaciones de IED casi siempre se realiza hacia jurisdicciones como Países Bajos, Luxemburgo, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, Bermuda, Islas Caimán, Irlanda y Singapur, donde se alberga 85 por ciento de la inversión mundial en entidades con fines especiales, constituidas por razones tributarias.

Estas entidades se registran conforme a la ley nacional, la propiedad efectiva está en manos de extranjeros, tienen pocos o ningún empleado, poca o ninguna producción en el país receptor, poca o ninguna presencia física, activos y pasivos mayormente externos y su actividad principal es el financiamiento del grupo, añadió.

El uso de entidades en paraísos fiscales no implica necesariamente elusión fiscal, aseguró, si bien supone más oportunidades tanto de elusión como de evasión.

Este tipo de ingeniería financiera es un fenómeno mundial que afecta a las economías avanzadas y de mercados emergentes. En India, China y Brasil, entre 50 y 90 por ciento de la IED saliente se canaliza mediante una entidad extranjera sin realidad económica, y en el caso de Estados Unidos y Reino Unido la proporción es de 50 y 60 por ciento, respectivamente.

Riqueza oculta

A la par de la práctica realizada por empresas está la que individuos llevan a cabo en lo particular para transferir a paraísos fiscales parte de su patrimonio personal.

En el mundo, los particulares tienen alrededor de 7 billones de dólares en paraísos fiscales. Es una cifra que equivale a 10 por ciento del PIB mundial, cita el estudio del FMI.

En el caso de México, el patrimonio personal transferido por algunos de sus ciudadanos a paraísos fiscales, lo que el FMI llama patrimonio extraterritorial, es equivalente a 8 por ciento del producto interno bruto, nivel similar al de Estados Unidos, Australia y Austria, pero ligeramente mayor al de Brasil.

En América Latina los primeros lugares son ocupados por Venezuela y Argentina, donde el patrimonio personal de ciudadanos de esos países que ha sido transferido a paraísos fiscales representa 65 y 38 por ciento del producto interno bruto de esas naciones, respectivamente, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

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